Argentina/ ¿Del "consenso de los commodities" al "consenso antiindígena"? [Maristella Svampa]

[Ernesto Herrera]

  _____

Correspondencia de Prensa

12 de setiembre 2017

Boletín Informativo

https://correspondenciadeprensa.wordpress.com/

redacción y suscripciones

germain5 en chasque.net

  _____

Argentina

Viaje al corazón de Vaca Muerta

¿Del «consenso de los commodities» al «consenso antiindígena»?

Los proyectos hidrocarburíferos, junto al acaparamiento de tierras, son una
de las fuentes del agravamiento del conflicto indígena.

Maristella Svampa

Nueva Sociedad, setiembre de 2017

http://nuso.org/articulo/

El no reconocimiento de la responsabilidad de la Gendarmería nacional en la
desaparición forzada de Santiago Maldonado, y más aún, la negación
sistemática del hecho, ocurrido en una solitaria ruta de la Patagonia
argentina el pasado 1º de agosto, en el marco de una protesta en reclamo por
la liberación del lonko (líder) mapuche Facundo Jones Huala, ha generado en
el gobierno de Mauricio Macri una inesperada crisis política. Por un lado,
la desaparición puso en el tapete no solo el endurecimiento del contexto
represivo, sino también el desconocimiento y la indiferencia del actual
gobierno respecto de los consensos forjados en la sociedad argentina en
torno a los derechos humanos, luego de la experiencia del terrorismo de
Estado y la desaparición forzada de miles de personas bajo la última
dictadura. Por otro lado, en medio de una enorme campaña política mediática
de carácter antiindígena, la crisis terminó por dar visibilidad a los
reclamos de los mapuches sobre la propiedad de las tierras, hoy en disputa.

Vaya a saber cómo evolucionará la indagación de la justicia, ante el llamado
a declaración de los gendarmes presentes en la represión que culminó con la
desaparición de Maldonado y cómo esto impactará en las elecciones
parlamentarias de octubre, que –supuestamente– confirmarían el triunfo del
oficialismo a escala nacional. En lo que respecta a los reclamos mapuches,
desde el principio el oficialismo dejó en claro una estrategia política que
retoma y potencia las lecturas demonizadoras de los grandes propietarios
rurales, que asocia a los mapuches con la violencia e incluso el terrorismo,
además de desempolvar viejas acusaciones como aquella de que «los mapuches
no son argentinos, sino chilenos» o que «han exterminado a los tehuelches»,
los supuestamente verdaderos «originarios» de la región. La campaña de
demonización está ligada a la apuesta explícita que el gobierno de Macri
hizo por la profundización del modelo extractivo, basado en la explotación
de combustibles no convencionales, la megaminería a cielo abierto, la
multiplicación de represas hidroeléctricas y la expansión de cultivos
transgénicos, a lo cual hay que añadir los emprendimientos inmobiliarios,
emplazados en territorios que defienden comunidades indígenas y no
indígenas, muchos de ellos en manos de propietarios extranjeros.

El caso es que desde fines de 2015 la situación de las comunidades indígenas
que reclaman tierras ancestrales ha empeorado. Ha habido numerosos desalojos
y varios dirigentes indígenas encarcelados en situación irregular, entre
ellos el wichi Agustín Santillán, detenido y encarcelado en la provincia
norteña de Formosa, contra quien se reactivaron causas anteriores, así como
el dirigente mapuche Facundo Jones Huala, a quien se le atribuyen crímenes
de una enorme gravedad y está en proceso el pedido de extradición de Chile.
La agresiva campaña político-mediática que apunta a asociar a grupos
mapuches con la violencia política, supuestamente articulada por el grupo
radicalizado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), del cual se sabe poco y se
inventa mucho sin rigor investigativo alguno, arrancó a principios de año y
fue nota central de dos de los principales diarios del país.

Las comunidades mapuches están repartidas por el inmenso territorio
patagónico, en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Después de la
llamada «campaña del desierto», en 1878, que exterminó una parte de los
indígenas del sur, muchos de los sobrevivientes fueron reclasificados como
«trabajadores rurales», considerados ciudadanos de segunda y arrinconados en
la estepa y la cordillera, en territorios en ese entonces no valorizados por
el capital.

