Argentina/ un año de Macri: lo habían querido tanto [Fabián Kovacic]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

10 de diciembre 2016

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Argentina

Un año de Macri

Lo habían querido tanto

En diciembre de 2015 incluso sectores de izquierda o progresistas
prefirieron votar por Mauricio Macri con tal de desembarazarse del
kirchnerismo, al que percibían como autoritario y corrupto. Un año después
el gobierno del empresario se reveló como lo que era, y la “modernización”
prometida se ha traducido en mayor desempleo y endeudamiento, en el
crecimiento de la pobreza y en una mayor “flexibilización” de las relaciones
laborales.

Fabián Kovacic, desde Buenos Aires

Brecha, Montevideo, 9-12-2016

http://brecha.com.uy/

Apenas 12 meses de gestión le bastaron al empresario Mauricio Macri y a su
gobierno de gerentes para desarticular los restos de un Estado de bienestar
emparchado por 12 años de kirchnerismo; la deuda pública aumentó a niveles
similares a los tiempos de la dictadura militar, el gobierno avanzó sobre
conquistas laborales de medio siglo, intentó minar los logros judiciales en
materia de derechos humanos, y los índices de pobreza y desempleo se
colocaron en guarismos similares a los del año 2001, el de la “crisis
histórica”. La lucha contra la inflación, uno de sus principales caballitos
de batalla cuando asumió el gobierno, por ahora la perdió. Y tampoco pudo
bajar el desempleo o atraer inversiones, a pesar de haber abierto la
economía como se lo reclamaban los empresarios y desregularizado las
relaciones laborales.

Loteo

El área económica quedó loteada en la interna gubernamental entre tres
referentes. El presidente se hizo cargo de las relaciones con empresas
extranjeras, en busca de lograr inversiones; el ministro de Hacienda y
Finanzas, Alfonso Prat Gay, mantiene el frente económico externo, vinculado
especialmente a las relaciones con organismos multilaterales; y el titular
del Banco Central, Federico Sturzenegger, disputa el manejo de la cuestión
monetaria con el sistema financiero.

El resultado fue una transferencia de recursos a los sectores más
concentrados de la economía, en especial las trasnacionales ligadas a la
industria agropecuaria y la minería, a partir de la quita –total en algunos
casos, parcial en otros– de retenciones (impuestos), lo que representó para
el Tesoro una pérdida de recaudación anual cercana a los 60.000 millones de
pesos por el agro y otros 3.300 millones de pesos por la actividad minera,
dos ejemplos de extractivismo cuestionados al gobierno anterior, terreno en
el que Macri dobla la apuesta.

“El gobierno ya elevó la deuda pública a 250.000 millones de dólares y
permitió que 375.000 millones de dólares de argentinos, entre particulares y
empresas, se mantengan fuera del territorio nacional, en paraísos fiscales
la mayoría de ellos. Así no hay país que funcione”, enfatiza el economista
Claudio Lozano, ex diputado nacional y referente de la Central de
Trabajadores Argentinos Autónoma (Cta Autónoma).

El pago, a fines de marzo, de 9.352 millones de dólares a los llamados
fondos buitres o hold outs –los restos de acreedores que quedaron desde la
quita de deuda forzada por el ex presidente Néstor Kirchner en 2005– fue
calificado por el ministro Prat Gay de exitoso, aunque la propia prensa
financiera nacional lo considerara el “arreglo más caro desde la salida del
default”. Ese pago, saludado, eso sí, por los organismos financieros
internacionales, fue el puntapié inicial del endeudamiento macrista.

“El foco de la política económica del gobierno está puesto básicamente en
los intereses de los bancos y las empresas extranjeras”, resume Lozano.
“Para eso creó una situación de estancamiento a partir de la recesión que se
venía dando con un modelo económico kirchnerista agotado.”

