Uruguay/ Contra la corriente: trabajadoras/es de Fripur a dos años del cierre de la empresa [Mariana Abreu - Testimonios]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

21 de octubre 2017

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Uruguay

Trabajadores de Fripur dos años después del cierre de la empresa 

Contra la corriente 

Casi mil personas perdieron su empleo cuando la pesquera cerró, la gran
mayoría mujeres. A pesar del tiempo transcurrido, la pelea de los
trabajadores, que entonces ocuparon la fábrica, aún no termina. Ahora
preparan una demanda para vincular a los antiguos propietarios con otros
negocios y poder cobrar lo que se les debe, y además reclaman la puesta en
marcha de la planta de producción, en manos de la canadiense que compró la
pesquera. En tanto, muchos siguen en busca de trabajo.

Mariana Abreu

Brecha, Montevideo, 20-12-2017

https://brecha.com.uy/

La selfie que se tomó Beatriz Argimón junto a las trabajadoras de la planta
sigue colgada en la página web del Partido Nacional. La integrante del
Directorio blanco, como tantos otros representantes de partidos políticos de
diferentes colores, había visitado Fripur durante la ocupación que los
trabajadores mantuvieron al cierre de la fábrica, hace más de dos años.
Alrededor de mil personas perdieron su fuente laboral en aquel entonces, la
mayoría mujeres jefas de hogar.

—Argimón se quedó a comer tortas fritas con nosotras. Dijo: ‘Me llaman
cuando precisen lo que sea’”, recuerda Marlen Marrero, una de las ex
trabajadoras de la pesquera.

—Venía algún político que otro a sacarse fotitos; que fotito para acá, que
fotito para allá. Vino un grupo de mujeres del Palacio (Legislativo), eran
como 20, las esperamos con pizza. Pero a nadie le importó un carajo nada.
Todo el mundo se colgó de la teta de la vaca para decir que estuvo, nada
más. En definitiva, ¿en qué terminó esto? Todos sin laburo, la cooperativa
no salió, la planta se la vendieron –bah, se la regalaron– a una empresa
canadiense…”, dice, pasando en limpio, con la perspectiva que sólo da el
tiempo.

Durante la ocupación, teniendo en mente el antecedente de otra fábrica
cerrada tiempo atrás, Marlen y sus compañeras idearon un plan para presentar
a Cutcsa. Proponían que la empresa empleara a las mujeres mayores que habían
perdido el trabajo a pocos años de jubilarse, con un futuro laboral
desalentador a causa de la edad y de no tener experiencia en otras tareas,
luego de haber dedicado la mayor parte de su vida a Fripur. Ante la
consideración de Argimón, que enviaba mensajes de Whatsapp a las
trabajadoras, consultándolas acerca de su situación y poniéndose a las
órdenes, las mujeres decidieron pedirle ayuda para llevar adelante su
proyecto. Cuenta Marlen que en la reunión que mantuvieron con la
nacionalista, para tal fin, ésta tomó nota de lo planteado y aseguró que se
comunicaría con la Bancada Bicameral Femenina y con el presidente de Cutcsa,
de quien afirmó ser “muy amiga”.

—¿Y qué pasó?

—Todavía estoy esperando.

—¿No llamó más?

—Nunquita más, ni siquiera me contestaba los mensajes de Whatsapp.

—Empezás a descreer. No querés saber más nada, porque sentís que te están
usando, responde Marlen a la pregunta de si la propuesta fue presentada a
otros políticos, precisamente a los del Frente Amplio, en vista de los
pegotines que lucen los vidrios de su casa, con las caras de algunos de sus
dirigentes. “Los blancos, los colorados y también los frenteamplistas fueron
a la planta para decir que estuvieron ahí. Creo que todos los gobiernos del
Frente Amplio, los tres, pensaron: ‘No hay que darles mucha bola, son una
manga de ignorantes, toda la vida trabajaron adentro de Fripur, ¿qué sabrán
éstas?”.

