Uruguay/ violencia de Estado: muertes de presos y arbitrariedad policial en el sistema penitenciario [Acosta - Núñez - Testimonios]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

10 de setiembre 2016

Boletín Informativo

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Uruguay

Las muertes en el sistema penitenciario

Todos los fuegos el fuego

El testimonio de nueve mujeres que visitan a sus presos

En las cárceles se apaga un incendio y se reaviva otro. Ya van 31 presos
muertos en lo que va del año, y el contador no parece detenerse. Sólo una
muestra de esa emergencia ocurrió este miércoles, cuando varios presos
asesinaron a un compañero e hirieron a otros en el ex Comcar, se suicidó un
recluso en la ex Cárcel Central y se desató un motín en Las Rosas.

Venancio Acosta/Betania Núñez

Brecha, Montevideo, 10-9-2016

http://brecha.com.uy/

En la oficina de Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el
sistema penitenciario, hay un mapa de Uruguay intervenido por alfileres de
colores. Los rojos señalan las cárceles donde el sistema penitenciario tocó
fondo, donde se encuentra recluida 70 por ciento de la población total.
Principalmente reunidas en el área metropolitana, allí es posible localizar,
también, los establecimientos donde murió la mayoría de los 31 presos en lo
que va de 2016, según datos a los que accedió Brecha, actualizados al día de
ayer (véanse gráficos).

El ex Comcar y el penal de Libertad lideran el podio de muertes: la mayoría
son catalogadas como “violentas” y aluden a situaciones derivadas de la
convivencia, como la que ocurrió este miércoles, cuando una pelea entre
presos terminó con un muerto –que fue envuelto en un colchón por sus
compañeros y prendido fuego– y varios heridos. Además, de las 31 muertes en
todo el sistema, siete corresponden a suicidios y tres a hechos cuyas causas
no han sido despejadas, al menos en su versión oficial: una de ellas, de
hecho, está catalogada como posible omisión de asistencia, la segunda está
pendiente de autopsia y la tercera sigue en los juzgados, ya que un preso
cayó al vacío y se piensa que la guardia puede haberlo de­sestabilizado al
dispararle con balas de goma.

Más allá de las riñas carcelarias divulgadas por la crónica roja o los
alegatos fríos vertidos por las autoridades, el malón de fallecimientos
denuncia por sí solo que en el sistema penitenciario hay demasiadas cosas
que funcionan mal. Especialistas consultados por Brecha describen, por
ejemplo, que algunos módulos del ex Comcar son espacios autogobernados, y
relatan que, por la falta de personal, durante las noches los pocos policías
que hay se retiran y, aprovechando que la mayoría de los barrotes están
limados, los presos salen a las “calles” de la megacárcel, habitada por
3.500 personas. Lo mismo cuentan las madres de los presos, con base en las
historias que sus hijos les trasmiten: “De noche circulan por todo el
Comcar, hacen terrible despliegue, andan armados, venden droga. Los guardias
los dejan porque no los pueden controlar”.

En este escenario, Petit aguarda que el Instituto Nacional de Rehabilitación
(Inr) reúna los datos necesarios para digerir la cifra de muertes y la
cantidad de hechos similares registrados en años anteriores. En diálogo con
Brecha, el director del Inr, Crisoldo Caraballo, resaltó que la cifra actual
es “muy alta”, y agregó: “La explicación es que evidentemente la
conflictividad aumentó muchísimo en la sociedad, y nosotros tenemos a todos
los que están en conflicto con la ley penal juntos. Eso hace que lo que
afuera se puede resolver por otros caminos, en la cárcel aparezca sin que
haya muchas maneras de evitarlo”. El diagnóstico difiere de la visión del
comisionado, sintetizada en cinco informes donde se explaya acerca del
carácter deficitario de las principales cárceles del país.

