Venezuela/ poderes paralelos, redoblada confrontación [Humberto Márquez]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

8 de julio 2017

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Venezuela

Redoblada confrontación

Poderes paralelos

Venezuela va en camino hacia una dualidad institucional: dos elecciones
contrapuestas, dos fiscalías, dos parlamentos, dos tribunales supremos y dos
poderes electorales, sin atisbos de convergencia entre la agenda del
gobierno y la de sus opositores.

Humberto Márquez, desde Caracas

Brecha, 7-7-2017

http://brecha.com.uy/

Cada 5 de julio Venezuela conmemora el día de 1811 en que su primer congreso
proclamó la independencia de España, y los actos más publicitados son una
sesión solemne en el parlamento y una parada militar. Este año, mientras en
la radio y la televisión se trasmitía el desfile castrense con la presencia
del presidente, Nicolás Maduro, grupos civiles identificados con el
oficialismo, que habían rodeado el capitolio en el centro de Caracas,
franquearon una frágil custodia militar y en una acción relámpago atacaron
con tubos y maderos a parlamentarios, empleados, invitados y periodistas. El
saldo fue de cinco diputados, siete trabajadores y tres comunicadores
heridos. Las imágenes de parlamentarios ensangrentados por heridas en la
cabeza coparon la jornada y dispararon alarmas en capitales de ambas orillas
del Atlántico.

El episodio se inscribe en la guerra de poderes que libran palmo a palmo,
desde hace año y medio, la oposición que se hizo con la mayoría en la
Asamblea Nacional (parlamento) y el gobierno del presidente Maduro, quien ha
convocado a elegir una asamblea nacional constituyente el próximo 30 de
julio para resolver la confrontación.

La oposición, guiada por la coalición Mesa de Unidad Democrática (Mud),
rechaza acudir a la constituyente porque la considera fraudulenta, sobre
todo porque su composición y elección negarían el principio de una persona
igual a un voto, y en su lugar se propone hacer, el próximo 16 de julio, un
plebiscito al margen del oficial Consejo Nacional Electoral (Cne), para que
los ciudadanos digan si quieren o no esa constituyente.

Sin árbitros

No quedan instituciones del Estado que hagan de árbitros. El Tribunal
Supremo de Justicia (Tsj), el Cne y la mayoría del Poder Moral (Contraloría
General y Defensoría del Pueblo) respaldan todas las posiciones de Maduro y
su Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Los mandos de las fuerzas
armadas obedecen al presidente y critican con vehemencia a la Mud y también
a la Asamblea Nacional.

Otra institución del Poder Moral, el Ministerio Público, conducido por la
fiscal general Luisa Ortega, está enfrentada a Maduro y a los poderes que lo
apoyan. La Mud, desde el parlamento y con protestas de calle, se muestra
unida –pese a contar con casi 30 grupos políticos– frente a lo que catalogan
como “una dictadura”. Entretanto, fuera de la Mud se abren campo algunas
figuras y agrupaciones de “chavistas no maduristas”, ex funcionarios y
compañeros de ruta del fallecido líder Hugo Chávez, predecesor de Maduro.

Fuera del Estado, entidades y personalidades que pudieran servir como
árbitros y mediadores, tales como las iglesias, gremios o academias, han
quedado atrapadas en la vorágine polarizadora. Del exterior, además del
malogro de la Oea, hasta ahora han resultado infructuosos los esfuerzos de
mediación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) con apoyo del
Vaticano. Este último, sin embargo, da sigilosos pasos para procurar algún
acercamiento.

Constituyente

Maduro y el número dos del Psuv, el militar retirado Diosdado Cabello,
insisten en que “la constituyente va, llueve, truene o relampaguee”. Para
que no queden dudas, ministros, otros funcionarios y parlamentarios
oficialistas han dejado sus cargos para postularse a la nueva asamblea. Los
candidatos se han juramentado en defensa de la revolución bolivariana, el
proceso que inició Chávez al llegar al poder en 1999.

Maduro ha ofrecido cadenas de radio, tevé y otros espacios para que los
aspirantes hagan campaña. El Cne, de cuyos cinco rectores (directivos)
cuatro son oficialistas, trabaja a marchas forzadas preparando la consulta y
ha pedido al Ministerio de Defensa que declare zona de seguridad la
comprendida en un perímetro de 500 metros alrededor de cada centro de voto
(son unos 15 mil para 20 millones de votantes potenciales), con lo que habrá
presencia militar en la mayor parte de las zonas urbanas del país.

La elección no prevé sorpresas pues, sin opositores, casi todos los 545
asientos previstos serán para el oficialismo, y sus dirigentes ocuparán las
primeras posiciones. Cabello, Maduro y otros jerarcas han dejado en claro
que la constituyente no sólo redactará una nueva Constitución sino que
durante su funcionamiento, por un tiempo aún no precisado, dictará medidas
para suprimir o cambiar entidades como el actual parlamento, la Fiscalía,
autoridades regionales o municipales, legislará en materia económica y
petrolera y atenderá otras solicitudes del Poder Ejecutivo en su carácter de
poder soberano y supremo.

Plebiscito

El parlamento acordó convocar, a iniciativa de la Mud, una consulta
plebiscitaria para el 16 de julio, dos semanas antes de la elección de la
constituyente. Se pedirá al ciudadano que se pronuncie sobre tres temas: si
reconoce o rechaza la constituyente; el papel que demanda de las fuerzas
armadas para restituir el orden constitucional; y si convoca y respalda la
renovación de los poderes públicos, con elecciones generales, y la
conformación de un gobierno de unidad nacional.

