Uruguay/ "portación de rostro": informe sobre la violencia policial contra adolescentes y jóvenes pobres [Azul Curdo - Serpaj]

[Ernesto Herrera]

  _____  

Correspondencia de Prensa

9 de julio 2016

Boletín Informativo

redacción y suscripciones

 <mailto:germain5 en chasque.net> germain5 en chasque.net

  _____  

Uruguay

Informe sobre la violencia policial concluye selectividad del castigo sobre
adolescentes

Utopías de control 

La “portación de rostro” es condición para cacheos y detenciones de jóvenes
pobres que viven en barrios periféricos, interceptados mayoritariamente de
noche en su vecindario o en el centro de la capital, amenazados con armas de
fuego, picaneados o desnudados en la vía pública, en allanamientos o en
comisarías. Brecha accedió en exclusiva al informe sobre violencia policial
que se presentará la próxima semana.

Azul Curdo

Brecha, Montevideo, 8-7-2016

http://brecha.com.uy/

El adolescente muere en capítulos. Antes (y después) de la muerte literal
tendrá muertes simbólicas. Cada vez que fue señalado por el agente como
sospechoso, cada vez que el policía se bajó del patrullero y le dijo: “Estás
de vivo, mugriento de mierda”, cada vez que la Republicana entró a su casa y
rompió algún recuerdo, lo desnudó, lo engrilló, lo mantuvo al menos cinco
horas incomunicado en la comisaría, lo largó y le dijo que ni pensara en
denunciar.

Las prácticas de control social mediante detenciones, cacheos y rondas
policiales por ciertos barrios montevideanos convertidos en el “eje del
mal”, se aplican en forma discrecional a adolescentes y jóvenes amparadas en
leyes,(1) en discursos y en medidas como el Programa de Alta Dedicación
Operativa (Pado), que implica la presencia de 1.000 policías más en el área
metropolitana.(2)

Adolescentes, jóvenes y violencia policial en Montevideo. Una aproximación
descriptiva (3) es un estudio casi único en el Uruguay posdictadura (4) que
analiza las distintas formas en que opera y se relaciona la Policía con
personas de entre 13 y 29 años, según los territorios donde viven y/o
circulan, y propone repensar las políticas de seguridad en un “clima social
y político que demanda control y punición”.

La investigación empezó en 2011. “A partir del trabajo en el terreno que
hacíamos en el Serpaj (Servicio Paz y Justicia) empezamos a visualizar que
había más violencia policial y presencia policial en determinados barrios
periféricos de Montevideo”, cuenta Mauro Tomasini, integrante de dicha
organización de derechos humanos. “Comprobamos –dice también– que había más
intervenciones policiales en estas zonas de nivel socioeconómico más bajo, y
que no se ajustaban a ningún tipo de normativa. Para que la percepción no
fuera tan individual, quisimos objetivar el modo de intervención del sistema
policial en el espacio público, saber qué límites y alcances tenían estas
intervenciones y describir las percepciones juveniles sobre la Policía en su
conjunto y en la actuación en el territorio.”

El equipo de investigación creó un formulario especial para la Encuesta de
Violencia Policial que aplicó a adolescentes y jóvenes montevideanos,
dividiendo el terreno de estudio en cuatro zonas: Oeste-noroeste,
Este-noreste, Sur-sureste y Centro-centro norte (véase recuadro “Cuatro
zonas”).

Cada año, unos 13.560 jóvenes se ven involucrados en intervenciones
policiales. La mayoría son varones. El 64 por ciento manifestó haber sido
parado en la calle al menos una vez, y 21 por ciento más de seis veces en
los últimos cuatro años.

Una de las principales conclusiones del estudio es que a los jóvenes de las
zonas Oeste-noroeste y Este-noreste los detienen más en sus barrios de
residencia y en el centro. ¿Este resultado fue una sorpresa? “Partimos de la
base de que la sociedad ha construido un sujeto sospechoso, que es joven o
adolescente, varón, y vive en esas zonas. Y eso fue lo que encontramos.
Llaman la atención los números tan altos de detenciones o cacheos en zonas
que no son las de residencia de los chiquilines, pero no nos sorprendió a
qué sujetos paran. Hay determinada imagen de sujeto peligroso que maneja la
Policía, que se condice con la imagen de sujeto peligroso que tiene la
sociedad”, señala Tamara Samudio, investigadora que coordinó el trabajo de
campo.

