Guatemala/ 20 años después de la guerra: familiares de vícitmas reclaman justicia [Otilia Lux - enrevista]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

2 de noviembre 2016

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Guatemala

Entrevista a Otilia Lux, activista indígena

... y justicia para todos 

Stephanie Demirdjian

La Diaria, Montevideo, 2-10-2016

http://ladiaria.com.uy/

La guerra civil en Guatemala terminó hace dos décadas y las familias de las
víctimas consideran que todavía no se hizo justicia. La anulación del juicio
contra el ex presidente Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio, es una de
las pruebas más contundentes. Sin embargo, hubo un avance en los últimos
años gracias al trabajo de nuevas fiscales y a la lucha de las mujeres
-esposas, madres, hijas de las víctimas- que llevaron adelante las
denuncias, según relató a la diaria la activista indígena guatemalteca
Otilia Lux, que la semana pasada visitó Montevideo. Un ejemplo es el caso
Sepur Zarco, que en febrero de este año llevó a la cárcel a dos ex militares
por los delitos de violencia sexual y esclavitud sexual y doméstica. 

-Pasaron casi dos décadas desde que realizaron la investigación y
presentaron el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico sobre lo
ocurrido durante la guerra civil en Guatemala (1960-1996). ¿Cómo fue la
elaboración de ese informe?

-Se dio por un acuerdo entre la guerrilla y el gobierno que se firmó en
Oslo, Noruega, para que se instalara esta comisión de la verdad, a la que se
llamó Comisión de Esclarecimiento Histórico en relación a la Violación de
los Derechos Humanos y Hechos de Violencia. Una comisión que tuvo sus amigos
y sus detractores. Los detractores son aquellos que no querían que se dijera
la verdad de lo acontecido. Sin embargo, la sociedad guatemalteca y las
personas que dijeron “el que nada debe nada teme” apostamos a este informe,
que hicimos con base en un mandato de la Organización de las Naciones Unidas
[ONU]. Lo lideramos tres comisionados: uno nombrado por la ONU, el otro
nombrado por las universidades de Guatemala, y yo, que fui nombrada por las
víctimas de la guerra. Los tres dirigimos la comisión y había 250
investigadores que eran internacionales, con el propósito de que no hubiera
ningún sesgo. Trabajamos durante dos años, entregamos un informe con
hallazgos muy impresionantes que reflejan la tragedia que vivió Guatemala.
Nosotros comparamos esta información obtenida con lo sucedido en Argentina,
Chile, El Salvador, Nicaragua, Sudáfrica. Encontramos datos sobre la
desaparición de más de 600 aldeas, escuchamos con los otros comisionados más
de 7.000 testimonios individuales y colectivos. Aunque no nos dio el tiempo
de estudiarlo todo, hicimos una gran labor, titánica, en la que encontramos
200.000 muertes contabilizadas por todos los testimonios que dieron las
personas, y lo corroboramos con material desclasificado que nos facilitó la
Secretaría de Estado de Estados Unidos. Consideramos que sobre los datos de
la comisión trabajamos apegados a la objetividad. Incluso hubo personas que
dijeron: “Bueno, si hay asuntos personales y desean tocarlos, pueden
tocarlos”. En mi caso, no quise tocar ningún asunto personal -porque mi
padre fue una de las víctimas-, con el propósito de hacerlo objetivo. Este
informe siempre lo guardamos con mucha esperanza, porque dijimos: “En algún
momento habrá justicia en Guatemala”. Siempre lo pedimos, desde el 25 de
febrero de 1999, cuando entregamos el informe y lo declaramos el día de las
víctimas en el Congreso. Cuando entregamos el informe, nos encontramos con
un dato impresionante, condenable y abominable: que en Guatemala se cometió
un genocidio contra el pueblo maya. Tenemos una ley de reconciliación que
dice que los delitos políticos no serán juzgados; sin embargo, y
afortunadamente, dejaron abierto, como excepción, los casos de delitos de
lesa humanidad. Eso nos permitió realmente mantener la esperanza de que
algún día llegaría la justicia en Guatemala, y afortunadamente la tuvimos.

-¿Cómo empezó ese proceso?

