Brasil/ la democracia perdió por goleada [Agnese Marra]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

13 de mayo 2016

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Brasil

El día en que Brasil goleó a la democracia

Por 55 votos a favor y 22 en contra el Senado brasileño decidió seguir
adelante con el juicio político contra Dilma Rousseff. La presidenta ha sido
apartada de sus funciones durante al menos 180 días a través de un polémico
proceso definido por muchos como “golpe blando”.

Agnese Marra, desde San Pablo

Brecha, Montevideo, 13-5-2016

http://brecha.com.uy/

Apenas 19 meses después de iniciar su segundo mandato, Rou­sseff debió
dejarlo, hasta que se conozca la sentencia definitiva del juicio político al
que se enfrenta. Tras la votación del 17 de abril en la Cámara de Diputados,
la plenaria del Senado se entendía como un mero trámite. Las cartas ya
estaban dadas. Y así fue. No es de extrañar que alrededor de las cinco de la
tarde del miércoles, mientras los senadores daban sus motivos para apartar o
no a Dilma, la todavía presidenta entrara en su despacho presidencial para
retirar sus enseres. Una montaña de papeles directa a la trituradora,
documentos para escanear, cajas para guardar sus libros y las fotos de su
hija y de sus dos nietos: todo empaquetado rumbo al Palacio da Alvorada, que
seguirá siendo su residencia oficial hasta que se lleve a cabo el juicio que
presumiblemente la retirará definitivamente del cargo y no le permitirá
presentarse a ningún cargo público electo por muchos años.

A esas horas las manifestaciones en las calles comenzaban tímidamente. En
San Pablo, en la Avenida Paulista, donde se gestaron las primeras protestas
contra Dilma, marchas a favor y en contra del impeachment compartieron
espacio. Mientras un grupo de artistas rompían una copia ampliada de su
credencial como protesta por el juicio político, otro grupo, ataviado con la
camiseta de la selección, bailaba un samba que se titulaba “Chau querida”.
En Brasilia hubo choques y la policía llegó a lanzar gases lacrimógenos
contra los manifestantes pro Dilma. Hace un año el ahora presidente de
Brasil, Michel Temer, aseguraba que la idea del impeachment era
“inconcebible”, pero en los últimos meses fue su principal promotor y
responsable. Lo mismo sucede con gran parte de los senadores que ayer jueves
decidieron acabar con el mandato de la presidenta. En pocos meses Rousseff
vio cómo su gobierno se le escapaba de las manos.

Cómo empezó todo

Dos semanas después de ganar las elecciones, el principal opositor de Dilma
Rousseff, Aécio Neves (Psdb), que había perdido por apenas un 1,3 por ciento
de los votos, advirtió que Dilma no acabaría su mandato. Cuatro gobiernos
consecutivos del PT y la amenaza del retorno de Lula en 2018 no eran un
plato fácil de digerir para el principal partido de la oposición, que lleva
más de una década sin hacerse cargo del Ejecutivo. Lo que parecía una
pataleta política se convirtió en un objetivo preciso: terminar con el
mandato de Dilma a cualquier coste. “No vamos a acabar con Dilma, vamos a
hacerla sangrar”, decía el senador Alysio Nunes, también del Psdb, por las
mismas fechas.

Al revanchismo del principal partido de la oposición se sumaron diversos
factores para que el Congreso haya conseguido quitarse de en medio a una
presidenta elegida legítimamente por 54 millones de brasileños. El primero
tuvo que ver con la propia mandataria, que a pesar de ganar los comicios con
la promesa de retomar políticas de izquierda, aplicó el programa que
defendía su opositor Neves. Con un ministro de Economía amigo de los
mercados financieros se promovieron recortes sociales que provocaron la
desbandada general de la izquierda y de los movimientos sociales.

A su vez el Congreso que surgió de las elecciones fue el más conservador
desde la redemocratización del país. El peso de la llamada “bancada
evangélica”, de las elites del campo y de los nostálgicos de la dictadura se
sintió desde el primer día en ambas cámaras, mientras que el PT perdió un
importante número de escaños. El Pmdb, un partido corcho que funcionaba como
aliado del gobierno, se hizo dueño del Legislativo, y uno de sus dirigentes,
el conservador Eduardo Cunha, consiguió la presidencia de Diputados y
comenzó a tejer alianzas para imponer su programa mientras chantajeaba a la
presidenta con abrirle un juicio político. La gobernabilidad del país
dependía entonces de un Congreso en el que los aliados del Ejecutivo, con el
paso de los meses, se convirtieron en oposición.

