Catalunya/ La victoria de la autodeterminación y el callejón sin salida del gobierno de Rajoy [Daniel Raventós y Gustavo Buster]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

2 de octubre 2017

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Catalunya

Editorial

La victoria de la autodeterminación de Catalunya y el callejón sin salida
del gobierno de Rajoyc

Daniel Raventós Gustavo Buster *

Sin Permiso, 2-10-2017

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Siguiendo la lógica de la declaración de inconstitucionalidad de la ley de
referéndum aprobada por el Parlament de Catalunya por parte del Tribunal
Constitucional del Reino de España, los más de 15.000 policías nacionales y
guardias civiles estacionados en tres barcos de crucero en el puerto de
Barcelona han sido lanzados en sus vehículos y durante todo el día han
reprimido el ejercicio del derecho a voto este primero de octubre del pueblo
de Catalunya. El famoso “a por ellos” con el que fueron despedidos en
algunas ciudades españolas, con la participación de mandos, no era sino una
extensión de lo que ya había decidido el gobierno Rajoy.

Es innecesario buscar adjetivos para el ejercicio de su función represiva
contra los colegios electorales constituidos, las colas de votantes o el
“material electoral”. Las imágenes de los videos difundidos se explican por
sí mismas y no precisan de comentarios sobre lo que el gobierno Rajoy
considera el uso “proporcional, eficaz y sereno” del monopolio de la
violencia que ostenta. La Guardia Civil y la Policía Nacional actuaron como
fuerzas de ocupación. En todo caso, la vicepresidenta del gobierno español
Saenz de Santamaría  ha despejado cualquier duda asegurando que las fuerzas
represivas –en este caso de “desorden” del proceso electoral- habían actuado
sólo contra el “material electoral”. 844 “materiales electorales”, en la
particular terminología cínica de la vicepresidenta, han tenido que ser
atendidos en diversos hospitales de toda Catalunya y dos de ellos se
encuentran en estado grave por los disparos de pelotas de gomas. Unas
pelotas de goma que hace tiempo están prohibidas en Catalunya.

Lo que ha demostrado, entre otras muchas virtudes el gran movimiento que ha
hecho posible el 1 de octubre es la capilaridad de su organización. Hay
quien lo compara por exceso poético con el 15-M catalán: no, es mucho más
amplio.

El gobierno Rajoy había asegurado durante semanas que legalidad es lo mismo
que democracia. PSOE, Ciudadanos, medios de comunicación (las portadas y
artículos de El Mundo, La Razón, El País, ABC… del día 2 parecen una
invención alucinante de lo sucedido el día anterior) y conocidos peritos en
legitimación, explicaron esta tesis de mil maneras distintas. Y, claro está,
su contraparte: el referéndum del 1-O ni era legítimo, ni era legal,, ni
tenía garantías, ni era nada que se asemejase a algo democrático. Con
independencia de que sea el mismo gobierno el que defina e interprete a
través de su control del aparato judicial -y muy especialmente de un
Tribunal Constitucional cuya mayoría designa, relegando a la “independencia
del poder judicial” a un insuperable ejemplo de contradictio in terminis-
qué es la “legalidad”, es evidente que la coherencia de su discurso exige
hoy ilustrar lo que realmente entiende por “democracia” a través de las
imágenes de doce horas de represión filmadas en directo.

El efecto no puede ser más devastador para la legitimidad de cualquier
gobierno. Un gobierno legal, per definición, otro perfecto ejemplo de que
hay legalidades que merecen ser barridas de la realidad.

¿Imposible la autodeterminación?

La “ilegalidad” así reprimida -con un criterio de “proporcionalidad” que
exigía para contenerse la disolución del “material electoral” hasta el punto
de que no pudiera expresarse libremente a través de la introducción de una
papeleta en una urna- ha hecho, según el gobierno Rajoy, imposible el
ejercicio del derecho de autodeterminación mediante referéndum.

Es difícil negarle al gobierno sus esfuerzos represores para desvirtuar las
condiciones habitualmente exigibles para el desarrollo democrático del libre
ejercicio del voto. Como en una profecía autocumplida o una crónica
anunciada ha hecho todo lo posible para hacer imposible lo que el mismo
exigía. Y de qué manera. Pero lo asombroso a pesar de ello, es que la gente
–mucha gente, más de dos millones de personas- ha constituido miles de
colegios electorales, ha hecho muchas horas de cola (el ataque al sistema
informático obligaba muchas veces a algún miembro de la mesa a salir a
explicar a la gente que “tuvieran paciencia”), ha votado, ha levantado
barreras humanas contra quienes querían llevarse las urnas y las papeletas.
Semejante osadía democrática merecía ser castigada mediante la barbarie
policial, una y otra vez “proporcionalmente”. Las imágenes impresionaron a
muchos observadores extranjeros que literalmente no daban crédito a lo que
estaban viendo en un Estado que dice llamarse “de derecho”.

