Uruguay/ focopolítca: modos de ocultar el conflicto distributivo [Leticia Pérez]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

30 de agosto 2016

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Uruguay

Focopolítica en Uruguay, tres riesgos y un desafío

Modos de ocultar el conflicto distributivo 

Tomando la definición que hiciera Pedro Narbondo, un Estado de bienestar de
izquierda tendría vocación universalista y procuraría desmercantilizar
bienes y servicios en clave de derechos sociales. Al contrario, un Estado
liberal-residual piensa derechos y políticas focalizados en los sectores
insolventes.

Leticia Pérez

Brecha, Montevideo, 26-8-2016

http://brecha.com.uy/

Si miramos históricamente, desde fines del siglo XIX los estados
occidentales centrales han construido dos tipos de respuestas para la
pobreza que el capitalismo genera en la clase que lo sostiene: la protección
social (destinada a los trabajadores asalariados formales y sus familias) y
la asistencia (destinada a mi­nusválidos, niños y ancianos incapaces de
trabajar). Durante una parte del siglo XX, la llamada “época de oro”, se
lograron niveles de bienestar relativamente altos, ampliando la protección
social y minimizando la asistencia. Aunque las desigualdades sin duda
continuaron, el conjunto de la población –de manera cuasi universal– alcanzó
el disfrute de algunos bienes y servicios públicos considerados básicos, y
por tanto derechos universales. Aunque incompleto e inconcluso, Uruguay
también vivió este proceso.

Pero el siglo XXI nos encuentra con la recreación de la vieja dualidad
protección versus asistencia, profundizando –con las actuales respuestas
para los sectores más pobres de nuestro país– la focalización residual.

La crisis de 2002 parece haber permitido que la izquierda, luego en el
gobierno, naturalizara la priorización pragmática de la emergencia y la
focalización del gasto en los pobres y extremadamente pobres. El “combate” a
la indigencia y la pobreza pareció habilitar la desaparición del discurso
del debate por la distribución y la desigualdad, quedando sólo la discusión
técnica sobre cómo llegar a los más pobres entre los pobres.

Con el Plan de Equidad, a partir de 2008, esta tendencia no se revirtió, y
al definir la asignación familiar ampliada se empezó a hablar de otorgar una
prestación económica destinada a “complementar” los ingresos familiares del
hogar en situación de vulnerabilidad socioeconómica, o con la Tarjeta
Uruguay Social (Tus) de “mejorar” el acceso a alimentos y bienes que, sin
embargo, se reconoce son “de primera necesidad” para los hogares en
situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema.

Se puede preguntar: ¿es malo en sí mismo querer ayudar a los más
vulnerables?, ¿está mal acaso querer empezar por los que están peor?

Se puede responder que sabemos desde hace tiempo, en las ciencias sociales,
que estas políticas no son sólo producto de una determinada correlación de
fuerzas, sino que poseen una gran capacidad de producir efectos. Entonces el
problema no es empezar por los más pobres, sino ocultar sistemáticamente a
nivel práctico y discursivo el conflicto distributivo. Y al menos, como
riesgos, se pueden detectar tres efectos producidos por este tipo de
políticas. 

I. Confundir mínimos con básicos

La provisión mínima de necesidades básicas de subsistencia forma parte de la
tendencia creciente a identificar semánticamente lo mínimo con lo básico, y
de equipararlos en el plano político y decisorio. Así, ha ganado hegemonía
una concepción minimista de las necesidades y de la responsabilidad pública
por su cobertura.

Mientras lo básico requiere inversiones sociales de calidad para preparar el
terreno a partir del cual se puedan prestar más y optimizados servicios –y
es el principal resorte que impulsa la satisfacción de las necesidades
humanas–, lo mínimo hace referencia a lo ínfimo, lo menor, y niega el óptimo
de atención, lo básico.

Cuando se discute sobre transferencias y prestaciones olvidamos muchas veces
que los montos que están en juego son ínfimos o miserables; no garantizan
siquiera el nivel de supervivencia biológica (también podríamos preguntarnos
si alcanzar sólo la alimentación imprescindible para no morir de hambre
puede ser considerado vida humana). La asignación familiar, por ejemplo,
para una familia con un hijo de 3 años a cargo, es al día de hoy 1.299 pesos
mensuales (1). Esto da unos 43 pesos diarios. Además esta relación decrece
cuando el número de hijos aumenta (¡no vaya a ser que se tengan hijos sólo
para sumar de a 43 pesos diarios!).

El capitalismo actual genera porcentajes cada vez mayores de empleos
precarios, inestables, informales, o directamente de desocupación. Para
amortiguar los efectos de esta realidad, enseguida se percibió por parte de
los estados el lugar estratégico (incluida la seguridad pública) que tienen
las transferencias de ingresos condicionadas. Pero se trata de políticas
sociales para este mundo: lejos del sentido de solidaridad, pacto social,
reforma democrática y redistributiva.

Tenemos ahora la conjugación de políticas selectivas y focalizadas para los
más pobres –lo que algunos autores han llamado el proceso de
asistencialización de las políticas sociales– con la transformación en
mercancía de determinados servicios –por la vía de su privatización–
destinados a quienes pueden pagar, profundizando una dualización de la
política social.

