Venezuela/Debates/ El "sistema comunal" en el proyecto político Chávez [Margarita López Maya]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

19 de abril 2018

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Venezuela



Socialismo y comunas



El «sistema comunal» no estuvo inscripto desde el principio en el proyecto
bolivariano de democracia participativa y protagónica. Sus inicios deben
buscarse en el segundo gobierno de Hugo Chávez y, tal como se desprende de
los reproches de este a ministros y funcionarios, las comunas y los consejos
comunales no lograron cuajar como una nueva institucionalidad. Enredadas en
la maraña de instituciones creadas por el chavismo y sin autonomía política,
estas formas se superpusieron a tradiciones de asociatividad popular ya
existentes y no lograron crear capacidades institucionales para las
responsabilidades que se les asignaron.



Margarita López Maya *



Nueva Sociedad, marzo-abril de 2018

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Analizar y evaluar el proceso de implantación de un Estado comunal en
Venezuela no es, ciertamente, una tarea fácil. Cualquier abordaje en ese
sentido está condicionado por una permanente polémica política, ideológica e
incluso académica, que ha venido dificultando la confiabilidad de la
información –que es dispersa y sesgada– y de las interpretaciones que se
difunden tanto dentro como fuera del país. Esta realidad se añade a la
complejidad, en términos conceptuales y metodológicos, que muestran las
innovaciones participativas para su debida comprensión. En este artículo
presento una interpretación del rol que comunas y consejos comunales han
jugado en el proyecto político liderado por Hugo Chávez. Expondré, como
primer punto, que el Estado comunal, organizado en comunas, fue planteado
por él en su segundo gobierno como sustituto de la democracia representativa
y participativa de la Carta Magna. Este nuevo Estado, sin instituciones de
democracia representativa –argumentaré–, ha adolecido desde su origen de un
problema de legitimidad. En segundo y tercer términos, reviso la concepción
socialista de los documentos y prácticas oficialistas que moldean consejos
comunales y comunas, donde se revela una dinámica impuesta de arriba hacia
abajo, que redujo y partidizó el pluralismo comunitario que era propio de
las organizaciones impulsadas en el primer gobierno de Chávez. Esta dinámica
ha limitado su potencial autonómico y propiciado su cooptación.



Como conclusión, sostengo que consejos comunales y comunas, como parte de un
repertorio de innovaciones participativas, en un contexto democrático que
los deslindara de los partidos políticos o del Estado, podrían constituirse
en espacios para el desarrollo de igualdad, corresponsabilidad, solidaridad
y alternativas productivas de trabajo colectivo, y propiciar la ciudadanía,
el empoderamiento y demás atributos que la bibliografía especializada asocia
al ejercicio de la participación directa sin mediaciones políticas. Sin
embargo, en las actuales circunstancias, este tipo de instituciones
enfrentan insalvables obstáculos y más bien tenderán a desintegrarse o a
quedar como meras correas de distribución de bienes que otorga el gobierno a
cambio de lealtades políticas.



Los medios sí importan



La comuna, a diferencia de las innovaciones participativas creadas durante
el primer gobierno de Hugo Chávez (1999-2007), que reflejaron en su mayoría
una idea de la participación ciudadana y comunitaria que se nutría de
concepciones liberales, cristianas y socialistas democráticas, es una
innovación participativa que se crea para fortalecer de manera expresa lo
que el gobierno llama el poder popular, un concepto pensado desde una idea
de socialismo cercana a la cubana. La expresión «poder popular» no existe en
el texto de la Constitución de 1999, ni en las Líneas Generales del
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, ni en el relato, los
discursos oficiales y las leyes que pautan la participación popular durante
el primer gobierno de Chávez. El concepto que usa el léxico constitucional
es el de soberanía popular, que parece sinónimo, pero no lo es, porque se
refiere en las democracias modernas al poder del pueblo, tanto constituyente
como constituido. Todos los ciudadanos son depositarios de la soberanía
popular y la ejercen principalmente mediante el sufragio. La soberanía
popular implica representación como participación directa e incluye derechos
civiles y políticos individuales.



