Chile/ ¿terroristas o marginados? [Horacio Brum]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 3 de octubre 2014

germain5 en chasque.net

A l’encontre – La Breche

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Chile

¿Terroristas o marginados?

En la madrugada del jueves 25 de setiembre Sergio Landskron caminaba por las
calles del barrio Yungay apretando contra su cuerpo un bolso. Drogadicto,
desvinculado de su familia desde hace varios años y en situación de calle,
Sergio era una más de las figuras del otro Chile que se mueven por esa zona
del oeste pobre de Santiago.

Horacio Brum, corresponsal en Santiago de Chile

Brecha, Montevideo, 3-10-2014

http://brecha.com.uy/

A pesar de los esfuerzos municipales para darle un carácter patrimonial y
cultural, el Yungay sigue siendo un barrio que retrata, con sus
edificaciones bajas, casas de inquilinato, pensiones y baratillos, la
decadencia de la pequeña clase media de empleados y funcionarios públicos
que se formó entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Entre sus
habitantes actuales se mezclan jubilados pobres, inmigrantes peruanos,
estudiantes de las universidades privadas más baratas, “ocupas” y gente como
Landskron, obligada a construir con el alcohol o las drogas un mundo
alternativo a la sociedad despiadadamente consumista en que les ha tocado
vivir. A la una de la madrugada del jueves 25 ese mundo estalló en las manos
del joven marginado de 29 años: el bolso que llevaba explotó, volándole la
mitad del cráneo e incendiando sus ropas.

En la misma mañana de la muerte de Landskron, las tres firmas que dominan el
mercado de la carne de pollo recibieron una multa de 60 millones de dólares
por haberse concertado durante diez años para regular artificialmente los
precios y eliminar a varios competidores menores. Lo mismo hicieron las tres
cadenas de farmacias que también controlan el mercado en su rubro, multadas
en 2012 con 40 millones de dólares, así como compañías de ómnibus, empresas
de turismo e incluso consorcios de radio. Por otra parte, aún está en
desarrollo el proceso judicial al conglomerado más importante de producción
de minerales no metálicos, cuyo propietario principal es un ex yerno de
Pinochet.

Según la Fiscalía Nacional Económica, la colusión en el mercado de los
pollos causó un perjuicio a los consumidores de por lo menos 1.500 millones
de dólares; no obstante, las empresas obtuvieron beneficios que superan
hasta en 800 por ciento las multas aplicadas, y ninguna de ellas se verá
seriamente afectada en sus finanzas por el castigo. Un funcionario de la
Fiscalía dijo a Brecha que las multas permitidas por la ley son irrisorias,
comparadas con las ganancias que las empresas consiguen violando las leyes,
pero que no es posible tomar medidas más enérgicas porque siempre se
tropieza con el carácter casi sacrosanto que la Constitución creada por la
dictadura militar le da a la propiedad privada. Esa Constitución cuya
reforma se comenzará a estudiar el año próximo, sin que se convoque a una
asamblea constituyente, pese a que la propaganda electoral de Bachelet
indujo a mucha gente a creer que se terminaría con ella de una vez por todas
y habría una asamblea de elección popular.

Un día después de que la vida de Sergio Landskron fuera terminada por la
bomba que él no había fabricado, a 600 quilómetros de Santiago un grupo de
encapuchados cortó la ruta que une el país de norte a sur, atacó a tiros de
escopeta algunos vehículos y quemó cuatro camiones. Otro episodio del
conflicto por las tierras ancestrales de los mapuches, que va llegando a su
cuarto de siglo de desarrollo sin una solución definitiva a la vista.

De vuelta en la capital, siguieron las discusiones en torno a la reforma de
la educación, cuyo ímpetu se va perdiendo por el trabajo de quinta columna
de los intereses privados que hace la Democracia Cristiana (DC) dentro de la
coalición gobernante.