¿Es posible poner en duda que la expresión de resistencia democrática y de
ejercer su derecho a la autodeterminación de toda esta gente es algo muy
superior al formalismo de introducir un voto en una urna?

Muchas personas, en el momento de votar, quisieron que fuera fotografiado el
momento. Porque eran perfectamente conscientes que estaban viviendo un
momento histórico. No es lo habitual en otras elecciones. Y hay quien ha
querido después, en su impotencia para impedirlo, discutir la limpieza de
las votaciones. Es la calumnia más impúdica cuando no queda ni un adarme de
razón. Hubo personas ancianas, que tenían preferencia siempre en las colas,
que tuvieron que regresar a casa porque habían traído el DNI fotocopiado,
porque solamente se permitía el original. Los miembros de la mesa, con
enorme pesar, así tse lo comunicaban. Y los ancianos volvían con su DNI
tiempo después… Pero los defensores del “estado de derecho” intentaron
menospreciar esta gran jornada de movilización democrática calificándola de
“pic-nic”, o calumniando al afirmar que se realizaban “votaciones en grupo”.
Las hemerotecas son inclementes y algunos se habrán arrepentido ya de su
vileza. Y el Alto Comisionado para los DDHH de Naciones Unidas, Zeid Raad Al
Hussein exige una investigación sobre los actos violentos policiales del 1
de octubre.

Puestos a recordar la definición del derecho de autodeterminación de los
pueblos en el derecho internacional -desde la década de 1860, a partir de
los 14 Puntos de 8 de enero de 1918 del Presidente de EEUU Woodrow Wilson,
pero también de la Resolución del Congreso de Londres de 1896 de la Segunda
Internacional y la Declaración de los Derechos de los Pueblos de Rusia de
noviembre de 1917 del gobierno soviético, más tarde recogido en el punto 8
de la Carta Atlántica de 14 de agosto de 1941,  en el Capítulo 1, artículo 1
de la Carta de las Naciones Unidas de enero de 1942 y en el artículo 1 de
las Convenciones de 1966 de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales- : “Todos los pueblos tienen derecho a la
autodeterminación. En virtud de ese derecho determinan libremente su
estatuto político y libremente el carácter de su desarrollo económico,
social y cultural”.

Porque el elemento central del derecho de autodeterminación es la
constitución de un pueblo soberano que decide por sí mismo, no el resultado
de esa decisión. Tras el 1 de octubre caben pocas dudas que el pueblo de
Catalunya se ha constituido como pueblo soberano. Este es el derecho
internacional que pretende evadir la Constitución de 1978 al establecer a
priori en su artículo 2 la existencia de un solo pueblo soberano en el Reino
de España, al que el texto constitucional “restauraría” su soberanía bajo
una monarquía, después de 40 años de dictadura franquista.

Una nueva legitimidad popular catalana

Tras el 1 de octubre, la “ilegalidad” declarada por el Tribunal
Constitucional sobre la que se asienta la represión vivida, se enfrenta a
una nueva legitimidad constituyente surgida de la propia movilización
popular en defensa del derecho a decidir. En los próximos días se barajarán
distintas propuestas. Pero algo está claro para una proporción muy grande de
la población: el 1 de octubre ha constituido un pueblo soberano catalán y ha
hecho realidad el surgimiento de una nueva legitimidad en la que asentar las
instituciones políticas catalanas. El reconocimiento expreso de ella en los
programas electorales de las fuerzas políticas que concurran a unas nuevas
elecciones catalanas, cuando sea el momento adecuado, dotarán al nuevo
Parlament de un carácter constituyente.

Esta es la principal razón jurídico-política de la derrota de Rajoy este 1
de octubre: el imprescindible diálogo y negociación tendrán lugar sobre la
base de unas soberanías  compartidas, pero distintas, que entierran en
Catalunya el régimen del 78. Desde su discurso en la noche del 1 de octubre,
y en los próximos días, el gobierno Rajoy intentará negar esta nueva
naturaleza potencial de las instituciones políticas catalanas, como si la
movilización –no solo el referéndum- no hubieran tenido lugar, lo ocurrido
fuera solo un problema de “orden público” y el diálogo político una sumisión
jerarquizada para restablecer la gestión de las finanzas y competencias
autonómicas intervenidas.

En esta lógica cobra todo su valor el llamamiento de la Mesa por la
Democracia para defender los derechos soberanos ciudadanos en Catalunya.
Como imprescindible es la solidaridad en el Reino de España y la Unión
Europea. El día 3 hay convocada una huelga general, aunque algunos han
preferido llamarla “paro de país” y otros simplemente “paro”.

