México/ la noche de Iguala y el despertar de México [Manuel Aguilar Mora]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 4 de enero 2015

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A l’encontre – La Breche

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México

La ruptura de 2014

La noche de Iguala y el despertar de México

Manuel Aguilar Mora

México DF, 3-1-2015

Los atroces hechos sucedidos en la noche del 26 de septiembre en Iguala son
sin duda los que marcaron el 2014 convirtiéndolo en un año hito en la
historia contemporánea de México, erigiéndose como otro “Mexican moment”,
muy diferente al que el presidente Peña Nieto publicitó al inicio de su
gobierno, que horrorizó a su pueblo y al mundo entero obligando a los medios
masivos a presentar ante la opinión pública internacional el nivel de
barbarie al que ha llegado el estado de guerra de facto en el que se
encuentra esta nación fronteriza con Estados Unidos (EUA) desde el 2007.
Así 2014 pasó a ser el año de Ayotzinapa más que el de las “reformas de
estructura” promovidas por Peña Nieto.

Precisamente hace un año, cuando en el mundo oficial todo era jolgorio y
alegría por la aprobación de todas las reformas promovidas por el gobierno y
sus aliados del Pacto por México, decíamos que después de 25 años de crisis
política permanente, de 1988 a 2013, México era “un volcán en estado de
ebullición antes de la explosión de la lava ardiente” que se acercaba cada
vez más hacia el estallido. (“¿Hacia el estallido?”,  Unidad Socialista,
núm. 58, marzo-abril 2014, también publicado en la red entre otros en el
boletín informativo Correspondencia de Prensa, 23 de marzo 2014). En junio
la matanza de Tlatlaya realizada por los militares, hecha pública más dos
meses después de ocurrida conmocionó al país y después a finales de
septiembre los hechos de Iguala lo horrorizaron. Fueron las chispas que han
comenzado a incendiar la pradera. Desde entonces el país cambió abruptamente
y el gobierno de la restauración priista está instalado en su peor crisis.
Las repercusiones han sido enormes y no sólo en México pues su impacto
internacional recuerda e incluso va más allá de lo que ocurrió el 1° de
enero de 1994 con motivo del levantamiento del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional en Chiapas por el reto político directo y sin
amortiguadores que representa la causa de los 43 estudiantes normalistas de
Ayotzinapa desaparecidos para el típico Estado represivo y corrupto de
México tocado a profundidad en sus fibras políticas esenciales: estructura
gubernamental, sistema de partidos, judicatura, etc. En las enormes y
numerosas movilizaciones habidas a partir del 1° de octubre cuando salió a
relucir todo el horror de lo sucedido el 26 de septiembre, tres consignas
gritadas por las multitudes son las que sintetizan el sentimiento de
amplísimos sectores de la población: “Fue el Estado”, “Fuera Peña” y “Vivos
se los llevaron, vivos los queremos”.

El gobierno de Peña Nieto intentó burdamente durante una semana enterrar las
atrocidades de Iguala en el campo municipal bajo el control formal de un
alcalde asesino del PRD, creyendo ilusamente que su gobierno podría eludir
responsabilidades. Una apreciación por completa errónea que se le revirtió
con creces cuando tardíamente la PGR debió “atraer” el caso. La penetración
descarada de personajes e influencias del narcotráfico en la alcaldía de
Iguala no era privativa de los municipios presididos por el PRD, como antes
se había demostrado en la crisis de Michoacán que obligó a Peña Nieto a
intervenir con un comisionado especial que actuó como real jefe del estado,
debiendo renunciar un gobernador priista rodeado de funcionarios y
familiares en contacto con los narcotraficantes.