“La cifra de muertes violentas es elevada y está incluso superando guarismos
de 2007 y 2008, años de gran violencia dentro del sistema carcelario”,
afirmó a Brecha el ex comisionado parlamentario Álvaro Garcé, refiriéndose a
la actual cifra de fallecidos. “Prácticamente está en el nivel de los
máximos históricos, y faltan tres meses más del año. Y eso que no se produjo
un episodio de muertes masivas como en 2010, cuando el incendio en la cárcel
de Rocha”, indicó. Garcé había renunciado al cargo en 2014, y la oficina
quedó acéfala. Sobre el ínterin no había datos, pero el director del Inr
aseguró a este semanario que el número de muertes registrado el año pasado
–“entre muertes violentas, suicidios y fallecidos por enfermedad o por otras
causas”– fue de 43 personas.

Alarmas

“No es posible gestionar una cárcel para 3.500 personas”, dice el
comisionado, en alusión al grueso de los incumplimientos que se vienen
registrando en la Unidad 4 (ex Comcar) y que se condensan en dos informes
especiales que ha dirigido al Parlamento en los últimos meses. El gran
monstruo del sistema penitenciario uruguayo alberga a más del 30 por ciento
de la población total de privados de libertad del país. Sus módulos 8, 10,
11 y 12 representan el núcleo duro de degradación de un cuadro general que
ha sido descrito por Petit como “sombrío y preocupante”, y por los
familiares como “un depósito de gente. Hay módulos en los que viven 700,
donde conviven seis o siete por celda, sin salir a un patio en todo el día”.

En abril el comisionado constató –en los módulos 8, 10 y 11– un ambiente de
convivencia tenso, “traumático y explosivo”, provocado por la nula presencia
de actividades laborales, deportivas o educativas, y empeorado por el
hacinamiento, las pésimas condiciones edilicias y los roedores que infestan
las celdas. No hay rastros de programas para el tratamiento de adicciones,
no hay emprendimientos productivos o laborales, ni orientación familiar, hay
grandes déficits en la atención sanitaria (con casos en los que urgía un
seguimiento médico y apoyo en salud mental), todo eso quedó sentado en la
advertencia.

Se recomendaba además, entre otras cosas, solicitar apoyo a ­Asse
(Administración de los Servicios de Salud del Estado) y al Msp (Ministerio
de Salud Pública) reforzar los recursos técnicos, recurrir a la Intendencia
de Montevideo para remover los basurales y reformar el sistema de visitas,
cuyo diseño oprobioso para los familiares era considerado otra fuente de
violencia interna.

“Lo más grave es que no importa lo que les pase, no los llevan a la
policlínica, sólo llevan a los que están con una puñalada grave. Ellos si
tienen un ataque de asma se cortan para estar sangrando, y así se aseguran
de que los lleven. Ya murió un muchacho en su celda por un paro
respiratorio”, dice una madre, refiriéndose al posible caso de omisión de
asistencia.

A fines de junio el número de presos que concurrían a actividades laborales
y educativas seguía siendo ínfimo, y la atención médica y psicológica
continuaba siendo insuficiente. Con respecto al encierro, se señalaba que
“en el mejor de los casos los internos tienen media hora de patio por
semana. En algunos casos pasan semanas y meses sin salir”. La rotura de
barrotes o el “paseo” por los módulos se sancionaba prohibiendo las visitas,
lo cual tensaba la convivencia en celdas que frecuentemente alojan a más del
doble de su capacidad. “La suma de problemas y vulnerabilidades hace de la
convivencia un escenario tenso, lleno de fricciones, desencuentros y
estrategias de supervivencia donde surge la violencia una y otra vez.” Se
requería, una vez más, una intervención urgente, y se repetían
recomendaciones.

Además de los módulos 8, 10 y 11, otros escollos del sistema merecieron
referencias de Petit. El Módulo 12 registró niveles de aislamiento extremo
denunciado también por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh)
por graves violaciones a la normativa (véase Brecha, 12-VIII-16). Respecto
del Sector 5 de la Cárcel de Mujeres se denunció la absoluta ausencia de
programas de rehabilitación, las carencias edilicias, la falta de
intervención médica y técnica en general, entre otros incumplimientos que
alcanzaban a todo el establecimiento.