Las cámaras que nuclean a industriales, comerciantes y productores rurales
pequeños y medianos denunciaron en febrero pasado las duras perspectivas a
las que iban a enfrentarse con las medidas económicas propuestas por un
gobierno que se presentó como “aliado del campo”. “No existe un campo único,
como no existe ningún sector mediano y pequeño que no requiera políticas
segmentadas para poder desarrollarse. La propuesta de Macri solamente
favorece a los grandes grupos económicos a partir de la liberación del dólar
y la apertura indiscriminada de las importaciones”, señala Omar Príncipe,
titular de la Federación Agraria Argentina, que agrupa a los productores más
afectados por las políticas oficiales. Según la Asamblea de Pequeñas y
Medianas Empresas, este año el 20 por ciento de los emprendimientos de ese
sector, que provee el 70 por ciento del empleo nacional, “debió cerrar sus
puertas o bajó su producción a niveles insostenibles en el mediano plazo”.
La raíz de la crisis tiene dos patas: la suba de casi 400 por ciento en las
tarifas de los servicios públicos (gas, energía eléctrica, agua y teléfono),
cuyo impacto en la industria y el comercio se verificó de inmediato, y el
aumento de precios en las materias primas usadas como insumos, junto con la
apertura de importaciones en sectores sensibles, como el textil, el calzado
y las autopartes, entre otros.

Según Lozano “la recesión es la forma que eligió el gobierno para domesticar
los precios y los salarios. No utiliza un ajuste ortodoxo porque en un país
donde el salario mínimo ronda los 10 mil pesos (600 dólares) y el 60 por
ciento de los trabajadores gana menos de esa cifra, el modelo cierra con
este tipo de medidas”.

¿Qué se puede esperar para 2017, cuando se realicen las elecciones
legislativas de medio término? “El gobierno apuesta a una reactivación del
consumo y al crecimiento de la obra pública, y con eso tratar de lograr un
resultado electoral que le permita sobrevivir”, señala el economista y
sindicalista. “El problema sigue siendo el mismo y acrecentado: la fórmula
de Macri es más endeudamiento a favor de los sectores concentrados de la
economía, y en especial de los grupos financieros amigos del gobierno.”

Golpe a golpe

Los decretos de necesidad y urgencia le sirvieron al macrismo para atacar de
pique a la oposición, pasando por encima de un parlamento que el presidente
no controlaba cuando asumió. El gobierno eliminó así, de un plumazo y con
desprolijidad, la llamada “ley de medios”, para devolverles a los grupos
concentrados de comunicación el millonario negocio del entretenimiento, a
cambio de su apoyo a las primeras medidas de ajuste.

Fuera del gobierno, el Frente para la Victoria (Fpv) fundado por Néstor
Kirchner estalló en mil pedazos y en el Congreso quedó como una fuerza
desmembrada a partir de la salida de legisladores cuyas provincias cambiaron
de signo político. Así, el núcleo duro K en Diputados y Senadores cuenta con
apoyos condicionados y volátiles. Creció en cambio la figura del diputado
Sergio Massa, un ex kirch­nerista que luego se volcó a la oposición y que en
las internas preelectorales de ésta fue derrotado por Macri. Massa ha
funcionado como un complemento por derecha de varias de las medidas
económicas tomadas por la Casa Rosada. El líder del Frente Renovador es
visto por varios de sus aliados como un recambio peronista del macrismo.

Por ahora, y hasta el 1 de marzo próximo, la alianza presidencial Cambiemos
(integrada por el Pro de Macri, la Coalición Cívica de Elisa Carrió y la
Unión Cívica Radical, Ucr) goza de una relativa buena salud, lo que le
permite negociar con los bloques de partidos provinciales para obtener las
leyes necesarias para el modelo de ajuste neoliberal en curso. Pero la Ucr,
su principal sostén a nivel nacional por su nivel de implantación, especula
con ganar terreno en la interna de la coalición y amaga con presentar
candidatos propios en las legislativas del próximo año, al tiempo Carrió
insiste en su permanente perfilismo y ataca al macrismo por algunos hechos
de corrupción.