Viento y marea

El reciente estreno de Pecera,1 un documental independiente filmado entre
fines de 2015 y principios de 2016 durante la ocupación de Fripur,
transporta a los espectadores al fervor de una lucha con la que se
solidarizó un sinfín de personas y organizaciones, y les lanza la pregunta:
¿qué fue de todo aquello.?

La misma Marlen, protagonista de la película, expresaba entonces su
esperanza de que la pesquera reabriera, y a lo mismo aspiraba su compañero,
Ramón Donino, que mantenía “las expectativas de seguir trabajando” en el
lugar. Otra escena registra una asamblea en donde se debatía sobre la
cooperativa formada por los trabajadores para llevar adelante la fábrica,
bastante antes de que un fallo judicial inclinara la balanza en favor de
Cooke Aquaculture, la empresa canadiense que adquirió finalmente Fripur. La
posición de la firma, sostenía el fallo, resultaba “notoriamente superior”
en cuanto a “solvencia y certeza”2 a la de los antiguos empleados.

Pero no sólo el anhelo de autogestión se frustró, también la idea de que
gran parte de los ex trabajadores de Fripur se emplearan en la nueva firma.
La canadiense contrató a no más de una veintena de ellos para tareas de
acondicionamiento y mantenimiento de las máquinas. A los pocos meses éstos
volvieron a quedarse sin empleo, pues la planta de producción no está en
funcionamiento.

En una primera instancia, los nuevos dueños, enfocados en la pesca del
cangrejo, no tenían interés en reabrir la planta. Sin embargo, plantea José
Umpiérrez, representante del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y
Afines (Suntma) y ex empleado de Fripur y de Cooke Aquaculture, el problema
actual no radica en la voluntad de la firma –que estaría dispuesta a hacer
una prueba para procesar merluza–, sino en que las autoridades municipales
no otorgan la habilitación a la harinera del Cerro. En este establecimiento,
comprendido en el paquete accionario adquirido por la canadiense, se
procesan los desechos del pescado. Sin el permiso, afirma, a la empresa no
le es redituable poner en marcha la planta de la calle Rondeau, que sí
cuenta con habilitación por seis meses, porque se desperdiciaría parte de la
pesca. “La habilitación de la planta de harina de pescado está trancada
debido a la resistencia de los vecinos, que presionan por los olores. Pero
existe infraestructura que la misma firma tiene en países como Chile para
purificar las aguas y evitar el mal olor”, explica.

El Suntma planteó el asunto de los permisos hace tres meses ante la Comisión
de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, pero asegura que el
reclamo continúa sin respuesta. El sindicato encuentra una contradicción en
que se haya adjudicado la fábrica a los inversionistas para que éstos
proporcionen fuentes de trabajo, y al mismo tiempo no habilitarlos a operar.
En caso de que reabriera la planta, estima Umpiérrez, “habría 250 personas
sólo en la producción, más los administrativos, el personal de la harinera,
de servicios generales y de locomoción. No funcionaría en los niveles de
antes, pero sí con una gran cantidad de trabajadores”.

Guerreras en pie 

Miriam Rodríguez se mantiene atenta al teléfono. Espera que la llamen de
algún trabajo, ahora que su nuera le creó una casilla de correo electrónico
y pudo apuntarse en varias ofertas por Internet. “La edad no te ayuda”, dice
a sus 57 años. Ya no puede contar con la plata que cobró del despido porque,
en parte, fue a llenar las arcas de las casas de préstamos.

Su cuerpo también le ha pasado factura. Fueron 23 los años que la mujer
trabajó en Fripur, soportando el frío y la humedad, de pie, durante 12 horas
diarias continuas. Ahora tiene problemas en la columna, artrosis en las
rodillas y las manos atacadas por una tendinitis feroz originada en los
tiempos en que desprendía la carne de 40 pescados por minuto. Aun así, no
cumple con los requisitos para jubilarse por enfermedad.

