Uruguay/ instituto de derechos humanos denuncia torturas y "abuso policial" [Viviana Ruggiero]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 10 de mayo 2015

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A l’encontre – La Breche

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Uruguay

Institución Nacional de Derechos Humanos relata casos de tortura a detenidos

Un informe oficial reclama erradicar el abuso policial

Viviana Ruggiero

El País, Montevideo, 10-5-2015

http://www.elpais.com.uy/

Un hombre viajó con su hija de siete años de Tacuarembó a Montevideo. Cerca
de las cinco de la mañana llegaron a la terminal de Tres Cruces y se
dirigieron a la parada de ómnibus en Haedo y Daniel Muñoz: su destino
Mientras esperaban, fueron abordados por funcionarios policiales, que
solicitaron los documentos de ambos e interrogaron sobre qué hacían allí a
esa hora. Luego de varios minutos en los que las preguntas se reiteraban
constantemente y el hombre ya estaba molesto, llegaron más móviles.

Una mujer policía tomó a la niña en brazos y la introdujo en el patrullero.
Él se resistió. Fue golpeado por los policías y reducido en el suelo. Cuando
estaba inmovilizado, uno de los efectivos lo tomó de la cabeza y golpeó en
repetidas oportunidades. Recibió patadas y piñas.

Él terminó en la Seccional 4ta y su hija en el Hospital Pereira Rossell.
Todo se inició, según el Ministerio del Interior, por una denuncia anónima
de un vecino al que le resultó curioso que un hombre estuviera en la calle
con una niña a esa hora. La pequeña fue finalmente rescatada por su madre y
al cabo de unas horas el hombre quedó en libertad.

Cuando la familia dijo que quería hacer la denuncia por lo ocurrido, le
informaron que él debía ser examinado en el Hospital Español. Allí estuvo de
9:30 a 0:30 del día siguiente.

El caso, en el que hubo violación del derecho a la integridad personal, a la
libertad personal, a la privacidad y la protección de la dignidad, es
relatado en el último informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos
(INDDHH) que envió la semana pasada a la Asamblea General.

Allí enumera varias denuncias recibidas por abuso policial y le reclama al
Ministerio del Interior que mejore la capacitación de los funcionarios
policiales, que realice un seguimiento permanente de la conducta de estos y
que trabaje en la erradicación definitiva de los malos tratos.

Tras relatar un caso similar al homicidio de Sergio Lemos (19) en el barrio
Santa Catalina en noviembre de 2013 producto de un indebido accionar
policial, el informe asegura que el Ministerio del Interior "debe mandatar"
a la Policía para que "trabaje en profundidad en la incorporación de nuevos
métodos de formación y capacitación continua sobre el uso de la fuerza y las
armas de fuego para todo el personal que cumple funciones ejecutivas".

Este pedido ya había sido presentado en informes anteriores de la
institución. La INDDHH solicita también que se revise el tiempo destinado a
la formación del personal subalterno.

"La presión social muchas veces lleva a que las autoridades competentes
opten por tener más funcionarios policiales en las calles en poco tiempo, lo
que no implica que se trate de mejores funcionarios policiales", advierte.

El marco doctrinario policial, estableciendo como finalidad institucional el
respeto de la vida humana en cualquier circunstancia, también es parte de
las solicitudes que realiza la institución.

Información

Ante varias de las denuncias, cuenta el documento, realizaron un pedido de
información al Ministerio del Interior que, en varios casos, se demoraron o,
al momento de presentar el informe, aún no había llegado. Eso ocurrió, por
ejemplo, con un caso en el que un joven de 26 años murió por disparos de
arma de fuego efectuados por un grupo de funcionarios policiales en un
procedimiento en el barrio Marconi, mientras investigaban una rapiña.

Según relata la INDDHH detalladamente en el documento, solicitaron en varias
oportunidades a la cartera que informara acerca de las investigaciones de
los hechos denunciados y los procesos disciplinarios iniciados.

Sin embargo, el Ministerio del Interior demoró casi un año y medio en
remitir alguna información, lo cual es calificado como una falta grave por
la institución que es presidida por Mirtha Guianze.

