Venezuela/ Del punitivismo carcelario a la matanza sistemática. Los operativos militares en la era post-Chávez [Rebecca Hanson y Verónica Zubillaga]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

22 de diciembre 2018

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Venezuela

 

Los operativos militarizados en la era post-Chávez

 

Del punitivismo carcelario a la matanza sistemática

 

Para comprender el aumento de la violencia en Venezuela, es necesario
colocar en el centro del análisis los discursos y las prácticas estatales,
en un contexto de caída de los precios petroleros. La inusitada violencia
puede ser explicada por el impacto que ha ocasionado el recrudecimiento de
la histórica militarización de la seguridad ciudadana, lo que condujo a la
mutación de un punitivismo carcelario que abrió paso a una práctica de
matanza sistemática. Prácticas como las Operaciones para la Liberación y
Protección del Pueblo (OLP) en los barrios populares forman parte del avance
de una necropolítica en el país.

 

Rebecca Hanson/Verónica Zubillaga +

Nueva Sociedad, noviembre-diciembre 2018

http://nuso.org/articulo/

 

Las autoras agradecen a la organización Caracas Mi Convive. Este artículo se
basa en los hallazgos de las investigaciones «Estudio sobre el impacto de la
proliferación de armas de fuego, las economías ilícitas y la militarización
de la seguridad ciudadana en la ocurrencia de homicidios en Venezuela» y
«Los operativos policiales en Venezuela post-Chávez: análisis crítico de sus
actuaciones desde la perspectiva de los ciudadanos y los funcionarios de los
cuerpos de seguridad».

 

Introducción

 

En 2016, la tasa de homicidios de Venezuela se ubicó en 70 cada 100.000
habitantes. Es la más alta en la historia nacional y la más elevada de la
región después de la de El Salvador, ubicada en 81 homicidios por cada
100.000 habitantes ese año1. Para comprender el aumento reciente de la
violencia en Venezuela y específicamente en Caracas en el periodo posterior
al fallecimiento de Hugo Chávez, tenemos que colocar en el centro del
análisis los discursos y las prácticas estatales en un contexto de caída de
los precios petroleros. En este artículo, proponemos que esta inusitada
violencia puede ser explicada por el impacto que ha ocasionado, dentro del
histórico proceso de militarización de la seguridad ciudadana, una primera
fase de punitivismo carcelario masificado. Este se inició en 2009 con el
lanzamiento de una nueva etapa de operativos militarizados, y con el pasar
de los años, más específicamente en 2015, abrió paso a una práctica de
matanza sistemática extralegal, que se convirtió en la estrategia
fundamental de control de los sectores populares y que transformó al Estado,
específicamente a un sector militar y policial, en un actor fundamental de
la violencia letal en el país.

 

En este sentido, compartimos la mirada de José Miguel Cruz, quien señala
que, para comprender la violencia en El Salvador, y en general en América
Latina, tenemos que poner el foco en las formas en que el Estado contribuye
directamente a la violencia. Estas van desde la extensión de los límites
legales del uso de la fuerza legítima hasta la asociación con grupos
criminales y milicias, en busca de legitimidad y autoridad política2. Este
artículo se plantea documentar a partir de múltiples fuentes –estadísticas
oficiales, discursos públicos, entrevistas con agentes policiales,
testimonios derivados de entrevistas y observaciones en una comunidad
afectada por los operativos militarizados– y propone que podemos leer el
pasaje de una política punitiva carcelaria masiva a una práctica de muerte
sistemática implicada en la extrema violencia policial de operativos
militarizados como el avance de la necropolítica3 en el país. Utilizaremos
para ello, además, el aporte de Keymer Ávila y Andrés Antillano4, quienes
develan que el aumento de la letalidad en la actuación policial bajo las
políticas de mano dura ha incrementado la violencia y los homicidios en
Venezuela.