“En Fripur –afirma– nunca me mandaron al Banco de Seguros, si íbamos,
terminábamos en la calle o no cobrábamos, era todo amenaza. Y me fui
enfermando, por seguir laburando, porque quedé viuda con un hijo de 2 años y
seguí luchándola hasta ahora.”

Miriam fue una de las que permanecieron en la planta hasta los últimos días,
cuando le dijeron que los canadienses habían comprado y tenía que irse.
Hasta comienzos de este año utilizaba, junto a un par de compañeras, las
instalaciones de la fábrica vacía para hacer tortas fritas y destinar los
pesos de la venta a mantener a su familia.

Explica que, formalmente, lo que llevaron a cabo los trabajadores en Fripur
no fue una ocupación, por eso prefiere el término “vigilia”. “Era estar ahí
para ver qué pasaba”, apunta. Señala que quienes se quedaron en la fábrica
cuando recién cerró se contaban por decenas, aunque no todos lo hicieron día
y noche. Después de algunos meses eran alrededor de veinte los trabajadores
que iban y venían a diario y, algunos más, los días de asamblea. Con el paso
del tiempo la vigilia se fue extinguiendo, el seguro de paro fue mermando y
también la esperanza. Comenzaba a imperar la necesidad de buscar una changa
en otro lado. 

Cuentas sin saldar 

De los cerca de 17 millones de dólares que pagó Cooke Aquaculture por la
adquisición en bloque de Fripur, un 71 por ciento fue a cubrir parte de la
deuda con los bancos República, Santander y de Previsión Social, principales
acreedores de la pesquera quebrada. El 29 por ciento restante se destinó a
los ex empleados y otros acreedores. El porcentaje que recibieron los
trabajadores, equivalente a poco más de 3 millones de dólares, alcanzó a
cubrir el 56 por ciento del despido y de la licencia que generaron desde que
la empresa fue intervenida hasta que cerró. El dinero estuvo disponible para
ellos recién en mayo de este año.

La deuda previa al concurso de acreedores, licencias o despidos anteriores,
podrá ser cobrada sólo después de saldada la totalidad de la deuda
posconcursal y en caso de que aparezcan bienes transables de los cuales
obtener efectivo, algo que no es seguro que acontezca, al menos en el corto
plazo.

Luego de la compra por parte de la canadiense se abrió una nueva etapa con
relación al debe millonario del frigorífico pesquero. Algunos acreedores,
entre los que se encuentran Ute3 y los trabajadores, intentan conectar a
Fripur con otros negocios de la pudiente familia Fernández, su antigua
dueña.

“Plantaciones de soja, molinos de viento, cría de ganado, estancias
turísticas, propiedades en Montevideo y en el Interior”, enumera Umpiérrez.
Algunos de estos negocios son conocidos de primera mano por los trabajadores
a los que se les debe, ya que eran contratados por los propios Fernández
para realizar allí tareas de mantenimiento. Sin embargo, apunta la abogada
del sindicato, Isabel Camarano, “una cosa es la realidad y otra es la figura
jurídica que hay que probar”.

La defensa de los trabajadores prepara una demanda laboral para vincular a
la empresa de energía eólica Kentilux con Fripur. Si se constata ese vínculo
“caería el velo jurídico de las sociedades anónimas y todo vendría a ser lo
mismo”. Para comprobar que ambas sociedades integran un solo conjunto
económico, explica, no basta con mostrar que las mismas personas integran
una y otra, hay que probar que los negocios se mueven con los mismos
capitales.

El proceso será largo, la abogada prefiere no arriesgar un plazo estimado y
tampoco asegurar cuál será el resultado. “Hay indicios de que se puede
probar, pero no basta sólo con eso”, se limita a decir.