La zona Este-noreste concentra la mayor proporción de jóvenes que declaran
haber sido parados por la Policía (38 por ciento), le siguen el Centro (29
por ciento) y la zona Oeste-noroeste (20 por ciento). El 45 por ciento de
los jóvenes que tuvieron contacto con la Policía residen en cinco barrios de
Montevideo (5) y declaran haber sufrido el accionar policial tanto en sus
barrios de residencia como en el Centro. El 69 por ciento del total fue
cacheado en la calle, pero hay quienes también lo fueron en plazas, eventos
deportivos y espectáculos artísticos.

“Está muy estudiado el tema de la selectividad policial. La Policía
construye determinado perfil del detenido, en este caso, joven”, añade
Tomasini. En su accionar reproduce ciertas operaciones simbólicas sociales
que han construido “enemigos que se hacen carne en determinados cuerpos con
ciertos perfiles vinculados a barrios de contexto crítico”, continúa.

Esta operación es una de las consecuencias más evidentes de décadas de
fragmentación social en Uruguay, que ha dificultado la convivencia al
profundizarse la segregación espacial y robustecerse un discurso conservador
hegemónico en el que seguridad es sinónimo de “seguridad física”, amenazada
por estos enemigos simbólicos sometidos a una sospecha metódica.

¿A quiénes detienen en forma rutinaria en el sur de Montevideo? A jóvenes de
la zona Este-noreste que se trasladan a la Playa del Buceo, a barrios donde
hay acceso a determinados bienes culturales y recreativos, a los que, se
supone, los jóvenes del Centro y la periferia también deberían poder
acceder, analiza Tomasini.

Las relaciones entre jóvenes y policías se establecen mediante la violencia
física, la vigilancia constante y el control de los funcionarios, con
referentes ministeriales que entienden que la presencia del Estado en el
territorio debe darse con más efectivos en los barrios marginales de la
capital, y que justifican allanamientos nocturnos sin orden judicial.(6)

Mucha tropa riendo en la calle 

El informe no habla sobre casos de gatillo fácil, sino de las lógicas
policiales habilitadas por burocracias violentas construidas a través de
abusos de poder hacia jóvenes de barrios periféricos. Ese “enemigo
simbólico” construido por los discursos políticos, reforzado en inflaciones
punitivas y sostenido día a día con procedimientos policiales en los que
confluyen la violencia verbal –con descalificaciones constantes de policías
hacia adolescentes, llamándolos “pichi”, “bobito”, “falopero”–, los golpes y
la incomunicación durante su detención en las comisarías.

El estudio no habla de Sergio Lemos, ni de Ruben Martínez Mieres, ni de
Bruno González. Habla de por qué Sergio Lemos y los demás jóvenes que visten
con gorra, pantalones ajustados, championes enormes, vecinos de las zonas
Este-noreste y Oeste-noroeste de Montevideo, fueron construidos por las
fuerzas policiales como “seres matables”.(7) El mal tiene cara de joven con
ropas deportivas, presunto consumidor de pasta base que ni estudia ni
trabaja.

El estudio pretende instalar la violencia institucional como categoría de
análisis para abrir campos de investigación y pensamiento social que aborden
las políticas de seguridad y convivencia democrática, abarcando en su
definición no sólo las acciones violentas (físicas o verbales) sino también
la desestimación de denuncias, las investigaciones no realizadas en tiempo y
forma, la negación de medidas preventivas para las víctimas, los retrasos en
el accionar judicial.

Los investigadores entienden que hay cierta resistencia a utilizar esta
categoría porque “se sigue viendo a la violencia institucional como un
problema de Argentina o Brasil, debido a la percepción de pasado idílico que
sigue pesando en Uruguay”.

