Venezuela/ Frente a la falsa Constituyente: referendo consultivo y apego a la Constitución del '99 [Marea Socialista]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

7 de mayo 2017

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Venezuela

Editorial #21 de Marea Socialista

Frente a la falsa Constituyente: referendo consultivo y apego a la
Constitución del ‘99

Aporrea, 7-5-2017

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Más de treinta muertos; el comienzo y la extensión de saqueos generalizados;
la palabra "paz" en la boca de los fusiles, y el crecimiento veloz de una
dinámica de descontrol y hambre. Y en medio de este escenario, el anuncio de
una Asamblea Constituyente sin partidos, ni clara participación ciudadana
universal, sin que se respete la consulta al pueblo en un referéndum.

Esta iniciativa del gobierno, al contrario del proceso constituyente que
llevo a la elaboración, debate y sanción de la Constitución del ’99, que
contó con la participación activa y mayoritaria del soberano, un proceso que
desde Marea Socialista reivindicamos como un método democrático, los
anuncios hasta hoy conocidos, la propia Gaceta con la convocatoria hecha por
Maduro, lo mismo que la declaración del integrante de la Comisión
Presidencial por la constituyente Aristóbulo Istúriz que afirmó que "No hay
que preguntarle nada al pueblo porque hoy la Constitución contempla la
Constituyente", muestran una propuesta de características corporativas y
antidemocráticas, con una participación arbitraria del 50% de instancias
cooptadas al Estado y sin consulta, solo ha servido para agregarle más
gasolina a un fuego alimentado por las cúpulas políticas, que nos pone
frente a un horizonte que se presenta mucho más amenazador.

Por otra parte esa ANC no es necesaria ni útil para afrontar los problemas
más urgentes e inmediatos que sufre nuestro pueblo. La emergencia en
alimentos y medicinas, lo que necesita es de medidas concretas, contrarias a
las que está aplicando el gobierno, como por ejemplo la suspensión de los
pagos de la Deuda Externa para atender las necesidades populares.

Esa "Constituyente" que se pretende montar con el modelo del Congreso de la
Patria, un Congreso hecho a imagen y semejanza de la cúpula del PSUV, del
que no se conocen las medidas que de allí surgieron ni si el gobierno las
está aplicando. En él se excluyó a gran parte del pueblo venezolano.

Así cómo acaba de señalar la Fiscal General, Luisa Ortega, no se puede pedir
legalidad a la población si es el Estado quien viola la ley. En este punto
hay que ser taxativos: La actual dinámica de represión violenta, de
características desmedidas, excesivas y en algunos casos brutal, usada por
las fuerzas del Estado, imprudentemente acompañadas de civiles armados, van
mucho más allá de todo control o supervisión de la protesta social, para
convertirse en una violación abierta a los derechos humanos esenciales.
Entre otras cosas, es bueno recordar, que los delitos provocados por esta
violación no prescriben en el tiempo.

Desde luego que rechazamos la acción de grupos foquistas, o posibles
francotiradores entrenados, que actúan cubiertos por la cúpula de la MUD.
Pero, sin coincidir en absoluto con la política de esa cúpula ni con sus
convocatorias, hay que destacar que la mayoría de los muertos, civiles
desarmados, jóvenes y mujeres, lo han sido en el marco de manifestaciones en
ejercicio del legítimo derecho a la protesta. Lo mismo que los más de 700
heridos o contusos y los centenares de detenidos. En este caso: sin duda
alguna, reivindicamos el derecho a la legítima defensa que están ejerciendo
los manifestantes cuando el Estado viola el ejercicio de los derechos
ciudadanos. Esa violación constante es la característica principal de los
regímenes autoritarios que derivan al totalitarismo, y es uno de los
principales factores que azuzan la violencia.

Hay que recordar, por otra parte, que el origen inmediato de la actual
situación parte de una cadena de hechos incontestables en el marco de una
prolongada crisis política, económica y social: la supresión reiterativa del
derecho al sufragio, la ruptura del hilo constitucional, producida por las
sentencias 155 y 156 del TSJ. La suspensión indefinida de las elecciones
regionales y la violación de los derechos de los ciudadanos que firmaron
para habilitar el Referendo Revocatorio, son evidencia suficiente para
denunciar la manipulación del Ejecutivo a instituciones y derechos del
pueblo y la sumisión al gobierno tanto del Tribunal Supremo como del CNE.

En este contexto de constante desconocimiento a la Constitución de Chávez y
violación creciente de derechos humanos, el gobierno abre un "proceso
constituyente" sospechado, desde su mismo anuncio de antidemocrático. Se
convoca a una "Asamblea Nacional Constituyente", de características
corporativas, con la división en dos tipos de constituyentes que la
integrarían y poca o ninguna transparencia en sus objetivos. Son estos los
elementos que provocan desconfianza y rechazo a la maniobra, cuyo propósito
puede adivinarse como preparación de una contrarreforma retrograda en
menoscabo de la Constitución del ‘99.