El poder popular, en contraste, se define en los primeros documentos
oficiales donde aparece –a partir de 2006– como un poder constituyente,
distinto del constituido. Se trata de un poder que se diferencia del poder
del Estado y emerge en la sociedad en espacios colectivos asamblearios. Su
sujeto político es colectivo, no individual. En la Ley de los Consejos
Comunales de 2006, donde por primera vez se alude a este poder, se lo define
como un poder generado en las asambleas de ciudadanos de las comunidades,
que serían «la instancia primaria para el ejercicio del poder, la
participación y el protagonismo popular» (artículo 4). A inicios de 2007,
Chávez, en su discurso sobre los cinco motores necesarios para avanzar hacia
el socialismo, se refirió a la «explosión revolucionaria del poder comunal»,
por la cual se conformaría un poder popular en el Estado que cambiaría la
naturaleza de este y lo haría socialista (1).



Con el proyecto de reforma constitucional de 2007, elaborado por Chávez y la
Asamblea Nacional, entonces controlada por la coalición oficialista, se hizo
claro el giro hacia la creación de un poder popular distinto de la soberanía
popular de la Constitución. El artículo 16 de esa reforma propuso la
creación del poder popular como una nueva estructura del poder público,
conformada por «comunidades», que llamó «núcleos espaciales del Estado
Socialista», y que «no nace del sufragio ni de elección alguna, sino de la
condición de los grupos humanos organizados como base de la población»
(artículo 136). El poder popular pasó a servir de base a un poder público
que pretendió ser cualitativamente diferente de los demás poderes públicos.



Como exige la Constitución, la reforma constitucional fue llevada a
referéndum popular en diciembre de 2007 y resultó rechazada. Esta derrota
política fue muy relevante, porque la Constitución pauta que en ese caso no
solo no puede implementarse la reforma, sino que tampoco se puede intentar
nuevamente su aprobación durante el mismo periodo constitucional (artículo
345). Sin embargo, Chávez continuaría sentando las bases de esta otra
estructura de poder. Gracias al control que ejercía sobre los demás poderes
públicos, obtuvo de ellos luz verde para continuar su proyecto. Como
consecuencia, el gobierno recurrió crecientemente a una legitimación
sostenida más en el carisma de Chávez que en la ley, y que necesitaba,
además, ser reforzada con una generosa distribución social de los recursos
fiscales provenientes de la renta petrolera. Aunque siguieron realizándose
elecciones con profusión mientras Chávez ejerció el poder, estas se hicieron
crecientemente plebiscitarias y manipuladas para asegurar sus victorias y
legitimar de esa manera su propuesta. Esta legitimidad, que coloca el Estado
de derecho en un lugar secundario respecto del carisma y del dinero, está en
el corazón de la conflictividad política que viene padeciendo la sociedad en
torno de esta propuesta, y esto contribuye a explicar la deriva autoritaria
que se aceleró desde entonces.



La comuna: una innovación direccionada desde arriba



En diciembre de 2010, como parte del «paquetazo legislativo» que el
presidente y su partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),
introdujeron en la Asamblea Nacional de manera sorpresiva, buscando asegurar
su proyecto socialista antes de que tomara posesión un nuevo Parlamento en
el que el oficialismo no contaría con mayoría calificada, se aprobaron
varios instrumentos jurídicos para asegurar las bases del Estado comunal.
Uno de ellos fue la Ley Orgánica de Comunas, que estableció esta nueva forma
participativa como la «célula» fundamental del nuevo Estado comunal, que
definió como «un espacio socialista» para el autogobierno de las
comunidades, donde se articulan los consejos comunales y toda otra
organización social comunitaria (artículo 5). Se estableció que toda
organización comunitaria debe regirse por esta ley y las comunas no
necesitan seguir el ordenamiento territorial constitucional (artículo 10),
pues pueden extenderse por encima de los límites del ordenamiento
territorial y tienen prioridad sobre municipios y estados en la
transferencia de los recursos. Tanto en la Ley Orgánica de los Consejos
Comunales de 2009 como en esta Ley Orgánica de Comunas se estipula que las
organizaciones comunitarias reconocidas por el Estado tienen ahora como fin
la construcción del socialismo.