"Los organismos del Estado involucrados deben respetar el principio de buena
fe, colaborando activamente con las investigaciones iniciadas. Esto no es
otra cosa que poner en práctica el compromiso asumido por el Estado uruguayo
cuando decidió crear la Institución Nacional de Derechos Humanos y
Defensoría del Pueblo el 24 de diciembre de 2008", asegura.

Cuestiona que en reiteradas oportunidades el Ministerio del Interior hizo
referencia a la reserva, confidencialidad e incluso el "secreto" de algunas
informaciones solicitadas y afirma que la cartera incurre en un error.

"Hace una interpretación equivocada de las normas de acceso a la
información, según lo establece el Bloque de Constitucionalidad que
comprende las normativa constitucional y el marco jurídico sobre Derecho
Internacional de los Derechos Humanos vigente en nuestro país (...) Esta
Institución sostiene que dichos argumentos carecen de todo asidero conforme
con la doctrina, la jurisprudencia y los estándares en materia de los
órganos de control incorporados en normas del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos que son derecho positivo vigente en Uruguay", sentencia.

Después de recibir información, tras analizarla y contar con "elementos de
convicción suficiente" en este caso la institución concluyó que el Estado
uruguayo violó el derecho a la vida de la víctima. "La mencionada violación
del derecho humano a la vida es consecuencia directa de un procedimiento
policial plagado de irregularidades, y llevado adelante, desde el punto de
vista operativo, con total desconocimiento de lo que dispone la normativa
vigente en el país".

Primero en todo

Desde el 1° de enero de 2014 al 31 de diciembre de ese año, la institución
realizó 449 intervenciones, que se dividen en denuncias y asesoramientos.

De acuerdo con las denuncias efectuadas, los principales derechos vulnerados
son la integridad personal (20,5%), el derecho al trabajo (17,0%), derechos
vinculados al acceso a la Justicia (15,5%), e igualdad y no discriminación
(12,9%).

Al igual que en 2013, los organismos que aparecen con mayor número de
denuncias son el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y el Estado (una
denominación utilizada para casos en los que la vulneración del derecho no
puede ser adjudicada a un organismo públi- co en particular). Estos son
seguidos por el Inau/Sirpa, la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de
Salud Pública (MSP).

Al igual que en los informes anteriores también, la mayoría de las denuncias
se concentran en la capital del país (74.4% para los casos de denuncias y
68.5% en los casos de asesoramientos).

Casi la totalidad de las personas que denuncian son mayores de edad. Hay,
además, una leve tendencia que indica una mayor presencia de las mujeres
como denunciantes y solicitando asesoramiento.

INDDHH tiene denuncias de tortura en comisarías

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
(INDDHH), que es presidida por Mirtha Guianze y que funciona desde diciembre
de 2008, relata en su informe anual, enviado la semana pasada al Parlamento,
una denuncia que llegó a su poder sobre un caso ocurrido en enero de 2013.

El episodio tiene como protagonistas a policías, vestidos de civil que se
trasladaban en un automóvil particular de color blanco. Los efectivos
detuvieron a un menor de edad, que estaba en situación de calle. Fue
trasladado a la Jefatura de Policía de Montevideo y allí fue sometido a
"torturas", como "submarino seco" y "la modalidad clásica de sumergir la
cabeza de la persona detenida en un tacho de agua". Recibió también, según
el informe, golpes en varias partes del cuerpo.

"Luego de interrogarle, le manifestaron que le habían confundido con un
familiar y le dejaron en libertad, tras varias horas de detención", relata.
La institución pidió información sobre lo ocurrido al Ministerio del
Interior que, luego de reiteradas solicitudes, respondió negando los hechos.

Sin embargo, la INDDHH concluyó que "existen elementos de convicción
suficientes para afirmar que los hechos denunciados son ciertos, y que, por
lo tanto, la persona denunciante fue detenida arbitrariamente y sometida a
torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios
de la Jefatura de Policía de Montevideo", asegura el documento.

Existen elementos, además, para afirmar que la detención "no fue registrada
ni comunicada a la Justicia Competente, según establece el Código de la
Niñez y la Adolescencia y la Ley de Procedimiento Policial". Ante este
panorama, se recomendó a la cartera que realice una investigación
"pormenorizada" de los hechos denunciados, determinándose las eventuales
responsabilidades administrativas y/o penales.

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