Uruguay/ Clasificadores de basura: entre la confinación territorial y la desposesión social [Lucía Fernández Gabard]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

31 de agosto 2018

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Uruguay



Residuos y derecho a la ciudad



Utopías urbanas en torno a la basura



Hemisferio Izquierdo, agosto 2018

https://www.hemisferioizquierdo.uy/



Lucía Fernández Gabard *



Hace más de cien años que la ciudad de Montevideo se pregunta qué hacer con
sus residuos y el tema parece seguir sin respuesta: “Nuestra culta ciudad es
la única que dado el número de habitantes que encierra, cuenta con un ex
vaciadero a pocos metros de la población, foco insalubre que afecta directa
y particularmente los intereses de la higiene y de la salud pública,
mostrando al turista tan inmensa y grave fuente de gérmenes de enfermedades
infecciosas, cuna de todas las moscas y ratas que azotan la ciudad y sus
alrededores”. El vaciadero al que refiere el arquitecto Juan María Aubriot
en 1914, es el primer vertedero de residuos de la capital, ubicado en la
playa del Buceo, donde se acumulaba y se echaba por mar gran parte de los
residuos de la ciudad. La historia de Montevideo y su basura es una
sumatoria de acciones para correr de lugar un problema sin realmente
entenderlo, tratarlo o modificarlo profundamente, asociando en particular el
problema de la visibilidad de dicha basura con la pobreza urbana. Su
preocupación parece más bien centrada en aspectos de higiene y salubridad
pública, creyendo que existe un mejor sitio para colocar residuos que no
esté cerca de la población . Esto implica poder alejarlo de la vista de los
turistas, utilizados ya en aquel entonces como una figura ajena, quizás para
evitar decir que el gran problema parece ser de clases sociales disputando
el espacio en una misma ciudad.



Pero la basura no es sólo un problema a erradicar lo más lejos posible de la
vista del ciudadano. Una fracción importante de estos residuos que
producimos son también un recurso que le da de comer a miles de personas.
Sin embargo, al mismo tiempo que la Intendencia de Montevideo los recolecta
y los entierra en disposición final a un costo de 64 millones de dólares
anuales, miles de ciudadanos dedicados a la clasificación de residuos se han
visto imposibilitados de apropiarse de los materiales recuperables para su
sustento, y una nueva cámara empresarial de gestores de residuos comenzó a
recolectar y transformarlos sin que fuésemos consultados al respecto de cómo
quisiéramos gestionar nuestras basuras. Porque a diferencia de otros bienes
más preciados y en disputas más visibles, como ha sido el agua o más
recientemente la rambla montevideana, los residuos son “males comunes”. Nos
cuesta por tanto visualizarlos como productos plausibles de gestiones
medianamente democráticas o transparentes, donde su aprovechamiento pueda
incluso ser volcado nuevamente a la misma sociedad que diariamente produce
esas miles de toneladas de desperdicios, potenciales ganancias colectivas e
inconscientemente construidas.



Analizaremos —al menos como primer puntapié para intentar despertar a algún
lector motivado por injusticias socio-ambientales y territoriales— las
disposiciones municipales recientes que han permitido este nuevo escenario
de, al decir de David Harvey, “apropiación por desposesión” de nuestros
residuos, problematizando algunas de sus consecuencias y haciendo foco en
los impactos en el acceso de los clasificadores a determinadas zonas de la
ciudad. Entendiendo que la dialéctica entre permanencia y circulación de
esta población es uno de los nudos teóricos principales en la planificación
del manejo de residuos, cabe preguntarse si podemos pensar una gestión de
residuos en clave no capitalista, que garantice el derecho a la ciudad de
los trabajadores históricamente dedicados a la recuperación de residuos o
que al menos, simplemente, demande mecanismos transparentes y consultivos
sobre qué queremos que suceda con lo que desechamos.



Apropiación por desposesión de residuos y neoextractivismo urbano



Montevideo produce más de dos mil toneladas de residuos por día (1200
domiciliarias y 1000 provenientes de comercios, empresas e instituciones (1)
de los cuales unas cientos de toneladas son desviadas de su destino final a
través de miles de clasificadores de residuos que se dedican a recolectar,
clasificar y vender aquello que puede ser reciclable o recuperable. Esto
produce una alteración en el sistema de gestión de los residuos urbanos
domiciliarios, que ha generado por más de un siglo intentos de control del
gobierno municipal para revertirla. Mientras el gobierno recolecta residuos
con camiones importados de última generación, que levantan 13.000
contenedores de la vía pública vaciando su contenido para enterrarlo en un
solo sitio de disposición final, unas tres mil personas con carros tirados
por caballo, de mano, o en bicicleta, extraen (o más bien extraían) de esos
contenedores los materiales que consideran valiosos para su uso propio,
venta, o recuperación, disponiendo los restos no recuperables en cientos de
vertederos clandestinos o en los fondos de sus propias viviendas.