Ante la avalancha de protestas y movilizaciones presidente Peña ha  llamado
a “superar” lo sucedido y en la práctica su gobierno quiere darle carpetazo
lo más pronto posible. Pero la situación hoy es muy diferente a la de crisis
anteriores. No sólo los activistas, los sectores democráticos y
revolucionarios, sino voceros de la opinión burguesa más conservadora
reconocen que la movilización masiva que ha surgido exigiendo la
presentación de los 43 normalistas no tiene precedente y que las protestas
callejeras seguirán y que no es posible creer en una política que le
“apueste al olvido” como quiere Peña Nieto. El Universal, uno de los diarios
más importantes de la ciudad de México, de una orientación claramente
conservadora, publicó los resultados de una investigación de su Centro de
Investigación y Análisis que vale la pena citar. “Durante 87 días, del 1° de
octubre al 26 de diciembre se han registrado 44 movilizaciones públicas en
México y en el mundo con la demanda común de la localización con vida de los
jóvenes maestros desaparecidos, que no haya impunidad y se castigue a los
responsables del crimen colectivo”. (El Universal, 31.12.14).  Los datos
concretos son elocuentes: en ese periodo de 87 días en 36 hubo algún tipo de
movilizaciones, lo que significa que tres días de cada semana ha habido
protestas por el caso de Iguala, solo en octubre fueron 17 los días en que
se realizaron movilizaciones y en noviembre ocurrieron las más
multitudinarias. De las 44 manifestaciones el 73% se realizaron en México
(en 17 estados) y el resto al nivel internacional (en 21 países). En México
se realizaron en el Distrito Federal y en Guerrero las más concurridas y
numerosas y además en los estados de Morelos, México, Guanajuato, Jalisco,
Michoacán, Zacatecas, Chihuahua, Querétaro, Oaxaca, Puebla, Chiapas,
Quintana Roo, Durango, Colima, Sinaloa y Sonora. En el mundo la imagen de
México salió a relucir muy diferente a la ofrecida por la propaganda
turística del gobierno y las protestas no se hicieron esperar abarcando a
países como Brasil, Chile, Escocia, Reino Unido, China, Vietnam, Singapur,
India , Indonesia, Corea del sur, Argentina, Suiza, Colombia, Ecuador, Costa
Rica, Bolivia, El Salvador, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia,
España y Noruega. El 5 de noviembre pararon más de 100 instituciones de
educación superior (universidades e institutos técnicos) en México.  

La crisis desbordó de tal forma las fronteras nacionales que organismos
internacionales oficiales se pronunciaron al respecto censurando el
comportamiento del gobierno de Peña por su incapacidad de garantizar un
estado de seguridad nacional a la población. Declaraciones de instituciones
gubernamentales como el Departamento de Estado de EUA, el Alto Comisionado
para los Derechos Humanos de la ONU, la organización de los Estados
Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente lo
hicieron organismos no gubernamentales como la Human Rights Watch y Amnistía
Internacional cuyo director de su sección mexicana, Perseo Quiroz resumió
muy bien la situación: “los acontecido en Iguala ha generado una
movilización nacional sin precedentes a la que se ha sumado la indignación
mundial”.  

Hay que señalar finalmente las inauditas movilizaciones en la época de las
fiestas de fin de año: el 24 y el 31de diciembre los familiares de los
desaparecidos, acompañados por un millar de personas solidarias, se hicieron
presentes en la casa presidencial de Los Pinos bajo la consigna de que si
para ellos estos días no son de fiesta por la desaparición de sus hijos,
para las autoridades tampoco debe haber fiesta. Y la realizada el día 26 de
diciembre recordando el tercer mes de la desaparición de los 43 en pleno
centro histórico de la ciudad de México, donde reafirmaron su decisión de
que en el 2015 sigan y crezcan las movilizaciones por la búsqueda de sus
hijos.

La demostración de lentitud e incapacidad de las autoridades gubernamentales
para satisfacer plenamente las demandas de una investigación profunda de los
crímenes, para castigar a los autores principales tanto intelectuales como
ejecutores directos y la clara tendencia de hacer que el asunto sea superado
con un carpetazo burocrático coincidió estrictamente con la noticia de que
la esposa del presidente Peña y el secretario de Hacienda eran propietarios
de lujosísimas mansiones valuadas en millones de dólares construidas por una
empresa directamente responsable de la construcción de obras públicas
durante el gobierno de Peña Nieto en el estado de México y en la actualidad
responsable de contratos del gobierno federal. Un escándalo clásico de
corrupción ligado a un “conflicto de intereses” se agregó para enardecer más
la ira e insatisfacción de millones de ciudadanos con los procedimientos de
los más altos gobernantes.