-Ya hace un par de años, cuando llegó una de las fiscales, muy compenetrada
con el trabajo de la Justicia, que acogió las demandas que hicieron las
organizaciones de mujeres, porque fueron las mujeres las que levantaron este
tema, ya hace más de una década. Pero nunca era atendido por el Ministerio
Público y mucho menos por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, con
esos cambios que hubo, la fiscal dijo: “Hagámoslo”. Entonces ella empezó a
hacer todo el proceso del genocidio. Y llegó, afortunadamente, la doctora
Yassmín Barrios, una extraordinaria mujer, jueza, penalista, que tuvo a bien
ver este caso. Se hizo todo el debido proceso, de acuerdo con la orientación
que recibían las mujeres. Tuvieron a los peritos en las audiencias públicas
y se comprobó que el delito se cometió, que esos datos están aquí y que lo
que dicen las denunciantes es verdad. Además, la comisión de la verdad
corroboró estos datos. Entonces la presidenta [del Tribunal Primero A de
Mayor Riesgo], que era la doctora Yassmín Barrios, sentenció al general
genocida Efraín Ríos Montt con 80 años, pero hubo presiones tan fuertes en
Guatemala -como la del Cacif [Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras], el sector más recalcitrante en
Guatemala, que tiene la economía del país en sus manos-, que se anuló el
proceso. Y empezó otra vez, pero como ya saben a dónde va, lo obstaculizan.

-Un caso que sí terminó con la condena a los culpables fue el de Sepur
Zarco.

-El caso de Sepur Zarco es muy importante. Este es un caso que nosotros
reportamos también en la Comisión de Esclarecimiento Histórico.
Sinceramente, las mujeres q’eqchi fueron esclavas, y además de esclavas
fueron violadas sexualmente como forma de tortura. Y, por otro lado, las
despojaron de las tierras de sus maridos. Esas mujeres sufrieron demasiado.
Incluso hubo algunas que dijeron: “Nos quedábamos embarazadas, ¿y qué
podíamos hacer?”. Si hubieran estado ahora, en este momento, cualquiera de
las mujeres les habríamos dicho: “Han sido violadas por gente como esta, hay
formas de no tener esos embarazos indeseables”. En ningún momento hubo esa
orientación para estas mujeres, que lo expresaron de manera muy fuerte, y se
logró una condena. Se logró que se dictaminaran 30 años de cárcel para estos
dos hombres señalados por ellas como quienes dirigían. Afortunadamente,
estas mujeres se acordaron de sus nombres, indagaron, buscaron
documentación, pruebas, y se logró que se les aplicara la sentencia.
Entonces esto ya es un logro para la justicia, y es un logro para que se
respeten los derechos humanos, es un logro para decirle a la humanidad que
esto no se vuelva a repetir. Pero también es un logro importante para
decirle a la humanidad que hay formas de diálogo civilizado para poder
arreglar las cosas, buscar soluciones efectivas e inteligentes. Esto nos
muestra que la justicia sí es posible cuando realmente hay voluntad política
y cuando el profesional que imparte justicia ve con los ojos, el alma y la
inteligencia la justicia y el derecho, sobre todo el derecho internacional.
El derecho internacional pone normas cuando hay un conflicto armado interno,
pone normas cuando hay una guerra. Ellos violaron el derecho internacional,
les importó realmente un comino. Por otro lado, siempre hay una
subvaloración para los pueblos indígenas. La verdad es que el pueblo maya de
Guatemala fue el que sufrió la peor parte. Hay un dato estadístico: 83% de
las víctimas eran indígenas; no tenían nada que ver con el conflicto, pero
como estaban en sus territorios y por ahí pasaban tanto Ejército como
guerrilla, ellos también tenían que sufrir.

-¿Hubo algún tipo de reparación?

