México/ siguen las atrocidades contra los derechos humanos [Manuel Aguilar Mora]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

22 de marzo 2017

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México

Atrocidades sin cuento

Siguen los crímenes contra los derechos humanos

Manuel Aguilar Mora *

Ciudad de México, 20-3-2017

El16 de marzo las autoridades hicieron oficial el “descubrimiento” de la que
llaman la alberca, que constituye la fosa clandestina más grande del país y
posiblemente de América Latina, en la que se encontraron más de 250
cadáveres apilados por los grupos criminales vinculados al narcotráfico. Se
sabe que la alberca es tal vez la mayor del lugar, ya bautizado como “el
predio de la muerte”, pero ciertamente no la única pues alrededor hay las
señales de muchas más. El “descubrimiento” oficial hecho en un lugar llamado
Colinas de Santa Fe, al norte del puerto de Veracruz en el estado del mismo
nombre, se hace después de que desde hace meses el Colectivo Solecito
Veracruz integrado por familiares y amigos de los cientos de desaparecidos
en el estado lo habían verdaderamente descubierto y exigido la intervención
judicial al nuevo gobierno del panista Miguel Ángel Yunes que sucedió al del
gobernador criminal priista Javier Duarte, hoy prófugo y buscado por la
policía.

Rosario de espantos

Yunes, que tomó posesión a principios de año, basó su campaña electoral en
la denuncia de los crímenes y en la promesa de castigo de Javier Duarte, un
siniestro personaje responsable de haber sembrado el terror en la población
veracruzana como cómplice de los poderosos y violentos cárteles que operan
en el estado (Los Zetas, Cártel Jalisco Nueva Generación, principalmente)
que asesinaron a cientos de personas durante los seis años de su gobierno.
Duarte debió renunciar a la gubernatura antes del fin de su periodo. La
acumulación de denuncias y evidencias de sus numerosos crímenes y de la
escandalosa deuda contraída por su gobierno para su enriquecimiento
personal, obligó a la dirección del PRI a expulsarlo del partido, no sin
antes recibir del presidente Peña Nieto, quien lo protegió hasta el último
momento, un favor final al permitirle escapar y mantenerse hasta hoy
“desaparecido”.

El caso de las gigantescas fosas de cadáveres clandestinas de Veracruz,
horroroso como es evidente, es la cúspide de un rosario de espantos en el
mismo estado que se integran al horror que desde hace más de diez años se ha
convertido en algo casi cotidiano en todo el país. El procurador del nuevo
gobierno veracruzano, que fue quien hizo pública la existencia de ese
cementerio clandestino, se tardó más de cien días en presentarse en el
lugar. Pero como funcionario que también fue de la administración anterior
de Duarte, Jorge Winckler declaró sin tapujos y con conocimiento de causa:
“En Veracruz hay fosas como ésta por todos lados, en 45 municipios, todas
ellas cavadas durante el gobierno de Duarte”. Aunque el puerto de Veracruz
es “el epicentro de las narcofosas”, existen también en otros municipios:
Alvarado, Cosamaluapan, Sayula de Alemán, Coatzacoalcos, Minatitlán, Tres
Valles, Tierra Blanca, Iztaczoquitlán, “en el norte de la entidad y en otros
muchos lados”. Reconoció igualmente que las cifras reales de las víctimas se
han ocultado y afirmó que hay “2 mil 348 investigaciones abiertas”.
(Proceso, 19.03.2017). Y no se crea que en el nuevo gobierno veracruzano se
han reducido los asesinatos, de ninguna manera: se han cometido 600
homicidios en sus primero tres meses.

El horror que desde hace años abruma con su funesta secuela depresiva, está
siendo documentado en ocasiones puntualmente. Por ejemplo, se ha sabido con
las investigaciones efectuadas después de la salida de Duarte que los
“levantones”, es decir, los secuestros de personas han sido realizados
muchas veces por los delincuentes con la complicidad descarada de las
policías de todo género. Tampoco son nuevas las formas utilizadas en
Veracruz, en todo el país se han encontrado fosas repletas de cadáveres. Son
tristemente célebres las de los cadáveres de decenas de inmigrantes
centroamericanos en Tamaulipas en 2010.

El gobierno en el banquillo

Pero el cinismo del gobierno mexicano no tiene límites. Esta condición se ha
visto con evidencia en los foros internacionales en los que la situación de
la gravedad extrema de la crisis de los derechos humanos por la que
atraviesa México se discute, se analiza e incluso se hacen recomendaciones
para evitarla como es el caso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos. En tales ocasiones los representantes del
gobierno mexicano hacen alarde de formalismo retórico que muy mal se
complementa con la realidad macabra prevaleciente en el país. Realidad que
con motivo de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de
Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre del 2014, sobrepasó las fronteras y
horrorizó al mundo entero.