2015: la combinación explosiva

El inicio de 2015 se da en condiciones en que confluirán diversos procesos
económicos y políticos de alta potencialidad conflictiva. En junio el barril
de petróleo se cotizaba a más de 100 dólares. Al cerrarse el 2014 el barril
había caído a 47.04 dólares, es decir experimentando una pérdida del 54.01 %
en su precio. Y como directa consecuencia de lo anterior se ha producido al
mismo tiempo una revaluación del dólar cuyo cambio subía de 13 a 15 pesos
por dólar, un tipo de cambio que no alcanzaba desde la crisis de 2007.
Aunque no en los niveles de dependencia que tienen los países árabes o
Venezuela de la renta petrolera, la economía mexicana depende también mucho
de ella. Lo que está sucediendo en el mercado internacional del petróleo
afectará directamente a los planes de Peña Nieto por dos determinantes: la
drástica disminución de sus ingresos presupuestales tanto por la disminución
de los ingresos de Pemex (que contribuye con más de la tercera parte del
presupuesto federal) como por la privatización de sectores de la industria
anteriormente estatizada por completo y el hecho de que la licitación de los
yacimientos petrolíferos a las empresas petroleras extranjeras que las
nuevas leyes aprobadas permiten, se dará en el peor momento posible. El
gobierno de la restauración priista de Peña Nieto se jactaba de ser el que
“movería” a México superando el estancamiento económico de décadas y
proyectando una etapa muy positiva de crecimiento económico que producirían
las “reformas de estructura” que estaban en el primer lugar de sus planes
gubernamentales. En los últimas tres décadas el promedio del crecimiento
económico anual no ha rebasado el 3.0% y en los últimos años apenas rasca el
2.0%, índices prácticamente idénticos a los del crecimiento demográfico de
una población que ha superado los 115 millones de habitantes. Este
estancamiento ha tenido consecuencias devastadoras en las condiciones de
vida de la abrumadora mayoría de la población. Según el informe del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social desde 1992 no
crece el ingreso de los hogares a pesar de los innumerables programas y
acciones (de muy baja calidad) que no logran detener la precipitación de la
población a situaciones de pobreza y de extrema pobreza. (La Jornada,
01.02.15). Como se aprecia la situación imperante en el rubro económico no
es nada favorable para que los optimistas planes originales del gobierno
priista puedan impedir un combinación explosiva cuando esta decadencia
económica converja con el sensible deterioro de la situación política.

El año 2015 será un año profundamente “político” en el cual el movimiento
social de protesta contra la corrupción y la impunidad de las autoridades
responsables de las atrocidades de Guerrero y de todo el país confluirá con
las elecciones de julio para la renovación de la Cámara de diputados y para
las gubernaturas y autoridades municipales de varios estados. Pero
evidentemente la decadencia y el profundo desprestigio de los partidos
“registrados” plantea con urgencia el qué hacer en estos comicios sin
legitimidad alguna, que sólo elegirán a personajes similares a los que
ocupan hoy los cargos que serán puestos a elección. Los diputados y los
candidatos del trío de los partidos principales pilares del sistema político
gobernante (PRI, PRD y PAN) son los representantes que encarnan dichas
autoridades desde el nivel municipal hasta el federal impugnadas por las
masivas movilizaciones de protesta. Esta contradicción ya está produciendo
una oleada cada vez más poderosa en amplios sectores. ¿Para qué votar a
candidatos de los mismos partidos responsables de las atrocidades? ¿Por qué
participar en un sistema electoral tan restrictivo, antidemocrático y
fraudulento controlado firmemente por esos partidos? El viejo Instituto
Federal Electoral (IFE) que ha sido transformado en el nuevo INE no es de
ninguna manera garantía de elecciones legítimas y democráticas, sigue siendo
la estructura que mantiene, de hecho fortalecida, la misma maquinaria que
produjo el gigantesco fraude de 2006 y los innumerables chanchullos y
trapacerías que hicieron de las siglas del IFE sinónimo precisamente de eso,
de fraude.

