Uruguay/ Poder económico: las elites empresariales en la política [Miguel Serna - entrevista]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

21 de noviembre 2017

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Uruguay

Con el sociólogo Miguel Serna *

Las elites empresariales en la política

La incidencia creciente de empresas trasnacionales en sectores clave de la
economía uruguaya, como la propiedad de la tierra o el agronegocio, viene
generando cambios en las elites empresariales locales. La influencia de
representantes del poder económico en partidos, políticas públicas y
gobiernos latinoamericanos, así como la participación directa de empresarios
en la política, forman parte de las líneas de investigación que el sociólogo
repasa en esta entrevista. En Uruguay observa una creciente proporción de
empresarios en el Partido Nacional, nuevas elites empresariales de mánagers
dirigiendo trasnacionales multilatinas y una aplastante desigualdad de
género en la cúpula de las grandes empresas. Analiza también las relaciones
del empresariado con el Frente Amplio, la “puerta giratoria” por la que
entran y salen del sector público representantes empresariales, y el arribo
a la política partidaria del empresario Edgardo Novick.

Marcos Rey

Brecha, 17-11-2017

https://brecha.com.uy/

—¿Qué influencia tiene la “burguesía nacional” en la política si la elite
empresarial está cada vez más extranjerizada?

—Con la trasnacionalización se tiende a pensar que quienes dirigen las
empresas son Ceo (directores ejecutivos) extranjeros que sustituyen a los
locales. Hay estudios interesantes sobre la formación de una clase
trasnacional global. Pero diversas investigaciones recientes, tanto en
Alemania, Estados Unidos como en América Latina, muestran que la propiedad
de las empresas se trasnacionaliza rápidamente, pero los dirigentes
empresariales siguen siendo nativos. Las relaciones sociales, los recursos
humanos, la organización interna de las empresas siguen bajo control
nacional. Esto no significa que los elencos extranjeros no participen en la
conducción de las empresas, sino que son minoritarios en los cargos
gerenciales.

—¿Pero esa dirigencia nacional no queda subordinada a la extranjera?

—La contradicción entre la burguesía local y la burguesía trasnacional era
un asunto al que se prestaba mucha atención en los setenta. Ahora estamos
viendo que no siempre es una relación conflictiva, sino que existe
superposición. Al estudiar las elites empresariales de Uruguay vimos que 80
por ciento de las 50 empresas más grandes en los últimos 20 años son
trasnacionales. Y que la mayoría son multilatinas, es decir, que los grupos
empresariales colombianos, brasileños, argentinos y chilenos tienen una
participación muy relevante. Y cuando miramos la alta gerencia, es decir,
las direcciones clave de esas empresas, vemos que 90 por ciento de los
directivos son uruguayos.

—¿En qué difiere que sean uruguayos si la propiedad de las empresas es
extranjera? ¿No son meros administradores?

—Hay diferencias. Por ejemplo, una empresa tradicional uruguaya integrada
por tres generaciones familiares fue vendida a una trasnacional, pero sus
antiguos dueños quedaron a cargo de la alta gerencia. Los trabajadores
siguieron viendo al mismo patrón o a uno proveniente de la misma familia.
¿Son meros administradores? Sí, y no. Por un lado, esa persona no sólo pasó
a tomar decisiones sobre la empresa uruguaya, sino también sobre una empresa
trasnacional que abarca a Brasil y Argentina. Por otro lado, no perdió su
capital, sino que hizo una nueva inversión que pasó a ser una fuente
importante de sus ingresos. Lo mismo viene sucediendo en otros países.
Thomas Piketty (economista francés) mostró que los altos mánagers de Estados
Unidos tenían un nivel de ingresos mucho mayor que el de las clases altas
propietarias de Europa. Por lo tanto, no tener la propiedad de las grandes
empresas no significa que los ingresos de esta elite empresarial sean
menores. Eso puede explicar, en parte, qué pasó con el empresariado uruguayo
en las últimas décadas.

—¿Qué consecuencias genera esto en la relación entre empresarios y
gobiernos?

