Argentina/ dos modelos de corrupción [Claudio Katz]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

3 de agosto 2016

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Argentina

Dos modelos de corrupción

Claudio Katz *

Buenos Aires, 3-7-2016

En los últimos meses se ha instalado en Argentina un clima de batalla contra
la corrupción. Se supone que los ciudadanos ya no se preocupan sólo por sus
urgencias personales. Bajo el impacto de las imágenes difundidas por la
televisión, ahora exigen honestidad a todos los funcionarios.

El conteo de dinero en la Rosadita, las propiedades de Báez, los bienes de
Fariña, las cajas de seguridad de Florencia y los bolsos lanzados por López
habrían provocado este abrupto despertar colectivo.

La sociedad por fin reacciona con jueces que actúan, medios que informan y
un gobierno que propicia el castigo de los ladrones. Todo muy bonito si
fuera cierto. La primera duda es muy sencilla: ¿cómo apareció repentinamente
tanta información?

Servicios, cómplices y transmisores

Es evidente que los espías manejan todos los datos de la corruptela que sale
a flote. Destapan y ocultan esa información en forma selectiva. Filtran
títulos de propiedades, números de cuentas en el exterior, rutas de lavado y
arman las trampas requeridas para capturar a los caídos en desgracia como
López.

Los servicios de inteligencia que mueven estos hilos son los mismos que
trabajaron para el kirchnerismo, enlodando a los opositores. Su cabecilla
Stiuso cambió de bando y ahora diseña operaciones sucias para Macri.

Por eso todos los documentos comprometedores involucran a cristinistas
desamparados. Ningún carpetazo afecta a los funcionarios del PRO. No
circulan videos de la familia del presidente transfiriendo dólares a sus
firmas off shore, no aparecen grabaciones de Stuzzeneger cobrando por la
estafa del mega-canje, ni se conocen los turbios negocios petroleros de
Aranguren.

Stiuso recuperó la patente de corso que perdió durante su conflicto con
Cristina por el caso Nisman. Se fue a Estados Unidos, aceitó relaciones la
CIA y ahora cuenta con la bendición total de la “embajada”.

Por eso aporta información demoledora sobre la cúpula kirchnerista a cambio
de impunidad para sus negocios. Obtuvo impunidad para silenciar el ajuste de
cuentas con su socio (el ultimado lauchón Viale), que controlaba robos de
tierras y propiedades.

El hombre fuerte de los servicios ha impuesto, además, la eliminación de
toda fiscalización parlamentaria del presupuesto del espionaje. Para colmo
Macri colocó en la AFI a varios sospechosos de lavar dinero, mediante la
cobertura que ofrecen las transferencias internacionales de jugadores de
futbol.

Los espías en funciones provienen de la época de la dictadura. Crearon
bandas de secuestradores extorsivos y ahora mantienen estrechos vínculos con
los narcotraficantes perseguidos o amparados por la DEA (Pérez Corradi).

Obviamente conocen los secretos de lo ocurrido con la provisión de efedrina
a los carteles mexicanos y con las responsabilidades de funcionarios
públicos en el triple crimen que generó ese negocio. También manejaron la
extraña fuga del penal de los involucrados en esos asesinatos (hermanos
Lanatta)

Los servicios trasmiten su sesgada información sobre 60 ex funcionarios
kirchneristas a una casta de jueces federales. Esos magistrados ya optaron
también por el cambio de bando. Por eso descongelan los expedientes que
mantuvieron archivados durante una década. Con allanamientos, procesamientos
y encarcelamientos cubren sus espaldas a un ritmo vertiginoso. Implementan
los mismos procedimientos que utilizaron para proteger al kirchernismo.
Mueven las causas que afectan a los popes del gobierno anterior y congelan
las denuncias que involucran a la administración actual.

Antes demolían a los procuradores que investigaban a Boudou y ahora bloquean
las acusaciones contra Pray Gay, que asesoró a muchos empresarios en los
secretos de la fuga de capital.