Nuevos pobres

A los seis meses de gestión de Macri el Instituto de Estadística identificó
la existencia de casi 2 millones de nuevos pobres, un desempleo ubicado en
9,3 por ciento de la población activa y una inflación del 23 por ciento, la
misma que en las últimas épocas del kirchnerismo. “Cambiemos no logró
cumplir ninguna de sus promesas de campaña. Y el panorama no parece mejor
para el año próximo, teniendo en cuenta que el gobierno pretende mantenerse
en la misma senda de endeudamiento”, apunta Caudio Lozano.

La conflictividad social no se manifestó en vano, sostiene el dirigente.

En sus inicios, el Ejecutivo se fijó como objetivo dividir al sindicalismo.
En parte lo logró. Los capos de la Confederación General del Trabajo (Cgt),
la central más pactista, mostraron rápidamente que buscaban un acercamiento
con el gobierno, mientras la Cta, dividida durante el kirchnerismo, cruzó de
vereda y mostró intenciones de recuperar la unidad. Tras la partida de Hugo
Moyano de la secretaría general de la Cgt, asumió un triunvirato integrado
por Héctor Daer, Juan Carlos Schmidt y Carlos Acuña, los tres con aceitados
vínculos con la burocracia saliente. Sólo el acto del Primero de Mayo mostró
un intento de unidad entre la Cgt y la Cta, pero las negociaciones por las
paritarias salariales volvieron a dividir las aguas. “Los despidos en el
sector público entre diciembre y enero y los despidos generados en el sector
privado por el tarifazo demuestran que el gobierno viene por todo”, aseguró
Pablo Micheli, de la Cta Autónoma. Junto a Lozano y a Micheli, Hugo Yasky,
secretario general de la Cta Nacional, sostiene que Macri “va a seguir
trabajando por una reforma laboral que despoje de sus conquistas a los
trabajadores”. El año 2017 actuará como bisagra en ese sentido. “La sociedad
demostró que no está dispuesta a perder sus conquistas sociales y laborales.
Este fue un año con mucha conflictividad social, y el próximo lo será aún
más”, dijo Lozano a Brecha.

Salir del barrio y la región

El alineamiento automático con el Estados Unidos de Barack Obama, quien
visitó Buenos Aires el 24 de marzo pasado, llevó a Macri a arrojarse de
cabeza a un acuerdo con la Alianza del Pacífico (integrada por Chile,
Colombia, Perú y México). El triunfo de Donald Trump lo dejó mal parado
(Macri apostó a Hillary Clinton), y fue otra vez Malcorra quien debió
anunciar que “todo se negociará a su debido tiempo” y que Argentina buscará
“el mejor acuerdo posible con la nueva administración estadounidense, pese a
que veía con buenos ojos a la candidata demócrata”.

La cercanía ideológica con Michel Temer (Brasil), Horacio Cartés (Paraguay)
y Pedro Kuczynski (Perú), y el llamativo acercamiento al Uruguay de Tabaré
Vázquez llevaron al gobierno a anteponer los acuerdos comerciales
bilaterales a los acuerdos del bloque Mercosur, que por ahora le resulta más
problemático que amigable.

Vayan para atrás

El área de derechos humanos montada en diez años de kirchnerismo comenzó a
ser desmantelada desde las primeras semanas de gestión del presidente. Lo
hizo a fuego lento, pero constante. “Macri llegó con el discurso del curro
de los derechos humanos, y considera el 24 de marzo, fecha del golpe de
1976, a lo sumo como un feriado turístico, pero eso nunca fue así”, dijo a
Brecha el periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales,
Horacio Verbitsky. “Hay un intento por frenar los juicios por delitos de
lesa humanidad, el gobierno avala los arrestos domiciliarios de los
militares y civiles condenados por esos delitos, retacea colaboración a la
justicia para integrar tribunales, en las provincias ha de­sarticulado
programas en esa área y bajó el presupuesto en la Secretaría de Derechos
Humanos”, apunta Verbitsky. Pero al mismo tiempo señala que le será muy
difícil al gobierno borrar “una lucha de años de los organismos de derechos
humanos que caló hondo en la sociedad”.

