Capitalismo/ evasión fiscal, un delito de ricos a costa de los pobres [Jérôme Duval]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

14 de setiembre 2016

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Capitalismo

Evasión fiscal, un delito de ricos a costa de los pobres

Jérôme Duval *

Diagonal, 4-9-2016

https://www.diagonalperiodico.net/

Cerca de 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, principalmente
en los países llamados “en desarrollo”. No obstante, en estos países, al
menos 250.000 millones de euros de ingresos fiscales desaparecen cada año en
los paraísos fiscales, o sea, seis veces el importe anual necesario para
luchar y vencer el hambre hasta 2025. “Se ha calculado que entre el 85% y el
90% de esa riqueza pertenece a menos de 10 millones de personas —apenas el
0,014% de la población mundial—, y una tercera parte como mínimo pertenece a
las 100.000 familias más ricas del mundo, cada una de las cuales posee un
patrimonio neto de 30 millones de dólares como mínimo”, según el Estudio
final sobre los flujos financieros ilícitos de la ONU.

Son entonces los más adinerados los que se aprovechan de la reducción de
ingresos fiscales por fraude, lo que perpetúa y empeora las desigualdades.
Parece lógico que los más ricos, que se aprovechan de los beneficios de sus
empresas, tendrían que contribuir con una redistribución a favor de los más
pobres a través del impuesto sobre los beneficios de estas empresas. Sin
embargo, la plusvalía generada por la explotación de la fuerza laboral se
evapora en territorios paradisíacos para la oligarquía que gobierna y
legisla.

Se trata de un robo organizado a gran escala –ilegítimo y no conforme a
cualquier idea de desarrollo humano– de una riqueza que pertenece a aquellos
y aquellas que la han creado con su trabajo, y que debería financiar los
servicios públicos. De hecho, el impuesto sobre los beneficios, así no
redistribuido para el bien común porque escapa al fisco, permite al
capitalista optimizar la plusvalía obtenida del trabajo intentando,
ilegalmente o no, privatizar su totalidad.

El fraude obstaculiza el desarrollo

El fraude y la evasión fiscal, que son practicados por las multinacionales
ayudadas por grandes sociedades de auditoría, sobre todo (los famosos big
four: Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG y Price Waterhouse
Coopers), son una verdadera calamidad que entorpece el avance de un
desarrollo real para las poblaciones empobrecidas por estas políticas.

Esta hemorragia de capitales impide la construcción de hospitales y el
empleo de médicos con salarios dignos; el equipamiento de escuelas a la
altura del reto acompañado de una contratación de profesores para reducir el
número de alumnos por clase; la implantación de redes de suministro de agua
potable, etc. Para el periodo 2008-2012, Global Financial Integrity estima
que en 31 países en desarrollo las salidas de fondos ilícitos fueron
superiores a los gastos públicos de salud, y que en 35 países en desarrollo
fueron superiores a los gastos públicos de enseñanza.

En su informe Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013,
la misma organización constata que los países calificados de “en desarrollo”
y las economías emergentes perdieron 7,8 billones de dólares en los flujos
financieros ilícitos desde 2004 hasta 2013, con salidas ilícitas cada vez
más importantes, aumentando una media de un 6,5% al año, casi dos veces más
rápido que el PIB mundial.

Crecimiento de las desigualdades

Tantas necesidades evidentes y, sin embargo, indispensables para el avance
de un verdadero desarrollo se abandonan en favor de una clase oligárquica
que no para de enriquecerse. El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) ha indicado que el 8% de la población mundial más rica
recibe la mitad de la totalidad de los ingresos, mientras que la otra mitad
se reparte entre el 92% restante. La riqueza concentrada en manos del 1% más
rico ha ascendido al 48% de la riqueza mundial en 2014 frente al 44% en
2010. Durante los últimos 20 años, las desigualdades de los ingresos han
aumentado en los países en desarrollo.

El fraude fiscal merece un poco de seriedad, y sobre todo una justicia que
sancione a los culpables. En ello va el desarrollo de países empobrecidos
por el “sistema deuda”. En su informe, el experto independiente sobre la
deuda de la ONU, Juan Pablo Bohoslavsky, insiste en la necesidad de combatir
los flujos financieros considerados ilícitos, que “contribuyen a la
acumulación de una deuda insostenible, porque la falta de ingresos públicos
puede forzar a los gobiernos a acudir a los préstamos exteriores”.

En vez de endeudarse para hacer frente a esta hemorragia de capitales que
constituye el fraude fiscal, dichos flujos ilícitos privan a los Estados de
recursos que podrían financiar actividades indispensables para la
eliminación de la pobreza y para la consecución de derechos económicos,
sociales, culturales, civiles y políticos.

Al término de este informe, una resolución sobre la evasión fiscal y la
necesidad de devolver los activos malversados a los países calificados de
“en desarrollo” fue adoptada a nivel del Consejo de los Derechos Humanos de
la ONU. El 24 de marzo de 2016, ningún Estado europeo votó a favor. Bélgica,
Francia, Alemania, Países Bajos, Suiza, Reino Unido, Portugal, Albania,
Eslovenia, Letonia, Georgia, la República de Corea, la Ex-República
yugoslava de Macedonia, México y Panamá se abstuvieron.

* Jérôme Duval, miembro del Comité para la Abolición de las Deudas
Ilegítimas (CADTM).

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