Los medios de comunicación hegemónicos conforman otro pilar del relato en
curso. Machacan día y noche con informaciones de Báez y López y silencian
los oscuros negocios de Macri y sus allegados.

Los dueños de los medios retribuyen al gobierno su anulación de la ley de
Medios. Han logrado preservar sus conglomerados sin incurrir en ventas o
divisiones de las firmas. Por eso influyentes comunicadores (como Lanata)
agradecen el socorro repitiendo el servilismo que tuvieron Neustadt y
Grondona bajo el menemismo.

Los desfalcos del oficialismo

El gobierno utiliza las denuncias anti-K para desviar la atención de los
tarifazos, la pobreza y la recesión. Esa campaña le permite ocultar, además,
la monumental corrupción del propio oficialismo. La declaración de bienes de
Macri no cierra por ningún lado. Proclama un patrimonio muy inferior a su
fortuna real y expone ridículas justificaciones de sus empresas off shore.
Es sabido que nadie constituye esas compañías por motivos lícitos. Fueron
gestadas para evadir impuestos y fugar capital.

La mano derecha del presidente -el intendente Grindetti- formó otra off
shore con fondos oscuros, durante su administración del presupuesto de la
ciudad de Buenos Aires. Un prontuario semejante afecta al grueso de los
ministros, que compiten por el monto de sus fortunas localizadas en
exterior.

El macrismo se arroga una curiosa limpieza en la gestión pública. Pero ha
resuelto premiar a los grandes malversadores del fisco, con un blanqueo que
consagra la impunidad de todos los desfalcos. El perdón fiscal beneficia
ante todo a los propios CEOs que dirigen el gobierno. “No tenemos que
escondernos más” confesó Macri en nombre de todos los evasores. Tal como
ocurrió en España, el blanqueo exonera a los principales corruptos de las
últimas décadas.

Esta inmoralidad complementa el escandaloso pago de comisiones a los
banqueros que diseñaron el arreglo con los buitres. Obtuvieron 350 millones
de dólares adicionales a ese contrato, revendiendo con aumento los bonos que
emitieron a un valor reducido. Los ex empleadores de Prat Gat y su equipo
(Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander) monopolizaron esa operación.

Pero lo ocurrido con el tarifazo es más bochornoso. Macri encareció el gas y
la electricidad para favorecer al grupo de amigos que adquirió empresas y
acciones de ese sector (Caputo, Mindlin, John Lewis). Sus cínicos sermones
sobre el ahorro energético encubren ese negociado.

Mientras destapan todos los pormenores de la corrupción K, los principales
medios ocultan estos fraudes de la administración M. Utilizan una doble vara
para evaluar a Cristina y a Macri, omitiendo que el enriquecimiento ilícito
afecta a ambos.

Cuestionan por ejemplo al matrimonio Kirchner, su inmoral utilización de los
hijos para encubrir manejos fraudulentos. Pero la misma práctica ha sido
corriente en la familia Macri. Afirman que Néstor y Cristina aprovecharon la
política para llenarse los bolsillos y olvidan que el presidente consolida
desde el poder las fortunas, que su grupo acumuló esquilmando al estado.

El doble estándar también se verifica en la naturalidad con que se discute
si Cristina debe ir presa, sin considerar en cambio que Macri debería
renunciar. En Islandia y España los altos funcionarios que ocultaron sus
empresas off shore dimitieron. Allí siguieron las pautas que el macrismo
publicita como conductas propias de los “países serios”.

La duplicidad se extiende a la valoración de casos semejantes. A la
vicepresidenta Michetti le perdonan el extraño manejo de un robo de 50.000
dólares facilitados por su novio. Ese individuo recibe contratos de
publicidad oficial para actividades tan relevantes como la degustación de
champagne. Por una situación semejante, la ex ministra Felisa Miceli terminó
procesada y condenada.

Conviene recordar que la renuncia de Boudou era exigida por todos los
medios, que ahora no se inmutan frente a las incontables anomalías de los
funcionarios.