Hace unos días tuve la oportunidad de visitar Añelo y Campo Maripe junto con
la Confederación Mapuche de Neuquén. Se trata de una de las organizaciones
indígenas más sólidas y de mayor trayectoria en la Patagonia. Con el apoyo
de Organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales, ha venido
desarrollando un trabajo social y político que apunta a lograr un mayor
ejercicio de los derechos, así como el fortalecimiento y difusión de su
cultura. Las relaciones de la Confederación Mapuche con el poder político,
económico y judicial de la provincia siempre han sido tensas. En 2006, logró
un triunfo histórico, al incorporar en la reforma de la Constitución
neuquina un artículo que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas, así como el reconocimiento jurídico de las comunidades
por parte del Estado provincial. Sin embargo, la realidad de los territorios
atravesados por la lógica del capital extractivista está lejos de la promesa
de la interculturalidad. En 2013, el Observatorio de Derechos Humanos de los
Pueblos Indígenas (ODHPI), destacaba que, solo para el caso de Neuquén,
había 42 juicios penales (25 de ellos por el delito de usurpación), que
criminalizaban a 241 mapuches por sus acciones. Estas luchas están ligadas a
derechos reconocidos jurídicamente, como los reclamos de tierras y
territorios, cuyos derechos se hayan amparados por la normativa nacional y
provincial existente.

Mi presencia en el corazón de Vaca Muerta, junto con organizaciones
sociales, activistas e intelectuales de variados países, estuvo vinculada a
la realización de un «acto de desagravio» por el cuarto aniversario de la
firma del convenio entre la multinacional Chevron y la empresa argentina
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), el cual abrió las puertas al
fracking a gran escala en la provincia de Neuquén. Quizá pocos lo recuerden,
pero la aprobación de dicho convenio por parte de la legislatura neuquina
(que debía refrendar lo firmado por el gobierno nacional entonces presidido
por Cristina Fernández de Kirchner), rompió con todos los protocolos
democráticos e incluso tiró por la borda la intensa retórica
nacional-popular y latinoamericanista desplegada por el oficialismo de
entonces. El 28 de agosto de 2013, mientras los diputados neuquinos votaban
afirmativamente sin conocer la letra del convenio, fuera del recinto se
desarrollaba una interminable represión –una de las peores del ciclo
kirchnerista– sobre una nutrida movilización compuesta por organizaciones
sociales y ambientales, comunidades mapuches, partidos políticos de
izquierda y estudiantes.

Sin embargo, el kirchnerismo no estaba solo: tanto la oposición de centro
como de derecha acompañaron su decisión. Más allá de las desprolijidades, el
«Consenso de los commodities», como hemos caracterizado este periodo,
proyectaba a Neuquén como la nueva «Arabia Saudita». En gran medida gracias
a la imagen proyectada por Vaca Muerta (la más grande formación de shale o
roca de esquisto de Argentina), tuvo la particularidad de mostrar el
resistente hilo negro que une en una misma visión sobre el desarrollo a
progresistas, conservadores y neoliberales. Como consecuencia, y al igual
que con la soja y la megaminería, Argentina apostaría a convertirse en un
laboratorio a gran escala en la implementación de una técnica tan
controversial a escala global, a través de un marco regulatorio claramente
inconstitucional y muy favorable a las inversiones extranjeras.

La historia no es sin embargo lineal. A partir de 2014, la caída de los
precios internacionales del petróleo habría de poner freno la fiebre
eldoradista en Vaca Muerta, lo cual no impediría el inicio de un proceso de
reconfiguración social y territorial, con sede en Añelo, localidad ocupada
por las grandes operadoras transnacionales. Ciertamente, en Añelo todo está
listo para (volver a) arrancar, cuando se de la señal de largada; esto es,
apenas aumente el precio el petróleo y proyecte un horizonte de rentabilidad
la esperada inversión de las grandes corporaciones globales.