Una cada vez más poderosa corriente popular, predominantemente de jóvenes ha
surgido que propone el boicot a las elecciones del 2015. Igualmente la
cuestión de la necesidad de refundar el Estado por medio de una Asamblea
Constituyente se abre paso en el seno de amplios sectores. Destacan entre
éstos Cuauhtémoc Cárdenas; el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Ver; el
padre de una víctima de los narcotraficantes el escritor y poeta Javier
Sicilia y el profesor universitario Pablo González Casanova. Pero lo más
importante es que han sido los mismos familiares de los 43 y sus aliados los
que han llamado a boicotear las elecciones de julio próximo, convocadas para
elegir a los pares de quienes hoy se niegan a investigar a profundidad los
crímenes de Iguala, encubren a los culpables materiales e intelectuales y
desean cerrar lo más pronto posible el caso para que se olvide del mismo
modo que sucedió con los numerosos casos de desapariciones y masacres
anteriores como la matanza de los 72 centroamericanos en San Fernando,
Tamaulipas en agosto 2010, o la desaparición de 300 mexicanos en Allende,
Coahuila en marzo 2011, para no hablar de la matanza de Tlatlaya. Lo
diferente en esta ocasión fue la indignación espontánea que no tiene trazas
de que va amainar en 2015. 

El papel del Ejército

Desde el día siguiente de la noche del 26-27 de septiembre uno de los
aspectos clave de la recreación de los hechos ha sido determinar el papel
del ejército. Los reportajes publicados señalaban su presencia, por ejemplo
en la clínica a la que los estudiantes llevaron a varios de sus compañeros
heridos. Por estudiantes que lograron escapar se supo de la actitud
prepotente de los militares increpándolos e incluso amenazándolos. Pero las
informaciones oficiales negaban siempre que los militares hubieran
participado de algún modo en las acciones. Después el procurador federal
Murillo Karam en su conferencia tristemente famosa de noviembre por “su
cansancio”, hizo una observación extraña ante una pregunta de los
periodistas. Dijo él: “Afortunadamente el Ejército no intervino pues lo
hubiera hecho en apoyo de las autoridades [municipales]”. Ciertamente algo
no cuadraba en estas explicaciones. Es inverosímil que en Guerrero ocupado
desde hace 50 años por miles de militares que en el estado han combatido
guerrillas, instalado una red de retenes, ejercido labores de represión sin
cuento, participado en labores de quema de plantíos de mariguana, de cateo
de establecimientos en la búsqueda de drogas, con grandes cuarteles
instalados en varias poblaciones, incluida Iguala, o sea que no sucede nada
sin su conocimiento, haya ocurrido tamaño crimen sin que se dieran cuenta.

La revista Proceso correspondiente al 14 de diciembre de 2014 derrumbó la
versión oficial del procurador federal mostrando con videos y declaraciones
de normalistas sobrevivientes que la policía federal participó en la gresca
entre los estudiantes y los policías municipales e incluso que el Ejército
estuvo involucrado aunque todavía no se aclara ni especifica la forma en que
lo hizo. El Ejército, como bien señalan los padres de familia de los
normalistas desaparecidos, es culpable por participar en la noche del 26-27
de septiembre ya sea activamente en el secuestro o bien por omisión de dejar
hacer y dejar pasar un crimen de tal magnitud efectuado prácticamente en sus
narices.

