Uruguay/ entretelones de la demanda de Philip Morris contra el Estado uruguayo [Ricardo Scagliola]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 9 de mayo 2014

germain5 en chasque.net

A l’encontre – La Breche

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Uruguay



Sin filtro



Entretelones de la demanda de Philip Morris contra Uruguay



Pocas chances



La reunión entre José Mujica y Tabaré Vázquez trajo nuevamente al tapete la
demanda por la que la empresa Philip Morris exige 25 millones de dólares al
Estado uruguayo. Se trata de una novela en la que intervienen variados
protagonistas: el bufete de abogados del gobierno (Foley Hoag), los dos
estudios jurídicos de la tabacalera suiza (con sugestivos historiales) y
hasta un árbitro indiscreto: James Crawford. La estrategia uruguaya, la
cumbre presidencial, las rencillas entre Vázquez y la Torre Ejecutiva
aportan otros capítulos a la historia.





Ricardo Scagliola

Brecha, Montevideo, 9-5-2014

http://brecha.com.uy/





Si los tratados bilaterales de inversión (tbi) suponen para los países
periféricos una cesión de soberanía en favor de las multinacionales, no
menos relevante es el fabuloso negocio que implican los litigios que
desencadena esa legislación para estudios de abogados, árbitros de los
tribunales y fondos de inversión a lo largo y ancho del globo. Se trata de
una comunidad de negocios con fuertes intereses en común para incentivar
costosas demandas que, en general, son desfavorables para los estados. Esa
conclusión se desprende de un estudio realizado hace poco más de un año por
el Corporate Europe Observatory (ceo) y el Transnational Institute (Tni). El
informe “Cuando la injusticia es negocio” demuestra que no sólo las empresas
que invierten en los países subdesarrollados presionan para acudir, ante un
“cambio de reglas”, al arbitraje internacional, como es el Centro
Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (ciadi), un
organismo que depende del Banco Mundial y su director lo designa el
presidente de Estados Unidos. Por el contrario, esta particular forma de
resolver diferencias comerciales también la incentiva un grupo de abogados
estrechamente ligados a multinacionales.



Una de las cláusulas incluidas en los tbi implica el acuerdo de establecer
que cualquier controversia entre una empresa y un Estado puede dirimirse en
el escenario del arbitraje internacional de inversiones. En el caso
uruguayo, esa instancia judicial es el ciadi, un ente arbitral que, en los
hechos, pone en igualdad de condiciones a empresas privadas con estados
soberanos, e implica una renuncia explícita de las jurisdicciones nacionales
a favor de un tribunal extranjero. El discurso neoliberal atribuye a dichos
tribunales mayor neutralidad, bajo el argumento de que la justicia local es
permeable a la posición del Estado al cual pertenece. Pero, según explica el
trabajo realizado por Pía Eberhardt y la uruguaya Cecilia Olivet: “La
supuesta neutralidad del arbitraje es un mito. Surgió un pequeño grupo de
árbitros de elite que prometieron ser ‘jueces’ neutrales. En lugar de ello,
han utilizado su poder e influencia para mantener reglas contrarias a los
gobiernos y un flujo constante de demandas multimillonarias. Además, las
firmas de abogados globales se dedican a multiplicar los arbitrajes contra
países, y los fondos de inversión están consolidando el mercado del
arbitraje de inversiones, estimulando demandas especulativas”.



Esa maraña de bufetes de abogados, fondos de inversión y jueces del Banco
Mundial, digna de una película de Martin Scorsese es, desde hace cuatro
años, el escenario con el que viene lidiando el gobierno uruguayo tras la
demanda presentada ante el ciadi por la tabacalera suiza Philip Morris a
causa de las restricciones impuestas en Uruguay como parte de la política
antitabaco iniciada por el gobierno de Tabaré Vázquez. Según pudo saber
Brecha de fuentes de la cancillería, el monto de la demanda es de unos 25
millones de dólares más gastos.