 

2009: la masificación del punitivismo carcelario

 

La violencia y la histórica utilización de esquemas militares en la policía
venezolana son problemas antiguos en el país, como ya ha sido ampliamente
documentado5. Desde los años 80, el trabajo de Tosca Hernández ha develado
la arbitrariedad de la actuación policial en las detenciones masivas
implicadas en los «operativos extraordinarios» que se volvieron rutinarios,
en los que, bajo el paraguas de la derogada Ley de Vagos y Maleantes, se
encarcelaba a la población masculina pobre6. En este sentido, el punitivismo
carcelario tiene un extendido arraigo en el país. Sin embargo, luego del
aumento sostenido del número de crímenes violentos y de una reforma policial
aún en curso, a partir de 2010 se inauguró una nueva fase de operativos
militares, con el lanzamiento del operativo Dispositivo Bicentenario de la
Seguridad, seguido del operativo Madrugonazo al Hampa, en 2011. Estos planes
consistieron en invasiones masivas a barrios y en la detención de jóvenes
varones pobres. El general Antonio Benavides, responsable del operativo,
declaró: «El destino final de todo delincuente es la cárcel o bajo tierra»7.
Proclamaba así el giro que se evidenciaría en una nueva fase de matanzas
sistemáticas por parte del Estado.

 

Bajo el punitivismo carcelario se pudo advertir el intenso incremento de la
población penitenciaria en un corto periodo: el número de encarcelados pasó
de 30.483 a 50.000 entre 2009 y 2011. De hecho, el entonces ministro para el
Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami,
comentó en Twitter: «La situación es compleja, durante el año 2010, el
sistema penitenciario alcanzó la población privada de libertad más alta de
la historia», lo que develaba el avance del estado penal en el periodo de
revolución socialista8.

 

Este rápido incremento de la población privada de libertad originó a su vez
nuevos problemas sociales, como la crítica situación en las cárceles, las
recurrentes reyertas en las prisiones y, finalmente, la evidencia de una
pérdida de control de las prisiones por parte de las autoridades estatales
frente a la sofisticada organización interna y autónoma de los presos9.

 

Con la muerte de Hugo Chávez y el inicio de la presidencia de Nicolás Maduro
en 2013, y con Néstor Reverol a la cabeza del Ministerio del Poder Popular
de Relaciones Interiores y Justicia, el ala militar asume la hegemonía en
las políticas de seguridad ciudadana. A pesar del incremento sostenido de
los homicidios durante el curso de los planes anteriores –de acuerdo con los
datos del Ministerio Público, las tasas de homicidio aumentaron de 45
homicidios cada 100.000 habitantes en 2010 a 53 cada 100.000 habitantes en
2012–, se insistió con el lanzamiento de un nuevo operativo denominado
«Patria Segura» en 2013. El presidente Maduro afirmó que la Policía Nacional
tenía que asumir una disciplina militar10 y anunció así el giro de la
actuación policial y la interrupción del esfuerzo por tener una policía de
orientación civil, apegada al uso progresivo de la fuerza planteada en la
reforma policial iniciada en 2006.

 

Se verificaba así el recrudecimiento de la militarización de la seguridad
ciudadana y la contención punitiva de los sectores populares, lo que en
nuestro continente se conoce como políticas de «mano dura»11. Se instauró de
manera cada vez más evidente la dominación militar12. De hecho, durante el
gobierno de Maduro se verificó una militarización más amplia, con el
incremento del número de ministros militares, como se revela en el
seguimiento de ministerios presididos por militares que hemos realizado en
el marco de nuestras investigaciones: en 1999, 10% de los ministros eran
militares; esta proporción aumentó a 31% en 2004, año que siguió al periodo
de intensa conflictividad política de golpes de Estado y paro petrolero; y
en 2017, bajo la presidencia de Maduro, los ministros militares ocupaban 50%
de las carteras ministeriales13.

 

2015: el avance de los operativos militares letales

 

El año 2014 presentaba enormes desafíos en el marco de la reducción de los
precios del petróleo y el severo deterioro de las condiciones económicas y
de vida de la población. Después de cinco años de operativos militarizados
masivos, los homicidios no disminuyeron; al contrario, aumentaron, y en 2014
la tasa de homicidios creció a 62 homicidios por cada 100.000 habitantes14.