El gobierno está obviamente interesado en demoler al kirchnerismo para
neutralizar a un adversario y afianzar su influencia en la clase media. Pero
sólo el sector de Carrio promueve una purga intensa y la eventual repetición
de la operación consumada por los golpistas brasileños contra el PT.

Los restantes componentes de la alianza oficialista son más cautos. Temen
las consecuencias de un continuado desfile de kirchneristas por Comodoro Py.
Esa exhibición pone en peligro el pacto de impunidad con justicialistas,
gobernadores y renovadores que sostienen los proyectos legislativos del PRO.
Macri ya maneja el gobierno y no necesita la mani pulite que utilizó
Berlusconi para alcanzar ese cargo.

Cualquier investigación seria entraña, además, una seria amenaza para los
negocios del oficialismo. Si se profundiza el entramado que rodea a López o
Báez se llega rápidamente a los socios de Macri. Los des-manejos de
contrataciones en la obra pública afectan directamente a Calcaterra y
Caputo.

El gobierno preserva las mismas normas de contratación que objeta al
kirchnerismo. Sólo impulsa una nueva legislación para blanquear el pasado y
reordenar las trampas de la confidencialidad. En muchas áreas recurre al
viejo truco de declarar  “emergencias”, para suplantar las licitaciones por
las contrataciones directas.

Los escándalos que entretienen a los medios se han convertido, además, en
una grave preocupación para la “patria contratista”. Ese lobby sostiene al
gobierno y prepara los emprendimientos que utilizará el macrismo en la
publicidad electoral del 2017.

El mismo temor recorre a la Iglesia, que ha quedado muy escrachada con los
bolsos de López. Salta la vista cómo la jerarquía eclesiástica de General
Rodríguez participaba en los negocios del ex pope de la obra pública. La
imagen de monjas ocultando dólares en un convento transformado en
aguantadero financiero, no es muy alentadora para el obispado.

Coimas y lavado en el universo K

Cualquiera sea la utilización oficialista de la corrupción imperante durante
la década pasada, los datos de esas malversaciones son abrumadores. Lo que
todos sospechaban ahora tiene corroboraciones contundentes. Mediante un
sistema de coimas, la crema del funcionariado K acumuló enormes fortunas.

Los indicios de esta red salieron primero a flote a través del
enriquecimiento de Jaime, que cobraba millonarios retornos desde la
secretaría de transporte. El caso de Boudou confirmó esa pista. El
vicepresidente nunca pudo explicar su intermediación en los cambios de
propiedad de la Casa de la Moneda.

Esos antecedentes podían tomarse como casos individuales hasta que Báez
destapó la existencia de un esquema de robo organizado, con el visto bueno
de la presidencia. El personaje de Santa Cruz mutó en pocos años de simple
empleado bancario a principal contratista de la obra pública provincial.
Todavía no se ha estimado el monto de sus increíbles propiedades y cuentas
bancarias, pero ya se sabe cómo forjó ese imperio.

Cobraba enormes sobreprecios por contratos para realizar obras, que en
algunos casos ni siquiera empezó. Recibía dinero de proveedores ficticios
que le otorgaban facturas truchas. Todos el dinero sustraído del presupuesto
nacional era dolarizado y transferido a cuentas de Montevideo, Panamá o
Suiza, a nombre de familiares y testaferros. Posteriormente con esas sumas
se adquirían bonos del estado que se transformaban en propiedades o activos.

Este mecanismo de lavado ha sido publicitado como la “ruta del dinero K”.
Hasta ahora sólo se conocen algunos nombres de los involucrados en la
estafa. Los ribetes cinematográficos que rodearon al apresamiento de López
hacen olvidar su comando de ese sistema. Cumplía una doble función como
otorgante de la obra pública y recaudador de las campañas de Néstor.