Tiempo de tiburones 

Fue en 2001, poco antes de que estallara la crisis, que Jimena Peralta entró
a la pesquera. Cuenta que en esos años, cuando en Uruguay faltaba empleo, en
Fripur se trabajaba muchas horas por día y se ganaba bien. En aquel tiempo
las exportaciones eran buenas e, incluso, los empleados recibían aumentos y
premios. Diferente fue para quienes ingresaron a la firma poco después y
debieron conformarse con el salario mínimo.

“Me costó asimilar lo que gano ahora, que no se compara con lo de antes. Me
anoté en un montón de lados, pero lo que ofrecían era muy trasmano, sueldos
muy bajos o el turno de la noche”, sostiene la mujer de 37 años, que
actualmente trabaja en una empresa de limpieza.

Recién después de pasada la ocupación, cuando se quedó “quieta” en su casa,
Jimena cayó en la cuenta de la situación en la que se encontraba y no pudo
evitar deprimirse. A pesar de ello, asegura que su suerte era mejor que la
de muchas de sus compañeras, que estaban solas, con hijos chicos, nietos y
alquiler a cargo. Otras debían hacer frente a enfermedades, como el cáncer.

Quizá porque en los últimos años trabajar en Fripur no era para los
uruguayos tan redituable como antes, la empresa se dedicó a contratar gran
cantidad de personal dominicano, principalmente femenino. Cuando cerró,
alrededor de una centena de ellos estaban empleados allí, varios volvieron a
República Dominicana sin siquiera cobrar la parte disponible de sus haberes.
“Las malas lenguas dicen que los propios Fernández traían a las
dominicanas”, señala una de las ex trabajadoras, recordando a las mujeres
bolivianas que hacían labores domésticas en condiciones que bordeaban la
esclavitud, en la casa de Alberto Fernández, uno de los ex dueños de Fripur,
y también en la de su hijo Javier.

Letra de maestra 

Marlen trabajó 17 de sus 50 y pocos años en las líneas de producción de la
planta. Coincide con Jimena en que “en su momento fue un trabajo bien pago,
a pesar de todo lo que se vivía”. “En 12 horas tomaba un café con leche en
polvo y comía un refuerzo”, resume, entre otros padecimientos a los que eran
sometidos los trabajadores. Persecución sindical, maltrato psicológico,
condiciones de trabajo precarias, vulneración de derechos, de los que este
semanario ha dado cuenta en más de una ocasión.

Parte del dinero de su seguro de paro debió destinarlo a cubrir el préstamo
de 30 mil pesos con el que pagó un curso de soldadura eléctrica. Había
acordado con la empresa ingresar en el área de mantenimiento, pero la
pesquera cerró a los pocos días de terminada la capacitación.

Después de permanecer día y noche durante casi cinco meses en la vigilia,
Marlen comenzó a trabajar de forma honoraria en la dirección del Suntma.
Allí tuvo que dar otra pelea: por el hecho de ser mujer fue difícil que
algunos de sus compañeros varones respetaran su lugar. “En muchas cosas no
tenía voz ni voto”, afirma.

Este año la llamaron para hacer una changa en la construcción luego de que
enviara su currículum a donde decía el aviso del diario. Volvió a la
búsqueda de una fuente de ingresos cuando la obra terminó, y hace poquitos
días empezó a trabajar en una empresa de vigilancia.

“Fulanita, si sabés de algo…”, así cuenta que intentaron conseguir empleo
varias de las trabajadoras de la línea, muchas de ellas sin haber tenido la
posibilidad de estudiar o sin experiencia más allá de la pesquera. “Hay
personas que entraron a Fripur a los 18 años, como Graciela, que ahora vende
cosas en la feria los domingos. Y hay mujeres que tenían 50, 55, 58 años
cuando cerró, todas las de la línea nueve.”

Haciendo costuras, limpiezas o tortas fritas. “Las mujeres siempre nos
revolvemos de alguna manera”, dice la ex trabajadora del frigorífico
pesquero, y sentencia que es más complicado para los hombres, varios aún
desempleados, que no cuentan con esos saberes domésticos.