Sólo el 11 por ciento de los encuestados señaló que su caso derivó en un
proceso judicial, lo que prueba que “no se detiene (a los jóvenes) por una
cuestión preventiva, sino para el ejercicio del poder; para la legitimidad
del Estado en términos de miedo, de sometimiento, de aplicar el control a
través de la selectividad social y territorial”, analiza Tomasini. “Lo que
sucede ahora es una variación de lo que sucedió siempre. Sólo que ahora el
espacio público se achica mucho más, por dispositivos tecnológicos y mayor
presencia policial que controla los territorios.”

El primer policía 

En algunos casos en que murieron jóvenes sospechosos de haber cometido un
delito aparecen policías implicados que no estaban en su horario de
trabajo.(8) ¿Cómo opera el ser policía las 24 horas? “Ese es el problema: al
presentarse Bonomi como el primer policía, (el ministro) no está operando
políticamente –opina Tomasini–. Se tendría que haber derogado eso de ser
policía las 24 horas, porque gran parte de los agentes muertos acaban así en
horarios en que no cumplían su función. Cuando un policía (fuera de
funciones) opera en un conflicto social no tiene un marco de intervención,
está solo. Es lo que pasó con el oficial de la Republicana que iba en
bicicleta solo y lo mataron. Uno no puede intervenir en la calle con un arma
como si fuera a rescatar un gatito de un árbol; tiene que medir la
proporcionalidad, la progresividad y la racionalidad en su acción, medir la
fuerza para que haya el menor daño posible entre las dos partes. A su vez,
hay que revisar por qué determinadas áreas de la Policía sólo dependen
directamente del ministro del Interior, así como las razones que llevaron a
la expansión territorial de ciertos sectores más militarizados de la Policía
en determinados barrios de la capital.”

El Ministerio del Interior es la repartición estatal con mayor porcentaje de
denuncias en contra ante la Institución Nacional de Derechos Humanos
(Inddhh), por abusos de autoridad y violaciones a los derechos. Sin embargo,
las máximas autoridades responden desde un refuerzo positivo del accionar
policial violento, sin hacer autocrítica. Bonomi señala que “son casos
aislados” y Alfredo Clavijo (director de la Guardia Republicana) se
desentiende diciendo que son casos ocurridos “en la gestión anterior”.(9)
Con estas respuestas cabe preguntarse si hay un diálogo posible para
reformar las políticas de seguridad. Los investigadores señalan que un punto
clave es que “no hay una misma visión desde el Estado sobre cómo abordar la
seguridad en el territorio” y que debería analizarse “cuánto retrasa,
deforma o minimiza una política de seguridad a una política social que
interviene en el territorio, si dentro de un centro juvenil se promueven
derechos pero luego esos jóvenes salen a la calle y los para la Policía, los
ningunea y les dice que son unos pichis que no tienen derechos”.

“La política de seguridad del FA ha sido represiva. Una política de
seguridad es más que la respuesta represiva ante el delito, pero Bonomi
siempre habla de cuestiones de seguridad solo, sin dejar que intervengan
otros actores”, dice Samudio.

Preocupa que en esta década frenteamplista no se haya podido construir otro
modelo de seguridad. Tomasini sostiene: “El Frente Amplio siguió una agenda
de derecha, conservadora. Usa las mismas herramientas y mecanismos punitivos
que otrora criticaba. La fuerza política no quiso construir una política de
derechos. Los presidentes sostuvieron a ministros en determinados cargos.
Acá no hay monstruos. La política de Estado ha tenido un giro punitivo: en
2005 el FA presentó su política de seguridad junto a un juez argentino de
perfil garantista, Raúl Eugenio Zaffaroni; ahora traen a expertos en mano
dura y tolerancia cero más cercanos al ex alcalde neoyorquino Rudolph
Giuliani. A nadie se le podía ocurrir que la teoría de las ventanas rotas
fuera usada para justificar la aprobación de la ley de faltas y, sin
embargo, la usaron. El gobierno no quiere dar lugar a socializar un poco las
decisiones en materia de seguridad”. 

Notas 

1) Ley de seguridad ciudadana (1995), ley de procedimiento policial (2008) y
ley de faltas (2013). 