-Hubo. Nosotros dejamos recomendaciones, como la de crear un programa para
el resarcimiento a las víctimas. El mismo Estado se comprometió. En los
primeros años, el Estado creó un fondo para reparar a las víctimas en
relación con los objetos que habían perdido, pero también hay una reparación
cultural de los pueblos. Lo otro era cómo van a reparar la pérdida de mi
familia: con justicia. Por ejemplo, las mujeres hoy se ven reparadas. Ya no
vuelve mi padre, ya no vuelve mi hijo, ya no vuelve mi esposo. Pero hubo
justicia. Eso también es una cuestión que reconcilia el alma, aunque el otro
esté vedado en su libertad. Nosotros siempre decimos que fue una guerra en
tiempos de la Guerra Fría, entonces había dos actores que estaban en
contienda en el plano internacional: la Unión Soviética y Estados Unidos.
Estados Unidos, para mantener a toda la América crea su seguridad nacional,
que fue una política para que todo aquel que pensara progresiva o
democráticamente se eliminara porque era un peligro de que despertara otras
mentes de democracia y progresismo. Creo que esos aspectos también
contribuyeron fuertemente, porque ponen la plataforma en contra de todos
aquellos que pensaban que todo se podía resolver en nuestra querida
Guatemala con una forma más visionaria, democrática y humana. Si hablabas de
la justicia eras el enemigo.

-¿Hasta qué punto ese pasado quedó saldado?

-Es una deuda todavía pendiente en Guatemala. Si no se castiga a los autores
del genocidio, Guatemala va a quedar con este asunto pendiente, sin que la
justicia se aplique realmente. Pero no se debe a las fiscales que están
ahora, fue porque las presiones fueron bastante fuertes. Esa deuda de la
aplicabilidad de la justicia real y verdadera es un faltante. No creo que
hayamos llegado a 100%, todavía nos falta. Por otro lado, hace falta también
resolver muchas de las causas de la guerra, como la pobreza, la explotación
económica; eso todavía está latente. También está el racismo, porque eso lo
observamos por el trato que se les dio a los mayas. ¿Por qué 83% de las
víctimas fueron mayas? Ese porqué queda siempre latente, y en la postura
contra el racismo estamos luchando para que hagan políticas sociales
apropiadas, que los presupuestos nacionales vayan orientados a nuestras
necesidades. Falta todavía.

-Decía antes que los indígenas se llevaron la peor parte durante la guerra
civil. ¿Qué pasa ahora?

-Los abusos continúan, sólo que en aquel momento la violación a los derechos
humanos de los indígenas se debía a que consideraban que eran aliados de la
guerrilla, entonces el Estado violó, asesinó, torturó, capturó y
desapareció. Ahora hay otro tipo de persecución contra los indígenas: es por
el extractivismo. Ahora los indígenas se atrincheran, se resisten a que
llegue una empresa transnacional para la extracción minera, porque es
nuestro territorio, es la madre tierra, y no la podemos deteriorar. Entonces
no podemos permitir que destruyan el agua que nos corresponde y que les
corresponde también a las demás personas. Creo que ese es el punto común de
los pueblos indígenas: quisiéramos que todos los grupos humanos entendieran
que lo que estamos defendiendo es la vida, el agua, y el agua no se detiene,
sigue corriendo; cáptenla ustedes también pero para bebida, no para mover
maquinaria que genere capital sólo para una familia. Otras formas de
explotación se dan cuando, por ejemplo, se paga el salario mínimo o cuando
los alimentos no llegan a muchos niños, y hay niños desnutridos. También eso
es calificado como un genocidio que se está dando lentamente, porque es
eliminar a los niños con el propósito de que no continúen los pueblos
indígenas.

-¿Han perseguido y asesinado a activistas en Guatemala? Pensando en lo que
sucede en Honduras, por ejemplo.

-Sí, en Guatemala tenemos la detención de líderes que se han resistido. Han
encarcelado, han asesinado a hombres líderes, han disparado a mujeres, y las
mujeres afortunadamente se han salvado. Así que sí, en ese sentido tenemos
la misma situación que Honduras y otros países. En Honduras asesinan a la
dirigente indígena Berta [Cáceres] y a su segunda, en menos de un mes. Esto
muestra lo que pasa muchas veces con las mujeres que salen al frente de la
resistencia para salvar su río, el agua de su pueblo. Yo creo que debe
hacerse un llamado mundial. Nosotras lo hemos hecho en la CEPAL [Comisión
Económica para América Latina y el Caribe], lo hemos abordado las mujeres
indígenas y las mujeres afro, también otras mujeres aliadas lo han
incorporado en su discurso. Considero que hay que verlo más allá: el agua no
puede privatizarse, el agua es un bien común para todos los seres humanos.