El paso de la condición de socios a enemigos no se produjo de un día para el
otro. La investigación Lava Jato, sobre lo que es considerado como el mayor
escándalo de corrupción del país, basado en los desvíos millonarios de
dinero de la estatal Petrobras a políticos de casi todos los partidos, fue
la frutilla en la torta del segundo mandato de Rousseff. La mandataria vio
cómo grandes figuras de su partido comenzaban a ser acusadas. Lo mismo
sucedió con políticos del Pmdb, el PP y el PT. Los grandes medios
concentraron sus denuncias en los petistas y crearon una narrativa en la que
el PT parecía el único culpable de los males del país.

La popularidad de la presidenta bajó estrepitosamente y en el mes de julio
sólo 7 por ciento de la población aprobaba su gestión. El desempleo
aumentaba y la inflación crecía. El ambiente era cada vez más propicio para
llevar a cabo el impeachment, y los motivos para cumplirlo menos
importantes.

El pasado diciembre Eduardo Cunha, tras ver cómo dos diputados petistas
votaban en la Comisión de Ética de la Cámara a favor de su apartamiento del
cargo, cumplió su amenaza y pasó a promover el impeach­ment. Desde entonces,
y con cuenta gotas, los partidos aliados comenzaron a abandonar el barco,
que ya comenzaba a ser comandado en la sombra por el vicepresidente, Michel
Temer.

La acusación contra Dilma se basa en la aprobación de seis decretos
presupuestarios en los que se maquillaban las cuentas del Estado y por los
que la presidenta obtuvo dinero de bancos públicos sin haber devuelto a
tiempo lo que ya le había sido prestado. Una falta contable relativamente
habitual en la política brasileña (y también extranjera), ya que el ex
presidente Fernando Henrique Cardoso llegó a firmar más de cien del mismo
estilo, al igual que Lula, o que actuales gobernadores, como el paulista
Geraldo Alckmin.

Sin embargo, en Rousseff esta falta ha sido tratada como un delito penal, al
punto de convertirlo en “crimen de responsabilidad”, para poder llevar a
cabo un juicio político. El abogado de la presidenta, José Eduardo Cardozo,
no ha dejado de repetir que “hacer de un problema de presupuesto un delito
contra la Constitución sólo puede ser llamado de golpe”. No sólo los medios
internacionales usan este término, en las últimas semanas la Oea y su
secretario general, el uruguayo Luis Almagro, dejó claras sus dudas acerca
de este proceso “por no tener nada de peso para acusar a la presidenta” y
“porque aquellos que comandan el juicio político están acusados de graves
delitos de corrupción y la presidenta de ninguno”. La oposición y los
grandes medios brasileños no quieren ni oír la palabra “golpe” e insisten en
que “el impeachment está amparado en la Constitución”, y aseguran “cumplir
las reglas”, como si por el mero hecho de tener normas no fuera necesario
llenarlas de contenido.

En los márgenes de la democracia

Tras la bochornosa sesión del pasado 17 de abril, en la que 367 diputados,
por razones tan profundas como “Dios y mi familia”, votaron en favor del
impeachment, ya se daba por hecho que en el Senado el resultado sería igual.
La votación de ayer jueves no fue ninguna sorpresa.

Lo que no se esperaba era que apenas una semana antes de que el Senado diera
su parecer se sucedieran tantos acontecimientos. Primero fue la decisión del
Supremo Tribunal Federal (Stf) de apartar a Eduardo Cunha por usar el cargo
de presidente de la Cámara “con fines ilícitos y para obtener ventajas
indebidas”. A pesar de ser una noticia esperada por gran parte de la
población, no hubo quien no cuestionara los tiempos en los que se producía:
“Ya hizo el trabajo sucio y ahora se lo quieren quitar de en medio”, decía
el diputado del Psol Jean Wyllys, quien se preguntaba por qué no lo habían
apartado antes de la votación de la Cámara y aseguraba que en ese momento
esta acción servía “para limpiar la imagen del nuevo gobierno de Temer”.

Pero lo que más llamó la atención fue el polémico papel del Stf, que en una
delicada maniobra solicitó que se apartara a Cunha de su cargo, algo que la
Constitución brasileña sólo autoriza en caso de juicio político. El juez
Teori Zavascki, promotor de la iniciativa, alegó que se trataba de “una
situación extraordinaria y excepcional” y que por tanto no debía “sentar
precedentes”.

Pero la sorpresa final vino el lunes 9, cuando Waldir Maranhão, el sustituto
de Cunha y presidente interino de la Cámara, anunció que anulaba la votación
del pasado 17 de abril por considerar que hubo en ella “vicios” de forma.
Por unas horas Dilma pensó que obtenía un respiro, mientras la oposición
montó en cólera y dijo que los argumentos de Maranhão eran “endebles”. El
presidente del Senado, Renan Calheiros, se mostró tajante y dijo que
Maranhão estaba “jugando con la democracia” y que no aceptaría la anulación,
algo que de haberse cumplido también vulneraría la ley. “¿Cómo pueden
escandalizarse con argumentos endebles si son los mismos que tienen ellos
para hacer el impeachment de Dilma?”, se preguntaba el profesor de filosofía
de la Universidad de San Pablo Pablo Ortellado. El diputado Wyllys señalaba,
en la misma línea: “Estamos asistiendo a un espectáculo de facciones
criminales en el Congreso. Se preocupan porque Maranhão ignora los 367 votos
de los diputados, pero no les importa tirar a la basura los 54 millones de
votos que recibió la presidenta”.