El gobierno de Peña Nieto tuvo que aceptar, ante el clamor de protestas
nacional y la denuncia de muchos sectores en el extranjero, la intervención
de expertos internacionales que contribuyeran en la aclaración del crimen de
la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Ciertamente la presencia del Grupo
Internacional de Expertos Independientes, vinculado a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, tuvo una positiva influencia para el
desmantelamiento de lo que el procurador de la República Murillo Karam había
llamado “la verdad histórica” del caso (la incineración en el tiradero de
Cocula de los 43 estudiantes), pero una vez que el gobierno de Peña
consideró que la presión había bajado no tardó en expulsar
“diplomáticamente” a los cinco expertos y archivar sus conclusiones
devastadoras para la versión oficial que sostiene sobre el caso de la noche
de Iguala.

La llegada de Trump ha significado casi un terremoto para las estructuras
del gobierno mexicano, acostumbrado durante décadas a ser un fiel
subordinado de Washington. Comenzando por la cumbre misma. Peña Nieto y su
hombre más influyente que actúa como su principal diplomático, Luis
Videgaray, se han visto como principiantes en su trato con el energumeno
presidente estadounidense y de hecho han mostrado sin remedio que su papel
tradicional de cortesanos del gobierno imperialista los incapacitó para
tener una pronta y firme respuesta frente a las amenazas de Trump. No
obstante, han tratado de sacar a flote su precaria situación ante las
exigencias del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Aunque tardía y tibiamente
Peña y su secretario de Relaciones Exteriores han acudido a la escena
internacional a buscar apoyo para su confrontación con Trump. Ciertamente
han aceptado hacer declaraciones conjuntas con otros gobiernos sobre Trump
siempre sin abandonar la “moderación” diplomática para evitar una colisión
frontal, la que evitan a toda costa esperando llegar finalmente a un acuerdo
con quien están destinados a cohabitar como subordinados.

Recientemente, a principios de marzo en Ginebra, en la reunión anual del
Consejo de los Derechos Humanos (CDH) de la ONU, el punto de la situación de
los derechos humanos en México se incluyó en la agenda y personajes
mexicanos estuvieron presentes. El gobierno de México envió al subsecretario
de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas y por parte de las organizaciones no
gubernamentales enfocadas a la defensa de los derechos humanos en México
estuvieron presentes dos delegados: Olga Guzmán Vergara y Michael W.
Chamberlin quienes presentaron ante la reunión el informe de la Open Society
Justice Initiative, Atrocidades innegables,

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Al Hussein, en su vista
al país en 2015, en pleno momento de las repercusiones directas del caso de
Ayotzinapa, en forma inaudita para este tipo de visitas, hizo varias
recomendaciones al gobierno mexicano, una de las cuales fue que para cortar
la espiral de violencia que aqueja al país se estableciera con urgencia un
consejo asesor internacional que colaborara con el gobierno para lograr la
erradicación de la violencia. Por supuesto, Peña ni de lejos estuvo, ni está
dispuesto a aceptar tal recomendación. El representante oficial a la reunión
de Ginebra se entrevistó con Hussein y durante su intervención en el pleno
se refirió a la política de Trump atentatoria de los derechos humanos de los
inmigrantes mexicanos en EUA, pero en una clásica postura de doble moral no
se refirió al trato que reciben los inmigrantes centroamericanos cuando
entran a México en su paso hacia el país norteño. Y para no dejar la menor
duda de que los jerarcas gubernamentales priistas pretenden seguir sin
aquilatar la situación alarmante del país, aludió el hecho de que también en
EUA y en Italia hay 80 mil personas no localizadas. La respuesta que el
representante del centro de defensa de los derechos humanos Fray Juan de
Larios, Michael W. Chamberlin hizo en una entrevista a tales conceptos vale
la pena citarla: “sí puede ser que las tasas sean muy altas, pero ni en
Italia, ni en Estados Unidos hay movimientos de madres buscando a sus hijos,
ni carpetas de investigación por desaparición forzada, ni esos países están
sembrados con cadáveres”. (Proceso, cit.).

Hacia un estado policiaco-militar

Mientras tanto el gobierno de Peña sigue armándose en forma inaudita. Las
fuerzas armadas mexicanas son las segundas más grandes de América Latina,
aunque con su alto ritmo de crecimiento no sería una sorpresa que se
acercaran pronto a las dimensiones de las brasileñas. ¿Contra quienes están
destinadas tantas armas? No precisamente para una guerra contra Trump pues
dichas armas son compradas al Pentágono con créditos multimillonarios
concedidos por el propio gobierno de Washington.

Los representantes de los estados miembros del CDH, latinoamericanos,
europeos y asiáticos son conscientes que la situación de México se hace cada
vez más peligrosa e incontrolable.  Las cifras oficiales no dejan margen
para atenuar la situación alarmante del país: hoy se calcula en 30 mil los
desaparecidos en México en los últimos diez años cuando en los veinte años
de guerra civil en Guatemala se reportaron 20 mil o durante las dictaduras
chilena y argentina, 3 mil y 15 mil, respectivamente.