-¿Cuáles son hoy las preocupaciones de Guatemala?

-Bueno, en Guatemala hay grandes preocupaciones, como la violencia terrible
que nos asedia a todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Hay distintas
formas de violencia, la violencia que se ejerce sobre las niñas de 10, 11 y
12 años que están dando a luz. Eso en primer lugar. En segundo lugar,
tenemos también como parte de la violencia -pero aquí tiene mucho que ver
con tipos de desarrollo neoliberal que ejercen presión con el Estado-
problemas profundos como el extractivisimo, el aprovechamiento de las aguas
de los ríos, a los que vacían para la industria. Tenemos también el problema
de que no se consulta a los territorios indígenas, entonces se constituye
una conflictividad social como lo es el tomarse los ríos para generar
energía eléctrica. Pero no se hace con el fin o el propósito de facilitarle
más energía eléctrica a Guatemala, sino para venderla. Eso también es
sumamente fuerte para nosotros, porque la gente que opone resistencia
prácticamente es desinformada, desacreditada y criminalizada. Hay también un
acuerdo entre quienes ejercen este tipo de trabajo industrial y el gobierno,
también con algunos que son operadores de justicia. Hay líderes que por
oponer su resistencia en defensa de la madre tierra y del territorio son
perseguidos o son capturados y procesados. Afortunadamente, en Guatemala
hemos tenido mujeres fiscales y juezas muy efectivas, y en este sentido han
sido tan apegadas a la ley que han revisado los casos, y afortunadamente
hemos obtenido la libertad de los líderes que opusieron resistencia para que
se respetaran los bosques y las aguas. Porque como nosotros decimos,
defendemos la vida, y la vida también es el contexto, el entorno. Si ellos
viven en estas tierras y territorios, si su entorno son los bosques, las
grandes faunas o los grandes ríos, que se respete. Porque es la vida de
ellos. De eso viven, de eso se abastecen. Hoy tenemos carencia del agua,
pero se está orientando a represas para generar energía eléctrica, por un
interés individual y no colectivo. Lo otro, y que también se ve a lo largo
de América Latina, es la pobreza, que se profundizó más en Guatemala.
Habíamos bajado el porcentaje y ahora lo volvimos a ver un poco más alto,
casi de 60%. El desempleo, que afecta a la juventud, que sigue siendo
cooptada por el crimen organizado, por el narcotráfico, porque estamos muy
cerca de México y de Estados Unidos, entonces esto también nos asedia y nos
preocupa fuertemente.

-Leía hace unos días que Guatemala es el tercer país con más femicidios en
América Latina.

-Así es. En Guatemala ha habido, desde 2004 hasta esta fecha, un incremento
de femicidios. A mí me tocó ser coautora e impulsé bastante la ley contra el
femicidio en el Congreso cuando era diputada. Todas las mujeres hicimos un
frente común para que esa ley pudiera salir en el primer año de nuestro
ejercicio como diputadas, y lo logramos. Esta ley ha permitido que las
instituciones que imparten justicia crearan fiscalías especializadas con el
propósito de obtener los casos, profundizarlos, y que haya una resolución
positiva o sentencias que puedan ejercerse sobre aquellos hombres que hayan
cometido ese delito. Entonces sí, es cierto, y nos preocupa fuertemente.
Somos un país que salió de una guerra terrible, y ahora nos encontramos con
un problema porque los procesos de la paz que se firmaron en ese momento no
se desarrollaron como estaban estipulados, y mucho menos hubo la
responsabilidad del Estado para decir dónde estuvieron los focos principales
de la guerra como para atender a las personas, con tierras, con alimentos,
con trabajo, con educación, con salud. Si eso hubiera sucedido, considero
que el proceso de paz en Guatemala habría dado un resultado mucho más
positivo. Cuando se acabó la guerra, los mismos militares abrieron las
puertas al narcotráfico. Eran los que cuidaban las fronteras, eran los que
realmente daban lugar al tráfico de armas, al tráfico de drogas, al tráfico
de patrimonio tangible que tiene Guatemala como producto de una gran
civilización maya. Entonces también eso se les atribuye a los militares de
la época, que eran los que tenían prácticamente el poder; por eso mismo
nosotros lo llamamos “el Estado Ejército”, porque el Ejército impartía
justicia, el Ejército era el Ejecutivo y el Ejército era el Legislativo.
Ellos eran prácticamente el Estado. Nosotros teníamos que estar supeditados
a sus decisiones.