Es evidente que Báez, López y Fariña integraban una pandilla que está
desamparada. Pero falta conocer los estratos superiores de esa red. Muchas
investigaciones conducen a De Vido por la financiación de emprendimientos
abortados (como el gasoducto del Norte). El ex super-ministro de la obra
pública carga con un centenar de causas y puede perder la protección que le
aseguran sus fueros parlamentarios.

Si la pesquisa del dinero mal habido continúa, también caería en desgracia
el poderoso empresario Cristóbal López, que extendió su actividad de
contratista al sospechoso negocio de los Bingos. Como maneja el principal de
medios de comunicación opositor (C5N) y mantiene relaciones comerciales con
un gran socio-rival de Macri (Tinelli), el oficialismo oscila entre
crucificarlo y cooptarlo.

El gran problema del kirchnerismo es la estrecha conexión de Cristina con
todos los acusados. Puede fácilmente descartar las maniobras montadas por el
juez Bonadío para comprometerla en la causa de dólar futuro. Pero no le
resulta sencillo explicar el manejo de sus empresas (Hotesur, Los Sacues)
junto a varios personajes caídos en desgracia.

Cristina afirma que mantuvo relaciones comerciales usuales con Báez, pero no
es normal que una presidenta alquile sus inmuebles al principal contratista
de su provincia. Tampoco se entiende como un socio tan próximo acumuló
semejante fortuna.

CFK niega tajantemente todas las sugerencias de participación en las
propiedades de Báez y reclama una auditoría para esclarecer las dudas. Pero
durante su mandato desechó 10 informe lapidarios sobre los sobreprecios
imperantes en los contratos de Santa Cruz y algunas investigaciones
posteriores en el sector de vialidad confirmaron esas estafas.

Lo más problemático es el enriquecimiento de la propia familia Kirchner. Los
mismos jueces federales que archivaron las denuncias por el insólito
crecimiento de esos bienes, ahora reabren la indagación, allanan
propiedades, levantan el secreto fiscal y embargan las cajas de seguridad.
Se estima que al cabo de 12 años el patrimonio del grupo se incrementó en
800%, con numerosas propiedades adquiridas a precios muy sospechosos.

Para colmo, todos los allegados de Néstor fueron agraciados por la misma
cadena de la felicidad. Su ex secretario Daniel Muñoz apareció en la lista
de empresarios off shore de Panamá con bienes por 65 millones de dólares. El
ex chofer de Kirchner -Rudy Ulloa- es un poderoso capitalista con
propiedades millonarias. El ex jardinero -Héctor Barreiro- también detenta
empresas de gran porte.

Las vacilaciones de Cristina frente a esta catarata de denuncias ilustran el
laberinto en que transita. Por momento reacciona asumiendo un alto perfil
político, que le permite diluir la investigación de su riqueza. Pero en
otras circunstancias opta por tranquilizar las aguas recortando su
exposición pública. En cualquier caso afronta un dilema sin solución: el
debate sobre la corrupción K ya es un tema insoslayable.

Insólitas justificaciones

Los intelectuales kirchneristas intentan eludir el análisis de las
acusaciones en danza. Recurren a los típicos lugares comunes de ese escape,
convocando a la “investigación de la justicia” o afirmando que “no se puede
condenar a nadie sin sentencia firme”. Son los viejos argumentos que se han
utilizado para garantizar la impunidad.

Especialmente Menen delegaba el problema en la justicia cuando estaba seguro
de la complicidad de los magistrados. Si las causas dormidas se reabrían
recurría al complemento de esa cobertura: la crítica a las imputaciones
fabricadas por simple “persecución política”. Con esas maniobras sólo los
perejiles o los chivos expiatorios  (como María Julia Alsogaray) terminaron
en la cárcel.

Ciertamente las causas actuales están direccionadas para blanquear al
macrismo y ensuciar al kirchnerismo, pero esta manipulación no anula la
evidente corrupción de la década anterior, que los dirigentes K intentan
disimular.

