Uruguay/ aborto: barreras para acceder al aborto seguro [Amanda Muñoz]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 23  de diciembre 2014

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Uruguay

Bajo el peso de la ley 

Barreras para acceder al aborto seguro: Mujeres en el Horno identificó
desconocimiento de la ley y demoras en los servicios

La Diaria, Montevideo, 22-12-2014 

Amanda Muñoz 

http://ladiaria.com.uy/

No es para nada sencilla la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria
del Embarazo (IVE), que se aprobó hace dos años y despenaliza la realización
del aborto en el marco de la consulta en instituciones del Sistema Nacional
Integrado de Salud y hasta las 12 semanas de gestación. Era de sospechar que
sería así. En primer lugar, porque hacerse un aborto no es como tratar una
gripe: al dolor que puede generar tomar la decisión se le suma la condena
social, que lleva a muchas mujeres a ocultar su situación en el ámbito
familiar, laboral y hasta en el servicio de salud. En segundo lugar, porque
ha habido resistencia de algunos ginecólogos a cumplir con la ley al pie de
la letra, así como atribuciones del personal de la salud, que se transforman
en barreras para acceder a los servicios.

Una línea telefónica en la que plantear las dudas que no pueden ser
formuladas en otros espacios puede ser un apoyo fundamental. En marzo, la
organización feminista Mujeres en el Horno lanzó la línea 0800 8843 (que
atiende lunes, miércoles y viernes) con el objetivo de informar, asesorar y
acompañar a quienes atraviesan un embarazo no planificado o no aceptado. El
colectivo presenta hoy un avance del informe de sistematización de las
llamadas recibidas entre marzo y noviembre, que fueron 153 (no contaron las
llamadas de acompañantes, ni las consultas por Facebook y correo
electrónico).

Obstáculos varios

El informe concluye que la Ley IVE y las prestaciones que ofrece no han sido
suficientemente difundidas. 66,7% de las mujeres llamó en la etapa previa a
la práctica del aborto, consultó sobre la ley, los pasos, plazos, costos,
horarios y a qué parte de la institución de salud debía dirigirse. Silvia
Copello, integrante de Mujeres en el Horno, dijo a la diaria que “el
desconocimiento de la ley es generalizado” y que afecta a mujeres de todos
los estratos económicos. Añadió que incluso las mujeres que conocían la ley
no sabían que la práctica es ambulatoria: los fármacos se los administra la
propia usuaria en su domicilio. El colectivo preveía que la mayor parte de
las llamadas ocurrirían durante el proceso de aborto; sin embargo, éstas
sólo representaron 17,2%. El informe destaca que las consultas en esa etapa
refieren a la ocurrencia de síntomas y a las consecuencias físicas de la
expulsión: “Describen situaciones en las que queda claro que la información
brindada en una primera instancia por los equipos IVE no fue suficiente, no
la registraron bien, o se dan cuenta de que no lograron preguntar todo lo
que querían”. 16,2% de las llamadas fue posterior a la realización del
aborto. “Denuncian malos tratos, vulneración de derechos, demoras
excesivas”, y otras indagan por el uso de anticonceptivos. Muchas de esas
denuncias no se realizan ante los servicios de salud ni ante el Ministerio
de Salud Pública por temor a la exposición.

Las llamadas demuestran dificultades en la aplicación de la ley: “Demoras en
la atención, dilatación de las consultas en los casos en que las mujeres
concurren con pocas semanas de embarazo, diversidad de formas en que se
organizan los equipos para la atención del IVE, escasos recursos humanos,
centralización de la atención, falta de capacitación del personal
administrativo y no médico (lo que deriva en algunas situaciones de
maltrato)”, expresa el informe. Se detectó que usuarias del interior, de
mutualistas cuya sede central está en Montevideo, son enviadas a la capital
para poder realizarse el procedimiento, y que el pasaje debe ser costeado
por ellas mismas, algo que no debería ocurrir.

Hay otra falla del sistema identificada en el informe: mujeres que concurren
al servicio de salud dentro de las 12 semanas de gestación (a veces incluso
tempranamente, a las cuatro semanas) pero que por demoras del propio
prestador de salud en la coordinación de estudios y consultas, o por
dificultades con la medicación, terminan quedando fuera del plazo permitido.
En esos casos “deben remitirse al mercado clandestino para lograr el acceso
a la medicación”. El colectivo entiende que ésos son “agujeros” que deja la
ley y recomienda “generar respuestas (no previstas en la actualidad por la
ley) que habilite la continuidad de un aborto en condiciones seguras para la
mujer”. 

Por otra parte, si bien el departamento de Salto es el ejemplo más claro del
impacto de la objeción de conciencia, el informe menciona que médicos
objetores de otros servicios “han intentado persuadir a las mujeres de su
decisión, negando atención y asesoramiento”, especialmente después de la
resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que observó
algunos de los artículos reglamentarios de la ley.

Desmitificando

Copello destacó que quienes se oponían a la ley sostenían que su aprobación
impulsaría el aborto como método anticonceptivo, algo que no se desprende de
las llamadas: 70% de las mujeres dijo usar métodos anticonceptivos
(preservativos o pastillas); la falla podría deberse a “falta de
información, educación, dificultades para la negociación, barreras para el
acceso”.

Entre los mitos derribados, Copello mencionó que “muchas tienen hijos; se
decía que las mujeres que abortan son las que no quieren ser madres”: 56% de
las mujeres que llamaron tenía al menos un hijo. Sólo 7,1% de las que
llamaron tenían entre 14 y 18 años.

La “despenalización cultural del aborto” sigue presente, afirma el
colectivo. Copello observó que si bien la ley existe, “la cabeza de las
personas no cambia de un día para el otro, y sigue estando muy arraigado
esto de que la mujer que aborta es una asesina; sigue estando esta
penalización cultural, de todos lados”.

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