En cuanto a la situación del Módulo 12, en contraposición con lo afirmado
por la Inddhh y el comisionado, Caraballo se limitó a explicar que allí
funciona un “régimen especial de reclusión” que respeta las normas
nacionales e internacionales. “Hay una aumento de los beneficios de acuerdo
a los procesos que la persona vaya teniendo, en función de los procesos de
su privación de libertad”, indicó; recalcando que, luego de las denuncias,
los reclusos salen de la celda más seguido, reciben visitas y pueden fumar
en el patio. Por otra parte, coincidió con las consideraciones de Petit
respecto del Sector 5 de la Cárcel de Mujeres: “Hay que arreglarlo”, dijo,
apuntando a la gradualidad de los procesos institucionales.

Por lo demás, la oficina del comisionado parlamentario lleva adelante cuatro
acciones judiciales en contra de los guardias de la Unidad 4 (ex Comcar) y
del penal de Libertad por situaciones de violencia contra los internos, que
se suman a procesos anteriores por una represión en el penal en febrero de
este año.

Puntos de vista

“No pasamos el examen”, dice Juan Miguel Petit a Brecha, respecto del
cumplimiento de la normativa nacional e internacional. “Estamos mejor, pero
seguimos estando muy mal”, se ha habituado a decir a la prensa en los
últimos meses, intentando trasmitir que el sistema está partido en tres: un
grupo de centros que cumplen con lo requerido, un grupo que no lo hace, y un
tercer grupo –el más populoso– que está “rematadamente mal” (donde incluye
al Comcar, al penal de Libertad, a la cárcel de Canelones y al quinto nivel
de la Cárcel de Mujeres).

“Las violencias, las muertes, los suicidios, la tensión que hay, todo apunta
a lo mismo: la baja densidad de intervención técnica. Hay lugares donde te
desespera ver gente joven que entra, transcurren dos o tres años y no pasa
nada. Lo que pasa es el deterioro, deterioro y más deterioro”, apunta Petit,
y concluye: “Acá el responsable es el Estado, y lo que está faltando es la
presencia del Estado”.

Sobre este punto, Crisoldo Caraballo dijo a Brecha que no sólo al Inr
(Instituto Nacional de Rehabilitación) le corresponde llevar adelante los
programas de rehabilitación: “También tiene que trabajar en equipo e
integrar otros estamentos de la sociedad –subraya–. Hemos abierto las
puertas para que ingrese el rugby, el ajedrez, la murga, la pintura,
etcétera. Y hemos intentado fomentar la educación formal y no formal. Que
todavía nos está faltando, sí”, asume. Según el director del instituto, en
el primer semestre de este año ingresaron cerca de 1.800 presos a las
cárceles de la zona metropolitana, y a la par se prevé el ingreso de más
policías y más operadores civiles. “Pero los trámites a veces demoran”,
apunta. No obstante, una especialista que ingresa habitualmente a las
cárceles indicó a Brecha que el personal es completamente insuficiente y su
modelo de trabajo es “espantoso”: agentes que viven cerca de la frontera con
Brasil vienen a la zona metropolitana a cumplir funciones, se instalan en
las cárceles durante una semana –donde comen, duermen, viven–, y luego hacen
500 quilómetros de vuelta a sus casas.

“A gestionar”

A comienzos de este mes Gonzalo Larrosa fue nombrado director del ex Comcar
después de haber conducido la cárcel de Canelones y, más recientemente, la
Unidad 13, Las Rosas, de Maldonado. Previo a asumir el mando del
establecimiento más fatídico del sistema dio el primer paso en falso. En una
entrevista con El Observador TV respecto de las condiciones de reclusión en
la Unidad 4 espetó: “A veces el Estado, no intencionalmente sino por falta
de recursos, termina en estas situaciones donde se están violando los
derechos básicos de las personas”. Según supo Brecha, la extroversión de
Larrosa –quien además de policía es licenciado en ciencias de la educación–
no cayó en gracia a las autoridades del Ministerio del Interior (MI), y el
relacionamiento con la prensa le fue restringido desde entonces
(literalmente, desde el MI la comunicación a Brecha fue que las autoridades
le ordenaron “que se pusiera a gestionar y dejara de dar entrevistas”).