II. Consolidar y naturalizar la dualización

Es habitual escuchar que existen transferencias y prestaciones contributivas
y no contributivas. Aquí me gustaría realizar una aclaración: todas las
transferencias y prestaciones son contributivas, sólo que algunas lo son
directamente y otras indirectamente (vía impuestos indirectos, como el Iva,
que sigue siendo el de mayor peso en nuestro país). Esto incluso contribuye
a ocultar que los pobres también pagan (y proporcionalmente muchísimo) las
prestaciones que reciben. Por otra parte, se dice que las políticas de corte
asistencial (no directamente contributivas a través del trabajo asalariado)
son un intento por atender a los “nuevos” riesgos sociales. Sin embargo,
según sostiene Carmen Midaglia, al separar los componentes contributivos de
los no directamente contributivos del sistema de protección social, es alto
el riesgo de fragmentar la seguridad social de estas respuestas,
consolidando la dualización tanto del esquema de bienestar como del de la
estructura social. Este marco dualizado inhibe las posibilidades de
interacción y contacto interclases, y la generación de “voz política” de
dichas coaliciones a favor de la calidad y el mantenimiento de las
estrategias de bienestar. El tratamiento asistencial no directamente
contributivo queda entonces confinado a la exclusión de la lógica de los
derechos. Conviene recordar aquí que el “índice de carencias críticas”,
instrumento estadístico con el que se seleccionan los hogares llamados
“beneficiarios”, continúa siendo secreto al día de hoy. Entonces para
garantizar el acceso a la subsistencia tenemos una prestación mínima que no
está sujeta a derecho. Los discursos en este sentido son discordantes: por
momentos se declara operar en la lógica de derechos, y en otros momentos se
expone una concepción de “beneficios” transitorios.

La tensión política entre la igualdad formal de los ciudadanos y las
desigualdades reales de sus vidas ha sido permanente en el capitalismo. Pero
lo que parece novedoso desde la “izquierda” es una nueva lectura que
introduce la desigualdad en el marco de las garantías de la ciudadanía; es
decir, legitimar, desde el derecho, derechos desiguales evitando
problematizar cómo y por qué se produce y reproduce la pobreza.

El viernes pasado en el artículo de esta misma sección, titulado “¿A quiénes
llegan las transferencias?”, se mostraba que las que están condicionadas por
la renta aseguran sólo un mínimo nivel de bienestar, y que estos ingresos
sólo representan un pequeño porcentaje del ingreso total del hogar. Por otra
parte, el gasto público destinado no alcanza a ser 0,4 por ciento del Pbi.
Esta opción residual en los montos, transitoria en su despliegue y no
transparente en la selección de la población, conlleva el riesgo de
construir subjetividades agradecidas en la medida que las prestaciones no
son derechos consagrados, sino transferencias otorgadas temporalmente a
“beneficiarios”.

III. De la focalización a la focopolítica

Siguiendo a Foucault, una autora argentina, Sonia Álvarez Leguizamón,
denomina “focopolítica” a un nuevo arte de gobierno surgido a fines del
siglo XX, cuyo objetivo prioritario sería territorializar y producir formas
de autocontrol comunitario sobre las poblaciones pobres. La focopolítica se
ocuparía sólo de la vida a niveles “mínimos biológicos” de ciertas
poblaciones consideradas de riesgo (los más pobres de entre los pobres y
algunas minorías). Se trata de una forma de gobierno destinada a las
actuales clases peligrosas. Sin duda, este es un riesgo de las prestaciones
analizadas: que toda una semántica de lo ínfimo reoriente definitivamente el
conflicto distributivo en términos de pobreza (cuando no de pobreza extrema)
y su combate. Riesgoso es también que se consoliden respuestas de tipo
compensatorias y residuales, al estar la focalización fuera de discusión.

Esta tendencia no es nativa, existe toda una política trasnacional a cargo
de diversos organismos internacionales que propone paquetes de ínfima
calidad para los pobres y conlleva también que la racionalidad
técnico-burocrática se eleve al rango de vanguardia decisoria, al tiempo que
genera una complejidad creciente en los procesos de calibración y sus
requerimientos de más dispositivos tecnológicos para contar, identificar,
clasificar y controlar a los pobres. Hoy existe en nuestro país un robusto
sistema de información social (Siias) que produce permanentemente
información sobre las poblaciones (especialmente, aunque no únicamente, las
más pobres) y permite su georreferenciación. En definitiva, permite
individualizar ciudadanos, georreferenciarlos y conocer sus vínculos con las
prestaciones del Estado. No parece exagerado alertar sobre el riesgo que
conlleva la gerencia y gestión de información social para el monitoreo y
evaluación de los pobres y sus vidas privadas. La focopolítica presupone, a
la vez que demanda y fomenta, sistemas de información cada vez más complejos
y sofisticados. Esto es, a la vez, un efecto de la focopolítica y una
herramienta para profundizarla.

Un desafío: ¿focalización punitiva? 

La focopolítica parece haber llegado para quedarse: en los últimos años se
han creado programas bajo nuevas y diferentes técnicas de selección,
monitoreo y control que se combinan con nuevos criterios de focalización
territorial. Basta con mirar algunos programas prioritarios, como Cercanías,
Jóvenes en Red y Uruguay Crece Contigo.

Pero más peligrosa aun parece ser la actual mezcla de criterios
socioeconómicos y de indicadores de “delitos violentos” como elementos para
seleccionar barrios donde el Ministerio del Interior y el de Desarrollo
Social realizan acciones conjuntas, pero esa ya es otra historia… o no. 

Nota de Correspondencia de Prensa 

1) Equivalente a 48 dólares al cambio de hoy.

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