Colombia/ Catatumbo: la guerra entre ELN y EPL agrava crisis humanitaria [Verdad Abierta]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

30 de abril 2018

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Colombia



El Catatumbo: de espaldas al Estado y de cara a la guerra



La confrontación armada entre ‘elenos’ y ‘pelusos’ generó una crisis
humanitaria que es, quizás, la más delicada que ha experimentado esta región
en los últimos años. Detrás de todo ello hay décadas de problemas sociales
que no se han atendido con eficacia ni prontitud.



Verdad Abierta, 26-4-2018

https://verdadabierta.com/



¿Qué pasará después de las 6 de la tarde de este jueves? La pregunta ronda
entre las 285 mil personas que viven en el Catatumbo, Norte de Santander,
quienes desde el pasado 15 de abril padecen prolongados confinamientos y
desabastecimientos por cuenta del paro armado decretado por el denominado
Frente Libardo Mora Toro, una antigua disidencia de la desmovilizada
guerrilla del Epl y los choques armados con la guerrilla del Eln.



Esa estructura armada anunció mediante un panfleto distribuido en la región
que, como gesto humanitario con la población, permitiría la apertura del
comercio para que la gente compre víveres y alimentos durante un plazo de 60
horas, que vencen hoy.



“A partir de la última fecha mencionada se reanuda el cierre del comercio y
demás actividades cotidianas”, agrega el comunicado y advierte que
“referente a la exigencia del levantamiento del paro armado por petición de
las comunidades, nuestra organización tiene toda la voluntad de levantarlo
siempre y cuando el Eln deje de hostigar nuestras tropas y amenazar a la
población civil y líderes de la región”.



Se trata de un clamor generalizado entre comunidades campesinas, indígenas,
líderes y organizaciones sociales. La confrontación armada que sostienen
desde hace poco más de 40 días en la región del Catatumbo no sólo tiene
agobiados a sus pobladores, quienes hoy son victimizados por ambos bandos,
sino que, además, está generando una crisis humanitaria que está en camino
de adquirir graves proporciones.



Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios (Ocha), desde que iniciaron los combates, por lo menos unas 90
mil personas han visto afectado su derecho a la movilidad; es decir, no
pueden salir de sus veredas, no pueden viajar a municipios vecinos, no
pueden salir a realizar sus faenas diarias ni asistir a un centro de salud
en total tranquilidad. La ferocidad de los combates llevó a que por lo menos
unos 80 centros educativos de la región cerraran sus puertas. Unos 45 mil
menores de edad no reciben clases en estos momentos.



De acuerdo con esta agencia de Naciones Unidas, la cifra de personas que han
tenido que abandonar sus hogares a la fuerza en lo que va corrido del año
llega a las 4.633 (unas 1.249 familias). Hacarí, San Calixto, La Playa de
Belén y Ocaña figuran como los municipios más expulsores: “Las personas
están concentradas en doce espacios de protección humanitaria creados en los
mismos municipios. También se registra un número indeterminado de
desplazamientos individuales y existe alto riesgo de ocurrencia de nuevos
desplazamientos”.



Ocha también consigna la grave situación de diez líderes sociales que
renunciaron a sus organizaciones por presión de los grupos armados. En los
once municipios que conforman el Catatumbo cientos de supermercados,
tiendas, cafeterías, almacenes de insumos agropecuarios, de venta de ropa
tuvieron que cerrar sus puertas desde que inició el paro armado decretado
por el Epl.



Prensa y misión médica: afectados



Esta nueva guerra entre el Eln y la antigua disidencia del Epl se ha librado
con tal ferocidad que ambos mandos han desconocido las normas del Derecho
Internacional Humanitario (DIH). Funcionarios de la Defensoría del Pueblo
denunciaron que ambas estructuras armadas prohibieron la movilización de un
equipo médico hacia zona rural del municipio de San Calixto, donde se
registraron combates que dejaron un saldo de dos personas muertas.



El hecho motivó un enérgico pronunciamiento por parte del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) para que se respetara y protegiera a
pacientes, personal, instalaciones y medios de transporte de la misión
médica. Por su parte, todas las agencias de Naciones Unidas decidieron
suspender sus viajes al Catatumbo tras considerar que no existen condiciones
de seguridad para sus funcionarios.



