Colombia/ 23-J, el día esperado [Rodrigo Pardo]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

24 de junio 2016

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Colombia

23-J, el día esperado

No sólo se acaba la guerra. Empieza una etapa de grandes oportunidades y no
pocos retos. 

Rodrigo Pardo, director editorial 

Semana, Bogotá, 23-6-2016

http://www.semana.com/

Y llegó el día. Tres meses después del que habían acordado el presidente
Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC, Timoleón Jiménez. Y varios más que
los “pocos meses” que esperaba el primer mandatario cuando anunció la
apertura de los diálogos en noviembre del 2012. Un tiempo largo que sirvió
para que las partes asimilaran lo que realmente estaba en juego, pero que
les sirvió a los críticos de las negociaciones para desprestigiar el proceso
y que alcanzó a cansar a partidarios de la negociación. Porque, de hecho, el
asunto del tiempo y de la fecha llegó a tomar más tiempo del que merecía en
debates y columnas de opinión.

Pero esa página quedó atrás. El 23-J quedará grabado como el día en que el
Estado colombiano y las FARC, frente de la comunidad internacional, se
comprometieron a ponerle fin a la confrontación armada. Un hecho tan
contundente y trascendental, que en la práctica se convierte en el fin del
proceso. Al fin y al cabo, marca la terminación de la guerra. Ante semejante
noticia, poco importa que aún falta por acordar todo un punto de los seis
que componían la agenda –el de la refrendación e implementación- y algunos
pendientes de los cinco anteriores, ya pactados. En este 23-J ni siquiera se
ha hecho énfasis en la frase que se reiteró hasta el cansancio cuando se
hicieron los anuncios sobre los primeros pactos: “que nada está acordado
hasta que todo está acordado”. También esta cláusula quedó superada por la
firma de este jueves. Hoy sería más realista decir que las negociaciones
entraron en una recta final sin destino posible diferente al acuerdo final.

Varios elementos ratifican esa conclusión: los puntos negociados –cese al
fuego y hostilidades, bilateral y definitivo; garantías para la guerrilla
desmovilizada; acciones contra bandas paramilitares; dejación de armas;
zonas de concentración- y la presencia de una delegación de pesos pesados de
la comunidad internacional: presidentes de los países garantes y
acompañantes (Cuba, Chile, Venezuela y Noruega, este último con su
canciller); Secretario General de la ONU y presidentes de la Asamblea
General y del Consejo de Seguridad; jefes de Estado de República Dominicana,
México y El Salvador, representativos de los organismos multilaterales
regionales; enviados especiales de Barack Obama y de la Unión Europea.

La presencia de estos poderosos en el Palco de Convenciones de La Habana
tiene tres significados. El primero, que la comunidad internacional cree en
el proceso de paz. De hecho, corrobora que hay mayor confianza en la
comunidad internacional que en la polarizada política parroquial colombiana.
El segundo, que el gobierno Santos y las FARC están realmente dispuestos a
cumplir los compromisos y estuvieron dispuestos a registrarlo así ante el
mundo. (Como escribió ayer en El País de España Joaquín Villalobos, ambas
partes se cruzaron en un momento en que a ambos les interesaba más la paz
que la guerra). Y el tercero, que en el andamiaje pactado para dejar atrás
la guerra habrá un papel fundamental de actores internacionales: el Consejo
de seguridad de la ONU verificará el cese al fuego, los países amigos y
garantes seguirán prestando sus buenos oficios; Estados Unidos y Europa
brindan apoyo político y tienen una tarea en el posconflicto; y los acuerdos
se formalizan con mecanismos del derecho internacional como los protocolos
de los Convenios de Ginebra. 

En un mundo preocupado por el terrorismo y la violencia, el fin de la
confrontación en Colombia es visto como una esperanza. La comunidad
internacional no solamente la apoya, sino está dispuesta a asumir funciones
específicas. La que se acordó en La Habana es una paz “internacionalizada”.