En el Estado comunal emergente de estas leyes, las decisiones se toman por
mecanismos de democracia directa. Así, se asignan a consejos comunales y
comunas funciones muy numerosas y complejas. Las comunas serían
articuladoras de consejos comunales, pero tienen tareas adicionales a estas:
por ejemplo, contribuir al orden público, construir una economía de
propiedad social como tránsito al socialismo y garantizar la existencia
efectiva de formas y mecanismos de participación directa de la gente en la
formulación, la ejecución y el control de planes y proyectos vinculados a
los aspectos territoriales, políticos, económicos, sociales, culturales,
ecológicos y de seguridad y defensa. Las comunas se encargan de elaborar
planes comunales, que concretan los dictados por el gobierno central, del
cual dependen a través de regiones federales de gobierno, también creadas
ese año como entidades que, «dentro del socialismo», adelantan planes
especiales de desarrollo y por medio de las cuales el presidente, en Consejo
de Ministros, encauzará inversiones y demás recursos fiscales. Las comunas
podrían construir sistemas de agregación, como ciudades comunales y
federaciones comunales, pero las condiciones de estas deben ser establecidas
por el gobierno nacional (artículo 60).



Las comunas, constituidas como agregación de consejos comunales, deben
llenar un conjunto de requisitos bastante complejos para ser reconocidas
legalmente, lo que ha provocado que, en la práctica, sean pocas las comunas
que han cumplido lo que establece la ley. Deben crear varios consejos para
el autogobierno: el Parlamento Comunal es la instancia de deliberación y
toma de decisiones, y el Consejo Ejecutivo, el cuerpo que los implementa.
Tienen también un Consejo para la Economía Comunal, un banco, un Consejo de
Contraloría y otro de Planificación. En la práctica, por las dificultades
que entraña crear estos cuerpos, que son ocupados por voceros nombrados en
los consejos comunales, no muchas comunas han logrado establecerlos o
ponerlos a funcionar en su totalidad, en particular, el Parlamento Comunal.
También ha resultado difícil la elaboración y organización del referéndum
aprobatorio de la carta fundacional de la comuna que se exige por ley para
su reconocimiento legal.



Estas son algunas razones que han hecho lenta la construcción de esta
estructura del Estado comunal. Pero a lo largo del tiempo que lleva este
proceso, siete años, se pueden observar varios otros obstáculos –además de
la precaria legitimidad– que ponen en duda la posibilidad de que enraíce en
Venezuela esta utopía del autogobierno popular. Las comunas son,
primeramente, una innovación participativa impuesta desde arriba. Como
señalamos, su existencia fue aprobada intempestivamente, sin discusión de la
Asamblea Nacional, en diciembre de 2010, cuando las sesiones ordinarias
habían terminado y ya el país estaba en asueto navideño. Así, además de que
este tipo de socialismo fue rechazado en 2007 por la voluntad popular, en
2010 las leyes pasaron por la Asamblea Nacional sin deliberación y los
diputados chavistas se limitaron a alzar la mano para aprobar el paquete de
«leyes socialistas» que entregó Chávez. Por otra parte, las comunas
comienzan su desarrollo cuando ya han pasado el entusiasmo y el auge de la
participación comunitaria del primer gobierno de Chávez y el proceso de
cooptación de las organizaciones comunitarias estaba bastante adelantado.
Hasta 2006, hubo una participación intensa y diversa del mundo comunitario,
impulsada por la Constitución y una serie de políticas que en su mayoría
trataban a las organizaciones comunitarias como independientes del Estado:
mesas técnicas de trabajo, organizaciones comunitarias autogestionarias,
cooperativas, comités diversos. Pero esto cambiaría con la Ley de los
Consejos Comunales de 2006. Ahí surge el consejo comunal como articulador de
todas las otras innovaciones participativas, se procede a desvincular la
organización comunitaria del gobierno municipal y se ponen los consejos a
depender directamente de la Presidencia, en lo político y en lo económico,
lo que consolidó una relación lejana y asimétrica.



