Uruguay/ "buena conducta": Mujica y Huidobro benefician con el sueldo de general a criminal de la dictadura, preso por delitos de lesa humanidad [Samuel Blixen]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 5 de noviembre 2014

germain5 en chasque.net

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Uruguay

Santa “Ñato” Claus 

Al coronel Gilberto Vázquez implicado en la desaparición de María Claudia
García de Gelman y en el homicidio de Adalberto Soba, e indagado como uno de
los oficiales que cometieron delitos sexuales reiterados contra prisioneras,
se le restituyó el cobro de la totalidad de sus haberes, por “buena
conducta”.

Samuel Blixen

Brecha, Montevideo, 5-12-2014

http://brecha.com.uy/

Por iniciativa del ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández
Huidobro, el presidente José Mujica firmó el 18 de diciembre de 2012 una
resolución por la que se autorizó la restitución de las porciones retenidas
de los haberes del coronel en situación de reforma, Gilberto Vázquez.

El estatus de reforma, para un oficial de las Fuerzas Armadas, es
consecuencia de la comisión de “faltas gravísimas”. Gilberto Vázquez
permanecía en esa situación desde 2006, cuando se produjo el fallo de un
Tribunal de Honor, integrado por los generales Héctor Islas, Juan Couture y
Luis Pérez. La “falta gravísima” cometida por Gilberto Vázquez consistió en
escapar del Hospital Militar, a donde había sido conducido para unos
exámenes médicos.

El coronel permanecía bajo arresto en una unidad militar desde que la
justicia lo indagaba por la desaparición de prisioneros uruguayos en
Argentina, en tanto que desde Buenos Aires se reclamaba su extradición. Es
interesante, a los efectos de calibrar los criterios militares sobre el
honor, que no se promovió ningún tribunal para juzgar su conducta en los
reiterados delitos de que era acusado el coronel, y sí, en cambio, se lo
pasó a reforma, porque con su fuga, el 5 de julio de 2006, Vázquez incumplió
la palabra de honor empeñada con su arresto preventivo y con ello puso en
situación delicada a sus superiores. El fugado fue apresado cuatro días
después, identificado a pesar de una peluca con la que pretendía camuflarse.
El entonces comandante del Ejército, teniente general César Díaz, puso su
cargo a disposición de la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, quien a su
vez debió concurrir al Parlamento para dar explicaciones. También quedaron
en una posición delicada dos generales, el comandante de la Región 1, Manuel
Saavedra, a cuyo cargo estaba el detenido; y el director del Hospital
Militar, general Miguel Dalmao, quien años más tarde sería procesado por el
asesinato de la profesora de literatura Nibia Sabalsagaray.

Con pedidos de condena por 25 años, Gilberto Vázquez permanece recluido en
la cárcel de Domingo Arena, disfrutando, si no de una reducción de su pena,
al menos del incremento de su pensión, que equivale al sueldo de un general
en actividad, y que estaba reducida a un tercio del total. La resolución,
casi críptica, promovida por el Ñato y firmada por el Pepe, proponía
“aprobar el fallo emitido por el Tribunal Especial de Honor para oficiales
N° 1 del Ejército, que determinó que el ex coronel en situación de reforma
Gilberto Vázquez ha observado buena conducta durante los últimos cinco años,
acorde a los testimonios presentados”. Por ello se resuelve: “Comuníquese,
publíquese, y pase a la Dirección General de Recursos Humanos, sección
Personal Militar del Ministerio de Defensa Nacional, a sus efectos”.

La resolución presidencial del 12 de diciembre de 2012 había permanecido
públicamente desconocida, hasta que fuentes militares dieron a conocerla a
comienzos de esta semana. Se presume que su divulgación es consecuencia del
malestar provocado en ciertos círculos militares por el mantenimiento de
Fernández Huidobro al frente del Ministerio de Defensa en el gabinete
anunciado por el presidente electo Tabaré Vázquez.

Habría que preguntar qué entiende el Tribunal de Honor por “buena conducta”,
criterio compartido por el ministro Fernández Huidobro. Al parecer Gilberto
Vázquez se portó muy bien desde enero de 2008, aunque en enero de 2011, en
declaraciones telefónicas al diario Últimas Noticias, dijo sentirse
“orgulloso” de haber participado en la dictadura; reivindicar la tortura
–“no había más remedio”–; admitió que “con algunos se nos fue la mano” –es
decir, murieron–; y calificó la desaparición y asesinato de María Claudia
García de Gelman como un “daño colateral”.

Precisamente, la muerte de María Claudia y el secuestro de su hija recién
nacida, Macarena Gelman, es una de las causas por las que Vázquez permanece
en prisión. El expediente, que se reactivó en 2002 (después de la ubicación
de Macarena Gelman), fue nuevamente archivado por iniciativa del entonces
fiscal Enrique Moller. Recién en agosto de 2008, a pedido de Macarena, se
reanudaron las actuaciones judiciales, y finalmente, en octubre de 2011, en
pleno período de “buena conducta”, Vázquez fue procesado por el homicidio
muy especialmente agravado de María Claudia García de Gelman.

Ese mismo mes de octubre de 2011, Gilberto Vázquez fue notificado en la
cárcel de Domingo Arena de una nueva acusación por delitos de lesa
humanidad: más de una veintena de ex prisioneras políticas lo identificaban
como uno de los tantos oficiales que tomaron parte de un plan sistemático de
destrucción física, moral y psicológica de las detenidas, que incluyó
numerosos delitos sexuales. El escrito de la denuncia detalla que tales
prácticas incluían “la desnudez, la introducción de objetos en la vagina y
ano, tocamientos, así como insultos degradantes y amenazas por la sola
condición de ser mujeres, llegando en muchos casos a la consumación de la
violación (…) utilizándose su cuerpo como un botín de guerra”.

Esta causa judicial por delitos sexuales, además de prácticas sistemáticas
de torturas, es una de las pocas que, superando las tramoyas legales, avanza
lenta pero persistentemente. Sin embargo, el ministro de Defensa, que
convalidó la instalación de un Tribunal de Honor para analizar la conducta
de Gilberto Vázquez en los últimos cinco años, no tuvo la misma iniciativa
para juzgar su conducta de agresión sexual como parte del mecanismo de
represión, que se daba a conocer en medio de ese período de “buena
conducta”.

Quizás por todo esto es que apareció sorpresivamente el documento de
resolución presidencial, que se benefició con un discreto manto de silencio,
como no podía ser de otra manera; aparición a la que pueden atribuírsele
variadas intenciones, menos, claro, la de “operativo electoral”.

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