Ruanda/ los acreedores del genocidio de 1994 [Eric Toussaint]

Ernesto Herrera germain5 en chasque.net
Mar Abr 15 00:15:19 UYT 2014


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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 15 de abril 2014

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A l’encontre – La Brèche

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Ruanda

 

Una deuda externa ilegítima

 

Los acreedores del genocidio de 1994

 

 

Eric Toussaint

CADTM

http://cadtm.org/

Traducción de Griselda Pinero y Raúl Quiroz

 

 

A partir del 7 de abril de 1994, en un intervalo de menos de tres meses,
cerca de un millón de ruandeses —la cifra exacta queda por determinar—
fueron exterminados porque eran tutsis o se suponía que lo eran. Pero
también hay que agregar el asesinato de decenas de miles de hutus moderados.
Por supuesto, hubo un genocidio, es decir, la destrucción planificada de una
colectividad entera por el asesinato masivo, cuyo objetivo era impedir su
reproducción biológica y social.

 

En ese contexto, es fundamental interrogarse sobre el papel de los
prestamistas internacionales. Todo hace pensar que las políticas impuestas
por las instituciones financieras internacionales, principales proveedores
de fondos del régimen dictatorial del general Juvenal Habyarimana,
aceleraron el proceso que condujo al genocidio. Generalmente, la incidencia
negativa de estas políticas no se tuvo en cuenta en la explicación del
desenlace dramático de la crisis ruandesa. Solamente algunos autores
pusieron en evidencia la responsabilidad de las instituciones de Bretón
Woods /1, que, por otro lado, rechazan cualquier crítica al respecto.

 

A comienzos de los años 1980, cuando estalló la crisis de la deuda del
Tercer Mundo, Ruanda, como su vecino Burundi, estaban muy poco endeudados.
Mientras que en otros lados del mundo, el Banco Mundial y el FMI abandonaban
su política activa de préstamos y pregonaban la abstinencia, estas mismas
instituciones adoptaron una actitud diferente con Ruanda y se encargaron de
concederle generosos préstamos. La deuda externa de Ruanda se multiplicó por
veinte entre 1976 y 1994. En 1976, se elevaba a 49 millones de dólares, en
1994 llegaba a cerca de los 1.000 millones de dólares. La deuda, sobre todo,
aumentó a partir de 1982. Los principales acreedores fueron el Banco
Mundial, el FMI y las instituciones relacionadas (a las que llamaremos IFI,
instituciones financieras internacionales). El BM y el FMI tuvieron el papel
más activo en el endeudamiento. En 1995, las IFI poseían el 84 % de la deuda
externa ruandesa.

 

El régimen dictatorial instalado desde 1973 garantizaba que no se iba a
producir un vuelco hacia políticas de cambios estructurales progresistas. Y
por eso el régimen tenía el apoyo activo de las potencias occidentales:
Bélgica, Francia y Suiza. Además, podía constituir una muralla respecto a
algunos Estados de la región que mantenían todavía veleidades de
independencia y de cambios progresistas (Por ejemplo: Tanzania con el
presidente progresista Julios Nyerere, quien era uno de los líderes
africanos del movimiento de los no-alineados).

 

Durante la década de 1980 y hasta 1994, Ruanda recibió muchos préstamos,
pero la dictadura de Habyarimana se apropiaba de una parte considerable de
la misma. Los préstamos concedidos debían servir para mejorar la inserción
de la economía ruandesa en la economía mundial, desarrollando sus
capacidades de exportación de café, de té y de estaño (sus tres principales
productos de exportación), en detrimento de los cultivos destinados a la
satisfacción de las necesidades locales. El modelo funcionó hasta mediados
de los años ochenta, momento en el que los precios, del estaño primero,
luego del café, y por último del té, se desplomaron. Ruanda, cuyo café
constituía su principal fuente de divisas se vio total y gravemente afectada
por la ruptura del cártel del café provocado por Estados Unidos, a comienzos
de los años noventa.

 

Utilización de los préstamos internacionales para preparar el genocidio

 

Algunas semanas antes del desencadenamiento de la ofensiva del Frente
Patriótico Ruandés (FPR) en octubre de 1990, las autoridades ruandesas
firmaron con el FMI y el BM en Washington un acuerdo para poner en marcha un
programa de ajuste estructural (PAE).

 

Este PAE se comenzó a aplicar en noviembre de 1990: el franco ruandés se
devaluó un 67 %. En contrapartida, el FMI concedía créditos en divisas de
desembolso rápido para permitir que el país mantuviera el flujo de las
importaciones. Las sumas así prestadas permitían equilibrar la balanza de
pagos. El precio de los bienes importados aumentó de manera vertiginosa: por
ejemplo, el precio de la gasolina aumentó en un 79 %. El producto de la
venta en el mercado nacional de los bienes importados permitía al Estado
pagar los sueldos a los militares, cuyos efectivos aumentaban velozmente. El
PAE preveía una disminución de los gastos públicos: hubo, por supuesto,
congelación de salarios y despidos en la función pública pero también
transferencia de una parte de los gastos en beneficio del ejército.

