Uruguay/ la tortura como práctica impune: nuevas denuncias contra el Sirpa [Eliana Gilet - Samuel Blixen]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 17 de julio 2014

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A l’encontre – La Breche

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Uruguay

De gritos y sordos

Nuevas denuncias sobre el Sirpa

Las nuevas denuncias sobre la situación de los hogares femeninos y los
testimonios desgarradores de madres de adolescente torturados en el Sirpa
(Sistema de Responsabilidad Adolescente) agregan datos sobre una realidad
que se agrava con las represalias a quienes se atreven a denunciarla. Los
diputados de la Comisión de Derechos Humanos se rindieron a la evidencia de
las barbaridades, pero algunos representantes del oficialismo minimizan y
relativizan los hechos, en una actitud incomprensible que los deja al borde
de la complicidad.

Eliana Gilet

Brecha, Montevideo, 17-7-2014

http://brecha.com.uy/

Los detalles del cotidiano lidiar con el sistema de responsabilidad penal
juvenil se hacen carne en las palabras de madres y abuelas. La sensación que
despiertan es inmediata. Es urgente.

“Durante casi un mes no pude ver a mi hijo porque estaba sancionado. Por las
madres que están en la fila para tomar el ómnibus del INAU (Instituto del
Niño y el Adolescente del Uruguay)   me enteré de que cuando a los
chiquilines les pegan y quedan lastimados los sancionan para que las madres
no los vean. Yo había explicado todo esto a la primera abogada que me habían
asignado en el juzgado (en el interior del país), que nunca me atendió. Le
dije que por favor hiciera algo porque le estaban pegando, pero nunca me
atendió. Llamé al hogar y me dijeron que mi hijo estaba sancionado. Expliqué
que hacía casi un mes que no podía hablar con mi hijo y que de cualquier
manera quería hablar con él. La funcionaria que me atendió, me cortó.”
Cuando finalmente logró verlo, “me dijo que le habían dado una gran paliza,
que le llenaron la cabeza de chichones, aunque lo único que alcancé a ver
fue que estaba todo raspado, porque lo habían agarrado a patadas y lo habían
tirado en el baño. ¡Con razón iba a hacer un mes que no lo veía! Yo estaba
desesperada; entonces, me voy otra vez al juzgado y le digo a la abogada:
‘Mire, a usted la destinaron para esto. Si usted no me puede atender, deje
espacio a otro’”. Pidió que la cambiaran de abogado, le dijeron que no se
podía. Recurrió a los juzgados en Montevideo, donde finalmente le asignaron
un abogado con el que tampoco tuvo suerte. “Mi hijo hace nueve meses que
está ahí y no tuvo abogado hasta que entró la señora Sandra.”

Recorriendo los tribunales y los mostradores de la burocracia del sistema
penal, las madres tomaron contacto con Sandra Giménez, la abogada que
defendía las causas penales de otros gurises. Hacen manifiesto el
agradecimiento que le tienen, sobre todo, por la voluntad de poner su
cuerpo, su cara, su voz y su trabajo para denunciar intentando evitar las
represalias. Eso también surge de la versión taquigráfica de la sesión de la
Comisión de Derechos Humanos de diputados. La repercusión “adentro” de lo
que pasa “afuera”. Adentro es aislamiento, destrato, agresividad,
provocación, tortura. “Afuera” es denuncia.

“Empezamos a hacer las denuncias en el Sirpa en julio del año pasado. La
responsable de jurídica nos dijo que no pusiéramos los nombres y que
acudiéramos a ‘derechos humanos’, donde nos podrían ayudar más, porque si
ella ponía los nombres de nuestros hijos, los iban a lastimar. Cuando fui a
la visita mi hijo me dijo: ‘Mamá, por favor, no hagas denuncias porque a
Fulano lo reventaron mal a palos porque la madre denunció y dijo su nombre’.
Después volvimos a ‘derechos humanos’ y expusimos el caso”.

Se desconoce el resultado de las investigaciones internas del Sirpa
iniciadas a raíz de las múltiples denuncias, más allá de los traslados a
otros hogares de los funcionarios involucrados. En cuanto a las presentadas
en la justicia, Brecha pudo confirmar que todas las que se encuentran en
manos del juzgado de Pando, continúan aún en presumario. El comité de los
derechos del niño elevó una carta a Jorge Díaz, el fiscal de corte, pidiendo
explicaciones por las demoras que los fiscales están teniendo para presentar
cargos en estos casos. Según supo Brecha, la denuncia más antigua data de
abril del año pasado y fue iniciada en un juzgado de Montevideo y luego
llevada a Pando. Allí, la jueza Isaura Tórtora estudia la posibilidad de
unificar los expedientes en una megacausa, considerando que los denunciados
se repiten. Al cierre de esta edición, esta medida no se había concretado
aún, alegando que la dificultad radica en que todas están en distintas
etapas de instrucción.