El caso de Milagro Sala (véase la edición pasada de Brecha) ha marcado
también la actitud del Ejecutivo en este plano. La liberación de la
dirigente social jujeña, presa desde el 16 de enero por un delito
excarcelable, ha sido reclamada tanto por las Naciones Unidas como por el
secretario general de la Oea, pero el gobierno ha desoído los pedidos en
nombre de la “separación de poderes”. Lo que en realidad ha primado es la
relación privilegiada que Macri mantiene con el gobernador radical de la
provincia de Jujuy, Gerardo Morales, duramente enfrentado a la dirigente de
la agrupación Túpac Amaru desde hace mucho tiempo. En enero próximo llegará
a Argentina una comisión veedora de la Onu que verificará el cumplimiento
por el gobierno de los tratados internacionales incorporados desde 1994 a la
Constitución nacional. “Es la primera vez desde la caída de la dictadura que
Argentina desoye un llamado de atención de las Naciones Unidas y no cumple
con sus recomendaciones”, señala Verbitsky.

En cuanto a la lucha contra la violencia de género y el hacinamiento en las
cárceles el balance macrista no es mejor que en otras áreas de derechos
humanos. El déficit en estos planos no se le puede adjudicar únicamente a
este gobierno, lejos de eso, pero sí es cierto que han sido dominios a los
que la administración actual no ha prestado casi ninguna atención. “Pese a
las manifestaciones callejeras masivas con marchas como las del colectivo Ni
una Menos, al gobierno no le importa demasiado la violencia contra la mujer,
porque apenas asumió Macri recortó presupuestos y programas en esa área. En
cuanto al sistema carcelario, es una deuda pendiente de la democracia pero
que tampoco interesa al macrismo como cuestión nacional. El sistema
penitenciario federal sigue padeciendo parches con políticas erráticas, pese
a las recomendaciones de las comisiones de las Naciones Unidas que visitaron
Argentina en los últimos años. Apenas se logró un reconocimiento de parte de
la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, al plantear que la situación
carcelaria en la provincia es grave, pero sin ofrecer alguna solución ni
sugerir ninguna medida concreta desde su gestión”, resalta Verbitsky.

Las organizaciones de mujeres volvieron a reclamar que el Congreso trate el
tema de la legalización del aborto. Hasta 2015 seis proyectos habían pasado
sin pena ni gloria, con la férrea amenaza de Cristina Fernández de aplicar
el veto presidencial si alguno de ellos se convertía en ley. El macrismo ha
asumido una postura similar, bajo la atenta mirada de Francisco, al que se
presenta como un “papa peronista” incluso en este tema, en el que gobierno y
oposición K no se diferencian demasiado.

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Lógicas

La visión empresarista del gobierno de Mauricio Macri se ha visto reflejada
también en la oferta de los canales televisivos estatales. Recientemente
comenzó a emitirse en la Televisión Pública (el ex Canal 7) una serie
titulada Locos por el campo, presentada por un simpático personaje que se da
a conocer como “un bicho de ciudad”, que pretende dar a conocer los logros
del agro argentino y su alto nivel de productividad “conseguido en el
respeto por el medio ambiente”. La serie es auspiciada nada menos que por la
trasnacional Monsanto, una de las empresas más cuestionadas a nivel mundial
precisamente por grupos ecologistas y organizaciones sociales del más
diverso tipo. El director del canal dijo que desconocía ese auspicio, pero
que en todo caso no le parecía mal que una emisora estatal emitiera “un
programa así” si su calidad televisiva era buena. Por otra parte, esta
semana se confirmó el traspaso de una serie de canales hasta ahora
dependientes del Ministerio de Educación, entre los cuales Encuentro y Paka
Paka, a un nuevo ente que podrá disponer su privatización. Varios de esos
canales habían destacado por su muy buen nivel de programación.

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