—Tenemos pocos datos sobre esa relación, más bien algunas hipótesis y
pistas. La década del 90 no sólo impactó en los sindicatos, también
disminuyó el peso de las cámaras empresariales, que era el lugar tradicional
de encuentro de la elite dirigente local. Con el agrobusinnes (agronegocio)
apareció una nueva elite dirigente de grandes empresas trasnacionales que no
necesariamente participa en los circuitos tradicionales representados por
las cámaras empresariales. La Asociación Rural era el bastión tradicional
del poder económico agropecuario, pero ha ido perdiendo relevancia. Al igual
que en otros países de Europa y América Latina, las fuentes de poder pasaron
a las grandes empresas corporativas que empezaron a tener influencia directa
sobre los gobiernos. La relación de Upm con Uruguay es el caso más reciente.
Upm no se vincula con el gobierno a través de la Cámara de Industrias ni de
la Asociación Rural, sino directamente con él. La elite empresarial pasa así
a tener dos caras: la de las grandes empresas y la de las cámaras
empresariales. Es un cambio en las reglas de juego.

—¿Incide en que los empresarios estén sobrerrepresentados en la política?

—La relación entre poder político y poder económico tiene dos carriles: el
de los empresarios que participan directamente en la política y el de los
grupos empresariales que influyen en las políticas públicas o en el Estado.
Piñera en Chile y Macri en Argentina son prototipos. Pertenecen a grupos
empresariales locales que a veces se asocian con sectores económicos
internacionales, pero también con el Estado. Generalmente se plantea una
oposición entre Estado y mercado, pero una parte importante de los grupos
empresariales ha crecido en América Latina en asociación o captura del
Estado. En Brasil esa vinculación quedó al descubierto con los escándalos de
corrupción, aunque los sectores empresariales no sólo se vinculan así. En el
caso de Uruguay, la hipótesis tradicional de la literatura académica, la de
Barrán y Nahum, era que había una relativa autonomía de lo político respecto
del poder económico. Esa hipótesis en general se corrobora, excepto durante
las crisis. Pero eso no significa que la economía uruguaya no esté
fuertemente trasnacionalizada en su comercio exterior y su estructura
productiva. Hoy podemos decir que la clase empresarial está integrada a
América Latina. Debemos dejar de ver a Uruguay como un caso excepcional,
para verlo como un caso particular en el contexto de las problemáticas
regionales similares. En nuestro estudio comparado corroboramos que en
Uruguay los empresarios tienen una participación menor en la política que en
el resto de América Latina. Pero las magnitudes de esa participación no son
nada marginales, sino más altas de lo que esperábamos. La mayoría de los
empresarios que entran en la política en Uruguay son productores rurales.
Aunque las relaciones no son lineales ni necesariamente ingresan para
defender sus intereses económicos, no se puede subestimar su incidencia
política. Los empresarios rurales no sólo inciden políticamente en las
crisis, lo vemos en la discusión sobre los impuestos al agro.

—¿El Partido Nacional (PN) se está convirtiendo en el principal refugio
político de esas elites empresariales?

—La participación global de los empresarios en la política no cambió
drásticamente en los últimos años. Cambió con qué partidos se relacionan.
Entre fines de los ochenta y principios de los noventa los sectores
tradicionales del empresariado se habían alejado del PN para acercarse al
Partido Colorado (PC). No sabemos cuánto tuvo que ver con el posicionamiento
del PC o cuánto con su cercanía con el Estado, pero incluso los sectores
agrarios tuvieron participación más fuerte en el PC. En los últimos 15 años
esa relación volvió a su cauce histórico, con un PN más vinculado al
empresariado rural y el PC al urbano, aunque también hay sectores
empresariales urbanos que tradicionalmente estaban en el PC y que ahora
aparecen en el PN.

—También analizaron a los empresarios rurales que entran a la política a
través del Frente Amplio (FA).

—Eso empezó a aparecer más claro en el gobierno de Mujica. Tradicionalmente
los sectores empresariales vinculados al FA provenían de la pequeña
burguesía, de empresas públicas o de cuadros gerenciales de empresas no muy
grandes. En estos años el FA comenzó a agregar un acercamiento mayor a
sectores del ámbito agropecuario. Pero en comparación con blancos y
colorados, sigue siendo el partido con menos cargos políticos ocupados por
empresarios.

—¿Qué estrategias de reclutamiento de empresarios tiene el FA?

—Una tiene que ver con los cuadros ejecutivos reclutados a partir de la
gestión en las grandes empresas públicas. Ute, Antel y Ancap han sido
históricamente catapultas para reforzar candidaturas políticas de cuadros
ejecutivos; y ahora lo estamos viendo con el FA. La otra estrategia, más
reciente, tiene que ver con la mediación, negociación y cooptación recíproca
de sectores del ámbito empresarial agropecuario. Al frente del Ministerio de
Ganadería se suele colocar a personas vinculadas con lo agropecuario, como
el ministro Tabaré Aguerre (empresario arrocero).

