América Latina/ Morir de pie. Nuevo récord de asesinatos de líderes ambientalistas [Dossier]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

19 de agosto 2018

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América Latina



Nuevo récord de asesinatos de líderes ambientalistas



Morir de pie



Al menos 207 personas fueron asesinadas en el mundo durante 2017 como
consecuencia de su lucha por la defensa de la tierra, según el informe anual
de Global Witness. América Latina concentró el 60 por ciento de los casos;
la mayoría de las víctimas fueron indígenas. Las cifras publicadas indican
cómo los países más violentos son aquellos donde la militarización ya se
introdujo, a caballo de la guerra contra el narco.



Eliana Gilet, desde Ciudad de México



Brecha, 17-8-2018

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Resulta difícil discernirlo en medio de tanta sangre derramada, pero el
patrón resulta clave para entender qué es lo que está pasando. En Brasil,
Filipinas, México, Colombia y Honduras, cuando los pueblos se oponen al
avance de la explotación del lugar en donde viven, los proyectos
trasnacionales se imponen a bala y machetazo. Hay crimen detrás de esta
etapa de expansión capitalista.



Basándose en información pública, la Ong Global Witness ha registrado un
aumento, en los últimos años, en la cantidad de muertes violentas de
defensores o militantes por la tierra y a favor del ambiente en el mundo
(116 en 2014, 185 en 2015 y 200 en 2016). Como señala en su último informe
anual, (1) en 2017 se registró la máxima cantidad de casos (207), aunque ese
conteo es apenas parcial, ya que muchos ataques nunca se denuncian o son
difíciles de verificar, sobre todo en África.



Brasil fue el país con más asesinatos de líderes sociales y defensores de la
tierra (57) en 2017, mayoritariamente en la región amazónica. Le siguieron
Filipinas, donde se registraron 48 asesinatos; Colombia, con 24 casos;
México, con 15, y Perú con 8. En África, 12 de los 19 asesinatos que
contabilizó la Ong fueron en República Democrática del Congo. Honduras (5),
Nicaragua (4) y Guatemala (3) casi cierran la cuenta del continente
americano, si no fuera porque en Argentina se suman las muertes de Santiago
Maldonado y Rafael Nahuel, en el marco del conflicto por las tierras
ancestrales mapuches ocupadas por el multimillonario Luciano Benetton. En
Filipinas y México hubo un aumento exponencial de estos asesinatos, con
respecto a 2016.



La agroindustria fue el sector más peligroso, superando a la minería por
primera vez, con 46 personas asesinadas “por manifestarse contra la forma en
que se producen los bienes que consumimos”. Es decir, en contra de las
grandes plantaciones de palma aceitera, café, frutas tropicales, caña de
azúcar, así como contra la ganadería.



En Filipinas



Aquí la mayor parte de las muertes se dieron en torno al conflicto por el
cultivo de café. Una de las siete masacres (definidas como el asesinato
conjunto de más de cuatro personas) que registró Global Witness ocurrió en
este país



Ocho indígenas taboli-manubo, de la isla Mindanao, fueron asesinados el 3 de
diciembre de 2017 en un ataque a la ciudad de Lake Sebu por parte de las
fuerzas armadas filipinas. “Una misión de investigación encontró que cinco
más resultaron heridos, diez desaparecieron y más de 200 tuvieron que
evacuar la zona”, indica el informe. Los taboli-manubo habían rechazado la
expansión de los cultivos de café de la empresa Silvicultural Industries
(que ya ocupa 300 hectáreas de la isla) sobre sus territorios.



Global Witness señaló que en 2017 el presidente filipino, Rodrigo Duterte,
anunció la meta de asignar 1,6 millones de hectáreas a las plantaciones
industrializables, y que la mayor parte de esta expansión está prevista para
la isla de Mindanao. En mayo de ese año, tras un atentado terrorista,
Duterte decretó la ley marcial en este territorio, es decir, su
militarización, pero en una redada protagonizada por militares fueron
asesinados Datu Víctor Dayan –“uno de los principales opositores al avance
cafetalero”, indicó la organización– y toda su familia.



Duterte es famoso por ser otro de los presidentes en embanderarse hasta el
tuétano con la guerra contra el narcotráfico. Su país se convirtió desde
entonces en el reino de las ejecuciones extrajudiciales, que son
abiertamente defendidas por el presidente: “Ustedes se parten el alma por
esos hijos de… ¿Cuántos? ¿Unos 3 mil? Mataré a más si con eso pongo fin a
las drogas y a esta campaña”, sostuvo en febrero del año pasado, cuando le
reclamaron por los 3 mil muertos que en seis meses cosechó su régimen.