Hasta el periodismo local ha sido constreñido por los actores armados en
disputa. Denuncias recibidas por la Fundación para la Libertad de Prensa
(FLIP) señalan que el pasado 14 de abril, el director de la emisora
comunitaria Manantial Estéreo, con sede en el municipio de Convención,
recibió la llamada de un hombre que se identificó como integrante del Frente
Libardo Mora Toro. Con amenazante insistencia le pidió al periodista leer al
aire un comunicado en el que se anunciaba el inicio del paro armado
indefinido.



Desafortunadamente, la guerrilla del Eln consideró que, con la lectura del
panfleto, la emisora había tomado partido por el bando enemigo, por lo que
lanzó intimidaciones contra los comunicadores. Por su parte, el comandante
de la estación de Policía de Convención determinó que el director de
Manantial Estéreo estaba haciendo apología al terrorismo y que el medio de
comunicación estaba funcionando como caja de resonancia de los grupos
armados.



Pero este no es el único episodio que afecta a la prensa. De acuerdo con la
Flip, en otros cinco municipios del Catatumbo las emisoras comunitarias
fueron constreñidas por integrantes del Epl a leer profusos comunicados en
los que justificaban su accionar y arremetían contra su nuevo enemigo: la
guerrilla del Eln.



“Desde hace varias semanas las emisoras se encuentran operando a media
marcha. Hay emisoras que prefieren realizar su labor a puerta cerrada ante
el temor a ser blanco de algún grupo armado porque a pesar de haber leído el
comunicado, como les ordenó el Epl, las amenazas continuaron y dos de ellas
fueron obligadas a cerrar”, señala la FLIP en uno de sus comunicados. Se
trata de dos emisoras comunitarias con sede en los municipios de El Tarra y
Teorama. (Leer más en: Norte de Santander, una frontera que quieren
silenciar)



Epl: ¿guerrilla?



En un pasado no muy lejano, guerrilleros del Eln e integrantes del Frente
Libardo Mora Toro caminaron juntos por las mismas veredas del Catatumbo,
como si fueran miembros de la misma familia o, por lo menos, de la misma
organización. No fueron pocas las ocasiones en que patrullaron juntos y se
coordinaron para combatir a la Fuerza Pública o al paramilitarismo.



“Estas dos organizaciones armadas en el pasado fueron como hermanas, se
protegían mutuamente, llegaban a acuerdos sobre la distribución del
territorio de manera fácil, operaron juntos en muchos casos”, recuerda
Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, organización
defensora de derechos humanos con sede en Cúcuta.



Aunque tal camaradería nació a comienzo de la década de los ochenta, cuando
‘elenos’ y Epl compartieron asiento en la Coordinadora Guerrillera, una
plataforma que buscaba generar mayor incidencia política a la vez que
pretendía unificar el accionar guerrillero en varias regiones del país, en
el Catatumbo esta relación se afianzaría mucho más después de 1991.



El 1 de marzo de ese año, 2.200 combatientes del Epl dejaron sus armas tras
el acuerdo de paz firmado con el gobierno del entonces presidente César
Gaviria (1990-1994). La historia consigna que por lo menos 200
excombatientes, liderados por Francisco Caraballo, no compartieron lo
pactado y decidieron regresar a la lucha armada. Fueron por lo menos 13
estructuras las que intentaron mantener vigente un movimiento insurgente que
llegó a ejercer poder y dominio en regiones como el Alto Sinú cordobés, el
Urabá antioqueño, el Eje Cafetero, el Putumayo y el Catatumbo.



Una de ella fue, precisamente, el Frente Libardo Mora Toro, cuya presencia
en el Catatumbo data de principios de 1982. Pese a que en la región ya había
presencia del Frente 33 de las Farc y los frentes Carlos Armando Cacua y
Diego Cristóbal Uribe del Eln, logró consolidar un corredor que se extendía
desde los barrios marginales de Cúcuta, pasando por Puerto Santander, El
Zulia, la región del Catatumbo y la provincia de Ocaña.



Tal como lo documentó la Comisión de la Superación de la Violencia en su
libro “Pacificar la paz: lo que no se ha negociado en los acuerdos de paz”,
la concentración de los combatientes del Libardo Mora Toro en el
corregimiento de Campo Giles, en Tibú, a finales de 1990, estuvo plagada de
dificultades.



“La larga inactividad en los campamentos produjo fricciones con la comunidad
y entre los mismos desmovilizados, agravadas por la falta de un liderazgo
interno y la baja capacitación de los excombatientes. A esto se suma la
lentitud de la Alta Consejería de Paz en el abastecimiento de campamentos y
la presencia de otros grupos guerrilleros que incitaron a los desmovilizados
a huir del campamento con su armamento”, consignó en su momento la Comisión
de la Superación de la Violencia.