La participación como medio de desarrollo ciudadano y empoderamiento
comunitario exige descentralización y autonomía frente al Estado. Pero
Chávez, en su segundo gobierno, incorporó a las organizaciones comunitarias
a sus campañas electorales. Esto creó una relación estrecha entre el partido
de gobierno y los voceros de los consejos comunales y otras organizaciones,
lo que favoreció su sectarismo político y cooptación. Para activistas y/o
voceros, las relaciones con el Ejecutivo fueron haciéndose el centro de sus
atenciones y esfuerzos y perdieron vigor los vínculos con sus comunidades.
También el dinero distribuido a discreción por Chávez, en una época de
bonanza petrolera, produjo importantes distorsiones, como hacer de la
relación personal con el presidente algo más importante para los voceros de
los consejos comunales que sus vínculos con instituciones o comunidades.
Este proceso fue contribuyendo a que las organizaciones quedaran reducidas a
estructuras conformadas por activistas chavistas, los llamados «voceros», y
que muchos de ellos centraran sus actividades en gestionar recursos que
otorga el gobierno.



Las comunas, agregados de consejos comunales, profundizaron estas
tendencias. Ellas tienen escaso –o ningún– asidero en la historia de la
organización comunitaria en Venezuela. Llegaron, como utopía socialista
personal, por iniciativa de Chávez, quien las superpuso, como una
organización de tercer nivel, a los consejos comunales y al tejido
comunitario previo, que tiene su historia y sus culturas de organización y
participación. Este tejido se relaciona incómodamente con las comunas y,
sobre todo en el país urbano, estas resultan poco atractivas y difíciles de
enraizar. Con todo, una vez decretado y asegurado qué recursos fiscales
fluirían hacia las comunas, estas se expandieron entre 2011 y 2013. En ese
último año, un censo oficial contabilizó unas 1.400 comunidades, la mayoría
«en construcción», expresión que aludía al proceso inacabado de cumplir los
requisitos legales para ser reconocidas. Es decir, se registraba que la
mayoría estaba a medio hacer (2). Dado que la información posterior es
dispersa, lo más probable es que esta cifra sea un aproximado razonable del
número máximo alcanzado por las comunas, hasta que la muerte de Chávez y la
crisis global de la sociedad obstaculizaran irremediablemente el desarrollo
del proceso comunal.



Las comunas después de Chávez



Diversas fuentes académicas y testimonios de activistas coinciden en que
existe en la actualidad un número indeterminado, pero escaso, de
experiencias comunales en funcionamiento, la mayoría de ellas en el campo.
Las condiciones allí presentes parecen favorecer esta innovación, pues el
gobierno ofrece a una población muy limitada en recursos un territorio y
apoyos legales, técnicos y económicos (equipos, créditos) para experimentar
alrededor de procesos productivos de propiedad social y trabajo colectivo.
Se registran casos –como por ejemplo, la comuna El Maizal en el estado Lara–
en los que se concreta el Parlamento Comunal y los comuneros desarrollan
bajo principios distintos del lucro personal una producción agropecuaria que
mejora su calidad de vida. Con el trabajo común, se conocen entre sí, dan
expresión a problemas compartidos y potencian sus capacidades y
conocimientos. Se han registrado casos en áreas rurales de Mérida,
Portuguesa y Lara, entre otros, donde varias comunas lindantes se han
agregado en corredores territoriales para fortalecer sus trabajos
productivos. Se trata, no obstante, de experiencias rurales puntuales, en un
país cuya población urbana sobrepasa el 92%. El apoyo gubernamental ha sido
hasta ahora clave de la sostenibilidad de esas iniciativas.