A la mexicana



El informe de la Ong constató un aumento brusco en el número de asesinatos
de defensores de la tierra en México –de los tres registrados en 2016 se
pasó a 15 en 2017–, un salto que concuerda con un aumento global de las
muertes violentas en el país, que en 2017 batió su récord de violencia con
más de 31 mil asesinatos. Global Witness, además, señaló que de los 15
ambientalistas asesinados en 2017 en México, 13 eran indígenas. Uno de ellos
fue Isidro Baldenegro, el líder rarámuri muerto en enero de 2017 (véase “La
maldición del Goldman”, Brecha, 28-III-18) por defender el bosque de pinos y
encinos de la Sierra Madre Occidental, también llamada Tarahumara. En 2017
Baldenegro, Víctor Carrillo y Juan Ontiveros Ramosantes siguieron a otros
rarámuris asesinados en años anteriores por defender ese bosque, como
Inocencia Molina, Elpidio Torres, Valentín Carrillo, Socorro Ayala y Jaime
Zubías.



Sus comunidades se encuentran a 15 horas de camino por la sierra, en medio
de una zona de alta producción de drogas, donde hay comunidades ocupadas de
manera fáctica por el crimen organizado, lo cual llena la zona de sicarios
(que es la versión mexicana de los paramilitares), explicó a Brecha Isela
González, presidenta de la Alianza Sierra Madre, una organización que
acompaña desde hace décadas a los rarámuris. González destacó que, además de
la muerte de los militantes, se produce un silencioso desplazamiento forzado
interno, porque “ante la recomendación de la Corte Interamericana de
proteger a dos familias de nuestros compañeros asesinados, el Estado no pudo
más que ofrecer el desplazamiento”.



En Coloradas de la Virgen, la comunidad natal de Isidro Baldenegro, vivían
aproximadamente 1.200 personas. Hoy casi la mitad se ha desplazado a otros
municipios y ciudades de Chihuahua, explicó González.



“Nos estamos enfrentando a intereses económicos, empresas madereras y
caciques mestizos que por décadas han tratado de despojar a los territorios,
ricos en madera de pino y de encino; ahora enfrentamos también a las
concesiones mineras en estos territorios”, señaló.



Aunque las concesiones mineras ahora estén inactivas y figuren a nombre de
particulares, saben que cuando se activen vendrán grandes empresas mineras a
“agudizar los problemas”, afirmó. Las mineras canadienses ya son mayoría
entre las que explotan la zona.



Los tribunales mexicanos han reconocido que se violó el derecho al
consentimiento previo de las comunidades rarámuris para efectuar estas
explotaciones, pero eso no ha evitado que la presión se mantenga por medio
de la violencia. “En el caso de Isidro, fue apresado el autor material, sin
embargo las autoridades se han negado a investigar si el crimen estuvo
relacionado con su activismo en defensa del territorio y el bosque. Nosotros
decimos que sí, las autoridades dicen que no; pero entonces que nos lo
demuestren”, insistió. Por lo general, agregó, “hay mucha corrupción de los
cuerpos policíacos, sobre todo a nivel municipal, con los autores de los
ataques”.



Consentimiento



Global Witness sugiere que la vía para bajar el nivel de violencia que
sufren los defensores de la tierra es que los estados respeten el
consentimiento previo, libre e informado que les es reconocido
internacionalmente a las poblaciones indígenas. Para que sea efectivo se
debe hacer una consulta popular vinculante, insiste la Ong. Algo que no
sucede actualmente: en donde se llevan a cabo, no se respetan las decisiones
tomadas por la mayoría.



Levantando la cabeza hacia lo que viene, Chiapas emerge como el estado donde
la violencia muy probablemente aumentará en México, ya que el presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador, proyecta allí la explotación forestal
de 1 millón de hectáreas en tierras indígenas ancestrales de la Selva
Lacandona. También es la zona donde están asentadas las comunidades
zapatistas.



Nota



1) ¿A qué precio? Negocios irresponsables y el asesinato de personas
defensoras de la tierra y el medio ambiente en 2017.