El miércoles pasado Juan Miguel Petit visitó la Unidad 4, ex Comcar.
Estuvieron presentes Larrosa y Crisoldo Caraballo, director del Inr. Se
llevó adelante una requisa (el martes fue día de visitas) que, según el
comisionado, ocurrió sin complicaciones. A pesar de haber transcurrido
apenas una semana del nombramiento del nuevo director, Petit indicó que “se
respiraba un aire nuevo”. Sin embargo durante la noche murió otro preso en
el Módulo 8. También se suicidó un recluso en la ex Cárcel Central, hoy
Unidad de Ingreso, Diagnóstico y Derivación. El mismo día ardieron colchones
en Las Rosas (Maldonado) y un grupo de presos quiso impedir el ingreso de la
guardia. Un día después el foco está apagado, pero sólo momentáneamente.

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El testimonio de nueve mujeres que visitan a sus presos

Un poco adentro, un poco afuera

La antesala a la visita la ocupan tres o cuatro horas de espera a la
intemperie, llueva, truene o haga sol. “Yo un día estuve 7 horas, y al final
pude verlo sólo 15 minutos”, cuenta una mamá, que desde el año pasado va al
Comcar a visitar a su hijo. En la puerta de ese centro, un papel anuncia
cuáles alimentos se pueden ingresar, pero la lista cambia en cada visita,
así que ya de antemano se sabe que una parte del surtido no va a pasar. “Mi
hijo tiene problemas de adicción y me pide algo dulce. De repente lo único
que le pude llevar un día fueron unas galletas y unos ojitos, pero no me los
dejaron entrar y me los devolvieron hechos puré. Ya entré indignada, porque
los podría haber guardado para mis otros hijos, y de repente te pasa que
atrás viene alguien con lo mismo que vos y se lo dejan entrar”. Como si
continuara esa idea, la esposa de un preso del penal de Libertad aporta: “Me
ha pasado que un guardia le pregunte a otro: ‘¿hoy entra esto?’ Adelante
tuyo le contestan que sí, pero él dice que no, que hoy no”.

Luego viene la revisación. Pasan por un escáner, pero algunas veces también
les exigen que se desnuden. Como con la comida, negarse, protestar,
insistir, cualquier reacción termina en sanción. El resultado: 30, 60 o 90
días sin poder ver al familiar, o lo que en muchos casos es lo mismo, sin
que sus familiares puedan recibir una visita. Así que “una se acostumbra a
agachar el copete”, resume una mamá, y otra dice: “Hay mucha judiada, pero
te tenés que callar”.

El color de la ropa, y últimamente también el de la ropa interior, es otro
de los filtros. Dicen, pero sin demasiada certeza del criterio que se
esconde detrás, que celeste, azul y negro no, porque esas ropas podrían
dejarlas a sus familiares para que intenten camuflarse con operadores y
policías. Tampoco se permiten, en general, polleras o calzados que exhiban
la piel de los pies. Cuál es la vestimenta adecuada es tan difícil de prever
que hay puestos de alquiler de ropa afuera de las cárceles que –al menos
frente al Comcar– cobran 60 pesos por cualquiera de las prendas (buzo,
pantalón o calzado) y en garantía toman lo que la persona se tiene que
quitar. “Yo entré durante años con un pantalón y un día me dijeron que con
eso no entraba. Ese día salí llorando porque no sabía si me alcanzaba la
plata, y si no me alcanzaba no veía a mi hijo. Terminé alquilando un
pantalón que me quedaba enorme”, cuenta una mamá, y otra le responde: “Sí,
hace poco a una que estaba en la cola le hicieron sacarse el sutién. Así
nomás. Y una no va a estar alquilando ropa interior”.