Las experiencias urbanas positivas, en contraste, son más raras. Los
activistas reconocen que la autonomía es muy limitada y asocian este hecho a
que hay en áreas urbanas de población económicamente vulnerable muchos
programas asistencialistas del gobierno, que impiden la creación de
condiciones favorables a la autonomía organizativa y al trabajo con sentido
colectivista. También porque hay menos historia o intereses compartidos
entre los consejos comunales que son próximos entre sí, y porque prevalece
la cultura clientelar. Las comunas tienden a ser estructuras que reúnen a un
reducido grupo de voceros del barrio más que a la comunidad, y estos
aprovechan sus posiciones para gestionar recursos que luego suelen ser
gastados con poco o ningún control comunitario. Se registran experiencias
exitosas de gestión a pequeña escala, como panaderías, chocolaterías,
fábricas de bloques o transporte. Su potencial para propiciar el
autogobierno es escaso y es usual que los consejos estén controlados por el
oficialismo, que los pone a trabajar para él sobre todo en tiempos
electorales.



En uno de los últimos consejos de ministros en los que participó, en octubre
de 2012, Chávez reconoció la forma lenta, fragmentada, errática e
ineficiente con que se llevaba adelante la construcción del Estado comunal.
Reprendió públicamente a sus ministros e hizo críticas que siguen muy
vigentes. En el contexto de un balance de proyectos socioeconómicos y
productivos que el gobierno desarrollaba, el líder bolivariano lamentó la
ausencia de las comunas en ellos y protestó por la creencia de que estas
eran competencia exclusiva del Ministerio del Poder Popular para las Comunas
y porque no se entendiera que eran el «corazón» de un «desarrollo económico
socialista» para el país, motivo por el cual debían estar presentes en todas
las políticas estatales. Se preguntó cómo, pese a sus órdenes y esfuerzos,
el proceso comunal estaba rezagado y, en tono de amonestación, cuestionó qué
más debía hacer para que se cumplieran sus directrices: «¿Será que seguiré
clamando en el desierto por cosas como estas?». Fue entonces cuando exclamó:
«¡Comuna o nada!» (3).



Desde entonces, la poca y sectorializada atención que han recibido las
comunas en la gestión de Nicolás Maduro ha sido reconocida inclusive entre
funcionarios y activistas que se identifican con el chavismo. Los recursos
que se les otorga son menores en comparación, por ejemplo, con los
destinados a importaciones de alimentos o al Sistema Nacional de Misiones
(4). Las comunas no se han vinculado a políticas macro ni se les han
transferido servicios públicos, algo que está contemplado en la Ley Orgánica
de Comunas como parte de sus funciones de autogobierno. Cooperativas
fundadas mucho antes del proyecto comunal, que no dependen del Estado, hace
décadas que gestionan servicios de manera exitosa: por ejemplo, Cecosa, en
Punto Fijo, en el estado Falcón, distribuye 80% del gas doméstico. Las
Ferias de Consumo Familiar de la Central Cooperativa de Servicios Sociales
Lara (Cecosesola) son un ejemplo de organización cooperativa que, bajo la
filosofía de la participación y organización populares, llevan más de 30
años actuando como distribuidoras de hortalizas frescas, que colocan en el
mercado de Barquisimeto a precios por debajo de los de la comercialización
convencional. Hoy esta cooperativa es la principal distribuidora de verduras
y alimentos regulados del centro-occidente del país.



El gobierno de Maduro no entiende la participación como una herramienta que
permita a la gente resolver sus problemas, desarrollar atributos de
ciudadanía, fortalecer lazos comunitarios y crear una democracia más
robusta. Sus políticas, más bien, utilizan las organizaciones para
distribuir bienes o dinero como formas de control social, en procura de
apoyos políticos. Eso sí, vienen acompañadas de una pomposa retórica
revolucionaria sobre el poder popular.



