Bolivia: la pugna post referéndum, Evo concilia, Costas confronta [Bolpress]

[Ernesto Herrera]

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correspondencia de prensa - boletín solidario  
Agenda Radical
Edición internacional del Colectivo Militante
11 de agosto 2008
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Bolivia 

Constitución versus estatutos autonómicos, la pugna post referéndum


Evo concilia, Costas confronta


Redacción Bolpress 
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El Presidente Evo Morales convocó a los prefectos ratificados a garantizar la nacionalización de los recursos naturales respaldada por el voto popular, y a conciliar los estatutos autonómicos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando con el proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) aprobado por la Asamblea Constituyente en 2007. El Prefecto de Santa Cruz advirtió al "revocado" Estado centralista que no se atreva a imponer su Constitución "racista" y anunció que Santa Cruz tendrá un cuerpo policial y una oficina de impuestos autónomas.

Morales felicitó a los prefectos autonomistas ratificados en el referéndum revocatorio, reconoció su legitimidad como autoridades departamentales y, con un tono conciliador, se mostró dispuesto a reconciliarse con opositores y empresarios "patriotas".

"Si me ratifican con más de 54 por ciento tendría cierta autoridad para convocar a todas las autoridades ratificadas o a las nuevas autoridades para buscar consensos junto con movimientos sociales, sean sindicales o cívicos, para que el pueblo pueda aprobar la Constitución", declaró Morales el sábado.

Ante cientos de personas reunidas en la plaza principal de la ciudad de Santa Cruz, el ratificado prefecto Costas advirtió al gobierno "autoritario" que no intente imponer la "ilegal y racista" Constitución porque si lo hace se meterá en "un callejón sin salida.

En un discurso confrontacional y profuso en adjetivos, Costas anunció que los retos impostergables de la autonomía consolidada en el referéndum de este domingo son la convocatoria a elecciones de representantes de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz; la creación de un organismo de seguridad paralelo a la Policía Nacional que haga cumplir las normas y leyes departamentales, y una Agencia Tributaria Departamental responsable de recaudar impuestos para beneficio de la región.

Según Costas, el terrorismo de Estado fue revocado en los departamentos autonomistas y se reafirmó la autonomía ejercida desde el 4 de mayo. En su criterio, el estatuto autonómico "adquiere la categoría de catecismo autonómico de un pueblo creyente".

El prefecto de Pando Leopoldo Fernández, quien todavía no tiene asegurada la victoria, declaró a Unitel que se fortaleció el Consejo Nacional Democrático (Conalde) integrado por opositores de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca. La autoridad reconoció que es difícil conciliar autonomismo y centralismo, dos visiones de país antagónicas, pero hay que hacer el esfuerzo.

Un día antes del referéndum, el Vicepresidente Alvaro García Linera declaró al diario La Razón que asumiría la victoria como una ratificación de los grandes lineamientos políticos del gobierno, pero a la vez como una convocatoria a reconocer la fuerza y los criterios de los oponentes en la perspectiva de articular un solo bloque histórico para remontar la crisis. Por eso volverá a convocar a la Iglesia y a las fuerzas políticas a retomar un diálogo auténtico en un nuevo escenario.

El Vicepresidente explicó al diario argentino Clarín que el referéndum "sincera la geografía política en el país y la correlación de fuerzas", y habilita nuevos escenarios de diálogo. En su criterio, se ha sobredimensionado el poder de grupos opositores que se atribuyen el derecho a veto a partir de una "inflación mediática".

Paralela a esta línea concertadora, el gobierno anuncia que será firme y duro con los saboteadores y sediciosos que sobreestiman su fuerza política y electoral. No se aceptarán más chantajes de esa especie de dictadura de minorías que se impuso en la Asamblea Constituyente y en las regiones. García Linera advierte que se acabaron los cálculos electorales y llegó la hora de gobernar. Esto supone sancionar a pequeños grupos de provocadores y ser implacables en la aplicación de la ley y en el restablecimiento de la institucionalidad.

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