Uruguay/ programas de "inclusión social": promesas incumplidas [Azul Curdo - Denis Merklen]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

17 de junio 2016

Boletín Informativo

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Uruguay

Dos programas de inclusión social evaluados

Promesas incumplidas 

Investigadoras sociales destacan la presencia de programas
interinstitucionales en los territorios más vulnerables, pero advierten que
la inclusión social se ve trancada, suspendida o incompleta porque se
estigmatiza a la “población Mides” y el mercado laboral sigue siendo hostil,
precario y fragmentario.

Azul Curdo

Brecha, Montevideo, 17-6-2016

http://brecha.com.uy/

Jóvenes en Red y Cercanías son dos programas interinstitucionales que
implementa y coordina el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) desde el
año 2012. El primero ha trabajado con 5.600 adolescentes y jóvenes de entre
14 y 24 años, “desvinculados” del mercado de trabajo y del sistema
educativo. Su objetivo es que los jóvenes retomen alguna actividad
educativa, conozcan y participen en programas de inclusión socio-laboral, y
accedan a los servicios de salud en su comunidad, entre otras opciones.

Cercanías(1) está “dirigido a 30 mil hogares en situación crítica, de
pobreza extrema, para garantizarles las prestaciones que les corresponden, a
partir de la información recogida por la Dirección de Evaluación y Monitoreo
(Dinem) (…) o de las redes territoriales departamentales”, señala la web del
Mides. Este programa comenzó con 45 equipos territoriales que deben brindar
una “respuesta inmediata que continúa en el tiempo”. Cuatro años atrás, las
autoridades del ministerio indicaban que era “necesario ‘rescatar’ a estas
familias e incluirlas, pero no con un asistencialismo aislado”.

Bajo este paradigma de transición de las políticas sociales asistencialistas
hacia políticas universales de acceso a los derechos es que el ministerio
lanzó ambos programas, que suponen acuerdos múltiples con los ministerios de
Vivienda, Trabajo y Seguridad Social, Educación y Cultura, de Defensa
Nacional, Turismo y Deporte; con Utu, el Consejo de Educación Secundaria,
Inau, Anep y Asse.(2)

Para evaluar la implementación de Cercanías y de Jóvenes en Red, la Dinem
firmó un convenio con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
la República, que indagó sobre las “trayectorias de inclusión de familias y
jóvenes” que participaron en ambos programas.

El equipo de investigadores dirigido por Sandra Leopold, docente e
investigadora del Departamento de Trabajo Social (Fcs, Udelar), realizó
entrevistas a autoridades nacionales, a operadores territoriales y a
participantes de los programas en el Cerro (Montevideo), Colonia Nicolich
(Canelones), Melo (Cerro Largo) y Bella Unión (Artigas).

Evaluados

Los principales resultados (3) señalan que los trabajadores “desconocen” qué
tipos de acuerdos existen entre las instituciones, “suponen” que debe de
haberlos, “pero no parecen conocer su contenido ni los alcances que tienen”,
dijo Leopold, por lo que se realizan acuerdos a nivel territorial, y entre
las educadoras que integran los diversos equipos implementan las políticas
sociales. Esos acuerdos resuelven lo cotidiano, pero “no son potentes para
transitar de la asistencia a un acceso universal de prestaciones y
servicios”.

“Algunas instituciones no aceptan a sujetos que provienen de programas
asistenciales, que se han constituido en ‘población Mides’”, indicó también
la investigadora. Por ejemplo, cuando un joven que lleva el “amuleto
culpabilizante” –al decir del sociólogo Denis Merklen– de ser un ni-ni, con
el que se trabaja su reinserción educativa en el liceo o la Utu de la zona,
con quien se diseña un proyecto socioeducativo y se indaga sobre sus gustos
y deseos respecto de lo que quiere ser o lo que quiere hacer, vuelve al
liceo, es rechazado o estigmatizado por las autoridades, por los docentes,
por los adscriptos. Es el problemático que vuelve a las aulas.