Al final, poco más de 35 combatientes del Libardo Mora Toro decidieron
desertar del campamento con su armamento. Mario Agudelo, desmovilizado del
Epl, quien luego integró el partido político Esperanza, Paz y Libertad,
surgido tras los acuerdos con el gobierno nacional, recuerda que “después se
fueron como otros 17 muchachos. Ahí no estaban ni los principales mandos
políticos ni los comandantes fuertes en lo militar. Todos eran mandos
medios. ‘Megateo’ era un estafeta por aquel entonces. ¿Qué sucede? Como no
eran fuertes en lo militar, el Eln comienza a protegerlos y ayudarlos
durante varios años”.



El Libardo Mora Toro terminó replegándose a los municipios de Hacarí, El
Tarra y San Calixto, bajo el mando de Víctor Ramón Navarro, conocido como
‘Megateo’. Desde allí resistió la arremetida paramilitar del Bloque
Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), al que combatió
conjuntamente con los ‘elenos’; también confrontó la avanzada de las Fuerzas
Militares en operativos conjuntos con el Eln y hasta con las mismas Farc.



Al final, la suerte de las estructuras disidentes del Epl fue la misma:
cooptadas por las Farc, el Eln o los paramilitares o aniquiladas por las
Fuerzas Militares. Excepto el Libardo Mora Toro. Si bien el Ministerio de
Defensa, mediante la Directiva Permanente 0015 del 22 de abril de 2016,
catalogó a esta estructura como un Grupo Armado Organizado (GAO)
bautizándolo como ‘Los Pelusos’, el director de la Fundación Progresar
señala que “ellos acá reconstruyeron el PCML (Partido Comunista Maoista
Leninista), revivieron el periódico Revolución y en la región se comportan
como una guerrilla”. (Leer más en: La Directiva N. 15: estrategia tardía que
abre varios interrogantes)



¿Narcotización?



De acuerdo con informes de las autoridades militares y de Policía, el
Libardo Mora Toro, o ‘Los Pelusos’, se involucró en el negocio del
narcotráfico desde el mismo momento que decidió apartarse del proceso de
paz. “En ese momento, ese negocio lo manejaban las Farc, pero ellos
incursionan tanto que terminan tan absorbidos, que el narcotráfico los
termina superando”, agrega Cañizares, quien aclara que “no solo es la coca,
también todo el contrabando que se mueve por la frontera lo controlaba el
Epl porque ellos conocían muy bien esa zona”.



Con los millonarios excedentes de la producción de coca, su máximo
comandante realizó obras sociales para ganarse el favor de la comunidad y
presentarse ante ella como un ‘Robín Hood’. En veredas y corregimientos del
Catatumbo llegó más rápido el dinero de ‘Megateo’ para solucionar problemas
puntuales que el aparato estatal para imponer allí su soberanía.



Pero su poderío concluyó tras ser abatido en combates con el Ejército el 2
de octubre de 2015 en el corregimiento de San José de El Tarra, municipio de
Hacarí. En su reemplazó asumió Guillermo León Aguirre, alias ‘David León’,
pero fue capturado por autoridades militares el 5 de septiembre de 2016 en
la ciudad de Medellín.



Desde entonces, ‘Los Pelusos’ han venido en un proceso constante de
reacomodo de su línea de mando, que, según el director de la Fundación
Progresar, “ha llevado a que llegue al poder gente muy joven, que no tienen
la suficiente formación política y están más contaminados por el
narcotráfico. Por lo menos eso dicen los ‘elenos’: que quieren sacar al Epl
de la región porque están cansados de su actuar mafioso, que perdieron su
vocación revolucionaria”. (Leer más en: El Epl, a la conquista de la coca
del Catatumbo)



Mientras la Fundación Ideas para la Paz (FIP) advierte que esa fuerza puede
estar integrada por 130 combatientes, la Fundación Progresar estima que
pueden ser entre 450 y 500 hombres. Lo cierto del caso es que hoy, el Epl
exhibe una fortaleza militar producto del control que ejerce sobre buena
parte de los eslabones de la cadena del narcotráfico, tal como lo documentó
el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría en su Alerta Temprana
de Inminencia 010-18, emitida el pasado 23 de enero, en la que advierte el
riesgo de violaciones a los derechos humanos por cuenta de la expansión del
Frente Libardo Mora Toro.