Las madres, mientras tanto, ven las huellas, intuyen: “Se siente una
impotencia enorme. Viví en carne propia lo que es ver a un torturado; un
hijo que sale con la mirada baja, no te habla, no sabe ni cómo expresarte
las cosas: una ve el color de ese rostro que no tiene luz en los ojos;
automáticamente baja la mirada y nunca te mira a la cara. Eso es lo peor que
puede haber para una madre cuando va de visita, porque una sabe muy bien que
algo está pasando”.

Buscan romper el silencio que atemoriza a los gurises y que se les va
colando en el cuerpo, en la mirada y en los deseos: “En el caso de mi hijo,
me cuenta de manera esporádica y no exactamente las torturas que ha
recibido. Me he enterado de cosas en la cola de las madres: ‘A tu hijo le
han hecho esto’. Entonces, en una de las visitas le comunico a él: ‘Me acabo
de enterar en la cola por una de las mamás que hubo seis o siete chicos que
dejaron desnudos en el patio, durante cinco días, haciéndolos saltar y
engrillados. ¡Qué horrible! Después, con un cepillo de dientes, les hicieron
limpiar el patio’. Estaba tratando de sonsacarle, a ver si él me comunicaba
algo. Entonces, él me mira y me dice: ‘Uno de esos chicos era yo, mamá’.
Traté de hacerme un poco dura, para no quebrarme ante él y tener la
oportunidad de que me siguiera contando cosas. No pude lograrlo, hasta que
un día, en una de las visitas, entra un chico muy delgado que mira a mi
hijo. Yo miro al chiquilín y le pregunto a mi hijo: ‘¿Vos conocés a ese
nene?’ Y me dice: ‘Sí, mamá; muchas noches, cuando yo estaba colgado en el
baño, él inventaba que tenía que hacer pichí y caca para ponerse en cuatro
patas, para que a mí no me dolieran tanto los brazos’. Él me contaba
esporádicamente esas cosas, aunque no lo hacía de manera natural ni
espontánea”.

Las madres también reconocen la importancia de contar con la Institución de
Derechos Humanos como refugio y vehículo de sus denuncias, con la
fiscalización de ese ojo insistente, sistemático y protocolizado. La pelea
actual pasa por el acceso a las mínimas garantías: reglas claras de conducta
y sanciones con conocimiento previo de ambas partes que reduzcan la
discrecionalidad de las direcciones de los hogares y la erradicación
inmediata de los castigos colectivos. También la regulación del vínculo con
el exterior: que deje de prohibirse la visita como castigo, que la
correspondencia deje de ser revisada (véase “Las gurisas”). Así como un
mecanismo de denuncia y la garantía de que los pibes puedan contar con
alguna defensa en cualquier instancia que los involucre.

En el mismo sentido empujan también los organismos internacionales de
derechos humanos, el Comité contra la Tortura y el de los Derechos del Niño.
Pero son las palabras de las madres y los familiares las que, una vez más,
nos explican esta lucha en clave de derechos humanos: “Quiero que me
devuelvan a mi hijo. Sé que cometió un error y está cumpliendo su pena por
ese error, pero quiero a mi hijo como era antes, con una rehabilitación. El
Sirpa les hace evaluaciones psicológicas; si uno tiene un pie rengo,
pónganle una pierna ortopédica; si la mente está enferma y ellos tienen la
evaluación, hay herramientas para que esos chicos salgan a la vida
rehabilitados. Si yo no hago algo, si el grupo de madres no hace algo, si la
sociedad no hace algo por esos chiquilines, cuando salgan van a matar. No
vamos a tener a nuestros hijos; la sociedad va a tener niños enfermos”.

