Ecuador/ De tumbo en tumbo: entre bonos y salarios mínimos [Alberto Acosta y John Cajas Guijarro]

Ernesto Herrera germain5 en chasque.net
Jue Ene 4 13:00:02 UYT 2018


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Correspondencia de Prensa

4 de enero 2018

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Ecuador

Entre bonos y salarios mínimos

De tumbo en tumbo, ¿una política sin rumbo?

Alberto Acosta, John Cajas Guijarro *

Rebelión, 4-1-2018

http://www.rebelion.org/

“La reducción de los salarios no constituye un remedio contra la depresión,
debido a que los capitalistas no dedican inmediatamente las ganancias
derivadas de ello a la compra de bienes de inversión” (Michal Kalecki) 

“La economía no está libre de valores y los economistas deben ser
transparentes sobre los juicios de valor que hacen. Esto aplica
especialmente a aquellos juicios de valor que podrían no ser visibles para
el ojo no entrenado”  (Tesis 3 de las 33 tesis para una reforma de la
economía )

La economía es una parte del conocimiento humano que aún está en ciernes e
incluso está atrapada entre  laberintos  y  reformulaciones. Por eso es
común encontrar en su interior varios dogmas. Un ejemplo es el argumento
“ortodoxo, conservador y prudente: OCP” de que aumentar pensiones y salarios
mínimos reduce o deteriora el empleo; o, en otras palabras, reducir los
costos laborales crea más empleos y mejora la competitividad. Para los
defensores de esa visión OCP, pensiones y salarios mínimos “traban” la
tendencia “optimizadora” del libre mercado, de modo que su incremento
crearía condiciones “no óptimas” de mayor desempleo o peores condiciones
laborales. Además,  mayores pensiones ampliarían el déficit fiscal, creando
mayores distorsiones económicas  , rezan los economistas OCP.

¿Por qué decimos que esta lectura podría ser un dogma? Pues hasta la
actualidad los economistas no han demostrado con evidencias que esa sea la
única dinámica posible. Es más, hay realidades que difieren de esa visión.
Un ejemplo es Portugal, país que luego de sufrir la severa crisis de 2008 y
aplicar políticas de austeridad ortodoxas, saltó a medidas diferentes que
fortalecieron pensiones y salarios, reduciendo con fuerza el desempleo y
hasta el propio déficit fiscal (a más de significativas mejoras sociales en
comparación a otros países europeos), al tiempo que  creció la economía  y
aumentaron hasta las  inversiones extranjeras . Algunos hasta han sugerido
que “ la experiencia portuguesa parece sustentar la idea de que la economía
no es una ciencia exacta  ”, apreciación con la que coincidimos plenamente.

Cabría anotar que, más bien lo que sí se ha comprobado es que  una mayor
flexibilización laboral asegura una mayor concentración de la riqueza, tal
como sucede también con una  liberalización financiera  …

¿Cómo mayores salarios mínimos y pensiones pueden ayudar a mejorar la
situación económica de un país? Aquí proponemos al menos dos posibilidades:
por un lado, pueden incrementar la demanda interna al otorgar mayor
capacidad adquisitiva a los perceptores de pensiones, así como a los
trabajadores que sobreviven con el salario mínimo y con ninguna capacidad de
ahorro; por otro lado, pueden ampliar la oferta -sobre todo de bienes
locales: premisa fundamental para conseguir los fines propuestos­-,
especialmente si las pensiones y bonos no tienen meros fines consumistas o
clientelares, sino fines productivos (p.ej. usar el bono para conformar
unidades de producción comunitarias).

Ambas posibilidades deberían juntarse en una sola gran estrategia de
política económica con objetivos claros y que incluya, de forma simultánea y
planificada (con un análisis serio que use todo el instrumental disponible)
a muchas otras medidas financieras, productivas, laborales, comerciales,
fiscales, monetarias, etc. Además, en sociedades de la periferia
capitalista, la política económica integral debería enfatizar el uso de
programas masivos de empleo -planificados desde el gobierno central con gran
participación de los gobiernos descentralizados- en beneficio de los
trabajadores que ni siquiera llegan a tener el “privilegio” de ser
explotados (desempleo) o que son sobreexplotados (subempleo).