 

Mientras que el precio de los bienes importados aumentaba, el precio de
compra del café a los productores estaba congelado, y esto fue exigido por
el FMI. En consecuencia la ruina para centenares de miles de pequeños
productores de café /2 que, con las capas más empobrecidas de la población,
fueron desde entonces un reservorio permanente de reclutas para las milicias
Interahamwe y para el ejército.

 

Entre las medidas impuestas por el BM y el FMI, mediante el PAE, hay que
señalar, además del aumento de impuestos al consumo y la reducción de los
impuestos a las sociedades, el aumento de los impuestos directos a las
familias populares por reducción de las exoneraciones fiscales por familia
numerosa, la reducción de las facilidades de crédito a los campesinos, etc.

 

Para justificar la utilización de los préstamos de la pareja BM/FMI, el BM
autorizó a Ruanda a presentar facturas antiguas que cubrían la compra de
bienes importados. Este sistema permitió a las autoridades ruandesas
financiar la compra masiva de armas para el genocidio. Los gastos militares
se triplicaron entre 1990 y 1992 /3. Durante este período, el BM y el FMI
enviaron varias misiones de expertos, quienes subrayaron algunos aspectos
positivos de la política de austeridad aplicada por Habyarimana, pero, no
obstante, amenazaron con cortar los pagos si los gastos militares
continuaban creciendo. Las autoridades ruandesas pusieron a punto algunos
montajes para disimular los gastos militares: los camiones comprados para el
ejército se imputaron al ministerio de Transportes, una parte importante de
la gasolina utilizada para los vehículos de las milicias y del ejército era
imputada al ministerio de Sanidad. Finalmente el BM y el FMI cerraron el
grifo de la ayuda financiera a comienzos de 1993, pero no denunciaron la
existencia de cuentas bancarias que las autoridades ruandesas poseían en el
extranjero en grandes bancos y en las que seguían disponibles importantes
sumas de dinero para la compra de armas. Podemos considerar que el BM y el
FMI fallaron en su deber de control sobre la utilización del dinero
prestado. Debieron cortar sus préstamos desde comienzos de 1992, cuando
supieron que el dinero era utilizado para la compra de armas. En ese momento
debieron haber alertado a la ONU. Al continuar otorgando préstamos hasta
comienzos de 1993, ayudaron a un régimen que preparaba un genocidio. Las
organizaciones de defensa de los derechos humanos habían denunciado desde
1991 unas masacres preparatorias del genocidio. El Banco Mundial y el FMI
sistemáticamente ayudaron al régimen dictatorial, aliado de Estados Unidos,
de Francia y de Bélgica.

 

El aumento de las contradicciones sociales

 

Para que el proyecto genocida pudiera llevarse a cabo no sólo hacía falta un
régimen para concebirlo y dotarse de los instrumentos para su realización,
sino también la presencia de una masa empobrecida, presta a realizar lo
irreparable. En ese país, el 90 % de la población vivía en el campo, y el 20
% de la población campesina disponía de menos de media hectárea por familia.
Entre 1982 y 1994, se asistió a un proceso masivo de empobrecimiento de la
mayoría de la población rural, mientras, en el extremo opuesto de la
sociedad, se producía un enriquecimiento impresionante de algunos pocos.
Según el profesor Jef Maton, en 1982, el 10 % más rico retenía el 20 % del
ingreso rural, en 1992, acaparaba el 41 %, en 1993 el 45 % y a comienzos de
1994 el 51 % /4. El impacto social catastrófico de las políticas dictadas
por el BM/FMI y de la caída del precio del café en el mercado mundial (caída
que se debe relacionar con las políticas de las instituciones de Bretón
Woods y de Estados Unidos que lograron hacer saltar el cártel de los
productores de café en la misma época) tuvo un papel clave en la crisis de
Ruanda. El enorme descontento social fue canalizado por el régimen de
Habyarimana hacia la ejecución de un genocidio.

 

Notas

 

1/ Chossudovsky, Michel, Rwanda, Somalie, ex Yougoslavie : conflits armés,
génocide économique et responsabilités des institutions de Bretton Woods,
Dossier CADTM GRESEA, Bruselas, 1995 ; Chossudovsky, Michel y Galand,
Pierre, Le Génocide de 1994, L’usage de la dette extérieure du Rwanda
(1990-1994). La responsabilité des bailleurs de fonds. Analyse et
recommandations, informe preliminar, Ottawa y Bruselas, 1996. Véase también:
Duterme, Renaud, Rwanda: une histoire volée, Editions Tribord y CADTM, 2013
http://livre.fnac.com/a6103644/Rena...

2/ Maton, Jef. 1994. Développement économique et social au Rwanda entre 1980
et 1993. Le dixième décile en face de l’apocalypse.

3/ Nduhungirehe, Marie-Chantal. 1995. Les Programmes d’ajustement
structurel. Spécificité et application au cas du Rwanda.

4/ Maton, Jef. 1994. Op. Cit.

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