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Las gurisas

Eliana Gilet

El Centro de Ingreso de Adolescentes Femenino (ciaf) es uno de los últimos
orejones del tarro. Desde que la Institución Nacional de Derechos Humanos
(inddhh) comenzó a monitorear y a observar las condiciones de reclusión en
el sistema penal adolescente, puso su acento en este centro de reclusión.
Las gurisas sufren el triple de desidia de las autoridades: por ser presas,
por ser adolescentes y por ser mujeres. El martes de esta semana la inddhh
hizo público su informe de seguimiento, donde declara que la situación no se
ha modificado desde su primera visita en diciembre del año pasado. Es más,
un detalle no menor vuelve la situación aun más preocupante: ahora tres de
las chiquilinas que estaban embarazadas entonces ya tuvieron a sus hijos y
conviven con ellos. En total hay cuatro bebés presos con sus madres en el
lugar que se describirá a continuación.

El centro está dividido en dos grandes alas, una peor que la otra.

“El ala izquierda” tiene siete celdas de distinto tamaño y capacidad. Tras
sus gruesas puertas de madera de mirilla enrejada viven 31 gurisas y los
cuatro bebés. Uno duerme en un cochecito y los otros tres en cunitas. La luz
viene de un ventanal con doble reja y de una bombita de bajo consumo y poca
potencia. Una bombita que no se apaga nunca, una luz mortecina que les
interfiere el sueño. La medida fue tomada para evitar problemas con los
bebés durante las noches, pero el informe apunta que en celdas en las que no
hay niños las luces también permanecen encendidas.

El mobiliario consiste en camas de hierro y cajas de cartón para guardar las
pocas cosas que les permiten tener. Afuera, en una repisa en el pasillo,
quedan el jabón y las toallitas higiénicas, la pasta de dientes y los
tampones, siempre y cuando no desaparezcan. Todo se pide a los gritos,
incluido el papel higiénico. No hay material de lectura ni tele, nada más
que una radio a pilas. Apenas unas paredes opresoras y descascaradas entre
las que el tiempo no pasa.

“El ala derecha” es nefasta. En cuatro celdas de dos metros por uno
sobreviven ocho chiquilinas; dos en cada celda, aunque en realidad tengan
capacidad para una sola persona. Un pequeño tragaluz hace del sol una
utopía. Hay dos estructuras de hormigón, una que se usa como cama y la otra,
que originalmente era una mesa, como repisa. Las condiciones de higiene son
pésimas. Las celdas de esta ala incluyen una “taza turca” en ese mismo
espacio reducidísimo: un hueco en el suelo tapado con un cartón en donde
hacer las necesidades. Una fuente de infecciones por donde se lo mire.

La inddhh había sugerido, tras su primera visita, un plazo no mayor a 120
días para reducir el hacinamiento, “sobre todo del lado derecho”, cosa que
no ha sucedido.

“Las condiciones en las que se encuentran son violatorias de los derechos
humanos de las personas sometidas a cualquier tipo de detención”, recuerda
el informe, por si algún despistado no se había dado cuenta.

Al hacinamiento lo completa el tedio: “las adolescentes recluidas en esta
ala no realizan habitualmente actividades; asimismo el tiempo de convivencia
que se les permite es reducido y no se les permite salir al patio. No están
distribuidas acorde a su edad. Los criterios de selección de las celdas
adonde se envían las adolescentes son potestad de las coordinadoras y la
dirección”.

Los baños no brindan intimidad y muchas veces ni agua caliente; el patio,
“en el momento de la visita, se aprecia inhóspito e inundado casi hasta la
mitad de su superficie, y las instalaciones para uso educativo siguen siendo
inadecuadas”. El informe relata cómo, en el momento de la visita sorpresa
que hicieron, encontraron a dos profesores luchando por dar clase en la
misma mesa de dos metros por uno.

La cotidiana

La marca del ciaf es la medicalización. Pastillas para dormir. Pastillas
para la angustia. Pastillas para la conducta. A 28 de las 38 muchachas se
les administra alguna combinación de esas, sin embargo, apenas diez
“tendrían” un “diagnóstico de enfermedad crónica o aguda que requiere
medicación”. Pero esta contención química es la única que se les provee.
Preocupa particularmente el estado emocional y psíquico de las jovencitas
que son madres, “que puedan sufrir situaciones de depresión o estrés ante la
situación que afrontan en su calidad de mujeres privadas de libertad”.

Según relata el informe, está estipulado que las chicas tengan dos horas de
“convivencia” al día fuera de las celdas, es decir, ir al ámbito común a ver
televisión. Sin embargo, ni esto se respeta cabalmente. Dada la cantidad de
presas y el espacio reducido en que deben habitar, las suelen dividir en dos
grupos para hacer uso del salón comedor y la tele. Incluso se advierte que
16 de ellas concurren a alguna actividad ahí mismo: primaria, secundaria,
orfebrería, yoga o al taller de la ong ProCul. Todo pasa en el mismo
ambiente, el espacio común, a veces a la misma vez. Hay también un taller de
peluquería y otro de costura. Las que van a este último deben hacer frente a
una requisa cada vez que finaliza, incluyendo una revisión de la zona
genital.