—El Quincho de Varela (1) representó uno de esos lugares de mediación
informal entre empresarios y políticos frenteamplistas.

—Es eso, y también algo más. Expresa el relacionamiento con la mediana y
pequeña empresa, pero también con empresarios vinculados a la regulación
pública, por ejemplo al transporte o al puerto. No sólo porque la regulación
pública y los intereses privados están necesariamente vinculados de forma
cotidiana, porque lo que pasa en uno influye en el otro, sino porque las
pymes tienen una extensión capilar en la sociedad uruguaya. Una parte de los
dirigentes del FA ha estado vinculada a cooperativas de empresas. Aunque no
se trata del gran empresariado, porque las pymes uruguayas a nivel
internacional son microempresas, tiene incidencia política.

—¿Por qué concluyen en su investigación que las grandes empresas tienen
mayor distancia política con el Frente Amplio? ¿Cómo se expresa esa
distancia?

—No aparecen en el financiamiento de las campañas políticas del FA, pese a
que reconocen tener un dialogo fluido con el gobierno. Es cierto que es sólo
una de las tantas formas que tienen las grandes empresas de vincularse con
los partidos, pero que no financien las campañas del FA y sí la de los
partidos tradicionales ya está diciendo algo. Es muy difícil estudiar esa
relación, pero logramos hacer algunas exploraciones mediante entrevistas con
dirigentes de grandes empresas. Y responden que los canales de diálogo con
el gobierno son excelentes, pero no llegamos a ver un reclutamiento político
de esos dirigentes.

—¿En qué medida los gobiernos frenteamplistas han establecido acuerdos
estratégicos con las elites empresariales para evitar bloqueos o vetos del
poder económico? Se pactó, por ejemplo, con los empresarios de los grandes
medios de comunicación.

—Hubo acuerdos con las elites empresariales a través de la negociación
colectiva y mediante acuerdos estratégicos no escritos. La instalación de
sectores agroindustriales en zonas francas es una política de los noventa
que no se modificó, porque formaba parte de los incentivos al capital y la
inversión extranjera. Fue una primera estrategia para hacer política
redistributiva sin tener el veto del gran capital. Así se gestó también el
Estado de bienestar en Europa: haciendo reformas redistributivas sin que el
empresariado perdiera su tasa de ganancia. La segunda estrategia fue la
regulación laboral en favor de los trabajadores a través de la negociación
colectiva tripartita. Es, por tanto, una do­ble estrategia.

—Hubo un aparente giro conservador en el tercer gobierno del FA. ¿El
empresariado influyó en esto?

—El actual gobierno ha tratado de mantener la doble estrategia. La
preocupación por que se instale una tercera planta de celulosa tiene que ver
con que la inversión extranjera directa siga apuntalando el crecimiento
económico. El gobierno está diciendo que no va a cambiar las reglas de
juego. Pero también sigue con la negociación colectiva. Lo que ha habido es
un enlentecimiento. No se avanza, pero tampoco se retrocede. Es un
estancamiento. Pero es diferente al giro conservador que hubo en Brasil con
el desmantelamiento de lo hecho en el giro a la izquierda y con la captura
política del bloque empresarial.

—No deja de ser paradójico que el giro a la izquierda latinoamericano haya
propiciado el acceso de más empresarios a la política.

—Si el inicio del giro a la izquierda lo marcamos con la llegada de Lula al
gobierno de Brasil en 2002, debemos recordar que ya su vicepresidente era un
empresario. Los empresarios no estuvieron ausentes en el ciclo del giro a la
izquierda, aunque tuvieran menos hegemonía que en los noventa. El
crecimiento económico permitió pactar entre políticas redistributivas y
políticas beneficiosas para el capital. Había margen para las dos cosas sin
la amenaza de veto de los sectores económicos más poderosos. También sucedió
eso en Venezuela, o en Bolivia con la llamada “burguesía chola”. Los
estudios sobre las crisis del posliberalismo y la reacción conservadora en
Brasil están prestando atención a los sectores empresariales que mantuvieron
una fuerte incidencia, y a las nuevas elites económicas que aparecieron con
el giro a la izquierda. Para saber qué está pasando con los empresarios que
entran en la política debemos saber qué tipos de dirigentes empresariales
tenemos. Un primer núcleo son los propietarios de empresas, los más
invisibles en la escena pública. Un segundo grupo influyente en la política
son mánagers, cargos directivos y de la alta gerencia, vinculados a las
clases altas y medias-altas. Un tercer grupo son los empresarios que
tradicionalmente ingresaron en la política latinoamericana: los productores
rurales. Es un tipo de empresario que no está absorbido totalmente por la
gestión empresarial y tiene tiempo para dedicarse a la política. En Brasil
eso es muy notorio con la bancada ruralista. En Uruguay el ingreso de
empresarios rurales a la política ha sido tradicionalmente a través del
Partido Nacional. Y un cuarto grupo son los grandes estudios jurídicos y
contables que administran intereses de grandes empresas, y que quedaron más
al descubierto con los Panama Papers.