Reuniones en Washington o en Montevideo, diálogos en inglés o en francés,
completan el cuadro de una situación tanto o más exótica que la que tiempo
atrás reunió, en La Haya, a los gobiernos argentino y uruguayo, separados
por un río y la interpretación del estatuto que lo rige. De hecho, el bufete
de abogados que lleva adelante la estrategia uruguaya ante la gigante
multinacional es el mismo que por aquel entonces lideró la ofensiva contra
el país hermano. Encabezado por Paul Reichler, un abogado graduado en
Harvard en 1973, el estudio estadounidense Foley Hoag fue nuevamente elegido
por la Presidencia uruguaya para la defensa ante la Philip Morris. A
diferencia de aquellas sesiones con toga y pelucas llevadas a cabo en La
Haya, esta vez los letrados cobrarán una suma “no mayor a los 4 millones de
dólares”, detalló a Brecha el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa,
a quien el presidente encomendó el seguimiento del tema. En La Haya el
estudio Foley Hoag cobró una suma cercana a los 10 millones. Esta vez, tras
un acuerdo alcanzado por la Presidencia, el 60 por ciento de esa suma está
siendo financiada por la ong Tobacco Free Kids, que dirige el ex alcalde de
Nueva York Michael Bloomberg.



Los bufetes y las roscas



La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (ocde) calculó
recientemente que los costos legales y arbitrales en los tribunales de
inversión se sitúan en un promedio de 8 millones de dólares por caso, aunque
en algunas oportunidades han llegado a los 30. Según datos del ciadi, los
árbitros del tribunal reciben honorarios de 3 mil dólares por día, además de
gastos y dietas. Eberhardt y Olivet destacan que los gastos suelen ser
compartidos, de modo que si a una empresa se le ocurre demandar al país y
luego éste pierde el juicio, los contribuyentes deben hacerse cargo de la
errada apuesta, un negocio para la comunidad jurídica internacional. Pero
eso no siempre sucede así: según explicó a Brecha el investigador Alberto
Villarreal, de Redes Uruguay –una ong que ha seguido con atención el juicio
de la Philip Morris–, “aun ganando, el país pierde, porque tiene que pagar
los costos del asesoramiento jurídico”. Según explicó este experto, son
“casi ínfimas” las oportunidades en las que el ciadi emplaza al
inversionista a pagar los costos de los abogados. En el documento del ceo y
el Tni se confecciona una lista con las 20 firmas de abogados especializadas
en arbitrajes de inversiones con más casos en su haber.



En el lugar 13 del ranking está la firma Foley Hoag, una de las que dominan
la escena del arbitraje de inversiones en los últimos diez años: en 2011
participó en diez casos de diferendos entre estados y empresas, obteniendo
ingresos brutos por 149 millones de dólares y cerca de un millón de dólares
de ganancia por socio. Bastante más arriba, en el cuarto lugar, se encuentra
otro bufete, Sidley Austin, el elegido por Philip Morris en su batalla
contra Uruguay, con participación en 18 casos durante 2011. Este estudio
trabaja junto a la suiza Lalive, una firma con gran influencia en las
revistas académicas de consulta de los árbitros del ciadi con un pasado
oscuro en los corrillos de Washington. Según se desprende de la
investigación antes mencionada, a la par que defiende a empresas en litigio
con gobiernos, este estudio jurídico participó directamente en la
negociación de algunos tratados de inversión, aconsejando a países sobre la
redacción de aspectos clave. Según se explica en la investigación a la que
tuvo acceso Brecha, Lalive organiza periódicamente cursos de aprendizaje
electrónico sobre el arbitraje de inversiones para unitar, la organización
de las Naciones Unidas para la generación de capacidades en países en
desarrollo. Los funcionarios de países pobres reciben becas extra y Lalive
se beneficia de una larga lista de nuevos clientes en potencia. Un negocio
redondo. A diferencia de Lalive y Sidley Austin, la firma escogida por
Uruguay no ha representado a empresas durante los últimos cuatro años, según
consta en el informe.



