Uruguay/ Philip Morris derrotada: un triunfo de visitante [Víctor Abelando]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

16 de julio 2016

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Uruguay

Philip Morris derrotada

Un triunfo de visitante 

Uruguay ganó la pulseada contra Philip Morris, una de las principales
tabacaleras del mundo. Y es la primera vez que los intereses sanitarios
priman sobre los económicos y comerciales de las trasnacionales. La novedad
habilita la ofensiva contra una industria con mala prensa y en retirada. 

Víctor H Abelando

Brecha, Montevideo, 15-7-2016

http://brecha.com.uy/

El fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a
Inversiones (Ciadi) –un organismo que funciona en la órbita del Banco
Mundial– favorable a Uruguay, en su litigio con la tabacalera Philip Morris,
sienta un precedente inédito a nivel internacional. Es que la resolución del
Ciadi, a diferencia de otras sentencias emitidas con anterioridad, valida
las decisiones de un Estado ante los reclamos comerciales de una
multinacional. “Uruguay defendió su poder soberano para dictar normas de
advertencia sanitarias, prohibiendo el uso de símbolos o términos tendientes
a desvirtuar la falsa sugerencia de que algunos cigarrillos son menos
nocivos que otros (…) hemos probado ante el Ciadi que nuestro país, sin
violar ningún tratado, ha satisfecho su irrenunciable compromiso con la
defensa de la salud de la gente”, afirmó el presidente, Tabaré Vázquez, en
cadena nacional, el pasado viernes.

Lo importante –y ello fue remarcado por el primer mandatario– es que el
organismo de solución de controversias hizo primar las razones de bien
público sobre las de orden comercial. Cosa que no había ocurrido en el
pasado, por ejemplo cuando en la década del 90 India perdió un litigio con
trasnacionales de los medicamentos por su intención de fabricar genéricos
contra el Vih.

El único antecedente de una decisión favorable a las acciones antitabaco fue
la dispuesta por tribunales australianos, cuando no dieron lugar a los
reclamos de la misma empresa que demandó a Uruguay. El conflicto no fue al
Ciadi porque Australia no tenía un tratado de protección de inversiones con
Suiza.

En general las resoluciones de dicho tribunal van contra los estados
nacionales y a favor de las multinacionales (por esa razón todos los
tratados bilaterales de inversiones –Tbi– lo tienen como organismo de
resolución de las controversias).

El vicepresidente del Centro de Investigación para la Epidemia del
Tabaquismo (Ciet), Miguel Asqueta, dijo a Brecha: “Jugamos un partido en
cancha visitante, porque llevar un Estado a tribunales de comercio e
inversiones, fuera de los estrados nacionales, es un riesgo, más cuando
Uruguay alegaba como motivo principal de sus políticas la defensa de la
salud pública. Nosotros siempre dijimos que el juicio era contra Uruguay,
pero la verdadera campaña de Philip Morris era contra el mundo, contra los
aspectos globales de control del tabaco. Eligió al país que tenía menos
posibilidad de defenderse y con mayor éxito en el combate al tabaquismo. Si
triunfaba, castigaba al país con más éxito”. No obstante, Asqueta reconoció
que en algunos aspectos Philip Morris consiguió algo con el juicio, por
ejemplo retrasar en cinco o seis años, y en varios países, las políticas
antitabaco. Incluso en Uruguay, donde si bien se continuó en esa línea, el
impulso no fue el mismo que si no hubiera existido el juicio.

La lógica anterior al fallo fue la que llevó a Philip Morris a querellar
contra el Estado uruguayo, con la idea de que una sanción a su favor sería
un precedente que limitaría las políticas antitabaco. Pero, como sostuvo
Vázquez, el precedente se volvió contra la tabacalera y la sentencia servirá
para que otras naciones profundicen sus medidas contra sus productos.

En realidad, desde hace años la percepción del tabaquismo como una epidemia
se ha asentado en las decisiones de varios estados, y las empresas dedicadas
a ese ramo vienen en retroceso. Primero fue la eliminación de sus auspicios
a actividades deportivas (recuérdese la eliminación en la esponsorización de
las carreras de Fórmula 1, luego la desaparición de la publicidad (entre
ellas aquella emblemática de los cowboys cabalgando con cigarrillos Malboro
en sus manos), y por último la decisión de la Fifa de prohibir fumar en los
estadios en el último Mundial.

Un poco de historia

La compañía con sede en Suiza planteó en 2010 una demanda contra Uruguay, en
el entendido de que las políticas antitabaco instrumentadas en suelo
nacional afectaban sus intereses económicos, incumpliendo así con los
acuerdos firmados en el Tbi con la nación helvética. En 2004 Uruguay
ratificó el Convenio Marco para el Control del Tabaco (Cmct), de la Oms, que
entró en vigencia el 27 de febrero de 2005. La sanción de ese convenio
obligaba al país a tomar medidas contra el consumo del tabaco.

El gobierno de Vázquez, mediante un decreto, inició las políticas en función
de las recomendaciones del Cmct, y en 2006, reseñó Asqueta, prohibió el
consumo de cigarrillos en lugares públicos y privados cerrados. Más
adelante, en 2008, se aprobó la ley antitabaco; luego se estableció que los
criptogramas que advierten sobre los efectos nocivos de la droga deberían
abarcar el 80 por ciento de la superficie de las cajillas. Además se
estableció la eliminación de las categorizaciones de light y ultra light. La
extensión de los criptogramas fue resuelta por decreto (la ley establecía un
mínimo de 50 por ciento y no un tope en ese porcentaje) y la eliminación de
los diferentes empaquetados del producto se hizo a través de una ordenanza
del Msp. Estos dos últimos aspectos fueron los que motivaron la demanda de
Philip Morris. La tabacalera pidió un resarcimiento de 22 millones de
dólares. El Ciadi falló en contra y obligó a la empresa a pagar 7 millones
de dólares al Estado uruguayo (el país pagó 10 millones de dólares a los
abogados que defendieron su causa), más 1,5 millones de dólares para cubrir
los gastos y remuneraciones del tribunal de tres miembros (dos por los
litigantes y uno neutral).

Sin embargo, una golondrina no hace verano. Sobre Uruguay penden las espadas
de Damocles de algunos juicios por asuntos que las empresas consideran
incumplimientos de los tratados de inversión, y ahí –fuera de las
salvaguardas que algunos Tbi establecen sobre las políticas de Estado
respecto de la salud y el interés público–, en los aspectos comerciales y
económicos, la historia demuestra que acordar con el Ciadi como árbitro de
las diferencias no es un buen camino. Hoy el Estado uruguayo enfrenta
algunos litigios (Altiva en banda ancha, Direct TV por las limitaciones a la
cantidad de abonados, aunque la Suprema Corte de Justicia declaró
inconstitucional ese artículo de la ley de medios) que son indicativos de
que cuando no actúan las salvaguardas de los Tbi respecto de las medidas
sanitarias, siempre existe el riesgo de pérdida de soberanía del Estado ante
las trasnacionales (eso le ha ocurrido a Ecuador, Argentina y otros países).
Por eso hoy en el oficialismo se debate sobre la pertinencia de aceptar al
Ciadi como un capítulo de los acuerdos de protección de inversiones.

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