—Es el caso del estudio uruguayo Posadas, Posadas y Vecino.

—Sí, ese es de los más visibles, aunque también hay otros estudios jurídicos
vinculados a la actividad futbolística. Pero la novedad es que las nuevas
elites empresariales aparecen como un empresariado más moderno, con una
gramática y un lenguaje empresarial que quieren trasladar a la política.
Edgardo Novick es la expresión uruguaya de un empresario que quiere entrar
en la política colocando un tipo de saber técnico que le dé cierto estatus
por venir del ámbito empresarial.

—Es el saber tecnocrático colonizando la política. Pero si logra anclarse es
porque existe un campo fértil abonado por otros partidos, incluso por
sectores de izquierda. ¿No es esa una expresión de la hegemonía neoliberal?

—A pesar de que Uruguay tiene una tradición política y un sistema de
partidos consolidado, no ha estado ausente de estos temas. Eso que tú dices
es claro en la política de Chile. Los programas de gobierno son acordados en
la “tecnópolis”, es decir, por técnicos que hacen acuerdos entre ellos más
allá del partido al que pertenecen. Eso todavía no sucede en Uruguay. Los
cuadros técnicos siguen más vinculados a lealtades partidarias, aunque
aparece la idea en el discurso de Novick y en su iniciativa de reclutar
candidatos a intendente a través de consultoras. Eso claramente es poner
criterios de gestión empresarial en el campo político, y es la faceta más
nueva de la incidencia de los empresarios en la política.

—Y aquella imagen del empresariado uruguayo poco proclive a los riesgos,
rentista, especulador, atado a las prebendas del Estado ¿en qué medida
cambió?

—Aparece distinta. La discusión no pasa tanto por determinar si los
empresarios son rentistas o innovadores, emprendedores y proclives al
riesgo. De hecho, una parte importante de la riqueza generada por el
empresariado no proviene del riesgo, sino de la asociación o captura del
Estado. Las investigaciones sobre el grupo empresarial de Macri en Argentina
o el de Trump en Estados Unidos muestran que, en lugar de hacer grandes
inversiones de riesgo, han estado fuertemente imbricados con los estados
desarrollando estrategias para influir en las políticas públicas. Parte de
la riqueza de Trump proviene de los márgenes de rentabilidad –relacionados
con la regulación pública– del sector inmobiliario. Un concepto que se
utiliza para analizar la relación entre empresarios y gobernantes es el de
“puerta giratoria”, que refiere a cómo representantes de los grupos
empresariales entran y salen de la política. A veces un miembro del gabinete
de un gobierno saliente es cooptado por el sector empresarial porque tiene
redes, know how y experiencia, o viceversa, cuando un gobierno recluta
gestores de intereses empresariales.

—Es el caso de Fernando Puntigliano, que salió del puerto, pasó por Aratirí
y ahora está en la Intendencia de Montevideo, o el caso de Marta Jara, que
luego de pasar por petroleras privadas llegó a Ancap.

—Sí, son ejemplos de la movilidad de los mánagers, de los equipos
gerenciales que están en el sector público y en el sector privado; van y
vienen, puede ser con grandes o pequeñas empresas. Daniel Martínez también
se presenta como buen gestor por su experticia en el sector privado. Ahora
no discutimos tanto en clave burguesía versus Estado, sino más bien de la
influencia de las elites empresariales sobre los gobiernos, las políticas
públicas y los partidos políticos.

—¿El empresariado sigue teniendo más “conciencia de clase” que el
proletariado? ¿O esa visión de las elites empresariales como sujetos
colectivos cohesionados y homogéneos es insuficiente para entender la
actualidad?

—Las investigaciones muestran que la visión tradicional sobre la
homogeneidad del sector empresarial no es así. En algunos momentos confluyen
los intereses empresariales, pero en otros se fragmentan. Lo mismo respecto
de la incidencia política. Sin embargo, en Brasil el bloque empresarial está
mostrando una gran homogeneidad para capturar la política, ganó mucho
terreno en poco tiempo y volvió a desbalancearse la relación con un
desmantelamiento rápido de la protección laboral. No sólo la creada por
Lula, sino la que venía desde Getúlio Vargas. No debemos minimizar estos
momentos. Aunque el sector empresarial no sea homogéneo, en el capitalismo
global los procesos de concentración económica son cada vez más fuertes, y
también lo es la capacidad de organización de las elites dirigentes.