El vínculo con el exterior está totalmente intermediado: las cartas que
llegan y salen están sometidas a censura, se abren y son revisadas por los
funcionarios, así como las llamadas telefónicas. Las chiquilinas de
Montevideo reciben la visita de sus abogados defensores cada dos meses. A
las del Interior no vienen nunca a informarles sobre su situación procesal.
No son las únicas cosas que desconocen. El centro no cuenta con un
reglamento interno –desde la dirección se sostiene que se les entrega una
copia del “reglamento de convivencia del sirpa”, pero las gurisas dicen no
conocerlo–. La inddhh reclama que el centro tenga reglas propias que
contemplen la perspectiva de género, que regulen la discrecionalidad actual:
las sanciones las aplican los funcionarios, las anotan en un cuaderno y las
comunican a la dirección. Las chicas no tienen posibilidad de hacer ningún
descargo ante la sanción, a veces ni siquiera conocen el motivo, pero tienen
prohibido pedir explicaciones. Las sanciones colectivas se continúan
aplicando.

El informe de la inddhh es extremadamente crítico con lo que se vive en este
centro, que no contempla ninguna situación particular, ni siquiera la de
prestar las mínimas condiciones de confort e higiene para que los bebés
tengan un “normal y saludable desarrollo”. Como cada informe anterior, este
último también finaliza con una serie de recomendaciones dirigidas a la
dirección del sistema y otro tanto para la dirección del centro.

Al ciaf en especial se le reclaman cuestiones prácticas básicas que no
dependen más que de su puesta en marcha para mejorar al menos un poco la
vida de las gurisas: separarlas según edad y estado procesal, permitir la
entrada de ropa de abrigo, respetar la intimidad en las comunicaciones, que
se ajuste el personal para evitar el ingreso de los funcionarios varones a
las celdas, que se les comunique a las chicas el tratamiento médico que
tienen y qué medicamentos consumen y que, por favor, les apaguen la luz para
dormir.

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Respaldos y mordazas

Las denuncias en el Sirpa y el oficialismo

Samuel Blixen

Por diferentes –y espesas– razones, la sesión de la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara de diputados realizada el miércoles 2 de julio resultó
altamente reveladora, además de impactante y conmovedora. Ese día los
diputados Gustavo Espinosa (colorado, presidente de la comisión); Orquídea
Minetti, Daniela Payssé y Felipe Michelini (frenteamplistas); y Gonzalo
Novales y Pablo Abdala (blancos), escucharon los testimonios de madres de
menores internados en el hogar Ser del Sistema de Responsabilidad Penal
Adolescente (Sirpa) y de la abogada Sandra Giménez, sobre las torturas
reiteradas cometidas por funcionarios identificados. Por decisión explícita,
las actas de esa reunión –que expresamente no consignaban ni los apellidos
de las madres ni los nombres de los adolescentes mencionados– fueron
declaradas de difusión restringida a unos pocos legisladores y vedadas para
la prensa y el público. La mordaza fue justificada en que la prensa
tergiversa (al menos en estas cuestiones de torturas en el Sirpa) y para
proteger a los menores que podrían ser identificados y sufrir represalias.

Los argumentos, defendidos por las diputadas Payssé (Asamblea Uruguay) y
Minetti (MPP) –Abdala, Espinosa, Michelini y Novales no compartieron las
afirmaciones sobre la prensa–, son por lo menos contradictorios. Por lo
pronto, Payssé tomó distancia de las denuncias de las madres pero admitió
que hay represalias (de ahí el secreto), con lo que indirectamente reconoció
la existencia de malos tratos. Los impactantes testimonios de las madres
–cuya espontaneidad hace difícil dudar de su autenticidad– no modificaron,
empero, la postura oficialista prescindente, ya evidenciada cuando fue
presentado un demoledor informe de la Institución Nacional de Derechos
Humanos, con detalles de las torturas confirmadas.