Afirman que no se debe ignorar “los logros de ese periodo”, como si las
mejoras democráticas o sociales conquistadas justificaran los desfalcos.
Esos avances fueron aceptados por un gobierno que mantuvo todos los vicios
tradicionales del robo al estado. La corrupción no desmiente, ni invalida lo
conquistado. Simplemente transitó por otro carril.

Algunos dirigentes del kirchnerismo reconocen las estafas, pero entienden
que “fueron casos excepcionales” o propios de “cualquier gobierno”. Pero la
escala y organización que de esos fraudes no es tan corriente y tampoco su
invariable desemboque en la cúspide presidencial. Néstor y Cristina
concentran las principales sospechas.

Esta peculiaridad torna muy difícil cualquier defensa. A diferencia de otros
gobiernos progresistas latinoamericanos contaminados por la corrupción, lo
ocurrido bajo el kirchnerismo no se limitó a las segundas líneas, ni tuvo
sólo finalidades políticas. No se destaparon desvíos de fondos públicos para
solventar campañas electorales o para financiar aparatos partidarios.
Abundan los ejemplos de simple enriquecimiento personal.

Cristina ha sugerido la culpabilidad colectiva como justificación. Por eso
responde a cada acusación con exigencias de investigación equivalente del
macrismo y los contratistas del estado. Su mensaje implícito es que “todos
roban” y “nadie es inocente” en el manejo del sector público.

Este chantaje ha servido en incontables ocasiones para garantizar pactos de
impunidad, pero resulta inadmisible para cualquiera que participe en la vida
política por convicción e idealismo. La extorsión es muy corriente entre los
adinerados, pero debería ser inadmisible entre militantes populares e
intelectuales progresistas.

El colmo de las justificaciones difundidas por el espectro K presenta a la
corrupción como una necesidad del desafío a los poderosos. Esta tesis
proclama que los desfalcos constituyen un ingrediente insoslayable de la
construcción de un poder contrapuesto al establishment. Se supone que
Cristina tuvo que aceptar esa desventura como un trago amargo de su propia
epopeya.

Pero en este caso no hubo tolerancia a estafas de los subordinados, sino un
sistema de coimas que enriqueció a la jefatura. En lugar de un robo para la
corona hubo sustracción para el propio bolsillo.

Los justificadores desconocen, además, que la corrupción nunca confronta con
los acaudalados. Al contrario, constituye una típica forma de ejercer la
dominación. Salta a la vista que un funcionario estafador integra el bando
de los saqueadores, cualquiera sea la camiseta que utilice para disfrazar
esos fraudes.

El espectáculo de corrupción durante la década pasada genera desengaño entre
los seguidores del kirchnerismo. Parte de ese desencanto se expresa en la
pérdida de autoridad y capacidad de convocatoria de Cristina. Para la
militancia es muy difícil digerir los millones de dólares que aparecen por
todos lados.

Este impacto se refleja en el vaivén anímico de los intelectuales K, que
recibieron con euforia el regreso inicial de CFK y ahora afrontan una aguda
depresión. Algunos suponen que ese dolor será transitorio, pero otros
registran la diáspora de legisladores, gobernadores e intendentes del
comando de Cristina. Lo importante no son esos acomodamientos, ni los
debates bizantinos sobre el “fin del kirchnerismo”, sino comprender las
razones y peculiaridades de los desfalcos recientes.

Variedades de capitalismo

La corrupción es intrínseca al capitalismo y se alimenta de la estrecha
relación que mantienen las clases dominantes con la alta burocracia. Los
poderosos acumulan riquezas utilizando las garantías legales del estado y
recurren también a la violación sistemática de esas normas. Un sistema
basado en la competencia por maximizar el lucro potencia la codicia y empuja
al enriquecimiento por cualquier medio.

Esta identidad del capitalismo con la corrupción se verifica en la entidad
más representativa del sistema: el FMI. Los tres últimos directores de ese
organismo están acusados de incontables irregularidades. Rodrigo Rato carga
con imputaciones por manejo ilegal de las tasas de interés, fraude fiscal,
blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Dominique Strauss-Kahn añade
a esas anomalías el acoso sexual. Christine Lagarde es señalada por el fisco
francés como inspiradora de una estafa multimillonaria.