2) “Esta iniciativa surge como respuesta al incremento de los delitos
violentos en ciertos puntos críticos de la capital y departamentos vecinos.
Los 1.000 policías ejecutivos, que tienen como primer objetivo la prevención
y disuasión del delito, recorrerán los distintos circuitos en móviles, motos
o a pie”, señala la web del Ministerio del Interior (MI). 

3)Realizado por el Serpaj, el Ielsur, la Facultad de Ciencias Sociales de la
Udelar, el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y
de Administración (Iesta) y el Mides. Se presentará el viernes 15 de julio,
a las 11 horas, en la antesala del Senado. 

4) Un antecedente valioso es el estudio del Serpaj “Derechos civiles de la
población, Encuesta de hogares. Actuación policial en barrios periféricos”,
de 1990. 

5) La Paloma-Tomkinson (16 por ciento), Casavalle (8 por ciento), Villa
García-Manga rural (8 por ciento), Paso de las Duranas (7 por ciento) y Tres
Ombúes-Victoria (6 por ciento).

6) Entrevista a Gustavo Leal, asesor del MI, en Arriba gente, “Otra mirada
sobre lo acontecido en el Marconi”, en Canal 10 (2-VI-16). 

7) Basado en María Victoria Pita, Formas de morir y formas de vivir. El
activismo contra la violencia policial. Ediciones del Puerto, Cels, Buenos
Aires, 2010.

8) Como el caso de Daniel Aguirre (19 años), que fue baleado el 21 de marzo
por un policía que custodiaba un camión de reparto de cerveza en el barrio
Las Acacias. El joven volvía del velorio de Agustín Aramburu, también de 19
años, que había sido asesinado por un policía en Manga. 9) La Diaria,
21-VI-16.

  _____  

Detrás de cada gorra…

“Empezamos a pensar este estudio en 2011 para analizar los efectos de la ley
de procedimiento policial que modificó y reconfiguró las relaciones entre el
sujeto y el Estado, más aun con adolescentes que ocupan el espacio público.
No es menor que esa ley haya modificado las atribuciones que se toma la
Policía para decidir parar a ciertos jóvenes, porque cuando uno tiene la
posibilidad normativa de detener a alguien sin ningún tipo de razón, lo que
hace es profundizar la violencia estatal hacia el sujeto”, señala Mauro
Tomasini, quien ha dado seguimiento a varios casos de violencia policial que
llegaron al Serpaj.

Las divisiones responsables de las intervenciones policiales callejeras que
sufrieron los jóvenes fueron mayoritariamente Radio Patrulla y la Guardia
Republicana. En casi la mitad de las oportunidades les dijeron que los
paraban por “control de rutina”, pero también por “pedido de documentación”,
por “averiguación de delito”, y en un 11 por ciento de los casos “sin motivo
alguno”.

“Cómo interviene la Policía tiene que ver con una cuestión netamente
política, en el sentido de una perspectiva de derechos, de normativa, de
responsabilidad, de proporcionalidad del uso de la fuerza. Más allá de que
uno pueda pensar ciertas cuestiones a nivel de reforma, tiene que ver con
una cuestión política. Hay que recuperar el sentido político de la
institución policial y no dejar la intervención bajo el criterio de que
ciertas prácticas forman parte de la ‘naturaleza’ de dicha institución”,
agrega el defensor de derechos humanos.

Estas consideraciones adquieren mayor relevancia si se registra que en el 79
por ciento de las intervenciones los policías no se identificaron como
tales, sumado a que el 59 por ciento de los procedimientos en el último año
fueron cometidos de noche, y que en el 17 por ciento de las veces los y las
jóvenes fueron cacheados por agentes del sexo opuesto (contraviniendo el
artículo 55 de la ley de procedimiento policial).

Tomasini sugiere que habría que hacer un estudio etnográfico sobre las
personas que integran las fuerzas policiales: “Hay un montón de
características que hacen pensar que no sólo la Policía selecciona el grupo
de jóvenes sobre los cuales intervenir, sino que también selecciona qué tipo
de personas integran su personal”.