La mordaza sobre las actas duró apenas 48 horas. Los detalles de los
terribles episodios (algunos de los cuales se consignan en esta cobertura)
fueron difundidos en medios de prensa, y habría que señalar que
afortunadamente adquirieron publicidad, porque sería a esta altura un
reaseguro contra las represalias. Muchas de esas represalias, en el pasado,
fueron abonadas por el secreto. “Entendíamos que no era posible que hubiera
denuncias desde marzo de 2013 y que a ninguno de los diez o doce
funcionarios que permanentemente eran denunciados ni siquiera se les hubiera
iniciado un sumario administrativo porque las denuncias se habían
extraviado”, dijo la doctora Giménez en la comisión. “El 22 o 23 de abril de
este año fui nuevamente al Sirpa, me entregaron las copias de las denuncias
que se habían presentado por parte de las madres y me dijeron que tomarían
las medidas que entendieran oportunas. A partir de ese momento la situación
de los chiquilines privados de libertad, no sólo en el hogar Ser sino en
otros centros de la Colonia Berro, fue más cruda: los golpes y los insultos
fueron permanentes, así como el encierro.”

El pedido de discreción tiene siempre la misma consecuencia. Una madre le
contó a los legisladores: “Fuimos a hablar con el señor Villaverde
(presidente del Sirpa), quien nos recibió muy amablemente y nos dijo que nos
ayudaría, que dejáramos todo quieto que estaría bien. Cuando estábamos por
salir, nos pidió los nombres de los chicos. Una madre le dio el de su hijo
–yo no lo hice porque no me inspiró confianza–, y lo torturaron todos los
días durante meses ‘porque a la mamá le gustaba denunciar’: el único que
sabía el nombre era Villaverde. Eso fue un jueves por la mañana; a las siete
de la tarde de ese mismo día Villaverde salió en Subrayado diciendo que
nunca había recibido una denuncia y que no estaba enterado de ninguna
golpiza ni maltrato”. Otra madre reclamó: “Les pido a ustedes, le pido a mi
Dios, que todo esto salga a la luz, y que si hay una ley, la hagamos
cumplir. Pienso que si los chicos reciben tantas torturas, sufren tanto
hacinamiento y encierro sin tener nada que los rehabilite, vamos a tener 600
niños asesinos en la calle, preparados para que cuando los miren torcido,
golpeen, como están aprendiendo ahí adentro”.

La diputada Payssé –que al menos en las comisiones asumió la cruzada de
defender a las autoridades– reclamó para el Sirpa la iniciativa de la
presentación de la primera denuncia ante la justicia. La doctora Giménez la
corrigió, señalando que esa denuncia había surgido de otra, planteada por un
funcionario del Sirpa, no por las autoridades. “La información que yo tengo
es la que tengo, y la doctora tiene la que tiene”, retrucó la diputada.

Algo similar había sostenido, refiriéndose a la veracidad de las denuncias.
“No puedo plantearme la hipótesis –que puede tener ciertos visos de realidad
o no– de que (los familiares) no ven a los chicos porque están machucados.
Tendría que tener un poco más de rigor para poder llegar a la conclusión.” Y
contó, con cierta ingenuidad: “Cuando estuve el lunes pasado conversé con
muchos chicos y a mí nadie me presionó. No vi a ningún chiquilín machucado
por haber recibido golpes. Durante la charla traté de fijarme especialmente
en eso”. Y de paso plantó una sospecha: “Ahora sí: hablé con los gurises sin
inducir respuestas porque me parece que eso no está bueno. Con total
honestidad, en esta última visita percibí una mejora sustancial en el estado
de ánimo de los gurises en general con respecto a otras veces. Yo no voy por
los medios de comunicación difundiendo esto porque creo que, a veces, el
trabajo silencioso es mucho más efectivo que el trabajo de la tele”.

El diputado Espinosa se sintió en la obligación de responder: “Si la
justicia hoy tiene nueve funcionarios indagados y siete denuncias penales,
no hay testimonio inducido; sí quiero decir que no puedo creer que estemos
todos tan inducidos al engaño y que seamos tantos: organismos públicos,
Parlamento, justicia, el propio sistema, la prensa, ustedes como madres, los
chicos”.

Prácticas impunes

Pero nada de lo que afirmaban las madres en la comisión era novedoso o
desconocido. La diputada Payssé había compartido el criterio explicitado por
el dirigente sindical José López, en el sentido de que las denuncias echaban
sombras sobre los más de mil funcionaros, cuando en todo caso los eventuales
responsables son un puñado pequeño. Lo cual es cierto: pero el “Popeye”, el
“Mauro”, el “Chichita”, Gerardo López, quienes aparecen en todas las
denuncias, todavía no han sido sancionado por la justicia. Y como reveló la
doctora Giménez, algunos de los que supuestamente estaban sumariados en el
Ser “me abrieron la puerta cuando fui a otro hogar”.