Marlen vuelve a alzar la voz contra la hipocresía de los políticos y otras
miserias que el tiempo la ayudó a digerir: “Mucha gente adoptó la manera de
ser de los mandos medios de la empresa, el maltrato. Hubo personas, entre
los propios compañeros, que llegaron a robar los pollos que nos donaban para
cocinar”. Pero tampoco olvida que hubo de lo otro, los ómnibus llenos de
alimentos, la mano extendida de los sindicatos, donaciones que cruzaron
fronteras, aportes de particulares y de diversas organizaciones, ayuda de
los familiares de antiguos trabajadores de Fripur.

La mujer recuerda “el día que llegaron como diez ómnibus con cosas que
enviaban los sindicatos de la enseñanza desde el Interior”, y abandona la
comodidad del sillón para dirigirse a la heladera y arrancar el trozo de
papel escrito a lapicera prendido con cinta adhesiva a la puerta. “Mirá,
este es uno de los cartelitos que nos ponían las maestras en los paquetes de
fideos, en las sopas-crema o el azúcar: ‘No pierdas la fe, ojalá que todo
mejore para ti y tu familia. Una maestra’.” “Lo tengo ahí siempre, a veces
lo miro y no puedo creer lo que pasó ahí adentro.”

Notas 

1) Pecera. Uruguay, 2017. 

2) El Observador, 1-III-16.

3) Sobre el juicio que prepara Ute véase”Perseverar”, Brecha, 1-IX-17.

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En trámite

La Intendencia de Montevideo (IM) analiza la solicitud presentada en el mes
de julio por la filial uruguaya de Cooke Aquaculture para operar la planta
de harina de pescado en el Cerro. Según el expediente al que accedió Brecha,
la comuna observó el planteo de la empresa en tres aspectos. El más
problemático se relaciona con los “antecedentes de impacto negativo producto
de las emisiones generadas por la planta y su afectación directa sobre el
área residencial circundante (percepción de mal olor)”. La situación,
sostiene el documento, responde a que la planta se ubica en una zona baja,
al “mal manejo de la materia prima en el momento de ingreso a la planta” y a
la “falla en el control de emisiones en el proceso”. Con respecto a esto
último, la IM entiende que la tecnología que instaló la empresa “mejora
sustancialmente la situación, pero no elimina definitivamente los olores”.

El otro punto que destacó la Unidad de Estudios de Impacto Territorial
municipal es el ingreso a la zona de la planta con camiones no autorizados.
Para ello aconseja concebir alternativas en las rutas u horarios.

El expediente también afirma que “el impacto en el empleo no es
significativo desde un punto de vista cuantitativo”. “Entre las
consideraciones para el funcionamiento de la actividad se valoraron los
efectos positivos del emprendimiento en cuanto al empleo de mano de obra (…)
local, situación que no se ve reflejada en el informe presentado (por la
solicitante)”, dice.

El 7 de setiembre la empresa respondió a la Intendencia, que “elevó” sus
consideraciones. La firma aseguró estar trabajando para mejorar la operativa
de la descarga y volcado de la materia prima para disminuir los malos
olores, y consideró alternar el tipo de camiones que utilizará, así como
realizar algunos traslados durante la noche. Según figura en el documento,
estimó en 30 los operarios a contratar en la harinera y en 450 en la planta
de La Aguada. Contando técnicos, administrativos y pescadores sumó alrededor
de 600 trabajadores.

Consultado por Brecha sobre si la planta volvería a estar en marcha una vez
que cuente con el permiso municipal, el gerente de operaciones de Cooke
Uruguay, Alessandro Giardino, aseguró: “Eso está en estudio. Depende de qué
calidad de habilitación nos dé, cuánto y cómo la vamos a poner a funcionar”.
“Para los inversionistas no es seguridad tener una habilitación por seis
meses”, agregó, aludiendo al permiso que concedió la IM a la planta de
Rondeau. Éste está sujeto a que la empresa presente un estudio de impacto
territorial a comienzos del año próximo.

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