Brasil/ el drama del aborto clandestino ausente del debate político-electoral [Francho Barón]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 28 de setiembre 2014

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Brasil

Silencio en frente al drama del aborto clandestino

La espinosa cuestión permanece ausente del debate político a una semana de
las elecciones

Más de 800.000 mujeres podrían haberse sometido a procedimientos
clandestinos en 2013

Francho Barón, desde Rio de Janeiro

El País, Madrid, 28-9-2014

http://internacional.elpais.com/

A pocos días de la disputa electoral en la que se decidirá el rumbo que
tomará Brasil en los próximos cuatro años, la espinosa cuestión del aborto
permanece totalmente ausente del debate político. El problema no es menor,
pues anualmente se cobra incontables vidas y deja dolorosas secuelas físicas
y psicológicas en cientos de miles de mujeres brasileñas que deciden
abortar. Según los datos preliminares de un estudio realizado por los
investigadores Mario Monteiro y Leila Adesse, un mínimo de 685.334 y un
máximo de 856.668 mujeres se sometieron en 2013 a procedimientos de aborto
clandestino. Los estudios no revelan, sin embargo, cuántas de estas
intervenciones desembocaron en la muerte de la paciente, ya que la
clandestinidad y el oscurantismo definen a este submundo en el que resulta
casi imposible extraer cifras con un mínimo de precisión. La Organización
Mundial de la Salud (OMS), sin embargo, estima que una mujer brasileña muere
cada dos días víctima del aborto ilegal.

Los recientes casos de Elizângela Barbosa, de 32 años, y de Jandira
Magdalena dos Santos Cruz, de 27, son sintomáticos de que el aborto aun
representa en Brasil un tabú social que transita en la clandestinidad, más
que un gravísimo problema de salud pública. Frente a una inmensa mayoría de
población católica y evangélica (ambas confesiones aglutinan el 76 % de la
población) y la ausencia de un debate público en las últimas décadas, los
partidos políticos brasileños optan por mirar hacia otro lado y no hurgar en
un asunto que podría volverse peligrosamente contra sus intereses
electorales.

Jandira, que hace algo más de un mes estaba embarazada de casi cuatro meses,
salió el pasado 26 de agosto de su casa de Campo Grande, en la zona oeste de
Río, acompañada de su exmarido, para someterse a un aborto clandestino. Al
día siguiente sus restos carbonizados aparecieron en el interior de un coche
no muy lejos de su casa, en la localidad de Guaratiba. Las investigaciones
preliminares han concluido que a Jandira le practicaron un aborto ilegal que
culminó en su muerte. Quienes realizaron la intervención remataron la
mórbida faena cortándole las extremidades, arrancándole la dentadura y
prendiéndole fuego para dificultar la identificación del cuerpo. No lo
consiguieron.

“No puedo decir que sienta rabia, sino indignación por la maldad que
hicieron con ella. Ahora lo único que queremos es darle un entierro digno a
mi hermana, algo tremendamente complicado por la burocracia que implica
sepultar un cuerpo en este estado”, se lamenta Joyce Liane dos Santos, que
pese a la tragedia que vive su familia asevera estar en contra de la
despenalización del aborto en Brasil. “No apoyo la legalización del aborto.
Yo no apoyé a mi hermana para que abortara. Estas situaciones se evitarían
con una mayor fiscalización por parte de las autoridades y una mayor
educación en los terrenos de los métodos anticonceptivos y de la
planificación familiar, no liberando el aborto”, explica Joyce, devota de
una iglesia evangélica. Según ella, Jandira “se había desviado del camino de
la Iglesia” y mantenía relaciones sexuales esporádicas de las que la familia
sabía poco o nada. La joven estaba separada, era auxiliar administrativa y
ganaba algo más de 702 dólares mensuales, suficiente para criar a sus dos
hijas de 8 y 11 años.

A 60 kilómetros de Campo Grande, en la localidad de Niteroi, el domingo
pasado aparecía en una cuneta el cuerpo sin vida de Elizângela Barbosa ,
madre de tres hijos. La mujer se había sometido un día antes a un aborto
clandestino por el que pagó 3.500 reales (1.440 dólares). La autopsia del
cadáver encontró un tubo de plástico en el interior del útero aparte de
perforaciones en el mismo órgano y en el intestino. El marido de Elizângela
fue quien la acompañó hasta el lugar convenido con los abortistas y hoy se
expone a una denuncia penal por haber colaborado en la logística de la
operación. Los casos de Jandira y de Elizângela han desencadenado en los
último días numerosas detenciones de sospechosos y ríos de tinta en los
medios cariocas. Sin embargo, ningún político se ha pronunciado aun sobre la
barbarie a la que ambas mujeres fueron sometidas. Y mucho menos sobre los
motivos que arrastran a miles de mujeres a someterse a esos dramáticos
procedimientos ilegales.

El aborto clandestino, lejos de lo que se pueda pensar, es un problema de la
“mujer común brasileña”, según la Pesquisa Nacional de Aborto (PNA) liderada
por la antropóloga y profesora de la Universidad de Brasilia, Debora Diniz.
Según la investigación publicada en 2010, cuyas conclusiones, adoptadas por
la OMS, se mantienen inalteradas, una de cada cinco mujeres brasileñas
menores de 40 años ha abortado. Es decir, el 20 % de las brasileñas en edad
de gestación admite haberse sometido a algún procedimiento en algún momento
del grueso de su vida fértil. “El aborto es algo común en la vida
reproductiva de las brasileñas. Sin embargo, la legislación penal las
amenaza con penas de prisión que raramente se cumplen. Si se aplicase esta
ley habría muchas mujeres en la cárcel. Las mujeres encuentran subterfugios
para esquivarla, pero esto no disminuye la seriedad de esta situación, que
gira entorno a una gran hipocresía”, explica Diniz.

La legislación brasileña contempla tres hipótesis que justifican la práctica
de un aborto por los cauces legales: que el embarazo ponga en riesgo la vida
de la madre, que sea la consecuencia de una violación o que el nasciturus
presente anomalías incompatibles con la vida, como la anencefalia. Otro
estudio liderado por Debora Diniz y publicado hace poco más de un mes
sostiene que una buena parte de las víctimas de violación que acuden a los
centros médicos públicos para solicitar un aborto legal encuentran
innumerables obstáculos por parte del personal clínico para que “se les
reconozca como verdaderas víctimas”.

Rosângela Talib, coordinadora de la ONG Católicas pelo Directo de Decidir,
una organización que se declara alejada de la doctrina predominante en la
Iglesia de Roma, opina que “estas muertes son perfectamente evitables”. “La
criminalización del aborto desemboca en que las mujeres más pobres caigan
con facilidad en estas situaciones trágicas. Con las ricas no sucede tanto
ya que pueden viajar al exterior o abortar aquí en centros privados, pero
con mejores condiciones sanitarias. Creemos que hay que legalizar el aborto
porque es una cuestión de salud pública”, sostiene.

Según la investigadora Leila Adesse, “a más restricción, censura y silencio
con relación al aborto, mayores son las posibilidades de que sucedan
tragedias como las de los últimos días. ¿Cuántas muertes más necesitamos
para tomar decisiones?”, se cuestiona. Se trata de una pregunta
trascendental, que sin duda se harán muchos de los presentes en el entierro
de Jandira Magdalena Santos Cruz, cuyos restos calcinados y desmembrados
recibirán sepultura para siempre en un cementerio de la deprimida zona norte
de Río.

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