Cuando el Banco Mundial publicó su reporte “What a waste” (2012), sus
estimaciones de aumento de la producción de residuos se transformaron en
excelente noticia en términos de acumulación de capital, mediante la
privatización de su manejo. Esto es lo que verdaderamente interesa a las
soluciones orientadas por la tecnología, no el residuo en sí mismo sino su
evacuación, los procesos y las estrategias para descartarlo, tratarlo,
creando nuevos escenarios urbanos, producto de un sofisticado trabajo de
superficie dónde los aspectos tecnológicos de tratamiento de residuos
despliegan desde hace siglos estrategias de tipo higienistas que, como vimos
en Montevideo, corren el problema de un lugar a otro o lo depositan en miles
de contenedores por la ciudad.



Estos contenedores pueden leerse como “dispositivos” producidos para regular
y normalizar nuestra relación con los desechos. Los dispositivos tienen una
función estratégica y concreta que se localiza en una relación de poder, y
cuando los sistemas tecnológicos se globalizan, estamos globalizando una
serie de dispositivos que tiene la habilidad y el poder de normalizar
comportamientos planetarios. Nuestros contenedores provienen del norte de
Italia, de una multinacional llamada Omb que también nos vendió los
sofisticados camiones recolectores y que nos actualiza todo el sistema a
costos millonarios.



Nuestras ciudades, como si fuesen reservas mineras, también son objeto de
operaciones de extracción, llevadas a cabo mediante el despojo social de
bienes comunes urbanos a partir de procesos como la gentrificación del
espacio o la privatización de sistemas de gestión. La ciudad no sólo se
neoliberaliza privatizando cierto manejo de los residuos, sino removiéndolo
de las manos de los más desfavorecidos, creando una lucha por su
apropiación. Argumentaremos que grupos poderosos con la ayuda de nuevas
normativas públicas neoliberales, han desposeído de la basura a aquellos que
viven del residuo en la cadena más precaria del circuito informal como son
los clasificadores. Es precisamente en los intersticios del proceso de
privatización de los comunes urbanos que deben situarse procesos actuales
claves de transformación territorial y política urbana.



Veremos cómo el capitalismo disfrazado de políticas públicas reproduce
prácticas de exclusión en la ciudad. Desde 2015, cuando los nuevos
contenedores “antivándalos” aparecieron en la esfera pública, muchos
clasificadores no pudieron acceder más al centro de la ciudad para recuperar
materiales. Particularmente en los últimos cinco años, la práctica de
limitar y cercar el acceso a las zonas más ricas de la ciudad y por tanto a
la basura que allí se produce, se ha visto intensificada por una serie de
“dispositivos normativos”: desde la exclusión de carros a caballo en la
ciudad vieja (2013) hasta la entrega a empresarios privados de los
materiales recuperables valiosos que históricamente fueran clientela de los
clasificadores previo a la formalización de los levantes especiales (2012).
Esto implica entre otros, la ruptura de un “sistema socio-metabólico” donde
más de tres mil clientes ubicados en zonas céntricas de la ciudad,
entregaban solidariamente lo que ya no precisaban. Por el contrario, las más
de 30 empresas que forman la Cámara de Gestores de Residuos (Cegru), algunas
de las cuales realizan ahora estos levantes, declaran una ganancia anual de
70 millones de dólares. Es decir, ganan más los privados por gestionar los
residuos industriales, químicos, de grandes generadores, peligrosos, entre
otros, que lo que invierte el Estado por gestionar los residuos
domiciliarios.



Desplazamientos territoriales y confinamiento de clasificadores en
Montevideo



Para esclarecer los conflictos en torno a la basura y cómo estos operan en
el espacio, en particular en el espacio público, parece de relevancia
analizar la tríada de dispositivos de regulación, privatización y
desposesión que ha afectado negativamente a los clasificadores de residuos
en tanto pobres urbanos y su acceso al centro de la ciudad.



La circulación de los clasificadores por la ciudad aumenta las chances de
vínculos sociales y especialmente, en este caso, de oportunidades de mejorar
ingresos u obtener objetos para uso personal más allá de lo que se obtiene
por la recolección de residuos domiciliarios o comerciales propiamente
dichos.