Ante esta atroz situación el gobierno prepara una nueva propuesta
legislativa, pero las señales y los textos de los proyectos que ya se
conocen sobre ella no son para nada  alentadores. Desde que el gobierno de
panista de Felipe Calderón sacó al ejército y la Marina de sus cuarteles en
2007 para emprender la guerra contra el narcotráfico, la intención
manifiesta de un gobierno surgido de una batalla electoral encarnizada en la
que la victoria estaba bajo la sospecha de un fraude electrónico, era
imponer una situación de terror y amedrentamiento en el país. La lucha fue
muy sangrienta y encarnizada: comenzaron a contarse los cadáveres y los
desaparecidos. Los militares literalmente aterrorizaban y siguen
aterrorizando a las poblaciones de Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas,
Veracruz, Jalisco y demás lugares en que han intervenido. Pero esta
intervención militar ha sido sin marcos legales, arbitraria y sin medida.
Las cifras son tremendas, los militares matan a discreción. La Marina mata a
30 personas por una que hiere lo cual, según los que saben, indica que hay
ejecuciones sumarias. El secretario de la Defensa Nacional, el general
Salvador Cienfuegos ha sido explícito y sin tapujos en sus declaraciones, si
el ejército está encargado, ante la impotencia y corrupción de la policía,
de la seguridad interior debe haber una legislación “que proteja su
actividad”.

Estamos en vísperas de cambios muy drásticos de la política nacional. El año
electoral de 2018 promete ser de pronósticos reservados. En su reciente
Congreso el PRI, con Peña Nieto a la cabeza mostró su cara más agresiva.
Retadores y jactanciosos los priistas se preparan para seguir en el poder
con una victoria que aparece muy difícil y cuesta arriba en 2018. Todavía no
se perfila ningún personaje priista en un panorama muy flaco en el cual su
figura más destacable es la del muy mediocre secretario de Gobernación
Miguel Ángel Osorio Chong quien en las encuestas que ya se hacen sobre la
popularidad de los posibles candidatos para el 2018 se encuentra muy debajo
de López Obrador de Morena, Margarita Zavala del PAN y de otros postulantes.

La importancia que tienen las cuestiones de los derechos humanos en la
actual situación política del país se ha venido a corroborar nuevamente con
la postulación tempranera de Emilio Álvarez Icaza como candidato a la
presidencia de la República por parte del movimiento-partido titulado Ahora
o Nunca. Álvarez fue durante cuatro años, de 2012 a 2016, el Secretario
Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y antes,
de 2001 a 2009, fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (CDHDF). Pertenece a la franja muy influyente del
progresismo intelectual, académico y profesional mexicano, de hecho muchos
de sus apoyos son parte de los círculos que hasta ayer apoyaban a López
Obrador (AMLO). Pero el giro cada vez más conciliador de este último, su más
que evidente esfuerzo por acercarse al grupo de la gran burguesía dominante
y sus frecuentes actitudes soberbias y autoritarias están mostrando con
evidencia que el papel de AMLO es el de “serenar”, como él insistentemente
declara, los ánimos cada vez más iracundos y rebeldes de amplios sectores de
la población.

Un episodio reciente ocurrido durante la visita de AMLO a Nueva York es
sintomático de la relación que este personaje, un político tradicional
formado en el PRI, después miembro y presidente del PRD y ya dos veces
candidato presidencial en 2006 y 2012, mantiene con las bases populares. Uno
de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que se encontraba también
en gira en Nueva York, se acercó a él cuando salía en su coche del acto con
sus  simpatizantes. AMLO en vez de detenerse, saludarlo y oír lo que éste le
preguntaba, a saber, su relación con Ángel Aguirre el gobernador perredista
de Guerrero en los días de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, se alejó
de él rápidamente. Las versiones son diversas: unos dicen que AMLO llamó al
padre “provocador” y otras que sólo le deseo suerte en su lucha. Sea lo que
fuere, es evidente que AMLO ha sido por completo ajeno a la lucha de los
padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y esto se debe a que
sus vínculos con el PRD en Guerrero lo relacionan con muchos de los
personajes políticos que gobernaban el estado la noche de Iguala del 26 de
septiembre de 2014.

El estado canceroso de la situación del país con la corrupción imperante en
los sistemas político y jurídico, la impunidad virtualmente garantizada de
las fuerzas de seguridad abocadas a las prácticas de ejecuciones sumarias,
torturas, desapariciones, el reinado de los más acaudalados grupos
nacionales y extranjeros, todo ello aunado a las amenazas del poderoso
vecino del norte que con el presidente Donald Trump se adentra en un caótico
y peligroso curso lleno de incertidumbre, ante esta situación las aspirinas
reformistas y populistas o los tratamientos de choques represivos serán
simples detonadores de contradicciones cada vez más insolubles y dramáticas.

Ante este panorama es del todo vigente el esfuerzo de agrupamiento y
acciones comunes que un conjunto de grupos socialistas han emprendido en el
Foro Socialista que el próximo 1° de abril presentarán en la capital de la
República la posición que los socialistas tenemos frente a la crisis del
capitalismo en México y en el mundo entero. De sus perspectivas y sus
esfuerzos organizativos independientes, socialistas y revolucionarios
dependerá mucho la solución positiva de las luchas próximas de los
trabajadores y sus aliados de los sectores oprimidos del país.

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