Lejos de ser una perversión del Tercer Mundo, la corrupción es una gangrena
en todas las economías desarrolladas. Las grandes empresas suelen dictar
cátedra de transparencia, mediante la difusión de rankings nacionales de
honorabilidad. Pero es evidente que el propósito de esas campañas es la
captura de mercados en disputa.

El circo de coimas que ha salido a flote en Argentina es la variante local
de una enfermedad diseminada por todo el mundo. Ese flagelo asume contornos
peculiares en cada país y momento. La corrupción de Macri sintoniza con los
fraudes del neoliberalismo y los desfalcos de Kirchner con la cleptomanía
que acompaña a la regulación neo-desarrollista.

El primer caso es muy afín a la desregulación financiera y a los negociados
que incentivan los paraísos fiscales. Todos los funcionarios off-shore del
macrismo son activos promotores del des-financiamiento del estado. Buscan
aligerar la carga impositiva de las clases dominantes, para descargar todo
el peso de la tributación sobre los trabajadores.

Macri retoma la vieja corrupción institucionalizada, tradicional y de guante
blanco del establishment argentino. La Ceocracia que ubicó en todos los
ministerios esquilma al estado como nunca.

El responsable oficial del área comercial comparte, por ejemplo, con los
dueños de varios supermercados el mismo apellido Braun. Discute con ellos la
fijación de precios en un clima de familia. El listado de funcionarios
ubicados en los dos costados del mostrador es tan extenso, como ilustrativo
de las estafas descaradas que administra el PRO.

Ciertamente el kirchnerismo también favoreció a grandes conglomerados y
garantizó las pingues ganancias de Rocca, Eurenkian o Britto. Pero otorgó
retornos inusuales a muchos grupos recién llegados al saqueo de las cuentas
públicas. Mediante ese capitalismo de amigos apuntaló una corrupción berreta
de bolsos y joyas, enterrados en bóvedas y cuevas. Las groserías de estos
ladronzuelos han sido el blanco fácil de la prensa.

Cada modelo exhibe personajes representativos de sus estafas. López es el
símbolo de la corrupción K. Manejaba el dinero en efectivo para proteger su
inestable fortuna de las previsibles adversidades.

En cambio Melconian es el típico exponente de la inmoralidad macrista.
Litigó junto a Griesa contra el estado argentino, para cobrar los bonos que
adquirió durante el quebranto del 2001. Es un buitre premiado con la
presidencia del Banco Nación, que declara un patrimonio millonario en el
exterior.

Aranguren es otro exponente de la misma especie. Comanda el ministerio de
energía sin desprenderse de 16 millones de pesos en acciones de Shell.
Favorece descaradamente a su compañía otorgándole 7 de las 8 licitaciones de
compras de gas a Chile, a un precio superior al promedio del mercado.

Ninguna acción contra la corrupción puede librarse sin denunciar los
distintos modelos de fraude que imperan en el país. Todos son igualmente
nefastos y congruentes con las adversidades que genera el capitalismo para
las mayorías populares.

En este terreno no rige ningún principio de mal menor. No existen formas
tolerables de corrupción del progresismo contrapuestas a las modalidades
censurables del establishment. Es tan nocivo justificar a Cristina, como
demonizarla para apañar a Mauricio.

La izquierda acumula, en este campo, una autoridad moral que ninguno de sus
adversarios puede exhibir. Las organizaciones de ese signo se auto-financian
y sus dirigentes cobran sueldos semejantes a cualquier trabajador. Estas
normas de honestidad están incorporadas a una cultura militante, muy alejada
de la codicia imperante entre los servidores del capital. La batalla contra
la corrupción exige esa ejemplaridad y un compromiso persistente de lucha
contra el capitalismo.

* Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI.
Su página web es: www.lahaine.org/katz

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