“El único criterio es la arbitrariedad”, coinciden, después de la
enumeración, dos grupos de mujeres que –algunas desde hace meses, otras
desde hace años– visitan a sus familiares presos en el Comcar y en el penal
de Libertad. “A mí me parece que todo esto no viene de arriba. Son ellos
(los guardias) los que deciden en el momento”, explica una mamá, y otra lo
resume: “el Comcar es improvisado, caótico, arbitrario. En los módulos 10 y
11 los presos y los policías son la misma cosa”. El mismo comentario podría
aplicarse al penal.

Las mujeres con las que habló Brecha señalan también que no hay manera de
que la cantidad de droga que circula adentro de la cárcel sea entrada
únicamente por las visitas, lo mismo que los celulares. “Los presos
intercambian cosas a través de cuerdas que comunican una celda con otra. La
celda que tiene más cuerdas es ‘la boca’, y es obvio que la Policía sabe y
no lo desarticula. Si a nosotros nos revisan tanto, ¿cómo permiten eso? Los
reclusos consumen pasta adelante de los policías y nadie les dice nada.” Y
es que adentro de la cárcel se negocia todo: “Cambio de celda, no pasar
sanciones, soldar la reja”, a cambio de una caja de cigarros, refrescos,
comida, a cambio de los giros: “Te dan un número de cédula y hacés el giro”,
cuenta una madre, y otra agrega que “un giro de celular te sale 4 o 5 mil
pesos, pero si ves que es de 500, 600 o 700 ya sabés que es para droga,
entonces, si lo pagás, está en vos”. También agregan que no es cierto que no
se encuentre efectivo: “Esa es la plata viva, como le dicen”.

Estas mujeres relatan que, adentro de ambos centros, la mugre y las ratas
pintan un paisaje similar. En el Comcar, la mayoría de las visitas son
dentro de los módulos, donde viven los presos, y para evitar sentarse en el
suelo, los reclusos ofrecen sus colchones. Además, el baño no tiene puerta y
hay que hacer en puntitas de pie, pero aun así, a veces las parejas
prefieren ese ambiente para concretar sus visitas conyugales, mientras los
niños corretean por ahí. En el penal, “una forma de amedrentar al que
ingresa son los charcos de sangre que dejan días después de las peleas o los
motines. Yo vi sacar de La Piedra a un muchacho herido en carretilla”,
cuentan, y algo parecido también pasa en el Comcar: “Supimos que una madre
había ido a visitar a su hijo y cuando llegó a la puerta del módulo le
dijeron que no entrara porque se acababa de ahorcar. Cuando alguien muere,
no avisan. Te enterás cuando vas y no está. Una vez yo vi un cadáver arriba
del carro en el que trasladan la comida”.

El martes pasado fue día de visitas en el Comcar. Desde temprano había dos
filas para entrar, que se fueron engrosando a medida que pequeños grupos
trasegaban mercaderías en grandes bolsas de nailon desde los almacenes de
enfrente del predio: fideos, agua mineral, bandejas con ojitos, papel
higiénico. Lloviznaba. La primera fila era para los hombres, y se contaban
poco más de diez. La fila de las mujeres los rebasaba: mujeres y siempre más
mujeres, las que para enfrentar este infierno particular tuvieron que
memorizan la normativa, las que preparan el surtido para la visita, llaman a
los módulos, preguntan, enfrentan a los jerarcas. Y una vez afuera, admiten:
“A la sociedad le importa tres carajos lo que nosotros pasamos, porque
nuestro familiar robó. Como a nadie le importa, los policías te golpean sin
problema, sentís que te tratan como lo peor de la sociedad. Nuestros
derechos son vulnerados, pero lo que siente la gente es que estamos
recibiendo nuestro merecido”.

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