  _____  

…Hay un pibe con su historia 

¿Qué estereotipos pesan a la hora de detener a un joven? Los encuestados
respondieron: su vestimenta (83 por ciento), andar en grupo (69 por ciento),
su situación económica (63 por ciento). E influye cómo la Policía percibe la
relación joven-delito, por ejemplo identificando a aquellos que van en moto
como presuntos sospechosos de un delito. “El tipo que va en moto va a tener
más posibilidades de ser parado por la Policía”, dice Tomasini, recordando
el caso del Marconi el pasado 27 de mayo, en el que dos agentes dispararon a
dos jóvenes que iban en moto, a los que perseguían por sospechar que la
habían robado. Mataron a uno de ellos y el otro, de 17 años, quedó internado
varios días en el Cti con la mandíbula rota, un coágulo en el cerebro y un
ojo destrozado, debido a las patadas propinadas por los policías.

La violencia verbal es la expresión más clara de la violencia simbólica
ejercida por los policías hacia los jóvenes. Fue percibida por el 44 por
ciento de los encuestados que tenían entre 18 y 23 años. A su vez, 40 por
ciento de los varones encuestados y 12 por ciento de las mujeres dicen haber
sufrido maltrato verbal por parte de la Policía. El 65 por ciento piensa que
ésta los trata peor que a los adultos. La mitad opinó que la Policía no es
efectiva en la prevención del delito.

A diferencia de los resultados de la Encuesta Nacional de Adolescencia y
Juventud realizada en 2008 y 2013 que, a nivel nacional, indicaba que el 29
por ciento de los jóvenes tienen confianza en la Policía, la Encuesta de
Violencia Policial en Montevideo señala que sólo el 18 por ciento confía en
la institución policial y que, a medida que sube la edad, sube la
desconfianza. Esto redunda en el bajo porcentaje de denuncias realizadas por
jóvenes que no confían en el mecanismo y desconocen que pueden hacerlas ante
la Institución Nacional de Derechos Humanos.

  _____  

Cuatro zonas

El estudio dividió el mapa de Montevideo en cuatro zonas para analizar los
barrios donde ocurren las intervenciones policiales. Centro-centro norte.
Centro, Cordón, parque Rodó, Prado-Nueva Savona, Tres Cruces, La Comercial,
Aguada, Capurro-Bella Vista, Paso de las Duranas, Parque Batlle, Villa
Muñoz-Reducto, Jacinto Vera.Este-noreste. Casavalle, Cerrito, Las Acacias,
Manga-Toledo, Maroñas, Jardines del Hipódromo, Castro, Carrasco Norte,
Malvín Norte, Colón-centro, Colón, Sayago, Villa Española, Unión, Punta de
Rieles, Villa García, Manga, Manga rural. Oeste-noroeste. La
Paloma-Tomkinson, Cerro, Nuevo París, Casabó, La Teja, Belvedere, Paso de la
Arena.Sur-sureste. Buceo, Punta Carretas, Carrasco, Malvín, Pocitos. 

  _____  

Violencia policial en el espacio público

Motivos: entre 2011 y 2014, 16 por ciento de los jóvenes ha tenido al menos
un contacto con la Policía. Sólo en el último año las intervenciones
ascienden a 98 por día.

Agresiones: jóvenes de todos los barrios encuestados declaran haber recibido
golpes y lenguaje inapropiado en el momento de la intervención policial.

En el momento de la detención la Policía apuntó con arma de fuego (16 por
ciento), esposó (11 por ciento), golpeó con el bastón (8 por ciento),
efectuó disparos intimidatorios (4 por ciento), picaneó (2 por ciento).

  _____  

Violencia policial en allanamientos

•Setenta y siete por ciento de los allanamientos en domicilios presenciados
por jóvenes ocurrieron en las zonas Oeste (32 por ciento) y Este (45 por
ciento), 68 por ciento de los allanamientos ocurrieron de noche.

•El 32 por ciento de esos allanamientos ocurrió en la casa del joven
encuestado y 68 por ciento en otro hogar en el que se encontraba en el
momento del procedimiento.