Si bien “no hay un patrón homogéneo (de respuesta) en las instituciones” y
se supone que los jóvenes de estos programas cuentan con “cupos” y
“priorización”, se registra una “carga de estigmatización importante” hacia
ellos, además de que muchas veces acaban realizando el curso de formación o
estudio en el que hay lugar (generalmente en formación técnica), y no el que
habían elegido: “Más que terminar haciendo lo que deseaban, hacen lo que
está disponible en el centro educativo más próximo”, describió la
investigadora.

A su vez, los sujetos identifican respuestas insuficientes en lo que refiere
a servicios de vivienda, salud mental y violencia doméstica (con fuertes
carencias en el abordaje y conceptualización en torno a la figura del
varón).

Por su parte, los efectores de políticas públicas “reconocen que la oferta
de políticas sociales se incrementó, pero señalan la distribución desigual,
insuficiente y desajustada a la que requieren las poblaciones de cada
lugar”, agregó Leopold.

Pareciera entonces que estos “programas puente” resultan una metáfora
frustrada. Los equipos acompañan en el territorio, buscando casi a tientas
las respuestas interinstitucionales, pero cuando creen haber finalizado el
cruce junto al beneficiario del programa, muchas veces se encuentran con
abismos, con la interrupción abrupta del proceso de acompañamiento, con
dificultades para que las instituciones de alcance universal acojan y
continúen apoyando esos trayectos de inclusión social.

Se registran dificultades para el ingreso formal al mercado de trabajo de
jóvenes que resultan “poco atractivos para emplearlos” por su “limitada
formación y/o habilidades”. “No recogimos procesos reflexivos en los que las
instituciones asuman qué grado de responsabilidad tienen sobre esto. Se
asumen como eficientes y ordenadas.”

Hay una “distancia institucional” entre la propuesta y la respuesta. Las
políticas sociales devienen en “políticas de individuación” que acaban
poniendo en la persona toda la carga de responsabilidad por la frustración
de la implementación de la política social. La “salida” de la situación de
exclusión “recae” en lo que el sujeto pueda hacer. El mensaje que recibe de
las instituciones es algo como “te dimos este abanico de oportunidades y no
las supiste aprovechar”. “La noción del ‘mal pobre’ vuelve una y otra vez
sobre la política asistencial, y el fracaso se desplaza hacia el sujeto, que
continuará transitando en una ‘movilidad lateral’”, dice Leopold. Es decir,
las personas que viven en la pobreza extrema seguirán teniendo respuestas
laborales precarias, en un mercado laboral formal/informal, en situaciones
de legalidad/ilegalidad. Aquella valoración positiva de los sujetos sobre
los programas en los que se sintieron escuchados, atendidos, reconocidos, se
diluye cuando acaba la intervención territorial sobre ellos. “No hay que
desechar esta dimensión afectiva de la intervención, pero no es suficiente
para propiciar los canales de una efectiva inclusión social”, concluyó
Leopold.

La mano derecha del Estado

. “La igualdad debe ser la matriz de nuestros horizontes de intervención”,
remarcó Merklen al comenzar su conferencia. El sociólogo de la Sorbona
parisina, discípulo de Robert Castel, problematiza en sus trabajos la
desinstitucionalización del presente y cómo se cruzan nociones de
precariedad con individuación e inseguridad.

“Para que una república sea digna de su nombre debe recibir a sus jóvenes
con los brazos abiertos, decirles: ‘Bienvenidos. Este mundo nuestro también
es el tuyo’ –sentenció–. Debemos combatir la desconfianza hacia los jóvenes
pobres, combatir aquellas políticas que pretenden mantener a la juventud
bajo control y que le exigen la adaptación al mercado”.

Retomando los conceptos de Pierre Bourdieu sobre “la mano izquierda y la
mano derecha del Estado”, una aplicando políticas de protección social y la
otra castigando, Merklen sostuvo que durante años la mano izquierda del
Estado uruguayo pensó que redistribuir la riqueza y brindar transferencias
monetarias a los más pobres repercutiría en la reducción de la pobreza.
“Ahora ya sabemos que las transferencias monetarias son insuficientes y que
el mundo del trabajo sigue siendo un espacio de opresión que tritura las
formas contemporáneas de integración social.”