Poco duró la indignación de los orquestadores del impeachment, porque a
última hora del lunes sucedió algo todavía más inédito: el propio Maranhão,
tras ser amenazado con ser expulsado de su partido (el PP), decidió revocar
la anulación y mantener la votación de los diputados, habilitando así la
consecución del proceso en el Senado. La antropóloga Rosana Pinheiro
Machado, profesora de la Universidad de Oxford, resumía en su página de
Facebook: “Duerman tranquilos, porque este circo no merece nuestro insomnio.
Los políticos brasileños le faltan el respeto a toda la población. Ya no hay
posibilidades de respetar a ninguna institución”.

El martes José Eduardo Cardozo se jugó la última carta para evitar la
votación del Senado y pidió al Supremo Tribunal Federal que anulara el
impeachment por los mismos motivos que habían apartado a Cunha, “desvíos de
poder”, asegurando que el ex presidente de la Cámara había articulado el
proceso “abusando de su cargo con favores ilícitos”. El juez del Stf Gilmar
Mendes, al enterarse de la noticia, sentenció: “Pueden recurrir al papa o al
diablo si quieren”, una respuesta muy alejada de la “neutralidad” que se
esperaría de un miembro del Supremo. El mismo miércoles por la mañana el
juez Teori Zavascki, encargado de la petición de Cardozo, anunció que la
denegaba, y el impeachment siguió adelante.

La votación en el Senado comenzó el miércoles a las 9 de la mañana y duró
hasta las 7 de la mañana de ayer jueves. A pesar de su duración el resultado
se daba por hecho y los informativos del día anterior ya hablaban del
“gobierno del presidente Temer”. Sin los aspavientos y gritos que se vieron
en la votación de la Cámara de Diputados, los senadores fueron más moderados
y hablaron de crisis económica y corrupción. Curiosamente, 60 por ciento de
ellos están procesados por la justicia acusados de lavado de dinero,
crímenes contra el orden financiero y crímenes electorales.

El senador Aécio Neves culpó a Dilma de “desestabilizar el país con el
desequilibrio de las finanzas públicas”, algo “típico de los gobiernos
populistas”. Marta Suplicy, una dirigente histórica del PT que el año pasado
pasó a filas del Pmdb, apeló a “apostar por una nueva etapa del país”, y
aseguró que estaban reunidos varios “indicios necesarios como para hacer un
juicio político”, aunque no citó ninguno. El mediático senador Romario (el
ex futbolista) justificó su voto por el “sí” debido a la crisis y a los
altos niveles de desempleo, y aseguró que había que “apostar por recortar
gastos” para que el país “renazca”. Entre los que votaron en contra se habló
de “oportunismo”, de “falta de motivos reales para un juicio” y de “crimen
contra la democracia”.

“Vuelta a los noventa”

En la tarde de ayer, jueves, Michel Temer dio un discurso de “pacificación y
esperanza” a la población, y aseguró que seguiría “adelante con el Lava
Jato”, una de las principales incógnitas, ya que él mismo ha sido varias
veces citado por esas investigaciones. El programa económico de su partido,
“Puente para un Futuro”, que presentó ante los empresarios paulistas en
diciembre, resume los planes que tiene para el país. Habrá, por ejemplo,
recortes al plan Bolsa Familia que podrían dejar sin esa subvención a 14
millones de brasileños pobres y volverían a colocar al país en el “mapa del
hambre”, así como en los gastos de educación y salud, y habrá modificaciones
a las leyes laborales que favorecerán los acuerdos por empresa por sobre los
convenios colectivos. Eso, para empezar. Henrique Meirelles, nuevo ministro
de Hacienda, que fue presidente del Banco Central en los gobiernos de Lula,
dijo que los recortes deberían ser “muy duros”. Las privatizaciones también
tendrán protagonismo: Petrobras podría ser una de las joyas de la corona en
venta. Y habrá mayor liberalidad en las compras de tierras por extranjeros.
El profesor de comunicación política Wilson Gomes lo resumió así: “Volvemos
a los años noventa”.

Los movimientos sociales han advertido que lucharán “sin tregua” contra “los
retrocesos sociales” que se avecinan. Por ahora Temer tiene garantizada la
gobernabilidad en el Congreso, pero las calles pueden ponérselo difícil, y
la amenaza de unas elecciones anticipadas está sobre la mesa.

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