La consulta se prevé sin el Cne, sin sus máquinas de voto electrónico y sin
sus centros de votación, que son la mayoría de las escuelas del país. La Mud
aspira instalar unos 1.700 centros en los 335 municipios, para recoger
votos, un plan todavía en borrador que podría apelar a templos católicos y
evangélicos, universidades y sedes de algunos gremios.

Obviamente es una medición de fuerzas con el oficialismo, para tratar de
mover más electores que el bando rival en una consulta con valor político
pero no jurídico. Ya Maduro adelantó que ese plebiscito es inconstitucional
y que todas las elecciones en Venezuela deben hacerse a través del Cne.
Queda por verse qué medidas adoptará el Ejecutivo para bloquear la
iniciativa y logística de la oposición, y si la Mud con sus propios medios
puede montar un escenario que alcance al universo electoral.

Abrogatorio

Terceros en la discordia, izquierdistas chavistas no maduristas agrupados en
la Plataforma Ciudadana de Defensa de la Constitución (que Chávez impulsó en
1999) han solicitado al Cne que les entregue el formato de las planillas con
las cuales recoger un millón de firmas, 5 por ciento del electorado, y con
ellas solicitar una tercera consulta electoral, todo según previsiones de la
Carta Magna. Se trataría de un referendo abrogatorio del decreto mediante el
cual Maduro dictó, el pasado mayo, las bases (reglas) comiciales para elegir
la asamblea constituyente.

Esas bases son consideradas inconstitucionales, ya que, entre otras reglas,
imponen la elección de un diputado constituyente por municipio,
independientemente del tamaño de la circunscripción –uno rural con 8 mil
electores elige un asambleísta, igual que una gran ciudad con medio millón
de votantes–, y reservan un tercio de los escaños a una elección sectorial,
para elegir diputados de, por ejemplo, grupos de trabajadores, pensionados o
consejos comunales, según los listados de organizaciones confeccionados por
el Ejecutivo.

El ex sindicalista Santiago Arconada, junto a ex ministros de Chávez y
académicos que integran la Plataforma Ciudadana, sostuvo que la
constituyente convocada por el Ejecutivo “pretende erigirse como un poder
que gobernará por encima de la Constitución por tiempo indefinido, lo que
podría conducirnos a una guerra civil, y ya tenemos demasiados muertos”. Ha
pedido a los venezolanos vestir prendas o enseñas de luto.

La Plataforma Ciudadana carece de la musculatura que pueden exhibir tanto el
oficialismo como la oposición nucleada en la Mud. El poder electoral se ha
desentendido de su iniciativa, que implicaría detener o posponer la elección
de la constituyente, un proceso ya en marcha.

Dualidad

El Tsj inició un procedimiento de “antejuicio de mérito” (juicio previo)
contra la fiscal general, Luisa Ortega, atendiendo una demanda del diputado
oficialista Pedro Carreño. Podría ordenar su destitución, algo que la
Constitución reserva a la Asamblea Nacional, pero el Tsj ha declarado que el
parlamento está en desacato y en su lugar actúa la Sala Constitucional del
Supremo, con apoyo de los poderes oficialistas.

Entretanto, la fiscal nombró como su segundo en el Ministerio Público al
abogado Rafael González, con apoyo del parlamento y el desconocimiento casi
inmediato del Tsj, que designó para ese cargo a Katherine Harrington, una ex
alta funcionaria gubernamental.

Ortega rehusó comparecer ante el Tsj y lo acusó de convalidar el
establecimiento de “una dictadura peor que la de Pedro Carmona”, el
empresario que asumió como presidente interino durante el breve (dos días)
golpe de Estado que depuso en 2002 al entonces presidente Chávez y cuyo
primer decreto había disuelto los poderes públicos.

Si se concreta la destitución de Ortega y González, y se mantiene su
rebeldía, Venezuela tendría dos fiscalías. Pero también puede haber dos Tsj,
porque la Asamblea avanza en el estudio de credenciales para designar, en
cuestión de días, a nuevos magistrados, en remplazo de la veintena impugnada
por la fiscal (el Tsj cuenta con 32 jueces más suplentes). Y también podría
invalidar la reelección de los rectores del Cne y designar un árbitro
electoral paralelo.

La instalación de una constituyente con plenos poderes erigiría un poder
legislativo paralelo al elegido por cinco años en 2015 y completaría la
dualidad institucional.

Violencia

Mientras, las protestas en las calles continúan y alcanzan cada vez más a
pueblos pequeños usualmente al margen de las grandes batallas políticas, o a
sectores urbanos que tradicionalmente han sido indiferentes o bastiones del
oficialismo. A veces forman marchas o concentraciones de decenas de miles de
personas, pero lo que más abunda son protestas focalizadas con cierres de
vías. A las protestas políticas se suman las de pobladores que reclaman la
falta de gas para cocinar o la demora gubernamental en un programa que
distribuye bolsas con alimentos a precios subsidiados. En algunas barricadas
hay choques con las fuerzas del orden o grupos “colectivos” de civiles. En
ese contexto, desde abril han muerto 91 personas (cifras oficiales de la
Fiscalía), los lesionados son casi 2 mil y los detenidos cerca de 4 mil, con
más de 300 que permanecen tras las rejas, y algunos estudiantes y otros
civiles están siendo procesados por la justicia militar.

Así, el episodio del 5 de julio en el parlamento, que estalló al parecer
porque uno de los “sitiadores” del capitolio sufrió una herida, apenas elevó
el peso institucional y la visibilidad de la violencia que acompaña la lucha
política en Venezuela. El presidente Maduro, el ministro de Defensa, general
Vladimir Padrino, la Defensoría del Pueblo y el Tsj deploraron los hechos y
prometieron investigaciones. Una decena de gobiernos, incluyendo el uruguayo
y los del Mercosur, condenaron el ataque y rápidamente pidieron a Maduro
medidas de rectificación política.

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