 

Los trabajos de orientación etnográfica realizados por Antillano señalan una
reorganización del mundo criminal para hacer frente común a la policía en su
territorio, así como un aumento de su capacidad de fuego15. Este
diagnóstico, como veremos más adelante, sería compartido por las propias
fuerzas policiales, que definieron un nuevo operativo para responder a estos
desafíos: el Operativo de Liberación y Protección del Pueblo (olp), lanzado
en 2015. Este operativo –sobre todo las prácticas que se extienden al
conjunto de las fuerzas del orden–, lanzado en un año electoral, marca el
inicio de la nueva fase de matanza sistemática. Incluso algo muy relevante
desde una perspectiva simbólica, los efectivos empezaron a ingresar en los
barrios ocultos detrás de «máscaras de la muerte»16.

 

El 13 de julio de 2015, el barrio caraqueño Cota 905 amaneció en urgencia
por una ostentosa irrupción militarizada en la que murieron 14 personas y
más de 200 fueron detenidas por la Guardia Nacional Bolivariana. Horas más
tarde, Maduro anunció el nuevo operativo militarizado que denominó olp. El
presidente afirmó en la tarde: «Con estos cuatro operativos de arranque
(...) tenemos elementos en la mano para demostrar que el paramilitarismo
colombiano, el narcotráfico colombiano y toda esa conspiración ha venido a
apoderarse, a contratar, a controlar y a instaurar un modelo»17. El 15 de
septiembre, dos meses después, un popular diario, reconocido por utilizar un
lenguaje llano y directo, tituló: «Abatidos 106 choros en dos meses»18 y
reportó que 1.574 «antisociales» habían sido puestos tras las rejas y habían
sido incautadas 1.564 armas de fuego. Así, 106 presuntos delincuentes fueron
asesinados en solo dos meses por masivas intervenciones militarizadas
perpetradas por agentes del Estado. «Abatidos», tituló el diario con
vocabulario de guerra, como si se tratara de una victoria contra un
«enemigo». Este lenguaje de guerra revela precisamente la «maquinaria de la
atrocidad», como lo refieren Martha K. Huggins, Mika Haritos-Fatouros y
Philip G. Zimbardo con respecto a los casos de torturas policiales y muertes
en Brasil, para subrayar que, más allá de los agentes perpetradores de estas
muertes, hay toda una red de agentes y sus superiores que ignoran, excusan,
apoyan e inclusive recompensan estas muertes19.

 

El operativo se definió como una estrategia de recuperación de soberanía
territorial frente a la expansión del poder criminal. En un documento
ministerial sobre este operativo, en una nueva fase denominada Operativo de
Liberación Humanista del Pueblo20, luego de la profusión de denuncias de
violaciones a los derechos humanos, se define: «El Ejecutivo Nacional ha
venido aplicando políticas públicas de seguridad ciudadana, con el firme
propósito de garantizar y resguardar la seguridad de los venezolanos, así
como la liberación de zonas que han sido ocupadas por grupos
delincuenciales, vinculadas al secuestro y paramilitarismo instalado en el
país». El informe no destacaba que el armamento de guerra, como las granadas
que ostentan los grupos criminales, solo ha podido fugarse de instancias
militares, y oculta así la complicidad de sectores militares en el
incremento de la capacidad letal de las redes criminales, como subrayaremos
más adelante.

 

En una entrevista que sostuvimos con un agente policial que denominaremos
Pedro, este comentó la lógica de la acción estatal subyacente a estos
operativos:

 

Ellos pensaron que era necesaria la represión, ¡represión extrema para poder
controlar el nivel de delincuencia! ¿Por qué? Porque ellos sabían que el
nivel de pobreza que está viviendo Venezuela iba a hacer que se incrementara
la delincuencia. Y ¡necesitamos sembrar terror! Para que aquellos que tienen
necesidad no se atrevan a robar. Porque hay personas que están robando que
yo jamás pensé que iban a robar.