El árbitro indiscreto



Los encargados de resolver los juicios en organismos como el ciadi son los
árbitros. Cada parte designa uno y esos dos eligen al presidente del
tribunal. Sus honorarios dependen de la duración y complejidad del litigio,
por lo que son aliados del sistema. De todos los abogados que alguna vez
fueron árbitros de litigios en el ciadi, un pequeño grupo de 15 han resuelto
el 55 por ciento de los casos. De aquellas demandas por al menos 4.000
millones de dólares, ese grupo resolvió el 75 por ciento. En el caso del
litigio presentado por Philip Morris contra Uruguay, el tribunal está
integrado por el italiano Piero Bernardini (neutral), el alemán Gary Born
(elegido por la tabacalera) y James Crawford (designado por Uruguay). El
legajo de este último no suena demasiado alentador para los intereses de
nuestro país: durante su carrera como “técnico”, Crawford se ha desempeñado
indistintamente como abogado acusador, representante de inversionistas y
empresas trasnacionales, como árbitro de los tribunales y como abogado de la
defensa de los gobiernos demandados. Hasta marzo de 2012 el árbitro
designado por Uruguay se desempeñó como abogado acusador contra Ecuador en
representación de la petrolera estadounidense Chevron, luego de que ésta
fuera condenada por la justicia de ese país a pagar la suma de 19.000
millones de dólares como indemnización por los daños ambientales causados en
la selva ecuatoriana. Asesorada por Crawford, Chevron demandó a Ecuador ante
el tribunal de La Haya y la Corte Federal de Nueva York.



El gobierno de la defensa



Frente a este complejo panorama el gobierno uruguayo confía en que, como
alguna vez dijo el prosecretario Cánepa, “los técnicos no quieren perderse
un leading case”, un caso único en el mundo sobre el que no hay precedentes.
Para ello el gobierno exhibe con orgullo el respaldo de algunos países de la
comunidad internacional, como Australia y Suecia, así como el de organismos
de la talla de la Organización Panamericana de la Salud (ops) y la
Organización Mundial de la Salud (oms). Y apuesta, ahora, a la segunda parte
del juicio, luego de que en un primer round el tribunal del ciadi diera la
razón a la Philip Morris al asumir su competencia en la demanda planteada
por la tabacalera (véase Brecha, 8-XI-13). Esta derrota era, sin embargo,
esperada por las autoridades uruguayas. Se trataba, dicen, de fortalecer la
línea argumental de la defensa y, mientras tanto, ganar tiempo. Ocurre que
esa fue también una victoria para el tribunal del ciadi, cuyos integrantes,
como se dijo anteriormente, ganan unos 3 mil dólares diarios. Esta semana,
abogados del staff del estudio jurídico Foley Hoag visitaron Uruguay y
mantuvieron reuniones del más alto nivel con las autoridades del Ministerio
de Salud Pública, la cancillería y la Presidencia de la República. El
motivo: reunir las pruebas para redactar la respuesta uruguaya a la memoria
presentada por la empresa en marzo pasado. Son libros enteros de
argumentaciones y pruebas que los organismos públicos deben recabar de cara
al próximo 29 de setiembre, cuando nuestro país debe presentar su alegato.



Uruguay deberá, entonces, responder a la argumentación de la Philip Morris,
basada en tres aspectos centrales: un “cambio de las reglas de juego” tras
el amparo del tratado de inversiones firmado con Suiza el 7 de octubre de
1988 y la consiguiente declaración de interés nacional otorgada por el
primer gobierno de Julio María Sanguinetti; la afectación a los derechos de
propiedad intelectual de Philip Morris al serle impuestos pictogramas
obligatorios con advertencias sobre los riesgos para la salud en las cajas
de cigarrillos, y los perjuicios comerciales ocasionados por las medidas
antitabaco aprobadas durante la administración de Vázquez. De ahora a
setiembre el gobierno apuesta a terminar de delinear el perfil de un “grupo
de expertos” que acompañará a Uruguay en su litigio. Se trata de contratar a
técnicos especializados de la ops y la oms, así como a un grupo de juristas
versados en algunos temas puntuales planteados en la demanda contra Uruguay,
según informó Cánepa a Brecha. Por otro lado, el presidente Mujica apuesta a
echar mano al capital político que ha venido construyendo a nivel
internacional, lanzando un mensaje a la opinión pública estadounidense.