La diputada Minetti depositó toda la responsabilidad en la justicia: “Si el
director del inau, el director del Sirpa, las personas que tienen
responsabilidades políticas en esos ámbitos, están haciendo las cosas mal,
que sea el juez quien lo diga. ¡Y que quede claro que no tengo que defender
a nadie! Ahora, ¿que existe un abuso de poder en malos funcionarios?
Lamentablemente eso es así, y es lo que el Poder Judicial tiene que
resolver. Nosotros podemos escuchar y no podemos hacer absolutamente nada
más”. Parece una conclusión temeraria, que deriva de una práctica extendida:
dejar en manos de la justicia lo que es responsabilidad política y no
reclamar una separación de los funcionarios de jerarquía involucrados en las
denuncias. El diputado Abdala discrepó con Minetti: “El Poder Legislativo,
entre otras cosas, debe ser escudo en términos de la vigencia y la
protección de los derechos humanos; por lo tanto, debe ser el ámbito en que
estas cosas se puedan plantear y denunciar, a efectos de que ocurra una
reacción equivalente frente a situaciones que, en muchos aspectos, se
podrían catalogar hasta de lesa humanidad”, y rechazó la interpretación de
que las denuncias sobre torturas en el Sirpa –compiladas por la inddhh– que
“se complementan, calzan perfectamente con los hechos que han sido descritos
por los internos, por sus representantes o por sus abuelas y madres”,
obedezcan a una “conspiración política”.

La sesión del 2 de julio de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados
confirmó lo que ya había comprobado la Institución Nacional de Derechos
Humanos, lo que quedó asentado en los expedientes judiciales, lo que
denunciaron diversas organizaciones no gubernamentales y lo que logró
investigar la prensa: la reiteración de episodios de torturas y abusos a
menores en el Sirpa, los esfuerzos por negar y ocultar esos episodios, las
represalias contra aquellos menores cuyos familiares denunciaron
públicamente los hechos, y la impunidad de que gozan algunos de los
funcionarios identificados (los “brazos gordos” que apalean, cuelgan a los
chicos desnudos durante toda una noche, obligan a limpiar el patio con
cepillos de dientes, los obligan a defecarse y orinarse encima esposándolos
a la espalda). El propio Ruben Villaverde, en presencia de un juez y una
fiscal, admitió que “eran prácticas difíciles de erradicar”, que era “muy
difícil estar permanentemente lidiando con el sindicato”, lo que no
justifica las omisiones, las tergiversaciones y los ocultamientos.

Lo que no queda claro es por qué el oficialismo sigue respaldando a las
autoridades, con el costo político que ello implica. Y apañando las
represalias ocurridas desde febrero, cuando se conocieron las primeras
denuncias de la inddhh. El presidente del inau, Javier Salsamendi, dio una
pista cuando le sugirió a la doctora Giménez que no presentara ninguna
denuncia, para evitar el escándalo antes de las elecciones. “Después se me
dijo que en año electoral no se podían investigar estas cosas”, reveló la
abogada.

Esa puede ser una de las explicaciones, pero no resulta totalmente
satisfactoria, teniendo en cuenta que el comando electoral de los blancos
resolvió incorporar el episodio de las torturas en el inau como uno de los
tres grandes casos de agitación política. Infructuosamente se pretendió
recabar, entre los dirigentes políticos del Frente Amplio consultados, una
razón explícita. Muchos de ellos, paradójicamente, dicen no tener una
justificación oficial de la ausencia de medidas, y ni siquiera una discusión
política del asunto. Coinciden en que una posible explicación es el tremendo
respaldo político que tiene Ruben Villaverde, anfitrión de comentados asados
en los que participan miembros de la corriente Articulación del pit-cnt,
militantes del mpp y de Asamblea Uruguay y hasta algún ministro.

Más discretamente, los consultados no descartaron que el apoyo implícito a
Villaverde sea resultado de una evidencia: su administración redujo a cero
las fugas y motines, y eso se valora como un logro, aunque se haya
conseguido mediante malos tratos, medidas represivas y en ocasiones
torturas. Lo insólito es que tales métodos para obtener aquellos resultados
sean respaldados por altos funcionarios que en su momento fueron víctimas de
torturas sistemáticas.

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