 

A esto se le suma el incremento de la conflictividad criminal. Los
resultados de los operativos represivos de esta naturaleza en América
Central y Brasil revelan que uno de los efectos esperables de estas
avanzadas es que las redes criminales procesen la situación como una guerra
y se organicen más eficazmente para responder, frente a lo cual el Estado,
en un círculo vicioso, debe responder con mayor violencia21. Un agente
policial que entrevistamos señaló que Venezuela está atravesando un «periodo
pico de conflictividad criminal» y agregó: «ha sido público que existen
grupos armados con granadas y armas de alto calibre».

 

Detrás de la guerra declarada a los «grupos delincuenciales» y al
«paramilitarismo», el uso de granadas por parte de los grupos criminales
estaría revelando la colaboración entre funcionarios militares y el mundo
criminal22, ya que estas armas de guerra provienen de las Fuerzas Armadas.
En la investigación «Tráfico y uso criminal de granadas en América Latina y
el Caribe»23, se concluye que, con excepción de las granadas artesanales,
las únicas fuentes de estas armas son los arsenales militares. Así, «su uso
y tráfico radica en la corrupción de personal militar y en la mala gestión
de los arsenales y depósitos» que facilitan los robos y desvíos. El estudio,
que comprendió el monitoreo de medios entre enero de 2013 y marzo de 2015,
expuso que Venezuela y México, que presentan un contexto de altos niveles de
violencia, y Colombia, sumergida en ese entonces en su conflicto interno,
son los países en los que se observa un uso intensivo de granadas. Venezuela
fue el país con más víctimas fatales producto de estallidos de granadas
(18), seguido por Colombia (8) y México (7). En el seguimiento de reportes
en prensa a escala nacional que realizamos entre 2016 y 2018 registramos el
doble: 36 muertos y 24 heridos por la manipulación de granadas.

 

La matanza sistemática

 

La lógica de militarización –en tanto expansión de la lógica bélica–, la
creación del estado de excepción –en tanto suspensión de derechos y
ciudadanía–, la conformación local del «estado de excepción»24 –en tanto
toma militar de los barrios para recuperar la soberanía– y, finalmente, la
matanza constituyen a nuestro entender el giro de la política punitiva
carcelaria masiva a una práctica sistemática de muerte, en un contexto de
merma de legitimidad estatal25.

 

El agente Pedro, a quien entrevistamos, respondió así a la pregunta de por
qué tantas muertes por parte de las fuerzas de seguridad:

 

¿Qué pasa? que la filosofía de los funcionarios es decir: si los mandamos a
la cárcel, bueno, ¡eso es como un hotel!, eso es una residencia para ellos
de cinco estrellas. Entonces empiezan a delinquir desde allá dentro y
coordinan los secuestros, las extorsiones, los robos. Todo lo que sea desde
allá dentro es más complicado todavía. Las cárceles están abarrotadas. Es
decir, todos esos cabecillas, estos tipos complicados hay que eliminarlos.
Entonces empezamos a eliminar, eliminar, eliminar. Así, para limpiar, sobre
todo los sectores populares, la población pues. Porque en realidad, sí ha
disminuido. Reconozco que lo que hizo el Estado de tomar esta opción de
violar los derechos humanos y acabar con los delincuentes, eliminarlos, ha
hecho que disminuya la delincuencia, pero han matado bastante.

 

Otros agentes policiales entrevistados sostuvieron un discurso similar. En
varias entrevistas, agentes policiales explicaron que el objetivo de la olp
era «acabar con la delincuencia (…) es como un grupo de exterminio». Otro
agente policial explicó: «en este tiempo salió lo que es la olp, el faes26
(…) que personas que no sirvan se eliminan, (…) lo veo más, como se lo dije
ahorita, más fácil hacer esa limpieza social que otra vez ingresarlo a una
penitenciaria, donde ahí ellos tienen más beneficios».

