Paraguay/ movilización contra la privatización y la violencia de estado, por tierra y trabajo [Convocatoria]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 15 de julio 2014

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A l’encontre – La Breche

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Paraguay

Contra la privatización y la violencia de Estado, por tierra y trabajo

Movilización nacional – agosto 2014 - 13 y 14 en las regiones - 15 en
Asunción

Partido Convergencia Popular Socialista

http://partidoconvergencia.wordpress.com/

Convocan: Partido Paraguay Pyahura, Frente Guasu, Federación Nacional
Campesina (FNC), Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras y Rurales
(CONAMURI), Kuña Pyrenda, Corriente Sindical Clasista (CSC), 15 de Junio,
Frente Recoleta, Frente Patriótico Popular y la Organización de Trabajadores
de la Educación (OTEP SN).

Como un seguimiento de las luchas encaradas durante la pasada huelga
general, cuya reivindicación principal fue la derogación de la Ley de
Alianza Público Privada (Ley APP), organizaciones políticas y sociales nos
movilizaremos a nivel nacional en agosto próximo, CONTRA LA PRIVATIZACIÓN Y
LA VIOLENCIA DEL ESTADO, POR TIERRA Y TRABAJO. Las movilizaciones serán el
13 y 14 en las regiones, con un acto central el 15 en Asunción. El objetivo
de ir fortaleciendo la fuerza de resistencia contra la política antinacional
y antipopular del Gobierno de Horacio Cartes.

Contra la privatización

El artículo 52 de la Ley APP (N° 5.102) plantea privatizar todo el
patrimonio nacional, servicios básicos brindados por empresas públicas como
la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Compañía Paraguaya de
Telecomunicaciones (COPACO), Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay
(ESSAP), Industria Nacional del Cemento (INC), Petropar, rutas nacionales,
hidrovías, aeropuertos internacionales de nuestro país, entre otros.

Consideramos que el Estado debe utilizar las empresas públicas como palanca
del desarrollo nacional. Este papel del Estado es aún mucho más imperioso
para nuestro país, tomando en cuenta la inexistencia de un capital nacional
con fuerza propia capaz de impulsar el desarrollo; por lo cual
necesariamente el Estado debe intervenir en la economía e invertir en
sectores estratégicos para impulsar la producción y de este modo el
desarrollo nacional.

No defendemos el Estado que tenemos: oligárquico, antipopular y
antinacional, prebendario y corrupto, que propició la desnaturalización de
la función pública. Defendemos un Estado de nuevo tipo: un Estado nacional
que responda a los intereses de la mayoría, con mecanismos institucionales
que posibiliten el control de la sociedad, en sus acciones y toma de
decisiones.

En la huelga general del 26 de marzo pasado fueron protagonistas el
campesinado pobre, obreros y obreras, trabajadores y trabajadoras y el
pueblo en general, quienes vieron resurgir en la lucha concreta una
esperanza, un porvenir, y se sienten confiados en la fuerza de sus
organizaciones para seguir luchando. Tenemos experiencia en la conquista
organizada de nuestras reivindicaciones: en el 2002 frenamos el proceso de
privatización a través de la derogación de la Ley 1.615. Por lo cual es
nuestra obligación histórica materializar la derogación de la Ley de
Privatización, mal llamada APP, cuyo objetivo es enajenar todo el patrimonio
nacional, entregando todos los bienes del Estado y atentando contra la
soberanía de nuestro país.

La grave situación de nuestros 300.000 compatriotas víctimas de las
inundaciones es muy clara: el Gobierno antinacional y antipopular aprovecha
la desgracia de la gente para reutilizar las tierras en donde estaban
asentadas estas miles de familias y colocarlas al servicio del capital
transnacional. Es criminal e inhumana la actuación del gobierno cartista al
no atender con seriedad el problema de las inundaciones y al contrario
promover la partidización y la prebenda con migajas para generar de vuelta
conflictos entre las familias carenciadas. Esto es ejercicio de la violencia
para la privatización excluyente de las mayorías.

Contra la violencia del Estado

El Estado que hoy tenemos hoy viola sistemáticamente los derechos humanos de
la mayoría de la población paraguaya, negándonos el acceso a la tierra, a la
salud, a una educación pública gratuita y de calidad, a un trabajo digno.
Esta situación de gran exclusión y violación de los derechos humanos de la
mayoría se mantiene en base a la represión, con particular saña contra el
campesinado pobre y sectores organizados que luchan por transformar el
Estado para orientarlo hacia la satisfacción de los intereses del conjunto
de la sociedad democrática.

Las imputaciones y apresamientos al campesinado en lucha, la persecución a
la dirigencia sindical (últimamente de los gremios de trabajadores de la
educación), la modificación de la Ley de Defensa Nacional (que posibilitó la
militarización de amplias regiones del país, dando facultades al Ejecutivo a
decidir la incursión de las FFAA sin la participación del Congreso Nacional)
van consolidando una política de fascistización que va utilizando cada vez
más a las fuerzas represivas (fiscalía, policía y sistema judicial) para
criminalizar a los sectores organizados que plantean la transformación del
Estado hacia los intereses de la mayoría.

Una violencia sistemática contra las mujeres pobres, y sobre todo a las
organizadas y en lucha; contra los sectores indígenas que históricamente
luchan por tierra, por territorios ancestrales y una vida digna. La
impunidad de los latifundistas y agroexportadores para contratar civiles
armados que intervienen en conflictos sociales sustituyendo a los organismos
del Estado inclusive.

Tierra y trabajo

El latifundio es la principal traba estructural para un modelo de desarrollo
que beneficie a la mayoría de los paraguayos y paraguayas. La reforma
agraria implica la destrucción del latifundio, distribución de tierra al
campesinado, fortalecimiento de la producción primaria ligada a la industria
nacional, lo cual significa absorber la mano de obra desocupada,
principalmente de los jóvenes existentes nuestro país, que hoy son mayoría
en nuestra población.

El latifundio está estrechamente ligado al modelo agroexportador, que genera
poquísimo empleo porque concentra la tierra y las riquezas, apuesta a la
exportación de materia prima sin pagar impuestos e impide el desarrollo de
industrias que generen puestos de trabajo y un desarrollo genuino del país.
Hay una gran cantidad de desocupados y desocupadas y quienes tienen algún
empleo están sometidos a una gran explotación sin ninguna protección de sus
derechos por parte del Estado. Al contrario, el Estado a través de sus
políticas avala esta explotación y cada vez más avanza en su intención de
aplastar más y más a los trabajadores y trabajadoras, siguiendo lo expresado
por el presidente Horacio Cartes: “usen y abusen del Paraguay”.

El pueblo organizado quiere seguir luchando contra todas estas injusticias,
por lo cual invitamos a todos los sectores democráticos de la sociedad a
sumarse a los debates y movilizaciones regionales y en Asunción. Porque la
lucha es un proceso de organización y acumulación de fuerzas, y la
confrontación con estos sectores retardatarios, antinacionales y anti
populares seguirá creciendo. El cambio sólo depende de la fuerza de nuestras
organizaciones, que se construye y fortalece con la profundización de la
participación política directa de la mayoría.

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