* Miguel Serna es licenciado en sociología por la Universidad de la
República (Udelar) y doctor en ciencia política por la Universidad Federal
de Río Grande del Sur (Brasil). Está especializado en política comparada e
integración latinoamericana, y coordina las investigaciones “Grupos
dirigentes y poder en Uruguay” y “Desigualdad, pobreza y políticas
sociales”. Es docente en la Facultad de Ciencias Sociales (Udelar) e
investigador del Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores de la Anii.
Realizó estudios posdoctorales en la Universidad de París 3 y en la
Universidad de Salamanca.

Nota de Correspondencia de Prensa

1) Instalación en la periferia de Montevideo, propiedad de un empresario
rural amigo del matrimonio Mujica-Topolansky, que poseen su chacra en la
misma zona. Allí, Mujica organiza encuentros con empresarios, sindicalistas,
embajadores y políticos. Todos los 1° de Mayo, se realiza un almuerzo: los
comensales provienen de los diferentes estratos de la “clase política”  y
los poderes corporativos.

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Empresarios políticos

Sobrerrepresentados

El 20 por ciento de los políticos uruguayos son empresarios, según un
estudio de Miguel Serna, Eduardo Bottinelli, Marcia Barbero y Franco
González presentado en las XVI Jornadas de Investigación Científica de la
Facultad de Ciencias Sociales (Udelar), titulado “Los empresarios en la
política en Uruguay en tiempos de cambio (2000-2015)”. Aunque la cifra no
varía demasiado durante el período estudiado, y es menor al promedio
latinoamericano (25 por ciento), los investigadores concluyen que en Uruguay
hay una “sobrerrepresentación formal de empresarios ocupando cargos
políticos (…) cuando se los compara con el peso que tienen esas categorías
en la estructura social de cada país”. Pero también encuentran diferencias
relevantes en la participación por partido. El Frente Amplio es el que
presenta menos empresarios en cargos políticos (13,9 por ciento), en el otro
extremo se ubica el Partido Nacional (32,3 por ciento), y en un nivel
intermedio el Partido Colorado (22,4 por ciento). La proporción de
empresarios en cargos políticos varió poco entre colorados y
frenteamplistas, pero aumentó entre los blancos, en cuyas filas se destacan
los empresarios rurales.

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La trasnacionalización de las elites económicas

Empresarios “latinuruguayos”

El 100 por ciento de los directivos de las cinco principales cámaras
empresariales son uruguayos, según otro estudio de Miguel Serna y Franco
González que analizó una muestra de directivos de grandes empresas y
entidades gremiales empresariales en los últimos diez años. Al observar los
directorios de las grandes empresas, identificaron que 69 por ciento son
uruguayos, 19 por ciento extranjeros de la región y 12 por ciento de otras
nacionalidades. En la alta gerencia la proporción fue de 90, 6 y 4 por
ciento respectivamente. Al reparar en la nacionalidad de los cuadros
directivos, los investigadores se refieren a las “caras paradójicas de la
globalización”. Por ejemplo, la “desnacionalización parcial de las clases
dirigentes globales”, dado que gran parte de la trasnacionalización de las
empresas uruguayas se produce en los “marcos de la integración regional” a
través de empresas multilatinas y directorios empresariales con redes
regionales.

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Desigualdad de género en la cúpula empresarial

Subrepresentadas

Las mujeres están subrepresentadas en el mundo empresarial. Las elites
empresariales están “notoriamente masculinizadas, con una baja participación
de las mujeres, y testimonial en la mayoría de los casos”, según el estudio
de Miguel Serna y Franco González. Las desigualdades de género son evidentes
en la cúpula de las grandes empresas. El 97 por ciento de los puestos en los
directorios de las cámaras empresariales está ocupado por varones; en los
directorios de las grandes empresas éstos tienen el 89 por ciento de los
cargos, y en la alta gerencia el 90 por ciento. “A partir de 2018 nos
proponemos investigar y discutir los estudios comparados de los organismos
internacionales que utilizan criterios estandarizados para todos los países
y encuentran que la situación en las pymes uruguayas avanzó. Pero queremos
mirar las elites discriminadas para mostrar cómo los núcleos duros del poder
empresarial siguen totalmente masculinizados”, explica Serna.

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