Uruguay/ Comisión Interamericana de DDHH condenó la violencia contra adolescentes [Montevideo Portal]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 19 de agosto 2015

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A l’encontre – La Breche

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Uruguay

La CIDH condenó los actos de violencia contra adolescentes presos

Llamó al Estado uruguayo a “sancionar a los responsables”

El organismo instó al Estado a continuar con las investigaciones judiciales
ya iniciadas, sancionar a los responsables y adoptar medidas "a fin de
evitar que se repitan hechos similares".

Rosa María Ortiz, Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la CIDH, dijo
que el video en el que se ve cómo varios funcionarios reducen a adolescentes
en dependencias del Sirpa "es profundamente perturbador".

A su juicio, "esos funcionarios están obligados a otorgar un trato digno a
los adolescentes que se encuentran bajo la responsabilidad del Estado,
privados de libertad en el marco de un proceso que pretende ser de
rehabilitación.  La violencia sólo enseña violencia y lo ocurrido debe ser
investigado para determinar responsabilidades por estos actos de trato
indigno e inhumano. Además el Estado debe implementar medidas de no
repetición".

Ortiz también criticó que las prácticas utilizadas en el video hayan sido
definidas por representantes de los trabajadores como "usuales", y dijo que
esa afirmación es "preocupante".

Asimismo, recordó que "el Estado ya ha recibido un alto número de
recomendaciones de los diversos organismos de derechos humanos. Las
autoridades estatales deben adoptar de manera urgente medidas de no
repetición, tales como las prácticas de justicia restaurativa y los
protocolos que antes que enfrentamiento privilegien el diálogo y programas
de soluciones alternativas y no violentas de conflictos. Para ello, debe
crear las condiciones estructurales y administrativas, con personal idóneo,
y deshacerse de los funcionarios que no comulguen con estas prácticas".

Ortiz apuntó que "el Sistema de Justicia Juvenil no se inicia cuando el
adolescente comete un delito", sino tomando medidas de prevención que
tiendan a desalentar la comisión de ilícitos.

La relatora estuvo en Uruguay en 2014, y en esa ocasión "observó condiciones
inhumanas, denuncias de tortura y malos tratos, falta de funcionarios
capacitados y de actividades educativas y recreativas dirigidas hacia la
rehabilitación y reintegración".

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