Para el caso ecuatoriano, en donde  desde 2015 hay una fuerte desaceleración
económica  (que, por cierto, se sembró desde antes), ninguna de estas
posibilidades debería desecharse. Es más, ante una  caída del PIB a niveles
inferiores a los de 2014  , toda alternativa debería analizarse a
profundidad, sobre todo si sabemos que  la década correísta no dejó ninguna
mesa servida  (pero sí un terrible legado de  corrupción y pérdidas
económicas  ) y que su sucesor -el gobierno de Lenín Moreno- no muestra
luces claras de a dónde quiere ir.

En efecto, la política económica del gobierno de Moreno no muestra un
carácter integral, sino disperso. Un claro ejemplo se lo observó a fines de
2017: por un lado, el gobierno  amplió el bono de desarrollo humano según el
número de hijos de los perceptores de 50 dólares a un máximo de 150, así
como el bono a personas mayores de 65 años de 50 a 100 dólares  (mejoras
justas, aunque en el primer caso generando incentivos -en situaciones
extremas- a la tenencia de más hijos…); por otro lado, se definió un salario
básico unificado para 2018 de 386 dólares mensuales, es decir, un  aumento
de apenas 11 dólares al mes, lo cual no equivaldría ni a 40 centavos diarios
(aunque supera al  incremento de 9 dólares que el gobierno de Correa
determinó entre 2016-2017 ).

Ambas medidas se tomaron de forma aislada, sin pensar en la posibilidad de
juntarlas en una sola gran estrategia de recuperación que combine los
potenciales efectos de oferta y demanda. Decimos ésto pues el incremento del
bono mantiene la lógica asistencialista y hasta clientelar (respuesta de una
oferta de campaña electoral), sin ver que la transferencia podría fomentar
la producción, en especial de las pequeñas y medianas empresas. Respecto al
incremento salarial, con apenas unos 40 centavos más al día es casi
imposible que los trabajadores que reciben el salario básico incrementen con
fuerza la demanda interna (más bien parecería que el salario se incrementó
solo por cumplir una obligación legal). A eso último sumemos que la política
gubernamental no muestra preocupación por los trabajadores subempleados,
muchos en condiciones de informalidad y que ni siquiera llegan a ver un
salario mínimo…

Si bien idear una combinación adecuada del incremento de bonos y salarios
mínimos (junto con medidas que reduzcan el subempleo) requiere de mucho más
que unas pocas líneas y un par de cabezas, al menos podemos sugerir ideas
para nutrir un debate que los neoliberales OCP –aupados por muchos medios de
comunicación- intentan volver monólogo. Es preciso, hoy más que nunca, dar
luces alternativas a una política gubernamental que parece caminar sin
rumbo… y que puede caer definitivamente en el precipicio neoliberal, hacía
donde  nos enrumbó el correísmo senil.

Partamos notando que  a septiembre de 2017 unas 423 mil personas se
beneficiaron del bono de desarrollo humano  , bono que, para 2018, sería
financiado con un  desembolso de 383 millones de dólares del gobierno,
alrededor de 1,1% del Presupuesto General del Estado (de  34.853 millones
). Cabe destacar que estas cifras son inferiores en comparación a 2013,
cuando  se desembolsaron alrededor de mil millones de dólares para el bono
(3,1% del presupuesto) beneficiando a unas 1,7 millones de personas  . A
pesar de la reducción considerable, los 383 millones de dólares de
desembolso presupuestado para 2018 pueden tener un efecto favorable sobre la
economía si se transforman en bonos productivos, socialmente inclusivos y
ecológicamente sostenibles.

¿Cómo lograrlo? Pues el bono debe  dejar de direccionarse a un consumo  que
muchas veces es apropiado por grandes -y oligopólicas- cadenas comerciales y
hasta se satisface con productos importados. Más bien, como en su momento ya
se propuso, podría usarse para:

“[P]romover a campesinos y pescadores, así como a pequeñas asociaciones de
productores que constituyan un capital de base para generar ingresos, y cuyo
destino esté ligado a procesos productivos comunitarios. Por ejemplo, los
beneficiarios del bono podrían proveerse en mercados populares o tiendas
articuladas a la producción campesina y a la pesca artesanal (Makita
Cusunchik o Camari, por ejemplo). De esta manera el Bono podría hasta
duplicarse siempre y cuando los beneficiarios demanden productos de los
campesinos, de la pesca artesanal o de los artesanos [fomento a la demanda,
NdA]. Si los beneficiarios del bono en una comunidad se unen para impulsar
un proyecto comunitario productivo, el Bono también podría duplicarse
[fomento a la oferta, NdA]. El objetivo es potenciar la economía
comunitaria.” ( Acosta, 2012  )

Así, el bono ya no sería asistencialista sino productivo (tanto desde la
oferta como la demanda) al promover núcleos de producción campesina y
pesquero-artesanal, que produzcan bienes de consumo masivo y amplíen la
autodependencia del mercado doméstico. Tales núcleos hasta podrían abastecer
el desayuno y almuerzo escolar, guiados y direccionados por gobiernos
locales (con apoyo del gobierno central). Todo esto potenciando los
emprendimientos claramente sustentables en términos sociales y ambientales.