Ha sido en Guerrero en donde el nivel de la protesta y de las acciones ha
llegado a niveles de confrontaciones violentas que han estado al borde de
concluir en nuevas masacres. A mediados de diciembre, los familiares y sus
aliados realizaron una manifestación en Iguala y durante un mitin frente al
cuartel militar la tensión subió a peligrosos niveles, estando los militares
en una situación a punto de disparar contra la multitud. El nuevo gobernador
de Guerrero, Rogelio Ortega lo ha dicho tajante y ominosamente: “Hay [en el
gobierno] quienes están decididos a dar la orden de reprimir las protestas.
Es ingenuo creer que no van a ser frenadas manifestaciones más radicales”.
(La Jornada, 02.01.15). Lo dice el gobernador de un estado en que de hecho
se han producido ya en varios municipios tomas de alcaldías por parte de los
maestros de Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación de Guerrero
(CETEG) y sus aliados. En gran parte del estado se están llevando a cabo
procesos semiinsurreccionales: 35 comunidades organizadas han tomado los
palacios municipales, el 43 por ciento del total de ayuntamientos en la
entidad y han constituido las Asambleas Populares Municipales. De hecho el
proceso de la aparición de las “autodefensas” que ha cundido en el estado
vecino de Michoacán desde finales del 2013 y que obligó a Peña Nieto a
intervenir directamente con un procónsul y a destituir al gobernador
desbordado por completo a principios del 2014, fue un anuncio de lo que
sucede hoy en Guerrero: una lucha por la supervivencia ante el completo
derrumbe de los aparatos de seguridad oficiales infiltrados por los cárteles
o de plano desbordados por la situación.

El secretario de la Defensa Nacional, el jefe del Ejército, general
Cienfuegos ha declarado que “sólo con el esfuerzo de todos, con la suma de
voluntades y con unidad nacional, podremos consolidar el rumbo hacia el
progreso y el desarrollo”. Y agregó, “los grandes retos que afrontamos, como
la inseguridad y el crimen organizado, son problemas de todos y sólo juntos
podremos vencerlos, son problemas de Estado, no de gobierno”. Pero el papel
de los militares ¿no está contribuyendo más que al progreso y al desarrollo
a la desestabilización y a la represión como fehacientemente lo demostró el
caso de Tlatlaya y puede que no tarde en evidenciarse cuando se sepa el real
papel que desempeñó en la masacre de Iguala? No es nada alentadora la
situación que el gobierno continúa promoviendo en la que el protagonismo
militar es cada vez más conspicuo. Los informes que se han filtrado de la
creciente “colaboración” de asesores y en general personal militar de EUA
con los militares mexicanos. Para el gobierno de EUA lo que sucede en México
le interesara cada vez más, entendiendo que para la política imperialista la
frontera sureña de tres mil kilómetros con México es de prioridad mayor para
su “seguridad nacional”. Y así la dominación económica y social que ya
ejerce EUA en México tenderá combinarse con una presencia militar también
creciente.

Las alternativas políticas  

Las elecciones de julio de este año van a realizarse con un debilitadísimo
sistema de partidos. El PRI de Peña Nieto desprestigiado y con la carga de
ser el directamente encarado ante una población iracunda. Un PRD desfondado,
en caída vertical sin que tenga la menor capacidad de erguirse con fuerza y
dignidad al estar dirigido por un grupo de políticos cínicos, corruptos y
cada vez más dependiente del propio gobierno peñista. La renuncia de
Cuauhtémoc Cárdenas ha venido a expresar sin rodeos su decadencia sin
remedio, convertido en una desnuda franquicia electoral sostenida únicamente
con las prerrogativas del INE. Después de la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas
al PRD y con él de cientos si no es que de miles de miembros, el PRD perderá
fuerzas fundamentales que ya se prevé que lo desbancarán de su lugar como
tercera fuerza partidaria del sistema electoral vigente. Un PAN arrinconado,
también dependiente del presidente y sin la menor iniciativa para intervenir
en una situación que lo desborda.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) constituido a imagen y
semejanza de López Obrador no se ha pronunciado directa y sin ambigüedades
sobre el significado profundo de la crisis que representa lo sucedido en
Iguala y en general en todo el estado de Guerrero: el desplome de las
políticas reformistas de la estirpe nacionalista revolucionaria del viejo
PRI anterior a los años 80’s que Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD trataron de de
resucitar a partir de 1988-89, todo lo cual AMLO compartió cuando se unió al
PRD después de su salida del PRI en 1990. Aparte del hecho del chapoteadero
que significó el escándalo del alcalde asesino José Luis Abarca patrocinado
por un notorio partidario obradorista, el problema de fondo es que Morena
representa más de lo mismo: un electoralismo limitado, sin un programa para
enfrentar la tremenda crisis nacional que atravesamos y caudillista sin
redención. Lo que sucedió en el PRD durante 2006 a 2012 tuvo que ser
conocido por López Obrador y su alianza con los Chuchos en 2012 no puede
esquivarse, fue un matrimonio de la más cruda conveniencia que no habla muy
bien de los principios políticos del guía, ideólogo, futuro candidato
presidencial y factor hegemónico indiscutible de la organización.