“El Epl cobra un impuesto a los campesinos que producen la base de coca en
‘cocinas’ ubicadas en territorios sobre los que tiene influencia;
adicionalmente compran a estos productores la base de coca y la trasladan
hasta pequeños laboratorios localizados en territorios que mantienen bajo su
subordinación, donde es convertida en clorhidrato de cocaína y
posteriormente contactan a los compradores finales que la sacarán a los
mercados internacionales o para el consumo doméstico”, consigna el SAT en su
Alerta Temprana de Inminencia.



Claman por paz



Desde que comenzó la colonización campesina en el Catatumbo, finalizando la
década del cincuenta del siglo pasado, hasta nuestros días, los habitantes
de esta región han estado sometidos a los vaivenes de la violencia. “Aquí se
han vivido seis décadas de guerra continua. Pero eso no quiere decir que la
gente del Catatumbo sea gente violenta”, aseguran integrantes del Comité de
Integración Social del Catatumbo (CISCA), organización social con presencia
en la convulsionada región.



Esa perpetuidad de la violencia, afirman los integrantes del CISCA, quienes
pidieron la reserva del nombre, ha servido de excusa para que el Estado no
atienda los “verdaderos problemas del Catatumbo. El Estado cree que aquí el
problema es la coca y la guerrilla, pero aquí hay problemas históricos sin
resolver, como la tenencia de la tierra y la violación de derechos humanos.
Decir que esta nueva violencia que vive la región obedece a una disputa por
narcotráfico no agota las explicaciones”.  (Leer más en: “En La Habana se
negocia la agenda de las Farc, no la nuestra”: campesinos del Catatumbo)



Para corroborarlo, señalan que aquellos territorios donde hoy se libran
cruentos combates entre ‘elenos’ y Epl hacen parte de los municipios
priorizados por el Ministerio del Postconflicto para implementar allí los
acuerdos de paz con las Farc. “Pero, ¿qué se ha hecho? Nada. Ni la
sustitución de cultivos ni los planes de desarrollo con enfoque territorial.
Nada. Después dicen que fue por la violencia, cuando el Acuerdo se firmó
hace dos años y esta violencia se recrudeció hace un mes”.



Postura similar asume Wilfredo Cañizares: “Las Farc se concentraron en Caño
Indio (Tibú) y el gobierno de Santos dijo: ahora sí va llegar el Estado. Y
nada. Antes, cuando los paramilitares se desmovilizaron en Campo Dos (Tibú),
el gobierno Uribe dijo: el Estado va llegar. Y nada. Cuando el Epl se
concentró en Campo Giles (Tibú), el gobierno de Gaviria se comprometió a
construir el acueducto para ese corregimiento. Esta es la hora que no
cuentan con agua potable. El Estado nunca llegó, pero los que sí llegaron
rapidito fueron los actores armados ilegales”.



Así lo advirtió, en su momento, el Sistema de Alertas Tempranas de la
Defensoría del Pueblo mediante las Alertas Tempranas de Inminencia No.
010-18 y No. 014-18, emitidas el 23 y 26 de enero respectivamente. En ambos
documentos se advierte que meses antes de que las Farc hicieran dejación
efectiva de sus armas, el Libardo Mora Toro y la guerrilla del Eln planeaban
copar dichos territorios.



Mientras los primeros se fortalecieron en número y comenzaron un proceso de
desdoblamiento que los llevó a incursionar en los municipios de Curumaní,
Chimichagua, Pailitas y Pelaya, en César, los segundos quisieron apelar a su
presencia histórica y su hegemonía militar para proclamarse como los
“herederos legítimos de los espacios dejados por los farianos”.



Pero las intenciones e intereses de uno y otro grupo armado comenzaron a
chocar profundamente, a tal punto que decidieron declararse la guerra. “Aquí
en la región existían acuerdos entre las guerrillas y de las guerrillas con
la comunidad: por ejemplo, no usar armas ni camuflados en los cascos
urbanos; respeto por el trabajo de las organizaciones sociales; respetar el
DIH; respetarse los límites de cada grupo armado. Pero ‘elenos’ y Epl se
acusan mutuamente de haber violado esos acuerdos; de no respetar el trabajo
comunitario, de no respetarse límites”, relata un habitante de El Tarra,
consultado por VerdadAbierta.com, quien pidió reserva de su identidad por
razones de seguridad. (Leer más en: La nueva guerra que se desató en el
Catatumbo)



Según la fuente, uno de esos acuerdos incumplidos tiene que ver con la
comercialización de pasta base de coca: “los ‘elenos’ pagan a 3.2 millones ó
3.1 millones el kilo de pasta base y al fiado, o sea, paga a los dos, tres,
cuatro meses. En cambio, ‘Los Pelusos’, para ganarse a la gente, comenzó a
pagar el kilo de pasta base a 3.5 millones y de contado. Y eso no le gustó
para nada a los ‘elenos”.