Desesperanza

Cuál es el elemento en común que tienen la muerte de Landskron y los
atentados con bombas de las últimas semanas en un país donde, según el
discurso oficial, “no tiene cabida el terrorismo”? Si se tiene en cuenta que
en las últimas presidenciales sólo votaron 5,7 millones de ciudadanos, de
los más de 13,5 millones registrados, es evidente que millones de chilenos
han perdido la esperanza de cambiar las cosas mediante la política. Ese
sentimiento se inserta en un contexto social hostil, que de acuerdo con los
especialistas que lo estudian, como el psiquiatra Rodrigo Paz, se resume en
el diagnóstico de que “Chile es un país brutalmente enfermo”. Paz y sus
colegas se basan en datos como la tasa de depresión, que en Chile es la más
alta del mundo; el suicidio, especialmente en los niños, adolescentes y
jóvenes, que está aumentando, tendiendo a ocupar también los primeros
lugares en la lista negra mundial; son notoriamente altos los índices de
violencia intrafamiliar, así como el abuso sexual a los niños (que algunas
estadísticas ubican en el 10 por ciento); la edad promedio de inicio en el
consumo de alcohol, drogas y tabaco es 12 años, mientras que en el mundo
está entre los 14 y 15 años, y las tasas de adicción en los niños y los
adolescentes ocupan los primeros puestos internacionales; el alcoholismo
cuesta alrededor de 3.000 millones de dólares anuales en pérdidas de
productividad, según la Cámara de Comercio, etcétera. Además, el maltrato de
niños por otros niños, o bullying, alcanza niveles preocupantes, al igual
que la delincuencia juvenil. También la proporción de niños y jóvenes
internados en hogares estatales por situaciones de violencia o abandono es
de las más altas del mundo. Las dos causas principales de muerte entre
jóvenes y adolescentes corresponden a formas violentas, ya sea por suicidio
o por homicidio.

Los “terroristas” o “anarquistas” que el gobierno de Michelle Bachelet se
está desvelando por hallar agrupados en células o en algún movimiento con
enlaces extranjeros –para lo cual incluso se estudia la experiencia de los
servicios secretos británicos y se envió al ministro del Interior a
establecer un convenio de seguridad con España–, no parecen ser más que
hijos de ese Chile desesperanzado y marginado que reflejan las estadísticas
de los sociólogos y los especialistas en salud mental. Un recorrido por las
páginas en Internet de los supuestos movimientos anarquistas locales muestra
una escasa profundidad ideológica, que más bien sirve para descargar la
rabia contra un sistema que niega oportunidades de todo tipo, o que cuando
las da las encuadra rígidamente dentro del esquema de una de las sociedades
más de-siguales de la región. En el caso de los jóvenes de origen indígena
que mantienen ardiendo el “conflicto mapuche” del sur, la modernización del
país les abrió el acceso a una mejor educación, lo que a su vez les ha
permitido tener más conciencia –que las generaciones de sus padres y
abuelos– de la discriminación y otros abusos cometidos en su contra por el
Chile “blanco”. Pero más educación no ha significado mejores oportunidades
de trabajo, y apenas ha reducido el peso del prejuicio hacia la condición de
indígena.

Los expertos de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos
consideran que detrás de quienes ponen las bombas en Santiago “no hay
organizaciones formales permanentes”, y sus acciones se caracterizan “por la
espontaneidad y el informalismo”. Esta evaluación podría explicar la
construcción artesanal de las bombas, con extinguidores de incendios
rellenos de pólvora y detonados por relojes despertadores, así como la
ausencia de ataques a objetivos duros, del tipo de las oficinas del gobierno
o instalaciones militares. Paradójicamente, tal vez un triunfo del sistema
que ha creado una sociedad tan individualista es que todos aquellos que han
decidido manifestar su ira y frustración de forma violenta –sean los jóvenes
mapuches del sur o los seudo-anarquistas santiaguinos– se muestran incapaces
de unir sus fuerzas en un movimiento que pueda presentar un desafío
significativo al poder del Estado y las fuerzas de seguridad. Por ahora, las
suyas no parecen ser mucho más que las bombas de la desesperanza y la
marginación.

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