En los últimos años se registraron varias intervenciones públicas de
profundo impacto en el trabajo de los clasificadores y en su acceso al
espacio urbano. Por un lado, la ley de “Uso de envases no retornables”
constituye una importante iniciativa orientada a regular la generación de
residuos de envases, responsabilizando a los generadores privados e
incorporando en su implementación a grupos de clasificadores. La aplicación
de esta normativa en Montevideo ha significado un importante cambio en lo
que refiere a la forma en que configura los usos del espacio urbano. De cara
a los clasificadores, esta previó la formalización de su trabajo a partir de
la creación de cuatro plantas de tratamiento de desechos ubicadas en las
zonas del Cerro, Colón, Casavalle y Piedras Blancas.



De acuerdo a lo dispuesto por la implementación de la ley en Montevideo, los
grupos de clasificadores no realizan tareas de recolección, sino que se
limitan a recibir los residuos que les vierte la IM y a realizar tareas de
clasificado y venta de los materiales a través de un organismo encargado de
ello. De este modo, la implementación de esta nueva normativa ha significado
la concentración del trabajo de los clasificadores formalizados en las zonas
periféricas y ya no deben trasladarse al centro de la ciudad en busca de
buenos materiales a recuperar.



Esto supone un acotamiento de sus circuitos laborales, ya que dejarán de
transitar determinadas zonas en busca de materiales para confinarse en el
espacio de las plantas. De esta forma se imposibilita el relacionamiento y
el contacto ciudadano que ocurría entre el clasificador que recorre su
ciudad en busca de materiales valiosos, así como entre el clasificador y el
comprador de materiales. Sin embargo le permite trabajar en espacios
techados y liberar de residuos a su vivienda.



Tres años después de la implementación de la ley de Envases en Montevideo,
la IM aprobó la resolución Nº 5383/12, que establece la regulación del
proceso de recolección, transporte y disposición final de los residuos no
domiciliarios. De acuerdo a dicha resolución, los residuos producidos por
grandes generadores (instituciones y empresas) deben recolectarse mediante
contratos con entidades recolectoras formales. A través de esta normativa,
se habilita a un conjunto de empresas privadas a realizar tareas de
recolección, manipulación y transporte de desechos, al mismo tiempo que se
prohíbe su acceso a los clasificadores no formalizados.



Si durante décadas se habían ganado la confianza de varios miles de clientes
en la ciudad, esta normativa les apropia estos residuos dejándolos sin
alternativa alguna más que la formalización en tanto entidades empresariales
prestadores de este servicio. El productor de los residuos es ahora obligado
a hacerse cargo y pagar por sus desechos generados, pero es otro actor el
que podrá sacar ventaja de esta nueva normativa. Se pasa entonces de un
vínculo de tipo solidario (se le entregaba el residuo al clasificador en
tanto “cliente” de forma gratuita) a un tipo de formalización de tipo
mercantil (se le paga a una empresa con vehículo autorizado para realizar el
mismo levante) que en su gran mayoría en vez de reciclarse se entierra en
disposición final.



Un año después de haber quitado los levantes especiales, eliminando
paulatinamente la circulación de carros a través de la restricción de su
ingreso a determinados barrios, una resolución de la Junta Departamental de
Montevideo prohibió en los barrios céntricos, en particular Ciudad Vieja, el
ingreso de los clasificadores con carro a caballo, configurando estos
territorios como zonas de exclusión.



De forma paralela a esta resolución, se desarrolló en la órbita municipal un
conjunto de transformaciones en materia de regulación de residuos, entre las
que se destaca la implementación en algunos barrios montevideanos de un
nuevo sistema de recolección selectiva de residuos basado en contenedores
herméticos “antivandálicos”. Si se observan en conjunto estas nuevas
regulaciones y la ley de Envases, es posible notar que al mismo tiempo que
se excluye a los clasificadores informales de las zonas céntricas de
Montevideo, se busca formalizar su trabajo en el espacio de las plantas,
ubicadas en la periferia de la ciudad. Esta política, además de ser
insuficiente desde el punto de vista de la inclusión laboral de los
clasificadores (2), supone profundas transformaciones en la forma en que
configura el acceso de estos trabajadores al territorio, confinados ahora a
vivir y circular por la periferia.