El 23-J casi coincide, además, con la publicación de la ponencia del
magistrado Luis Ernesto Vargas, en la Corte Constitucional, que avala la
reforma que hizo el Congreso para permitir un plebiscito en el que los
ciudadanos se puedan manifestar a favor o en contra de los acuerdos. Falta
ver si sus ocho compañeros de sala avalan sus puntos de vista, pero el
primer paso va en dirección de facilitar el llamamiento a las urnas. No
menos significativo es que las FARC hayan insinuado que aceptan la fórmula,
siempre y cuando mantenga el espíritu de la ponencia. Hasta ahora, este
grupo se había opuesto al plebiscito y defendía –como mecanismo de
refrendación- el de la Constituyente.

De modo que hay dos hechos, en este 23-J, que marcan un cambio de rumbo. El
camino venía tortuoso: diálogos dilatados, desesperanza exacerbada, cese al
fuego bilateral enredado y plebiscito en el limbo. El escenario ahora es
otro: el acuerdo final y el plebiscito están a la vuelta de la esquina. Y la
probable concreción de ambos significa el inicio de una etapa política
inédita y muy distinta a la de los últimos meses. Con retos muy complejos:
la seguridad de los miembros de las FARC, la implementación de un esquema de
justicia transicional laberíntico y confuso, las elecciones que se avecinan
–desde el plebiscito en el segundo semestre del 2016 hasta las
presidenciales del 2018- y la ejecución de complejos proyectos de
posconflicto por parte de un Estado totalmente ineficiente. 

Pero también con oportunidades muy valiosas: consolidar la paz, con lo que
significa superar seis décadas de violencia y la posibilidad de concentrar
el esfuerzo colectivo en batallas contra los problemas de verdad: la
desigualdad, la pobreza, el atraso. A partir de este 23-J también habrá una
nueva dinámica en la política. Por la llegada de las FARC, en primer lugar,
pero también por las reformas que se vendrán. Porque el actual modelo
político no es adecuado para tramitar la transformación de las FARC a un
grupo legal. Su presencia en el escenario induce una dinámica de cambios que
tendrán que ver con garantías a la oposición, régimen electoral,
organización de elecciones, etc. Los acuerdos de La Habana no sólo tienen
como objetivo silenciar fusiles, sino impulsar reformas.

Falta ver si así lo asumen los principales actores y si este cruce de
caminos sirve también para cambiar la tendencia que traía la política en los
últimos años. La de la polarización Santos-Uribe, concentrada en el apoyo o
rechazo al proceso de paz (controversia que queda superada) y la consecuente
degradación del discurso político. 

En un mundo ideal, el presidente Santos se empeñaría, en los dos años que le
restan en el poder, en gerenciar los acuerdos para asegurar su
implementación, con espíritu generoso y sin cálculos sobre política pequeña.
Y el expresidente Uribe, ante el fin de la confrontación, miraría al futuro
y aportaría a las oportunidades que se abren con la paz, en lugar de
quedarse en el pasado con ánimo revanchista. Y las FARC como fuerza
política, actuarían con realismo para ganarse a una opinión pública que,
sobre todo en las ciudades, no las conoce y las rechaza porque tiene une
memoria fresca de sus acciones violentas de los últimos años. 

Pero no estamos en un mundo ideal. La ejecución de un acuerdo con decenas de
detalles contenciosos y complejos puede generar incidentes más allá de la
voluntad de las partes para ejecutarlos. El período que va del 23-J (fin de
la guerra) al día D (acuerdo final) será decisivo para finalizar los
acuerdos, así como el que irá desde este último hasta el 31 de diciembre,
para ejecutarlos. No será ya un tire y afloje en la negociación, como en los
últimos cuatro años, sino la hora decisiva para demostrar eficacia en llevar
lo pactado a la realidad.

Al final, la pregunta clave es si el 23-J no sólo será recordado como el fin
de la guerra sino como el comienzo de una nueva etapa para el país. La de
una política sin armas y de una democracia más profunda. La oportunidad es
histórica, y ya es hora de que así lo entienda la opinión pública, de la
misma manera como la he hecho hace rato –y lo reiteró este jueves- la
comunidad internacional.

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