Riquezas por doquier



¿Qué tiene el Catatumbo que lo hace tan atractivo para los grupos armados?
Según las mediciones del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI),
en el año 2016 se registraron allí unas 24.587 hectáreas sembradas con hoja
de coca, siendo la segunda región del país con mayor presencia de cultivos
ilícitos. Los municipios de Tibú (12.787 ha), Sardinata (3.847 ha), y El
Tarra (3.683 ha) figuraban como los más afectados por la presencia de la
mata.



Antes de su dejación de armas, las Farc controlaba buena parte de los
sembradíos, así como el comercio de pasta base. Pero tras su salida del
escenario bélico, el mercado se transformó y tanto el Eln como el Epl
intentarían beneficiarse de dicha situación. Lo preocupante es que otro
actor se está sumado a dicho interés. Se trata de los carteles mexicanos que
pretenden controlar todos los eslabones del multimillonario negocio ilegal,
incluido, los sembradíos en Colombia.



“El Cartel de Sinaloa está comprando la mayoría de coca que está saliendo
del Catatumbo. Ellos están en el territorio”, asegura Cañizares. “En la
región sí hay sustitución, pero de una mata a otra variedad que está
produciendo cuatro y cinco cosechas al año. Además, no estamos hablando de
campesinos con tres o cuatro hectáreas, hablamos de campesinos con más de 10
hectáreas de hoja de coca”.



Su condición de frontera con Venezuela también convierte al Catatumbo en un
lucrativo botín. Por las decenas de trochas (caminos veredales) que conectan
al pueblo binacional se mueven diariamente miles de galones de gasolina,
toneladas de comida, precursores, armas, uniformes y cientos de artículos de
contrabando que le facturan varios millones de pesos a quien logre controlar
dichos corredores. (Leer más en: Puerto Santander, en la ruta de ‘las
bachaqueras)



El paso del oleoducto Cañón Limón-Coveñas le agrega otro atractivo ilegal a
la región. Ambos grupos armados “ordeñan” el tubo para sacarle petróleo, que
luego es procesado de manera artesanal para producir una gasolina que en la
región se conoce como ‘Pategrillo’ y es utilizada en la producción de
alcaloides. (Leer más en: El ‘oro negro’ del Catatumbo, atractivo de los
grupos ilegales)



Pero, en el fondo, se trata de una confrontación por el derecho a imponer un
orden alterno en un territorio que no ha conocido la presencia integral y
efectiva del Estado y por el que cualquier grupo armado con pretensiones de
poder estaría dispuesto a matar o morir. No en vano, las comunidades
campesinas que habitan el Catatumbo, cuya fuerte tradición organizativa es
reconocida a nivel nacional y sobre las cuales buscan influir ambas
guerrillas, también son objeto de disputa. (Leer más en: Las organizaciones
sociales que mueven el Catatumbo)



“Por eso es que preocupa esta confrontación, por lo que está en juego. Los
guerreros que se están matando, ¿de dónde son? Del Catatumbo, tienen
familias en el Catatumbo, tienen vínculos con el Catatumbo. Hay decenas de
casos de hijos de una misma familia que están o en los ‘elenos’ o en el Epl
o en ambas. Por eso la preocupación, porque se puede empezar a atacar a la
población civil”, advierte Cañizares.



Justamente eso es lo que viene ocurriendo: quienes nada tienen que ver con
este conflicto están quedando en medio de un intenso fuego cruzado. “Estamos
a nada de que estos grupos armados impongan eso que llaman ‘fronteras
invisibles’. De que le digan a uno: ‘cómo usted es de El Tarra entonces
usted es del Eln, entonces no puede venir a San Calixto; o al revés, cómo
usted es de Hacarí o La Playa, entonces usted es de ‘los pelusos y tiene
prohibido entrar aquí”, manifiesta un líder del corregimiento Filo Gringo,
de El Tarra, quien, ante el miedo que ronda entre la población, pidió que se
omitiera su nombre.

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