Maduro ha venido construyendo en estos años varios sistemas de gobierno,
como el Sistema del Gobierno Popular, con sus Consejos Presidenciales del
Gobierno Popular, creados después de las elecciones parlamentarias de 2015
por decretos presidenciales que desconocían a la Asamblea Nacional. Allí se
incorporan para recibir directrices y recursos los consejos comunales y las
comunas, así como otros sectores que gozan de igual rango: pensionados,
jóvenes, pueblos indígenas, discapacitados y varios más. Están también el
Sistema Nacional de Misiones y el Sistema Popular de Protección para la Paz
(5). En este último, los consejos comunales y las comunas también se
incorporan como un sector entre otros, como medios comunitarios, bases de
misiones, etc. Todos estos sistemas conforman una maraña institucional cuyo
propósito pareciera ser consolidar un aparato de gobierno centralizado,
paralelo a las instituciones de la Constitución, que permita distribuir
ingreso fiscal petrolero a sectores sociales vulnerables y asegurarse
información sobre ellos para facilitar su control social y político (6). Se
requiere más investigación para comprender el alcance de estos desarrollos
institucionales. No obstante, en tiempos recientes y como respuesta a la
ingobernabilidad extrema que hoy caracteriza la vida cotidiana del país, dos
iniciativas presidenciales para la distribución de ingreso fiscal petrolero
vienen superponiéndose a estos sistemas. El Carnet de la Patria y los
Comités Locales de Abastecimiento y Producción (clap) son los nuevos
circuitos clientelares por donde se derraman los recursos públicos a cambio
de lealtad política. En tanto son controlados por militares, las prácticas
participativas no importan y las comunas intervienen solo en casos
puntuales, pues lo usual es que los encargados de los registros para la
carnetización o el reparto de las cajas de alimentos clap sean designados
por altos mandos militares o directamente por el partido. No se requiere ser
vocero de consejos comunales y comunas. La contraloría social brilla por su
ausencia (7).



A modo de conclusión



El Estado comunal luce hoy como un proyecto postergado indefinidamente. Como
hemos señalado, fue durante el segundo gobierno de Chávez cuando la
concepción participativa para el autodesarrollo y el empoderamiento
ciudadano nació herida, tanto porque no alcanzó legitimidad a través de los
procesos democráticos pautados por la propia Constitución bolivariana como
por la direccionalidad «desde arriba» con que se diseñó el nuevo Estado.



La propuesta comunal fue sobre todo un proyecto personal de Chávez, quien
fungiendo como encarnación del poder popular se arrogó el derecho a decidir
el futuro de los venezolanos. La casi absoluta ausencia de debate y la falta
de sustento en la historia organizativa de las comunidades hicieron casi
inevitable que tomara un curso desgraciado. El presidente Maduro sostiene
que su propuesta autoritaria y de rasgos totalitarios es el genuino legado
de Chávez, que su gobierno es expresión del poder popular y que no se ha
interrumpido el desarrollo del Estado comunal, ni de las comunas. Sin
embargo, la falta de atención y de recursos destinados a estas formas
organizativas dice lo contrario. La Asamblea Nacional Constituyente, por
ejemplo, no ha discutido aún nada sobre el «sistema comunal» desde que se
instaló en agosto de 2017, pese a que fueron elegidos para conformarla
diputados que son comuneros.



La más reciente vuelta de tuerca sobre el poder comunal y las comunas la dio
Maduro cuando las asimiló a los clap, esa nueva estructura que tiene como
propósito distribuir a precios subsidiados una caja con alimentos básicos,
la mayoría importados, a cambio de la cual los venezolanos deberán mantener
su lealtad política al chavismo. El 9 de noviembre de 2017, el presidente
declaró: «Hay quienes dicen que Maduro abandonó las comunas. ¿Abandoné? Yo
te aviso… No hablen paja. Entonces, ¿qué son los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción? Esos son las comunas organizadas, son el poder
comunal». En el marco de lo que el gobierno llama la «guerra económica», la
revista de estos comités se denomina Todo el Poder a los claps, emulando la
famosa consigna de Lenin a propósito de los soviets en 1917.