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Brasil, el país más peligroso para quienes defienden la tierra y el ambiente



Columna vertebral de un sistema



Marcelo Aguilar, desde San Pablo

Brecha, 17-8-2018

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Era madrugada en Pau d’Arco, en el norteño estado de Pará, el más peligroso
en Brasil para quienes luchan por la tierra. Unas familias sin tierra
volvían a ocupar la hacienda Santa Lucía. Fueron masacradas. Nueve hombres y
una mujer resultaron asesinados el 24 de mayo de 2017, en una acción de la
Policía Militar (PM) y la Policía Civil del estado. Quince policías fueron
apresados preventivamente, pero luego los liberaron. Nada nuevo bajo el sol.
Según la Ong Global Witness, en la última década Brasil ha sido el país más
peligroso del mundo para quienes defienden la tierra o el ambiente: muestra
un promedio de 42 asesinatos por año desde 2012. En 2017, con 57 muertes,
lideró nuevamente el ranking mundial. La mayoría de las masacres fueron
ejecutadas por la Policía Militar o por pistoleros en connivencia con
agentes del Estado.



La de Pau d’Arco fue la más grande registrada en Brasil después de la
matanza de 19 campesinos en El Dorado dos Carajás (también en Pará), que
conmovió al mundo en 1996. Pero no fue la única en 2017. Según un informe de
la Comisión Pastoral de la Tierra (Cpt), se registraron otras cuatro. El
pasado 19 de abril nueve campesinos fueron asesinados en Colniza (estado de
Mato Grosso) a tiros de escopeta calibre 12 y golpes de machete, algunos
mostraban señales de haber sido torturados. El potencial industrial (minero
y maderero) en esa zona hace que allí el conflicto agrario sea muy intenso.
Diez días después, en Vilhena (estado de Rondonia), tres trabajadores fueron
asesinados por apoyar la lucha por la reforma agraria de familias sin
tierra. En Lençois (Bahía) ocho líderes negros de la comunidad Lúna fueron
asesinados a tiros en sus casas por un conflicto que desde 2015 redujo la
población de 40 familias a 12. La cuarta masacre ocurrió en el estado de
Maranhão contra los indígenas de la etnia gamela, que fueron atacados a
machetazos por un grupo de pistoleros que intentaban tomar sus tierras a la
fuerza, y terminó con 22 indígenas gravemente heridos. A algunos les
cortaron las manos. La justicia no ha hallado a ningún culpable.



“Somos un país de latifundistas, donde el poder de la tierra dominó
históricamente la política. Por eso la lucha por la tierra es la lucha por
Brasil. El ‘coronelismo’ de los dueños de la tierra y la idea del poder
acabó no solamente boicoteando la posibilidad de hacer la reforma agraria,
sino que avanzó hacia una nueva etapa más agresiva, con la llegada de una
nueva fuerza: el agronegocio”, comentó a Brecha Clodoaldo Meneguello
Cardoso, coordinador del Observatorio de Educación en Derechos Humanos de la
Universidade Estadual Paulista.



“Nuestra historia es racista y violenta. Nuestro ambiente ideológico y
social también, y no se incomoda con la muerte”, apuntó por su parte Rubén
Siqueira, de la Cpt, desde Manaos. Según Siqueira, estamos frente a una
“contrarreforma agraria” sustentada en la impunidad, y una justicia que está
hecha “para no funcionar y garantizar privilegios”, con procesos lentos,
intrincados, que facilitan “chicanas, omisiones y connivencias de todo
tipo”. Además de la policía, surge otro actor relativamente nuevo entre los
asesinos: las compañías privadas de seguridad. En muchos casos acaban
asociadas a la policía en desalojos violentos que desembocan en masacres, o
en crímenes por encargo. En estas condiciones, el derecho a la tierra ya no
lo es, es un privilegio. Siqueira señaló que es la impunidad la que exacerba
la violencia: “Genera esa arrogancia y prepotencia de que puede matar
comunidades enteras. Existen actores que lo demandan y exigen, y esa
impunidad les garantiza las condiciones”. “No podemos subestimar estas
muertes, no es un problema colateral del sistema, sino la columna vertebral
de su radicalismo contra los pobres.” Por su parte, el profesor Meneguello
concluyó: “Sin reforma agraria, esta matanza continuará”.