Hoy el mundo del trabajo es “intenso, mal pago, ilegal”, caracterizó
Merklen. Y cuestionó: “Este trabajo no es factor de integración. ¿Estamos
seguros de que el estudio y el empleo son plataformas seguras hacia la
integración social de jóvenes sobre quienes recae el estigma de ser vagos y
haraganes?”.

Además de subrayar la importancia de recuperar la solidaridad en el barrio,
la solidaridad de proximidad entre familias y vecinos, la solidaridad
intrafamiliar, Merklen instó a crear instituciones sólidas que reduzcan los
márgenes de exposición al riesgo, “crear espacios de socialización más allá
de las formas espontáneas de la sociedad civil”, para que la política social
no apunte sólo a los vulnerables sino a toda la sociedad.

Enfatizó la necesidad de definir y delimitar el campo de acción de las
políticas sociales, qué hace el Estado y qué podemos esperar o no de los
sujetos intervenidos por los múltiples programas; además remarcó que “no
podemos descargar en los trabajadores sociales la responsabilidad de
resolver las situaciones de las familias y jóvenes. Es un trabajo duro y
difícil que debemos reconocer y homenajear”, dijo ante el auditorio en el
que se mezclaban jerarcas como la ministra de Desarrollo Social, Marina
Arismendi, con decenas de operadores territoriales.

Al cerrar el acto, el titular de la Dinem, Juan Pablo Labat, reconoció que
en esa hora y media se había hablado de “grandes promesas incumplidas”.
Éstas “son las que producen fragmentación social”, dijo. “Tenemos que pensar
cómo seguir. Reflexionar sobre los fundamentos de las políticas sociales y
hablar de la dimensión social de las políticas para universalizar los
derechos.” 

Notas

1) Los equipos de trabajadores sociales están presentes en Artigas,
Canelones, Cerro Largo, Montevideo, San José, Salto, Paysandú, Rivera y
Tacuarembó.

2) Se lanzó como la Estrategia Nacional de Fortalecimiento de las
Capacidades Familiares.

3) Presentados el pasado martes 14 por Sandra Leopold y comentados por el
sociólogo franco-argentino-uruguayo Denis Merklen.

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Con el sociólogo Denis Merklen

“La política social no puede correr detrás del mercado”

—Tras una década de gobierno frenteamplista estamos en un punto de inflexión
y reflexión respecto de las políticas asistencialistas, y en tránsito hacia
políticas más universales, a través de programas o dispositivos “puente”,
como Jóvenes en Red y Cercanías. ¿Cómo se puede cambiar el abordaje para
lograr inclusión social?

—Pensamos mucho en las personas que tienen esos problemas, y pensamos poco
en los problemas que hacen que las personas estén en esa situación. No
disponemos de recetas, pero hay que mirar un poquito para ese lado. No
podemos seguir pensando en resolver el problema del desempleo pensando en
los desempleados; hay algo en la estructura del mercado de trabajo, en la
evolución de la actividad económica, que produce desempleo. Por supuesto que
siempre hay algo que se puede hacer para acompañar a esa persona que está en
una situación difícil, pero por eso la política social tiene que ser un
espacio de creatividad, de reflexión y de movimiento, de creación de
espacios nuevos de socialización. La política social no puede estar
corriendo detrás del mercado, tiene que imaginar espacios de vida nuevos.

En Uruguay y en la región se ha intentado reducir todo lo que se ha podido
el trabajo “en negro”. Sin embargo, cada tanto aparece una circunstancia
como la de Uber, que viene a desestabilizar –en este caso a los taxistas y
coches de alquiler– y a mostrarnos que esa legislación y esos dispositivos
sociales de protección no son suficientes. Ahora, este no es un problema
sólo de Uruguay. Es el problema del final de un modelo de industrialización
y la aparición de nuevas condiciones internacionales que están
desestabilizando.