Una fase más aguda de la crisis del régimen del 78

El 1 de octubre ha abierto, por lo tanto una nueva fase más aguda de la
crisis del régimen del 78. Tanto Unidos Podemos como las fuerzas
soberanistas catalanas –y próximamente vascas- apuntan al desarrollo de
procesos constituyentes que permitan extender el derecho a decidir más allá
de la Constitución de 1978 y los límites impuestos por los “poderes
fácticos” en la Transición a todos los ciudadanos y todos los pueblos del
Reino de España. Las manifestaciones de solidaridad con Catalunya en Madrid,
Sevilla, Valencia, Bilbao… han sido una muestra de este camino abierto por
las movilizaciones del 15-M, la lucha del pueblo catalán por su
autodeterminación y el desprecio de las libertades democráticas en Catalunya
antes y durante el 1 de octubre.

Las declaraciones de Pedro Sánchez el 1 de octubre no son esperanzadoras:
condena del 1 de octubre como atentado al “estado de derecho”. Pero incluso
el dirigente del PSOE ha tenido que exigir al PP una comisión de reforma
constitucional y un “diálogo” con las instituciones políticas catalanas a
partir de la condena de la actuación represiva del gobierno Rajoy: un
equilibrismo imposible, se señalará con razón. Pero la solución de este
equilibrio no es otra que una moción de censura inmediata contra el gobierno
Rajoy.

Porque en términos prácticos, el gobierno Rajoy sale achicharrado de su
gestión no solo del 1 de octubre, sino de su orientación de confrontación
con el movimiento soberanista catalán desde el recurso de 2010 contra el
nuevo Estatut de 2005.  Su minoría mayoritaria, que le permitió formar
gobierno después de dos procesos electorales perdiendo una sangría de votos,
solo fue posible con la abstención de la gestora del PSOE y el apoyo
presupuestario del PNV. Tras el 1 de octubre, no puede contar con el PNV
para el presupuesto de 2018 y tendrá que prorrogar el de 2017. Y su intento
de volver a subsumir al PSOE de Pedro Sánchez bajo su hegemonía a través del
enfrentamiento con el soberanismo catalán se topa hoy con la condena de las
escenas de represión y las llamadas a un diálogo que le hacen
co-responsable, en otro equilibrismo, del enfrentamiento institucional junto
a Puigdemont. El PP solo cuenta por el momento con los autonomistas canarios
y con Ciudadanos, que ya empieza a criticar su gestión de la cuestión
catalana como ineficaz, cuando no de fracaso.

La represión del referéndum del 1 de octubre exige un acto de fe de la
derecha española: creer primero que ha desarticulado un referéndum cuyo
recuento de votos se podía seguir en TV3 en el mismo momento en el que Rajoy
hacía su declaración oficial tras la jornada. Pero si discutible es la
existencia de las condiciones para su desarrollo democrático tras la masiva
represión, no cabe duda que la movilización para votar y defender los
colegios electorales ha sido la mayor del movimiento soberanista catalán en
estos siete años de aplicación de la estrategia del PP. Y ese movimiento
sigue después del 1 de octubre más activo, más organizado y más legitimado
que en anteriores ocasiones entorno al ejercicio del derecho de
autodeterminación. Hasta el punto que parecen cuanto menos ingenuas las
ofertas de ministros como De Guindos de una mejora del sistema de
financiación de la autonomía cuando, de entrada, todas sus cuentas están
intervenidas. Esa derecha nacionalista española culpará a Rajoy de su
fracaso el 1 de octubre, erosionando su legitimidad y su hegemonía en su
propia base social.

Sin descartar nuevas intervenciones represivas en los próximos días y meses,
incluida la aplicación formal del artículo 155, la crisis catalana se
trasladará también a Madrid. Ya se ha trasladado, pero lo hará con mayor
contundencia. La exigencia de diálogo para salir del callejón sin salida en
el que Rajoy ha situado al régimen del 78, tanto en el terreno
presupuestario como en el de la estructura territorial del estado (los dos
únicos objetivos de esta legislatura), presionará a favor de un gobierno
capaz de llevarlo a cabo. Ese gobierno no puede surgir de la alianza entre
PP y Ciudadanos y solo puede constituirse tras nuevas elecciones
anticipadas, que serían las terceras desde el fin de la mayoría absoluta del
PP.

A falta de una alternativa por la izquierda –que no podría necesitar los
apoyos de partidos soberanistas vascos o catalanes sin provocar una nueva
crisis en el PSOE-, la agonía del régimen del 78 puede prolongarse con
consecuencias cada vez más dañinas para una gestión económica completamente
dependiente de la financiación de su deuda pública y privada de los
programas de “flexibilización cuantitativa” del Banco Central Europeo.

El autocomplaciente discurso de victoria de Rajoy el 1 de octubre puede ser
su canto de cisne. Sonaba a descomposición de un régimen deslegitimado y
corrupto. El día 4 el Parlament de Catalunya hará balance. Y Rajoy ha pedido
comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar una intervención
que ha provocado violaciones de derechos humanos, que hoy la propia UE
critica. Mientras tanto, desde Catalunya y desde los sectores más diversos
del Reino de España se exige: ¡Fuera la Guardia Civil y la Policía Nacional
de Catalunya!

* Miembros del comité de redacción de Sin Permiso.

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