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Con Sebastián Quiroga, vocero del Congreso de los Pueblos de Colombia



Intimado



Un hombre desconocido le advirtió que tenía 15 días para abandonar su
militancia social y política, y que “con el nuevo gobierno la situación se
pondrá complicada”. El peso de esa amenaza que recibió hace unas semanas, a
los 28 años y después de más de una década de militancia, no es menor,
habida cuenta de que en poco más de dos años fueron asesinados en Colombia
más de 400 referentes sociales y políticos de izquierda.



Álvaro Hilario, desde Bogotá



Brecha, 17-8-2018

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A un mes del triunfo del ultraderechista Iván Duque en las presidenciales
colombianas, la violencia política que ya ensombreció el mandato de Juan
Manuel Santos parece no tener fin. Recientemente, la Fiscalía General de
Colombia informó que entre el 1 de enero de 2016 y el 6 de julio del año en
curso se registraron 181 asesinatos de líderes sociales (según las
organizaciones de derechos humanos hubo más de 400). Asesinatos acompañados
de la criminalización y judicialización de referentes y organizaciones
sociopolíticas, y amenazas a sus miembros.



Los asesinatos de líderes comunitarios y sociales en Colombia han llevado
tanto al secretario general de la Onu, António Guterres, como al Consejo de
Seguridad a expresar su preocupación. El pasado 27 de julio el Consejo de
Seguridad instó al país a “fortalecer las medidas de protección y llevar a
las personas culpables ante la justicia”, y resaltó “los valiosos mecanismos
establecidos como resultado del proceso de paz para abordar estos desafíos”.



Sebastián Quiroga, portavoz del movimiento político y social de izquierda
Congreso de los Pueblos de Colombia (que reúne a muchas y diversas
organizaciones sociales –de indígenas, afrodescendientes, campesinos,
sindicalistas, estudiantes, etcétera— y ha tenido un destacado papel, por
ejemplo, en los paros agrarios de 2013, 2014 y 2016), e integrante del
ejecutivo del izquierdista partido Polo Democrático y Alternativo, lleva una
década de militancia social. A fines de julio a este referente juvenil, que
también dirige la editorial La Fogata, le tocó vivir en carne propia la
persecución que en su país sufren los dirigentes sociales.



El 23 de julio pasado abandonó por la mañana la casa de sus padres. “Ya en
ese momento, al salir de la casa, detecté un operativo, con gente delante de
la puerta, motos de la policía…”, relató Quiroga a Brecha. Luego de caminar
unas cuantas cuadras, escuchó que alguien se dirigía hacia él y lo llamaba
por su nombre. Cruzó a la otra vereda y entró en un comercio, hasta donde
fue seguido por el desconocido: “Me llamó por mi nombre, me dijo que me
conocía, que sabía cosas de mi familia, mis amigos, mi trabajo; que
necesitaba hablar conmigo, que me iban a detener, que existía un expediente,
un proceso penal por el que podía ser condenado a 12 años de prisión; que
quería colaborar para corregir mi camino, para que me alejara del camino
equivocado”, recordó Quiroga. “Como finalmente no accedí a hablar con él, se
marchó y me dijo que lo llamara, y me dio una tarjeta, con un nombre, la
imagen de una jaula con un ave encerrada y diferentes números de teléfono”.
La situación se repitió más tarde, cuando “el hombre llegó a la tienda de
mis papás y, presentándose como funcionario estatal, les dijo lo mismo: que
me anduvo buscando, que no quise hablar con él, que estaba en cosas muy
graves, con la insurgencia, que me quería ayudar, que podía darme plata y
que tenía 15 días para decidir sobre la propuesta de colaboración que me
hicieron, pues ‘con el nuevo gobierno la situación se pondrá complicada’.
‘Es mejor que no le digan a nadie de esto, porque el único que pierde es
él’, advirtió el desconocido, mientras les entregaba la misma tarjeta que a
mí”.



Hostigamientos



Al día siguiente Quiroga hizo una denuncia pública de estos sucesos en las
redes sociales. “Esto no es un hecho aislado. Somos víctimas de una práctica
social genocida que quiere destruir a quienes piensan diferente y hacen
cosas para que el mundo sea diferente”, escribió, resumiendo así la
situación represiva que vive Colombia, donde el aumento de asesinatos de
líderes sociales y dirigentes políticos se disparó después del triunfo
electoral del presidente Iván Duque.