Esto no quiere decir bajo ningún punto de vista que el modelo de la sociedad
salarial caducó, que hay que tirarlo a la basura o que no sirve más. Es, en
realidad, de lo único que disponemos. Pero para acompañarlo debemos hacerlo
con nuevos espacios de creación, de protección, de sentimiento, con
políticas de inserción y acompañamiento.

No tendremos recetas mágicas, pero tenemos algunas pistas: no todo pasa por
el ingreso; la educación y el trabajo son muy importantes; los procesos son
más largos de lo que imaginamos; la inestabilidad y el cambio serán
intrínsecos, entonces no debemos resignarnos a ellos sino que debemos
construir espacios de estabilidad para aquellos que están más expuestos al
riesgo de la incertidumbre.

—En su conferencia dijo que quería “homenajear” a los técnicos y
trabajadores sociales que llevan adelante las políticas en el territorio, a
quienes también hay que cuidar y proteger. ¿No es paradójico que ellos, que
trabajan con personas en extrema pobreza para lograr su inclusión
sociolaboral, también sufran cierta inestabilidad y precarización laboral,
con proyectos que duran ocho o nueve meses, porque no saben si se renovará
el convenio de su Ong con el Mides?

—Esto es muy importante. Una parte de la precariedad la genera el propio
Estado, con empleos de este tipo para sus trabajadores; no sólo por el
contrato de trabajo (de corta duración y mal pago), sino porque la tarea que
tienen que realizar es extremadamente dura: es un trabajo penoso, que
conlleva sufrimiento, que puede provocar mucho daño.

Esta precariedad de los trabajadores sociales debe ser objeto de nuestra
reflexión. Tenemos que ser capaces de crear formas de protección social para
estos trabajadores precarios que llevan adelante las políticas sociales.

Asimismo tenemos que recordar que muchas de las familias más vulnerables han
conseguido empleo, tradicionalmente, a través de trabajos sociales, como
enfermeras o trabajadores sociales. En esto hay un fuerte corte de género:
jóvenes mujeres que acaban resolviendo problemas de las familias con su
empleo, y haciéndose cargo en su hogar de los cuidados de jóvenes, niños y
viejos .

—En mayo se conoció el caso de tres policías que se hicieron pasar por
trabajadores del Mides para detener a un joven investigado por una rapiña en
Delta del Tigre (véase Brecha, 6-V-16). ¿Qué implica que la Policía use la
figura de un trabajador social para un arresto?

—Es un modo de atropello que no puede tolerarse. Las políticas sociales sólo
se pueden llevar adelante si hay una relación de confianza. Del mismo modo
que un enfermero o un médico no puede preguntarle a un paciente si es o no
un delincuente antes de atenderlo en forma debida, los trabajadores sociales
no están allí para reprimir el delito, ni para perseguir, espiar o condenar.
Esa función de control del trabajo social, afortunadamente, ha quedado atrás
en la historia de las políticas sociales. Lo que se llamó “la policía de las
familias”. Sin dudas debe despegarse una institución de la otra. Pueden
colaborar, pero sobre otro terreno: el de la prevención del delito, del
acompañamiento. De ninguna manera en el terreno de la represión.

—Programas “de proximidad”, como Cercanías, cuentan con formularios que los
trabajadores sociales hacen llenar a los potenciales destinatarios del
programa para evaluar si sus condiciones de vida son lo suficientemente
precarias o vulnerables como para ser “beneficiarios”. ¿Qué opina de esta
modalidad?

—Hemos trabajado sobre esto en Francia. Pedirle al otro que me cuente su
vida, que me devele su sufrimiento para ser el beneficiario de un programa
es una especie de reedición de la figura de ese inválido que tiene que
mostrar su herida, o si no es un estafador.

Es un terreno en el que es muy fácil desplazarse hacia la relación afectiva,
invasiva de la privacidad del otro, y ese es un terreno muy delicado. En
este tipo de programas, como Cercanías, que se aproximan a la subjetividad
de las personas, aplicar estos formularios es parte de la buena intención.
Está bien tener la dimensión subjetiva de cada quien, en lugar de tratarlo
como si fuera un número, pero con esa intención puede invadirse un espacio
personal, y allí hay que poner mucho más cuidado.

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