Brasil/ muerte y venganza en la favela Ciudad de Dios [Agnese Marra]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

25 de noviembre 2016

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Brasil

Muerte y venganza en Ciudad de Dios

En Rio de Janeiro siete jóvenes marginales fueron ejecutados por la policía
en la favela Ciudad de Dios. La caída de un helicóptero de la policía dentro
de la comunidad inició una oleada de violencia que se añade a la guerra
abierta entre el narcotráfico y las milicias. En todos los bandos las
víctimas son las mismas: negros, jóvenes y pobres.

Agnese Marra, desde Río de Janeiro

Brecha, Montevideo, 25-11-2016

http://brecha.com.uy/

Durante esta semana 14 mil estudiantes cariocas no pudieron ir a la escuela.
Algunos comercios de las favelas de Ciudad de Dios y de La Maré bajaron sus
cortinas y colgaron el cartel de “Cerrado”. Padres y madres volvieron a ese
estado de pánico que aparece cuando se teme que una bala perdida pueda
arrancarle la vida a un hijo.

Todo comenzó el pasado sábado. La favela que se hizo conocida
internacionalmente con la película del brasileño Fernando Meirelles pasó la
madrugada del viernes bajo el ruido de disparos que se prolongarían casi 24
horas. La guerra por recuperar territorio entre los narcotraficantes del
Comando Vermelho y las milicias de la zona oeste provocó la intervención
policial alrededor de las doce de la mañana. Esta escena, que se produce
semanalmente desde que Rio de Janeiro dejó de ser ciudad “olímpica” para
volver a ser tan sólo “maravillosa”, habría pasado desapercibida si no fuera
porque a las 19.30 del sábado un helicóptero de la Policía Militar cayó
dentro de Ciudad de Dios. Los cuatro agentes que iban dentro fallecieron en
el acto.

Sin contrastar las informaciones, los medios publicaron una primera teoría
según la cual el helicóptero habría sido derribado a tiros por los
narcotraficantes. Los habitantes de la comunidad ya sabían lo que vendría
después: más tiros, más muertes, invasiones de sus casas, ocupaciones de
territorio, hijos muertos.

Cuando llegó la noche una centena de vecinos se juntaron para ayudar a
buscar a familiares que echaban en falta. Después de horas de búsqueda, en
plena mata atlántica, encontraron siete cuerpos. La segunda noticia del fin
de semana llegaba a primera hora del día con la foto de los siete cadáveres
amontonados en una plaza, tapados con sábanas y rodeados por familiares y
vecinos que contemplaban la escena: todos negros, todos jóvenes, todos
pobres.

La imagen coincide con las cifras. Según el informe 2015-2016 de Amnistía
Internacional (AI), de las 58 mil personas asesinadas el último año en el
país, al menos 77 por ciento eran negras, jóvenes, y habitantes de favelas.
El director de AI, Atila Roque, usaba otra imagen impactante para describir
esos números: “Es como si cada dos días se cayera un avión lleno de
jóvenes”.

“Bandido bom, bandido morto”

A última hora del domingo el secretario de Seguridad, Roberto Sá, informó
que la pericia del helicóptero no había mostrado impactos de bala, y aseguró
que los agentes habían fallecido a causa del impacto y no por disparos. Los
medios empezaron a corregir su error, mientras policías del Batallón de
Operaciones Especiales (Bope) se jactaban en Facebook de la muerte de los
siete jóvenes: “Ahora todos se ponen a llorar, pero con nosotros no se
juega”.

Los padres de los jóvenes asesinados reconocieron que la mayoría de las
víctimas estaban vinculadas con el tráfico de drogas, pero denunciaron que
aquel hecho no justificaba que hubieran sido “ejecutados a sangre fría, con
tiros en la nuca, en la espalda, amputaciones y robo de pertenencias, como
el anillo de casado de uno de ellos”, contaba a Folha de São Paulo el pastor
evangélico Leonardo Martins da Silva, padre de uno de los asesinados. “¿Por
qué no los llevaron a la cárcel? ¿Por qué matarlos?”, decía una de las
madres mientras contemplaba a su hijo en el suelo, según relataba el mismo
diario.

Esa pregunta, lógica en cualquier parte del mundo, podría parecer retórica
en Rio de Janeiro, el segundo estado, después de San Pablo, donde la policía
mata más gente. Según datos de Amnistía Internacional, en los últimos seis
años la policía carioca ha sido responsable de entre un 13 y un 21 por
ciento del total de asesinatos cometidos en la ciudad. En 2015 una de cada
cinco personas fallecidas murió por “homicidio derivado de acción policial”.