La perspectiva revolucionaria

La luz que han alumbrado los acontecimientos de Iguala, la ejemplar postura
que han adoptado los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y la
inaudita y  maravillosa solidaridad nacional e internacional que ha
despertado el martirio de los estudiantes de Ayotzinapa han sido, son y
seguirán siendo gérmenes de grandes jornadas de lucha con potencialidad
emancipatoria. Hasta ahora la base fundamental de las movilizaciones ha sido
la juventud, aunque ya se incorporan sectores numerosos de trabajadores, y
en el estado de Guerrero, también las poblaciones más pobres de Costa Chica,
Costa Grande, la Montaña, Tierra Caliente y Chilpancingo. Tal y como hemos
intentado señalar en el texto en 2015 se abrirá una oportunidad con grandes
posibilidades de transformaciones radicales en México. El impulso
emancipador y liberador de lo que representa la lucha por la presentación de
los 43 da fuerza e infunde optimismo a quienes se solidarizan con ella. Del
otro lado, en el gobierno de Peña, en el seno de los partidos gobernantes y
entre los grandes empresarios reina la incertidumbre. Lo única certidumbre
que existe en el establishment decadente mexicano es que “el estado de
derecho será impuesto, incluso con medidas autoritarias”. Históricamente en
México esta política tiene nombres siniestros que evocan décadas de
aplastamientos de movimientos insurgentes: Tlatelolco, los halcones, la
guerra sucia, la represión como sistema. Y en la mayoría de estos casos ha
sido la sombra del Ejército la que  se ha proyectado ominosa y lúgubremente.
¿Cómo se proyectará en 2015?

Por el momento podemos apuntar ya para los primeros días del año acciones
que buscan lograr crear un amplio, no excluyente, movimiento de lucha que
abarque a los mayores sectores posibles. En el México profundo de las masas
indígenas insurrectas también encuentra eco la lucha de los jóvenes
normalistas de Ayotzinapa. El 2 y 3 de enero el EZLN y el Congreso Nacional
Indígena (CNI) realizan en San Cristóbal de  las Casas, Chiapas, el Primer
Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo,
y allí hablaron los estudiantes y los padres y madres de los normalistas
asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa. Por su parte el subcomandantes
insurgente Moisés declaró que “acompañarían” a los familiares en su lucha
por encontrar a sus hijos, situación que al parecer superará la retirada
política que desde 2006 había realizado la dirección del EZLN de la escena
nacional.

Los sectores que planean organizar la lucha por una Asamblea Constituyente
convocan para el 5 de febrero, día en que se conmemora la adopción de la
Constitución de 1917 producto de la Revolución mexicana, su primera reunión
del año. También los estudiantes se reúnen para organizar nuevos paros. En
el seno de los grupos socialistas y revolucionarios hay discusiones y
pláticas que anuncian coaliciones y frentes. Una tarea impostergable del
2015 será la de concebir y aplicar la estrategia para que los trabajadores
arrojen su poderosa fuerza en la balanza de esta lucha para hacerla
invencible.

Para los grupos socialistas y comunistas revolucionarios su objetivo deberá
incluir, sin alejarse de la gran corriente social masiva, apresurar la
convergencia para constituir una masa crítica organizadas que permita que el
programa en favor de un gobierno de los trabajadores se convierta en la guía
estratégica hacia la victoria de la rebelión democrática en marcha.

Estas líneas se escriben el día en que se cumplen 100 días de la
desaparición de los 43. Han sido cien días en que la población de México
presenció un cambio abrupto de su consciencia política y en el que
amplísimos sectores sociales en marchas, en mítines, en auditorios, en
cines, en escuelas, en sindicatos, en iglesias y en numerosos lugares se
oyeron las voces multitudinarias que contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10,………….hasta llegar a 43 y culminaban con un grito que exigía ¡JUSTICIA!

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