•En el 55 por ciento de los allanamientos la Policía no se identificó como
tal.

•Sólo en 34 por ciento de los casos los efectivos mostraron la orden del
juez para ingresar al domicilio.

•En 32 por ciento de las veces se rompió algo en el lugar.

•Durante los allanamientos la Policía usó: balas de goma (15 por ciento),
agresión física (12 por ciento), agresión verbal (9 por ciento), grilletes
(10 por ciento) y esposas (8 por ciento), picana (2 por ciento), el
“sospechoso” fue desnudado (2 por ciento). 

  _____  

Violencia policial en allanamientos

•Setenta y siete por ciento de los allanamientos en domicilios presenciados
por jóvenes ocurrieron en las zonas Oeste (32 por ciento) y Este (45 por
ciento), 68 por ciento de los allanamientos ocurrieron de noche.

•El 32 por ciento de esos allanamientos ocurrió en la casa del joven
encuestado y 68 por ciento en otro hogar en el que se encontraba en el
momento del procedimiento.

•En el 55 por ciento de los allanamientos la Policía no se identificó como
tal.

•Sólo en 34 por ciento de los casos los efectivos mostraron la orden del
juez para ingresar al domicilio.

•En 32 por ciento de las veces se rompió algo en el lugar.

•Durante los allanamientos la Policía usó: balas de goma (15 por ciento),
agresión física (12 por ciento), agresión verbal (9 por ciento), grilletes
(10 por ciento) y esposas (8 por ciento), picana (2 por ciento), el
“sospechoso” fue desnudado (2 por ciento).

  _____  

Violencia policial en comisarías

Siete por ciento de los jóvenes encuestados estuvo detenido en comisarías.

El 28 por ciento tuvo más de tres detenciones en los últimos cuatro años. El
10 por ciento tuvo diez detenciones entre 2011 y 2014.

El 36 por ciento fue trasladado con esposas (8 por ciento esposado a un
objeto fijo dentro del patrullero, contraviniendo la ley 18.315).

Traslados: 19 por ciento fue trasladado a la Seccional 19, ubicada entre los
barrios La Teja y Belvedere, comisaría que comparte los mayores porcentajes
registrados de violencia junto a las seccionales 10, 11, 13 y 17.

El 48 por ciento no recibió atención médica tras recibir lesiones durante su
traslado o detención.

En la comisaría:

•55 por ciento fue incomunicado durante su detención y el mismo porcentaje
permaneció en un calabozo.

•42 por ciento estuvo incomunicado entre dos y cinco horas, 29 por ciento
entre nueve y 12 horas.

•45 por ciento sufrió violencia verbal.

•27 por ciento sufrió violencia física.

•54 por ciento lo mantuvieron esposado durante su encierro en los calabozos.

•25 por ciento fue apuntado con un arma de fuego.

•21 por ciento fue desnudado.

•7 por ciento fue picaneado.

  _____  

Sin ir más lejos

Esta semana un policía de Canelones fue procesado con prisión por homicidio.
El domingo 4 había baleado a un joven de 22 años que iba en moto con un
acompañante, a quien perseguía como sospechoso del robo en una parada de
ómnibus.

El lunes 5 el Ministerio del Interior inició un sumario administrativo y
separó preventivamente del cargo a dos integrantes de la Guardia Republicana
por detener, agredir verbalmente y acosar por celular a dos mujeres jóvenes
en la zona de Montevideo Shopping. “Intimidar a un ciudadano por fumar
marihuana, solicitar un dato que no se justifica en el marco del
procedimiento (celular, dirección) y usar esa información para uso personal
constituyen faltas graves que no condicen con el accionar dispuesto en la
ley de procedimiento policial 18.315”, declaró el ministerio en un
comunicado. Por su parte, Alfredo Clavijo, director de la Guardia
Republicana, consideró que “el accionar del oficial fue ‘muy romántico, la
verdad, creo que no hay que dejar pasar esto, pero me parece que la
Republicana tome un teléfono para mandar un mensaje es como muy romántico’”
(El País, miércoles 6).

  _____  

 



---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20160709/a0703275/attachment-0001.htm