Además hay en ella una nueva violación a la soberanía popular: al no
convocar a un referéndum consultivo para validar la realización de la
Constituyente ni tampoco para que luego de finalizada, sea el pueblo quien
la apruebe o rechace, así la maniobra se vuelve clara y transparente. Ya
que, como señala el artículo 71 de la misma, para las grandes decisiones
debe realizarse esa consulta y de lo que se trata en este llamado "proceso
constituyente", y el mismo gobierno lo afirma, son grandes decisiones las
que se deben tomar. Así se desprecia por completo la experiencia y la
tradición en cuanto a la metodología del proceso de convocatoria a la
Constituyente del ’99.

Por si queda alguna duda por la forma en que hoy son manipulados desde el
poder los artículos 347, 348 y 349 de la CRBV, es bueno revisar
comparativamente como ejemplo, el artículo 71 con las constituciones de
Bolivia y Ecuador, inspiradas en la nuestra:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: artículo 71

Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a
referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la
República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional,
aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un
número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos
en el registro civil y electoral.

También podrán ser sometidas a referendo consultivo las materias de especial
trascendencia parroquial, municipal y estadal. La iniciativa le corresponde
a la Junta Parroquial, al Concejo Municipal o al Consejo Legislativo, por
acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; al Alcalde o
Alcaldesa, o al Gobernador o Gobernadora de Estado, o a un número no menor
del diez por ciento del total de inscritos en la circunscripción
correspondiente, que lo soliciten.

Constitución de Bolivia: artículo 411

I. La reforma total de la Constitución, o aquella que afecte a sus bases
fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primacía y
reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de una Asamblea
Constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular
mediante referendo. La convocatoria del referendo se realizará por
iniciativa ciudadana, con la firma de al menos el veinte por ciento del
electorado; por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa
Plurinacional; o por la Presidenta o el Presidente del Estado. La Asamblea
Constituyente se autorregulará a todos los efectos, debiendo aprobar el
texto constitucional por dos tercios del total de sus miembros presentes. La
vigencia de la reforma necesitará referendo constitucional aprobatorio.

Constitución de Ecuador: artículo 444

La asamblea constituyente sólo podrá ser convocada a través de consulta
popular. Esta consulta podrá ser solicitada por la Presidenta o Presidente
de la República, por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, o por
el doce por ciento de las personas inscritas en el registro electoral. La
consulta deberá incluir la forma de elección de las representantes y los
representantes y las reglas del proceso electoral. La nueva Constitución,
para su entrada en vigencia, requerirá ser aprobada mediante referéndum con
la mitad más uno de los votos válidos.

En la actual situación de crisis y violencia creciente, resulta
imprescindible para hacer valer la voz del pueblo, que la convocatoria sea
aprobada por el soberano en referéndum y que el resultado de ANC, de
realizarse, debe ser aprobado de la misma manera. Por eso llamamos a
conformar un gran frente para la exigencia y activación de esos referéndums
consultivos. Y que mientras tanto exijamos desde ese espacio la plena
vigencia de la Constitución del ’99.

La gravedad de la coyuntura actual hace que nos veamos obligados a alertar
que si, por el contrario, el gobierno continua desoyendo el reclamo de una
parte de la sociedad, reclamo que empieza a aparecer desde las propias filas
del chavismo; si se continúa incrementando el nivel represivo y
desconociendo los mandatos constitucionales, y se sigue cerrando todos los
caminos a la participación democrática del pueblo, se estará procediendo
desde el gobierno al asesinato de la Constitución de Chávez.

El resultado inmediato de la convocatoria hecha por Maduro, además de la
confusión que generó en la mayoría de la población, contrasta con el
incremento de la violencia represiva del Estado a las manifestaciones. Y un
ejemplo de ello es la activación del Plan Zamora en el estado Carabobo, que
debe ser entendido como experiencia piloto con la pretensión de llevarla
luego a todo el país, con la activación de tribunales militares para los
manifestantes detenidos y no a la justicia ordinaria, y la instalación de
hecho de campos de detenidos en dependencias militares, lo que alarma y
puede llevar a traspasar la delgada frontera que lleva al deslizamiento de
establecer una gobierno abiertamente represivo y totalitario.

Este sólo ejemplo debe ser suficiente para que todos los que rechazamos la
espiral de violencia creciente iniciada desde el poder del Estado, exijamos
juntos al CNE que restablezca el funcionamiento de la Constitución del ’99
asuma su responsabilidad histórica y active las suspendidas elecciones
regionales a gobernadores y alcaldes y que dé certeza de la realización de
la elección presidencial del próximo año, instalando desde ahora un
cronograma para las mismas. Todo ello con amplias garantías de participación
democrática de todas las expresiones políticas del país.

La lucha que estamos proponiendo es de largo alcance y requiere de la
construcción de una fuerza social y política de unidad de acción que sobre
la base de la defensa de los derechos democráticos, deberá construirse sobre
la marcha.

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