 

El 31 de marzo de 2017, un año y ocho meses después de haber lanzado el
operativo, el mismo día en que la entonces fiscal general Luisa Ortega
denunció la ruptura del hilo constitucional, también expresó que en 2016
fueron asesinadas en Venezuela 21.752 personas. Esto representó un
importante incremento de la tasa de homicidios, que se ubicó ese año en 70
homicidios por cada 100.000 habitantes. De estas, precisó en esa alocución,
4.667 murieron a manos de las distintas fuerzas del orden. En otras
palabras, aquel día la fiscal estaba revelando que el Estado venezolano, en
las distintas incursiones de las fuerzas del orden, había sido responsable
por 21% de las muertes violentas sucedidas ese año. Asimismo, en un informe
del Ministerio Público sobre la actuación de las fuerzas del orden en el
marco de las olp en el que se registraron investigaciones por 505 personas
fallecidas, se reveló que la gran mayoría (60%) eran jóvenes de entre 18 y
25 años y 5% eran adolescentes27. Para fines de 2017, el ministro Reverol,
al hablar sobre «el descenso» de crímenes durante su gestión, reconoció que
unas 4.389 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad28.

 

Para que se tenga una idea de la magnitud de la matanza, resulta indicativo
establecer una comparación: tradicionalmente, la policía de Brasil ha sido
considerada como una de las más violentas del mundo29; pues bien, en 2016,
en un país con 207 millones de habitantes, las fuerzas policiales fueron
responsables de 4.219 muertes, es decir 7% de las muertes violentas en ese
país30. Estas magnitudes revelan que el Estado venezolano estaría
extralimitándose sistemáticamente en el uso de la fuerza legal,
transgrediendo sus propias restricciones legales.

 

Estas dimensiones estarían develando la práctica de muerte de la que
hablamos. Así, en este contexto de escasez y colapso del sistema de salud
pública, pero también con la economía formal devastada, en el que se
evidencia un excedente de población que no puede insertarse en esa economía,
sobre todo jóvenes varones de sectores populares, estamos viviendo tiempos
ya no de encarcelamiento masivo, sino de expansión de la necropolítica. La
necropolítica es una noción que el filósofo camerunés Achille Mbembe31
elabora a partir de la noción de biopolítica de Michel Foucault, pensando en
la relación entre el Estado y los ciudadanos en el África poscolonial. De
acuerdo con Mbembe, la necropolítica es una política de muerte contra un
sector de la propia población, a la que se somete a un estado de excepción y
de enemistad que se halla en la base de la práctica estatal del derecho de
matar. Y es curioso cómo un joven de 17 años con quien conversamos describía
a partir de la vivencia en su comunidad justamente este patrón, cuando habló
de la irrupción policial durante los operativos: Ellos decían que estaban
arrechos32 con el barrio, que nuestro barrio no tenía beneficios, que ellos
tenían órdenes y ellos cumplían esas órdenes estrictas. Que si a ellos les
daban órdenes de que mataran a seis personas, sea malandro, sea sano del
barrio, tenían que bajar seis muertos, a juro, eso era lo que decían ellos,
pues, más que todo.

 

Bajo la necropolítica, el poder «hace referencia continua e invoca la
excepción, la urgencia y la noción ficcionalizada del enemigo»33. El mismo
nombre «Operativo de Liberación y Protección del Pueblo» revela la
concepción de despliegue militar típica de una situación de guerra, en la
que se fusiona la noción de enemigo externo con la de enemigo interno para
poder suspender la condición de ciudadanía y perpetrar la matanza contra los
ciudadanos a quienes el Estado en teoría debe proteger34. Visitamos y
recogimos testimonios en uno de los barrios donde comenzó la olp para
registrar el impacto de la militarización en la vida cotidiana de sus
pobladores. En esta comunidad, los operativos militarizados masivos
irrumpieron semanalmente por más de dos años, y es evidente en los relatos
de los habitantes, pero también en las balas en las puertas y paredes de las
casas en la comunidad, el estado de excepción en el que vivieron por ese
largo periodo. El estado de excepción, como nos ilustra también Agamben35,
en tanto situación en la que el poder soberano suspende todo tipo de
derechos por una decretada emergencia identificada por el poder mismo –en
nuestro caso, el paramilitarismo colombiano, el narcotráfico, los grupos
delincuenciales–, se convierte en la norma y se borra todo estatus de
ciudadanía de las personas. En esta línea, un joven de 18 años del barrio
explicó:

 

La mayoría de las veces, cada vez que sube la olp pa’ acá, es entrando pa’
las casas, rompiendo la puerta y sacando a la gente sana. A la mayoría de
los hombres siempre los sacan y les empiezan a dar una paliza aquí afuera, y
dejando a las mujeres entrar pa’ la casa, sin poder defenderlos ni nada. Si
les da la gana los matan, sin preguntar un pero, sin preguntar un por qué.

 

Nos impresionaron la devastación y el terror ocasionados por los agentes
policiales. De acuerdo con los relatos de los habitantes con quienes
conversamos, durante esos dos años entraron encapuchados, rompiendo las
puertas. En efecto, pudimos constatar que las puertas de las viviendas están
abolladas y las paredes, reventadas por las mandarrias. En respuesta, la
gente ha colocado cadenas con enormes candados, no para defenderse de los
delincuentes armados locales, sino para protegerse de los agentes
policiales, quienes además les roban la comida, los electrodomésticos y
otras pertenencias. Han asesinado allí mismo a jóvenes varones, a quienes
sacaron literalmente de sus camas mientras dormían y en la madrugada, como
fue el caso de dos mujeres que nos narraron los asesinatos de sus hijos. Se
trata, en efecto, de una toma de un ejército de ocupación armada y la
expresión de esta práctica sistemática en la que el Estado se convierte en
agencia de muerte, terror y venganza, valga la paradoja, extralegal entre
sectores empobrecidos por la devastación económica. Es el avance, pues, de
la necropolítica en tiempos de Revolución Bolivariana poschavista. 

 

* Rebecca Hanson es doctora en Sociología por la Universidad de Georgia. Es
coordinadora de la especialización «Delito, ley y gobernabilidad en las
Américas» en el Programa de Maestría en Estudios Latinoamericanos de la
Universidad de la Florida. Verónica Zubillaga es doctora en Sociología por
la Universidad Católica de Lovaina; actualmente es visiting fellow en el
Kellogg Institute for International Studies, Notre Dame University. Se
desempeña como profesora de la Universidad Simón Bolívar y es miembro
fundadora de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia
(REACIN), www.reacin.org, en Caracas.

 

Notas

 

1.Vanessa Davies: «El otro ‘bombazo’ de la Fiscal: en 2016 fueron asesinadas
21.752 personas en Venezuela» en Contrapunto, 31/3/2017.

2.J.M. Cruz: «State and Criminal Violence in Latin America» en Crime, Law
and Social Change vol. 66 No 4, 2016.

3.Achille Mbembe: Necropolítica, Melusina, Madrid, 2011.

4.K. Ávila: «Las Operaciones de Liberación del Pueblo (olp). Entre las
ausencias y los excesos del sistema penal en Venezuela» en Revista Crítica
Penal y Poder No 12, 2017; A. Antillano y K. Ávila: «¿La mano dura y la
violencia policial disminuyen los homicidios?» en Revista cidob d’Afers
Internacionals No 116, 2017.

5.T. Hernández: «Los operativos policiales extraordinarios en Venezuela: dos
acercamientos reflexivos al problema» en Capítulo Criminológico vol. 14,
1986; Ana María Sanjuán: «Democracia, ciudadanía y violencia en Venezuela»
en Susana Rotker y Katherine Goldman (eds.): Ciudadanías del miedo, Nueva
Sociedad, Caracas, 2000; A. Antillano: «¿Qué conocemos de la violencia
policial en Venezuela?» en Espacio Abierto. Cuaderno Venezolano de
Sociología vol. 19 No 2, 2010; K. Ávila: «Las Operaciones de Liberación del
Pueblo (olp). Entre las ausencias y los excesos del sistema penal en
Venezuela», cit.

6.T. Hernández: ob. cit.