El Congreso de los Pueblos, del que Quiroga es vocero nacional, calificó los
aprietes como parte de un plan de “estigmatización” e “intimidación” contra
sus militantes. La organización, además, pidió a la Fiscalía General de la
Nación y al Estado que garanticen “la vida, la seguridad y el libre
ejercicio de los derechos” que corresponden a Quiroga y su familia.



El militante describe la coyuntura colombiana con algunas pinceladas: “La
situación del Congreso de los Pueblos y la dinámica de la ciudad han sido
bien complejas en las últimas semanas. Compañeros y compañeras, jóvenes en
su mayoría, nuevos en los procesos organizativos, vienen siendo víctimas de
un constante hostigamiento: seguimientos hasta sus lugares de residencia o
trabajo; los paran en cualquier momento, la policía les pide los papeles y,
de modo arbitrario, los fotografían. Visitan las casas de compañeros y
compañeras con justificaciones muy forzadas y poco creíbles (como supuestas
quejas de vecinos o de personas sin identificar). Esto se viene dando de
modo muy intenso en los dos o tres últimos meses”.



“La situación del Congreso de los Pueblos no es muy diferente a la que vive
el resto del movimiento social y popular en Colombia: judicialización,
amenazas, asesinatos. Desde 2016, en dos años y medio, ha habido más de 400
asesinatos, la mayoría en los departamentos de Cauca, Antioquia, Santander y
Córdoba”, señaló Quiroga. “En el Congreso de los Pueblos tenemos más de 50
personas judicializadas, entre ellas la más grave es la detención del
compañero Julián Andrés Gil, integrante de la Comisión Internacional y
secretario técnico, que fue capturado saliendo de la sede de la organización
el pasado 6 de junio. También hay que destacar las investigaciones en contra
del senador Alberto Castilla (del Polo Democrático y Alternativo) por sus
supuestos vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (Eln).
Investigaciones que se abrieron después del triunfo de Iván Duque en las
elecciones.”



Siguiendo la línea de la campaña “Ser líder social no es delito”, el pasado
mes de julio un grupo de congresistas de la Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común (Farc), del Polo Democrático y de la Alianza Verde
exigieron al gobierno implementar medidas de urgencia para frenar el
asesinato de líderes sociales y dirigentes populares. A su vez, solicitaron
a la comunidad internacional que verifique y acompañe el proceso que
emprenderá la nueva administración de Iván Duque.



A pesar de los diálogos



“Estamos viviendo un cambio de gobierno y terminando ocho años de gobierno
de Santos, en el que uno de los temas principales fueron los procesos de
diálogo con las insurgencias, tanto con el Eln como con las Farc-EP. Con las
Farc el acuerdo concluía con el abandono de las armas, el paso a la
actividad política y su transformación en partido político. En todo caso, el
acuerdo con las Farc y los diálogos con el Eln no fueron suficientes para
detener el asesinato por motivos políticos en el país”, destacó Quiroga. “Es
importante tenerlo en cuenta, porque aunque hoy estamos viviendo una
intensificación de esa situación, con el asesinato y la violencia políticos
dominando la escena, esta es una herramienta que ha utilizado el régimen
político en los 200 años de vida republicana. El proceso de paz busca
superar la violencia política, pero no lo logra. Me parece importante
remarcarlo, porque aunque tememos que con Iván Duque la situación se agrave,
en estos años, con Santos, la violencia política no se detuvo”, sentenció.



Sebastián Quiroga evaluó que entre el nuevo gobierno de derecha y el
anterior, de Juan Manuel Santos, “hay convergencia en los intereses
económicos, en las formas políticas en general, y, tal vez, un matiz en
términos de cómo pacificar el país y crear las condiciones adecuadas para el
desarrollo del capitalismo que, de última, fue lo que buscó el acuerdo entre
el gobierno y las Farc”. Pero destacó: “Sí creemos que se va a dar un cambio
en las voluntades políticas del régimen”. “Después de ocho años de Santos
tememos la actitud que el nuevo gobierno pueda tener en sus políticas
respecto de los líderes sociales, en términos de negociaciones de paz y del
cumplimiento de los acuerdos logrados en La Habana. Los diálogos con el Eln
no consiguieron avanzar tanto como los realizados con las Farc, pero en todo
caso queda claro que no se logran transformaciones de fondo en el país.
Cuando ha habido diálogos de paz, históricamente, en Colombia eso se ha
traducido en una mayor intensidad de la violencia política: crímenes de
Estado, actuaciones judiciales irregulares, etcétera”, concluyó.

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