La suerte de comités comunales y comunas parece ser, mientras gobierne la
actual cúpula militar-civil, continuar su declive y fragmentación. Algunos
quizás puedan continuar funcionando y recibir apoyos gubernamentales,
siempre que no pretendan ejercer autonomía política. Un caso ilustrativo es
el de Ángel Prado, de la comuna El Maizal, quien en las pasadas elecciones
municipales, superando múltiples obstáculos del oficialismo, lanzó su
candidatura a alcalde del municipio Simón Planas. Prado ha denunciado un
fraude electoral que lo despojó de sus votos, que se sumaron al candidato de
Maduro (8).



De darse una transición democrática, consejos comunales y comunas podrían
ser aprovechados para facilitar procesos de articulación organizativa de
segundo y tercer nivel en las comunidades tanto rurales como urbanas. Al fin
y al cabo, el planteamiento de la Constitución bolivariana fue propiciar,
mediante mecanismos de democracia directa, un tejido comunitario autónomo,
corresponsable con el Estado en la gestión pública. Ajustadas a la
Constitución, despartidizadas y vinculadas al gobierno municipal, estas
formas de organización podrían contribuir a una democracia de mayor calidad,
equidad y justicia social que la del pasado. Pero para ello deben ser
reformuladas como un instrumento de las comunidades, que exprese su riqueza
y diversidad. Por ahora, son solo un instrumento de apoyo del poder
concentrado en un liderazgo personal y autoritario, que impone a toda la
sociedad un proyecto sin consulta y a contracorriente de la tradición
democrática que, como fruto de una larga lucha, se había enraizado en el
país.



* Margarita López Maya, licenciada en historia y doctora en Ciencias
Sociales por la Universidad Central de Venezuela. Profesora titular
(jubilada) del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la UCV. Fue
directora de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, miembro
del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO) y presidenta de la Sección de Estudios Venezolanistas del Latin
American Studies Association. Actualmente miembro del Centro de Estudios
Políticos de la UCAB. Conferencista en múltiples universidades nacionales e
internacionales, columnista de diarios venezolanos, receptora de diversos
premios académicos, ha publicado varios libros, numerosos capítulos en
libros académicos, y más de 60 artículos en revistas académicas.



Notas



1) Ver M. López Maya: El ocaso del chavismo, Grupo Alfa, Caracas, 2015.

2) Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social: «Censo
comunal 2103».

3) «Hugo Chávez a los ministros: ¿Dónde está la comuna?» en El Nacional,
20/12/2012.

4) En este sistema se agregan todas las misiones sociales creadas desde 2003
por Chávez para distribuir ingreso fiscal petrolero a grupos sociales
considerados vulnerables. Las misiones han funcionado como instituciones
personalistas; han sido Chávez y ahora Maduro quienes han distribuido
directamente los recursos, y no el Estado. En este sentido, siempre han sido
instituciones paralelas a las políticas sociales universales de la
Constitución y, además de tratar de corregir desigualdades, buscaron
generalmente la lealtad política al líder.

5) En palabras de Maduro, se trata de «un cuerpo que nace para derrotar la
amenaza paramilitar y terrorista que se ha enquistado por culpa de la
derecha en nuestro país». Ministerio del Poder Popular para la Comunicación
y la Información: «Nace el Sistema Popular de Protección para la Paz»,
19/11/2014.

6) Entrevista de la autora a la economista Claudia Curiel, Caracas,
16/1/2018.

7) Ibíd.

8) «Ángel Prado: Fue violada la voluntad popular en el municipio Simón
Planas del estado Lara», video en Aporrea, 14/12/2017, disponible en
www.aporrea.org/ideologia/n318528.html.
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