Brasil/ "Una regresión de 130 años": el desmembramiento del programa contra la esclavitud [Matt Sandy]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

30 de mayo 2017

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Brasil

El desmembramiento del programa contra la esclavitud más famoso del mundo

Matt Sandy *

OZY, 28-5-2017

http://www.ozy.com/

Traducción de Lucas Antón – Sin Permiso

http://www.sinpermiso.info/

El 28 de marzo inspectores federales llevaron a cabo una redada en una
remota granja del río Araguaia, que bordea el límite oriental del bosque
tropical del Amazonas en Brasil. Descubrieron a una familia de cinco
personas, incluido un bebé, que vivían en un cobertizo de ganado con ratas,
ranas y murciélagos. Carecían de retrete o agua potable y les habían pagado
550 dólares por dos años de trabajo agrícola. “Nunca imaginé que saldría de
esta situación”, le dijo a los investigadores el patriarca de la familia,
Luiz Cardoso da Silva, de 69 años. “Pensé que mi vida se terminaba aquí”. El
caso lo llevan ahora los fiscales federales, que tienen pensado incoar
proceso.

Desde 1995, Brasil ha dispuesto de uno de los programas más celebrados del
mundo para el rescate de unos 161.000 esclavos modernos, aproximadamente, y
castigar a las empresas que les maltratan. Pero con intereses empresariales
estrechamente alineados con el presidente Michel Temer y facciones poderosas
en el Congreso brasileño, estas protecciones se están viendo severamente
minadas. Muchos elementos clave  — una lista negra pública de empresas
culpables y leyes laborales que permiten el castigo de grandes empresas por
la actuación de contratistas  — están amenazados. Se está recortando el
número de inspectores federales que llevan a cabo las redadas. Y una
proposición de ley intenta cambiar la definición de esclavitud, aboliendo en
palabras buena parte de la misma. “Hoy tenemos en Brasil algunas de las
leyes más avanzadas del mundo para combatir la esclavitud moderna”, declara
a OZY Ronaldo Fleury, fiscal jefe laboral de Brasil. “Pero nos enfrentamos a
una regresión de 130 años. Estamos hablando de tratar a la gente como seres
humanos”.

Los esclavistas transportaron a casi cinco millones de africanos a Brasil —
más de diez veces la cifra de los enviados a los Estados Unidos — desde el
siglo XVI y hasta la abolición de la esclavitud en 1888. Desde 1995, equipos
itinerantes de inspectores han liberado a casi 50.000 personas, como Cardoso
da Silva y su familia, de “condiciones análogas a la esclavitud”, que es la
amplia definición legal del país de trabajo forzado, servidumbre por deudas,
condiciones degradantes que violan los derechos humanos o   trabajo excesivo
que pone en peligro la vida o la salud. La esclavitud es absolutamente
preponderante en el bosque tropical amazónico, en los ranchos de ganado, en
los campos de carbón vegetal y en la deforestación y tala ilegales de la
selva. “Las escuadras móviles han sido enormemente eficaces”, declara Ginny
Baumann, alto directivo de programas del Fondo para la Libertad, un
organismo filantrópico privado dedicado a acabar con la esclavitud. “Pero la
‘lista sucia’ es la que ha puesto a Brazil por delante de cualquier otro
país al desincentivar a las empresas”.

Esa lista negra pública de empresas a las que han pescado recurriendo a
trabajo esclavo es hoy objeto de repetidos ataques. En diciembre de de 2014,
un grupo de presión empresarial persuadió, según se supo, al Tribunal
Supremo para que suspendiera la publicación de la lista, que servía para
avergonzar a los transgresores y permitía sanciones tales como la retención
de préstamos de bancos del Estado. La resolución se produjo tras una
petición de la Asociación Brasileña de Promotores Inmobiliarios (Abrainc),
que comprende muchas de las grandes empresas de construcción, entre ellas
una filial de la macroempresa brasileña Odebrecht, la cual reconoció haber
mantenido un programa masivo de sobornos y ha sido condenada asimismo por
recurrir a trabajo esclavo. El mes pasado, la empresa se avino a pagar una
multa de 9,5 millones de dólares por la forma en que trató a cuatrocientos
trabajadores brasileños en la obra de construcción de un ingenio azucarero
en Angola.