Derecho a la ciudad y residuos: expandiendo la noción de los comunes



“Me llamó un vecino en Buceo y me regaló una tele de 29 pulgadas,
funcionando y todo. Si nos sacan de la calle, la gente no entiende que
perdemos todas estas oportunidades, que no son cuantificables a nivel
económico, sino en nuestra propia calidad de vida y nuestra relación con los
vecinos”, explicó Juan Carlos Silva, ex-presidente del sindicato de
clasificadores (Ucrus). Si excluir grupos, clases e individuos de su
urbanidad es también excluirlos de la civilización y de la sociedad,
reclamar el “derecho a la ciudad” para los clasificadores es una reacción
legítima frente a la organización urbana discriminatoria y segregativa
resultante de la combinación de dispositivos que primero buscan regular para
luego privatizar y finalmente desposeer del residuo a aquellos que más lo
necesitan. Podemos argumentar que el derecho a la ciudad se transforma en el
derecho a la centralidad, a usar y apropiarse del espacio público, a no
estar excluido de la forma urbana. El derecho a la ciudad como concepto
lefebvriano, se originó para desafiar el orden capitalista en la ciudad,
para buscar una reestructura radical de las relaciones sociales, políticas y
económicas en la ciudad. El derecho a la ciudad planteado por el autor
originalmente hace ya 50 años, no es solamente tener derecho a ser parte de
la ciudad, sino sobre todo tener el derecho a demandar una nueva, a producir
una reconfiguración de los sistemas de poder que determinan la producción
del espacio. En este sentido, el urbanista brasileño Edésio Fernandes
plantea como clave realizar un cambio de paradigma en la concepción del
derecho urbanístico para permitir avanzar hacia un pleno derecho a la
ciudad. Éste debe constituirse a partir del concepto del “bien común”, de
entender que “la propiedad individual debe quedar subordinada por los
intereses sociales y ambientales esenciales para lograr tener ciudades
plenas, donde el derecho a la ciudad constituya un derecho social
fundamental”, según sostiene Fernandes. Sugiere así que el derecho
urbanístico debe ir acompañado necesariamente de la gestión urbana, donde
tanto los gobiernos municipales y nacionales, así como los actores sociales
se involucren de manera directa en la planeación, modificación de leyes y en
la toma de decisiones sobre su espacio de vida cotidiano.



El desafío principal para nosotros será el de la expansión de la noción de
los bienes comunes, por un lado incluyendo a los residuos como tales y
enmarcándolos en tanto “comunes”. Se entiende a los “comunes” como algo que
no está dado, sino que debe ser producido por una comunidad real de personas
capaz de proponer finalidades comunes que puedan alcanzarse mediante
acciones colectivas. Este concepto que adscribe a la línea argumental de
Raquel Gutiérrez y Silvia Federici (entre otros), los enmarca no como
objetos sino como procesos que se producen colectivamente, donde su control
o manejo no está delegado a un ente ajeno sino que se ejerce directamente
por quienes lo producen. La fortaleza de entender a los comunes de esta
manera, radica en que su producción nos permite pensar otras posibilidades
de crear nuevas formas de reproducción, organización y regulación colectiva
del manejo de los residuos. De esta forma podemos entender críticamente las
relaciones entre aquellos que producen el residuo (ciudadanos) o lo mejoran
en diversas escalas (clasificadores/recicladores) y aquellos que se apropian
para sus beneficios de acumulación (empresas de recolección privadas por
ej.) argumentando que no es el objeto/basura el común sino las relaciones
que pueden transformarlo en tal.



La utopía urbana, es pensar en una ciudad donde el residuo no promueva más
acumulación de capital y en particular por desposesión a los más
vulnerables, sino que entienda al mismo en tanto producto plausible de
transformación mediante procesos de comunalización que reconozcan el trabajo
y las contribuciones de los clasificadores en la ciudad, afirmado mediante
un nuevo tipo de comunidad/ciudadanía que autogestione sus recursos urbanos.
Mediante una reconceptualización del residuo en tanto objeto social
producido a partir del intercambio de flujos económicos y de personas en el
espacio, podemos entenderlo no como un problema a evitar sino como un
recurso común a valorar, que permita intercambios entre distintas clases
sociales, habilitando la concreción del derecho a la ciudad para una
población de otro modo confinada a vivir y circular en los márgenes.



* Docente del Instituto de Teoría del Urbanismo, Fadu, Udelar Se puede
encontrar una versión completa incluyendo referencias bibliográficas del
presente artículo en la versión digital de Hemisferio Izquierdo y en la
revista Thema, publicación del Doctorado en Arquitectura, FADU, Udelar,
agosto 2018.



Notas



1) http://www.montevideo.gub.uy/arriba-un-montevideo-mas-limpio Acceso enero
2018.



2) De los cerca de 3500 clasificadores censados (PNUD, 2015) solamente 128
están formalizados en plantas de clasificación, que están además localizadas
lejos del centro y cerca de las viviendas de los clasificadores

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