Pero este hecho le parece normal a parte de la sociedad, que apoya la
popular frase “bandido bueno, bandido muerto”. El último Anuario Brasileño
de Seguridad Pública señala que 50 por ciento de la población concuerda con
esta sentencia: “El Estado fracasó e incentivó una política de seguridad que
estimula la confrontación y la idea de guerra”, explicaba el soció­logo
Renato Sérgio de Lima, vicepresidente del Foro Brasileño de Seguridad
Pública.

Esta misma semana la conocida presentadora de televisión Fátima Bernardes
planteó en su programa una pregunta relacionada con el estreno del
documental Bajo presión, que trata el tema de la atención médica de
emergencia. La cuestión que lanzó al público fue la siguiente: “¿A quién
salvaría primero: a un traficante gravemente herido o a un policía con una
herida leve?”. La pregunta derivó en un debate que duró toda la semana y del
que la presentadora salió muy mal parada, ya que en un momento reconoció que
“normalmente se atiende al más grave”. Varios policías comenzaron a atacar a
Bernardes, quien llegó a sufrir amenazas de violación en las redes. El
diputado y ex policía Jair Bolsonaro (un Donald Trump a la brasileña) fue
uno de los primeros en meterse con la periodista, la cual a los pocos días
de la polémica quiso dejar claro que para ella “el policía siempre está
primero”.

Los datos que presentó el pasado mes de julio Human Rights Watch (Hrw)
parecen avalar que la tesis de “bandido bueno, bandido muerto” sería
amparada desde el sistema judicial cuando ignora las denuncias que le
llegan. El fiscal general de Rio de Janeiro, Marfan Martins Vieira,
reconocía en el informe de Hrw que “gran parte de los enfrentamientos en los
que había muertos por la acción policial eran simulados” y confirmaba que el
Ministerio Público admitía “poquísimos casos de denuncias a policías”.

El sistema judicial también llamó la atención esta semana cuando la jueza
del estado de Rio de Janeiro Angelica Santos Conta libró un mandato que
permite la invasión y aprensión colectiva en las residencias de los
habitantes de Ciudad de Dios bajo la justificación de buscar armas: “¿Dónde
se ha visto tamaña aberración de permitir entrar de esa manera en las casas
de la gente de la favela? No he visto nada parecido con los habitantes de
Jardín”, uno de los barrios más caros de San Pablo, denunció la socióloga
Esther Solano.

El mandato de la jueza Santos no ha hecho más que legalizar una práctica
habitual de la policía, cuestionada desde hace años por asociaciones
internacionales y por los propios vecinos de las comunidades. El pasado mes
de mayo Irone Santiago, madre de otra víctima policial, le contaba a Brecha
cómo durante el año en que la Policía Militar ocupó La Maré la invasión de
las casas a cualquier hora era habitual: “Entraban y nos robaban nuestros
enseres, amenazaban con matar a nuestros hijos, por no hablar de las balas
perdidas”, decía.

Crisis de seguridad

El lunes 21 comenzaron las ocupaciones en Ciudad de Dios, y también en La
Maré. Agentes de la Policía Militar y de la Fuerza Nacional entraron a
primera hora de la mañana para quedarse. La Secretaría de Seguridad de Rio
de Janeiro no ha confirmado por cuánto tiempo se quedarán. La duración del
lapso que estén allí también dependerá de cómo el secretario Roberto Sá
solucione la grave crisis de seguridad que atraviesa el estado.

A lo largo de la semana se supo que el helicóptero accidentado no sólo no
había caído por disparos, sino que los motivos tendrían que ver con
problemas técnicos, un hecho que no sorprendió a los agentes, que sabían que
desde hace un año la Policía Militar no pagaba la manutención de las
aeronaves por falta de dinero.

Fue precisamente la falta de recursos y el aumento de la violencia de los
últimos meses lo que hizo dimitir en octubre al antiguo secretario de
Seguridad, José Alberto Beltrame, uno de los principales precursores de las
Unidades de Policía Pacificadora de las favelas. Hoy en día diversos
sociólogos consideran que el modelo ha fracasado. La crisis económica que
atraviesa el estado de Rio de Janeiro tiene desde hace meses a los policías
sin recibir sus salarios (ya de por sí escasos) en fecha, ha dejado a
decenas de patrullas sin poder salir a la calle por falta de dinero para
gasolina, y mantiene a las oficinas sin papel higiénico en los baños y sin
tinta ni papel en las impresoras.

Con la crisis de la seguridad la violencia no ha hecho más que aumentar, y
los policías también mueren más que nunca. En los últimos dos meses el
asesinato de agentes, tanto durante su jornada laboral como fuera de ella,
se ha triplicado. El ciclo de venganza parece no tener fin y las víctimas
siempre son las mismas. “El pasado lunes en el cementerio no se podía
distinguir a las madres de los policías muertos de las de los
narcotraficantes. Eran iguales: negras y pobres”, resumía Celso Athayde,
fundador de la Central Única de Favelas.

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