Ese fallo se anuló en mayo de 2016, pero el Ministerio de Trabajo declinó
volver a publicar la lista, pese a que las Naciones Unidas le urgieran a
ello. Sólo meses después de acciones legales por parte de fiscales laborales
volvió a publicarse de nuevo sólo con 68 nombres. “El Ministerio de Trabajo
ocasionó todos los problemas que pudo para evitar la publicación de la
lista”, afirma Leonardo Sakamoto, coordinador de Repórter Brasil, una
organización no gubernamental que hace campaña para erradicar la
esclavitud“. Ahora los bancos públicos que se atenían a la lista ya no saben
si es fiable o si seguirá publicándose en el futuro”.

Otro golpe fue el asestado el 31 de marzo, cuando el presidente Temer firmó
un proyecto de ley que permite a las compañías subcontratar actividades
centrales. El 92 % de los casos de trabajo esclavo implica subcontratación,
lo mismo que ocho de cada diez accidentes industriales. La empresa española
Zara, la mayor cadena de tiendas de ropa al por menor del mundo, ha
reconocido que existía trabajo esclavo en la cadena de suministro que
confeccionaba su ropa en Brasil en 2011. Vale, una multinacional brasileña
que es la mayor productora del mundo de mineral de hierro, se enfrentaba
también a acusaciones de que sus conductores subcontratados en una mina se
vieron sometidos a condiciones “desagradables” y obligados a trabajar 23
horas sin parar, con una pausa de sólo 40 minutos.

La nueva ley hará más difícil que los tribunales juzguen responsable a una
empresa grande si subcontrata sus actividades centrales a una firma a la que
se descubra recurriendo a trabajo esclavo. “Está claro que existe una agenda
empresarial detrás de estos cambios” afirma Fleury, el fiscal. “La
subcontratación es condición necesaria de la existencia de trabajo esclavo”.

Quienes apoyan la ley, que tendrá efectos de amplio espectro sobre la
economía y los derechos de los trabajadores de Brasil, afirman que ayudará
reducir los trece millones de desempleados y contribuirá a la
competitividad. “En modo alguno crea esta ley problema alguno para los
trabajadores”, afirma el patrocinador del proyecto de ley, el diputado
federal Laércio Oliveira. “Muy al contrario”.

Otra ley que se debate en el Congreso podría recortar de modo significativo
la definición progresista de esclavitud, eliminando la mención de
condiciones degradantes que violan los derechos humanos o de exceso de
trabajo que amenaza la vida o la salud. Sólo se considerarían esclavitud las
situaciones que presenten cautiverio, coacción o castigo.

En enero, un informe del Ministerio Público Federal de Brasil, un organismo
de fiscales públicos, declaraba que el cambio representaba “una enorme
regresión social, pues se retraía de una concepción moderna del trabajo
esclavo, relegándola puramente a la noción clásica de esclavitud como
restricción exclusivamente de la libertad física”.

Los inspectores de trabajo de Brasil, un elemento crucial en la lucha contra
la esclavitud, también se han visto afectados por la campaña de austeridad
que ha barrido el gobierno federal. El Ministerio de Trabajo dispone ahora
sólo de cuatro unidades móviles de inspección, frente a las nueve de 2009.
El número de esclavos rescatados ha ido también descendiendo constantemente,
desde un máximo de 5.999 en 2007 a 749 en 2016, aunque el año pasado
registró una prolongada huelga de inspectores. La cifra de inspectores
también ha descendido de modo semejante, de 3.142 en 2008 a 2.450 en la
actualidad, de acuerdo con el SINAIT, su sindicato nacional. “La lucha
contra el trabajo esclavo sufrirá, por supuesto, las repercusiones de una
cifra menor de inspectores”, afirma un portavoz.

Los activistas se preguntan cuánta presión más puede aguantar el sistema.
“Estamos sufriendo una blitzkrieg de ataques simultáneamente”, dice
Sakamoto, el coordinador de la ONG. “Sólo esperamos que podamos llegar a
2018 con la lucha contra la esclavitud todavía en marcha”.

* Matt Sandy joven periodista británico formado en la Universidad de
Warwick, trabajó como reportero para el dominical The Mail on Sunday.
Radicado en Rio de Janeiro desde 2012, colabora frecuentemente con revistas
como OZY o Time, y en medios como Al Jazeera America. En Brasil ha
investigado casos como la lucha de los indígenas munduruku para preservar
sus tierras amazónicas de un proyecto de presa hidroeléctrica, el escándalo
de corrupción de la mina de oro de Serra Pelada o el asesinato de más de
cincuenta indigentes sin techo en la ciudad de Goiânia.

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