La región de Vaca Muerta está lejos de ser un «territorio vacío», tal como
es concebido por las autoridades provinciales y nacionales. Allí se asientan
de modo disperso unas veinte comunidades indígenas. Y en función de los
derechos colectivos reconocidos por la Constitución nacional y las
normativas internacionales, los mapuches están lejos también de ser meros
«superficiarios», como los tildara sin sonrojarse uno de los directores de
YPF, en un debate reciente. Así, a raíz de las protestas llevadas a cabo por
la Confederación Mapuche, en 2014 el gobierno del Neuquén debió reconocer a
la comunidad de Campo Maripe, asentada en la zona desde 1927. El territorio
en disputa, señala el Observatorio Petrolero Sur, son 10.000 hectáreas pero
el gobierno solo acepta como parte de la comunidad unas 900. Pero en esta
extensión es imposible realizar las tareas de pastoreo extendido y
agricultura, las dos actividades de las que viven las 120 personas que
forman parte de ella.

Desde 2015, los conflictos se agravaron y son muchos los dirigentes mapuches
judicializados: en julio de este año, la gendarmería irrumpió en Campo
Maripe, por pedido de YPF, para sitiar y resguardar la zona de explotación
de YPF-Chevron; y hace unos días, un fiscal declaró en rebeldía a seis
integrantes del lof Campo Maripe, sobre quienes pesa la acusación de
«usurpar» un camino privado que conduce al yacimiento Loma Campana.

Este es un ejemplo, pero son muchos más los territorios en disputa, hoy
recuperados por comunidades mapuches que alertan sobre una extendida
cartografía del conflicto frente al avance de las diferentes modalidades del
extractivismo y el acaparamiento de tierras. Cierto es que compañías como
Chevron o Halliburton, propietarios como el británico Joseph Lewis o grupo
Benetton, se expandieron notablemente durante el ciclo progresista, pero en
aquellos años el avance de la lógica depredadora del capital debía convivir
con una narrativa oficialista de los derechos humanos que, aún en contra de
lo que las propias políticas del kirchnerismo impulsaban, también incluía
los derechos de los pueblos indígenas. No por casualidad, en 2006 y en un
contexto de creciente conflictividad, se sancionó la ley 26.160, que prohíbe
los desalojos de las comunidades indígenas de las tierras que ocupan y
ordena la realización de un relevamiento territorial.

Sin embargo, hoy el doble discurso, sus tensiones y contradicciones, parecen
parte del pasado. No solo el racismo contra los indígenas sigue operando
como dispositivo disciplinario y fuertemente criminalizador en las ciudades,
sino que éste cobra nuevas dimensiones en las crecientes disputas por los
territorios. La campaña antiindígena contra los mapuches es una clara
ilustración pues elimina matices y complejidades, lo que es facilitado por
la mirada simplificadora y agresiva de ciertos grandes medios de
comunicación. Su objetivo es claro: se trata de disociar los reclamos de los
mapuches del discurso de los derechos humanos, asociándolos a la violencia,
y creando las bases de un consenso antiindígena que avale ante la sociedad
el avance del capital sobre los territorios en disputa. A este contexto de
creciente demonización se agrega que hace unos días el Senado de la Nación,
con el voto activo del oficialismo y la abstención de una parte de la
oposición (que incluyó al kirchnerismo), rechazó tratar con urgencia la
prórroga de la ley 26.160, que vence a fines de 2017.

Hoy más que nunca la prórroga de dicha ley exige el fin de la indiferencia y
la adopción de un compromiso decidido de la sociedad civil en apoyo de los
pueblos indígenas. Dicha intervención no solo permitiría desmontar el
consenso antiindígena que se pretende instalar; también habilitaría un
diálogo necesario y democrático con las comunidades indígenas sobre el lugar
que estos pueblos deben tener en el Estado argentino. Al mismo tiempo, la
intervención de la sociedad civil posibilitaría abrir el esperado debate
sobre el avance de modelos de maldesarrollo en los territorios y el rol que
las resistencias sociales hoy existentes tienen en defensa de la vida.

  _____





---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus


------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20170912/e8057691/attachment-0001.htm