La cumbre de Mujica-Vázquez



La estrategia de Uruguay ante la demanda presentada por la Philip Morris en
2010 volvió a ser puesta en tela de juicio esta semana, tras la reunión que
mantuvieron Vázquez y Mujica. Durante el encuentro, que tuvo lugar pocos
días antes de que el presidente viaje a Estados Unidos, Vázquez hizo
especial hincapié en la necesidad de dar una “fuerte señal” de compromiso
con la lucha antitabaco emprendida durante su gobierno, informaron a Brecha
fuentes políticas. Asesorado en este tema por el ex embajador de Estados
Unidos Carlos Gianelli y el fiscal de gobierno, Miguel Ángel Toma, Vázquez
sigue con preocupación lo que podría transformarse en un golpe a la lucha
antitabaco. Un documento de cinco carillas redactado por Gianelli –quien
maneja al detalle la interna política en Estados Unidos– lo había alertado
sobre los riesgos que conlleva el arbitraje internacional. Ese informe,
explicaron las fuentes, advertía sobre la inconveniencia de perder el primer
round en el ciadi y alarmaba sobre el escaso trabajo a nivel diplomático
para alinear a la comunidad internacional en respaldo de la legislación
uruguaya contra el tabaquismo.



A esta batalla emblemática contra el tabaco, que Vázquez ha asumido como un
principio inclaudicable, y que le ha valido varios reconocimientos durante y
después de su mandato, se suma una relación con la prosecretaría de la
Presidencia que nunca ha alcanzado niveles óptimos. En el entorno del ex
presidente aún acusan el golpe de lo que consideraron una primera etapa de
“revisionismo” de algunas de sus políticas durante el primer año de este
gobierno. Entre ellas, del plan de salud bucal impulsado por María
Auxiliadora Delgado, el programa Knock out a las Drogas (promovido por Hugo
“Bubby” Casada) y la lucha antitabaco, que en julio de 2010 ambientó la
primera confrontación pública entre el ex presidente y el actual, luego de
que el entonces ministro de Salud, Daniel Olesker, anunciara que el tamaño
de los pictogramas disminuiría del 80 al 65 por ciento. En aquel momento
Vázquez soltó que aquella era “una muestra de total debilidad” ante la
multinacional Philip Morris y de “desconocimiento” del daño ocasionado por
el tabaquismo. “Lo digo con dolor en el corazón. Yo a este gobierno lo
defiendo a muerte, apoyo sus actividades, pero en este tema no puedo
acompañarlo. Expreso mi más profundo rechazo público a este tema”, agregó el
ex presidente. La marcha atrás del actual gobierno fue casi inmediata.



La aprobación en el Senado de un proyecto de ley que prohíbe toda forma de
publicidad y promoción del tabaco, así como también su exhibición en locales
de venta, reavivó el martes el debate en torno a la tabacalera. La medida,
votada afirmativamente por la bancada del Frente Amplio y aprobada con la
velocidad que se lanza una bocanada de humo, no fue acompañada por la
oposición. Ninguna novedad, si no fuera por el contexto: el de una contienda
que se disputa también en otros terrenos, menos transparentes, con un poder
económico arisco a la luz. Más bien propenso a la opacidad. Y al lobby, que
muy a menudo también es protagonista de la historia.

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Pocas chances



Hasta fines de 2010 el ciadi había fallado en 232 litigios. En 230 lo hizo a
favor de las empresas. Los tribunales se reúnen a puertas cerradas, sus
resoluciones son de cumplimiento obligatorio, son inapelables, y su no
acatamiento equivale a violar el derecho internacional.

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