-Hace un año asumió Jimmy Morales como presidente de Guatemala. ¿Cómo es la
relación de este nuevo gobierno con los indígenas?

-Yo lo que veo es que el señor Jimmy Morales no es más que la réplica de los
otros gobiernos. Se ve que es un hombre tranquilo, pero no entró con un plan
de gobierno y eso lo ayudó, aunque las cosas se repitieran de la misma
manera. Repetición significa que los presupuestos no van a resolver
necesidades o situaciones que necesitan las diversas poblaciones. No se ha
resuelto el problema de la violencia común en Guatemala. Estamos en lo
mismo, no tuvimos acciones que nos pudieran garantizar que es un gobierno
con un trabajo planificado. Porque no lo planificó. Por eso es que da pasos
para acá, pasos para allá, retrocede, está improvisando, no está estable.
Entonces los ministerios van resolviendo casos administrativos pero no
logran cumplir con su propio objetivo cualitativo. Es un gobierno, siento
yo, muy blando. Queremos un gobierno que entre con su plan y que no se deje
presionar. Por lo mismo que es blando cree que hay que quedar bien con todos
los que lo presionan, menos con la gran mayoría. Creo que se equivocó el
señor, lamentablemente. Debería hacer una revisión muy concienzuda del
trabajo que ha hecho durante estos meses. Ya termina el primer año y va a
salir reprobado, realmente, porque no vemos los avances cualitativos. En
conclusión, un gobierno bastante débil, muy blando, que no entró con un plan
decidido. Entonces, sí, estamos en una Guatemala en donde no está pasando
nada.

-¿Qué postura adopta la sociedad civil en este sentido?

-Hoy la juventud está cambiando en Guatemala. A partir de lo que pasó el año
pasado, que nos levantamos en contra de la impunidad, en contra de las
grandes mafias que tiene el Estado. Fue un punto de inflexión. Nos
levantamos, en toda Guatemala, para pedirle la renuncia al presidente [Otto
Pérez Molina], y ese presidente hoy está preso porque se detectó que fue el
cabecilla de las mafias de las altas corrupciones en todos los niveles. El
caso de corrupción conocido como “La Línea”, el caso del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, el caso de la cooptación del Estado, el
caso también de “El Botín” del Registro General de la Propiedad, un botín
bastante llamativo, que nos sorprendió, y el caso de La Portuaria, la
terminal aérea guatemalteca. Lo del año pasado ha demostrado lo que podemos
hacer los ciudadanos para sacar a la gente corrupta y tener al grupo que
administra justicia en la línea de administrar justicia.

-¿Qué mecanismos tiene la sociedad civil para interactuar con el gobierno?

-En estos días hay un llamado para expresar el descontento por una parte,
pero hay otra cosa también. Descubrieron que en el caso de El Botín del
Registro de la Propiedad están involucrados el hijo del presidente y el
hermano del presidente. Entonces hoy están arraigados, no pueden salir del
país, y están estudiando el caso para poder llamarlos a audiencia. En ese
proceso están el hijo y el hermano del presidente. ¡Y su eslogan era “ni
corrupto, ni ladrón”! Es una paradoja. Ahora, según las noticias, también el
hijo del vicepresidente está involucrado con el lavado de dinero. No
queríamos más esto, pero esto nos demuestra que la cosa continúa. Estamos en
alerta. Quisiéramos que acabaran esas desigualdades, esas injusticias, ya no
queremos más violencia, no queremos más violencia sexual para las niñas ni
queremos más acoso sexual para la juventud en las calles. Promocionamos la
vida digna y los derechos de las mujeres, y pedimos que todos vivamos en paz
y en armonía. Ya no queremos más injusticias.

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