7.Declaraciones del comandante del Core 5, Venezolana de Televisión,
6/9/2010.

8.Declaraciones del ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, en
su cuenta de Twitter @Tareckpsuv, 8/2/2011.

9.Ver A. Antillano, Iván Pojomovsky, V. Zubillaga, Chelina Sepúlveda y R.
Hanson: «The Venezuelan Prison: From Neoliberalism to the Bolivarian
Revolution» en Crime, Law and Social Change vol. 65, 2015.

10.Agencia Venezolana de Noticias: «Los cuerpos policiales tienen que tener
máxima disciplina policial, una disciplina militar» en Aporrea, 9/1/2014.

11.A. Antillano y K. Ávila: ob. cit.

12.Catherine Lutz: «Making War at Home in the United States: Militarization
and the Current Crisis» en American Anthropologist vol. 104 No 3, 2002.

13.V. tb. Francine Jácome: «Venezuela: ¿un nuevo tipo de régimen militar?»
en Foreign Affairs Latinoamérica vol. 17 No 4, 2017.

14.República Bolivariana de Venezuela, Ministerio Público, Despacho de la
Fiscal General de la República: «Informe anual 2014 a la Asamblea Nacional»,
Caracas, 2015.

15.Ver A. Antillano y K. Ávila: ob. cit.

16.Tiempo después, ante las denuncias, esta práctica fue suspendida. «Las
‘máscaras de la muerte’ quedaron prohibidas en las olp» en Últimas Noticias,
23/3/2017.

17.«Maduro dice que operativo de seguridad demostró presencia de
paramilitares» en El Comercio, 13/7/2015.

18.Últimas Noticias, 15/9/2015. «Choros» ser refiere a rateros.

19.M.K. Huggins, M. Haritos-Fatouros y P.G. Zimbardo: Violence Workers:
Police Torturers and Murderers Reconstruct Brazilian Atrocities, University
of California Press, Berkeley, 2002.

20.Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz:
«Protocolo de Actuación de los Cuerpos de Seguridad del Estado en la
Operación de Liberación Humanista del Pueblo», Caracas, 2017.

21.Teresa Caldeira: «Fortified Enclaves: The New Urban Segregation» en
Public Culture vol. 8 No 2, 1996.

22.Enrique Desmond Arias: Criminal Enterprises and Governance in Latin
America and the Caribbean, Cambridge UP, Cambridge, 2017.

23.William Godnick, Celine Quagliaro y Julián Bustamante: «Tráfico y uso
criminal de granadas en América Latina y el Caribe», trabajo presentado en
la Reunión del Observatorio del Crimen Organizado en América Latina y el
Caribe, Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el
Desarrollo, Medellín, 11 y 12 de mayo de 2015.

24.G. Agamben: Estado de excepción, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2004.

25.Loïq Wacquant: «The Militarization of Urban Marginality: Lessons from the
Brazilian Metropolis» en International Political Sociology vol. 2 No 1,
2008.

26.faes es el acrónimo de las Fuerzas de Acciones Especiales. Son grupos
tácticos de la Policía Nacional Bolivariana que reemplazaron la OLP cuando
esta fue suspendida.

27.Ministerio Público: «Actuaciones del Ministerio Público relacionadas con
las OLP en Venezuela (julio 2015-marzo 2017)», Caracas, 2017.

28.«Ministro Reverol: homicidios en Venezuela se redujeron 15,2% en 2017» en
Efecto Cocuyo, 27/12/2017.

29.Amnistía Internacional: «You Killed My Son: Homicides by Military Police
in the City of Rio de Janeiro», AMR 19/2068/2015, Río de Janeiro, 2015.

30.Fórum Brasileiro de Segurança Pública: «Ocorrências letais - tabelas»,
www.forumseguranca.org.br/estatisticas/tableau-ocorrencias/, fecha de
consulta: 24/10/2018.

31.A. Mbembe: ob. cit.

32.Furiosos, iracundos.

33.A. Mbembe: ob. cit., p. 21.

34.A. Mbembe: ob. cit.

35.G. Agamben: ob. cit.

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