Sobre la posibilidad de duplicar el bono en los casos antes expuestos,
podría entrar en juego el dinero electrónico (eso sí, manejado desde el
Banco Central y las cooperativas vinculadas a la economía popular y
solidaria, más no desde la  oligopólica banca privada  ). Se podría usar
dinero electrónico para financiar el incremento del bono y hasta como
herramienta para reubicar la liquidez del sector público, por ejemplo,
pagando una fracción de sueldos de servidores públicos y pagos a grandes
proveedores en dinero electrónico  y así liberar dólares en efectivo para
pagar el aumento del bono.

Igualmente, el uso del bono con fines productivos debería promover la
generación de empleo, y es aquí donde la cuestión podría conectarse con el
salario básico y otras políticas de empleo. Si las unidades económicas
pequeñas (de hasta 9 empleados y que, por cierto, proveyeron el 70% del
empleo en 2016) encuentran en el bono un impulso a la demanda de sus
productos, les resultará más viable incrementar salarios. Aquí surge la
posibilidad de que el salario aumente muy por encima de los ínfimos 11
dólares mensuales, especialmente si parte del incremento también se lo paga
con dinero electrónico (el gobierno podría ayudar a las empresas pequeñas a
pagar salarios incrementados con dinero electrónico a cambio de, por
ejemplo, menos impuestos o aranceles).

Por ejemplo, se podría promover un aumento del salario básico en 40 o 50
dólares (hasta llegar por lo menos a una canasta básica por persona empleada
-706 dólares a noviembre de 2017- que, por cierto, debe ser el punto de
referencia de lo que constitucionalmente se conoce como “salario digno”:
Art. 328.-   La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al
menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su
familia  ;). De ese incremento, la mitad podría ser en dinero físico y la
otra mitad en dinero electrónico con beneficios especiales (p.ej. reducción
del pago del IVA, de servicios básicos: teléfono, luz, agua, etc.).

Es más, si de dinero electrónico y empleo se trata, también se podría
fomentar la demanda interna creando un  seguro electrónico de desempleo  ,
muy diferente al seguro de desempleo propuesto desde el correísmo que es
financiado con los fondos de los propios trabajadores. Y aquellos
empresarios que no puedan incrementar inmediatamente los salarios deberían
entregar a sus trabajadores una participación correspondiente en la
propiedad de sus empresas. Asimismo, se deberían diseñar mecanismos para que
gran parte del incremento salarial pagado en dinero físico y electrónico,
así como el seguro electrónico de desempleo, se gasten en las mismas
unidades económicas beneficiarias del bono productivo, sobre todo en los
mercados populares.

La idea es generar retroalimentaciones y “círculos virtuosos” por medio de
redes de oferta-demanda cada vez más autosuficientes. Y dichos “círculos”
deberán complementarse -reiteremos- con programas masivos de empleo
planificados y empujados desde los gobiernos central y descentralizados, en
donde la misma obra pública sea replanteada para volverla más intensiva en
el uso de mano de obra (p.ej. uso de trabajadores en vez de mezcladoras en
preparación de cemento en el caso de infraestructura, tal como se hace en
China, en donde  existe toda una visión de defensa de las actividades
intensivas en mano de obra  ). Aquí, de nuevo, el dinero electrónico puede
ser una alternativa de financiamiento y/o una herramienta para redirigir
recursos.

Reiteremos que estas ideas son apenas un esbozo que intenta ampliar el
debate sobre la posibilidad de que una auténtica ampliación de pensiones,
salarios y programas masivos de empleo ayuden a enfrentar el estancamiento
económico. Además, podrían complementarse con otras propuestas, como, por
ejemplo, el incremento de impuesto a la renta a los grandes grupos
económicos y a quienes ganen más que el presidente de la República, y la
reducción del mismo a las pequeñas unidades de producción, sobre todo
aquellas que generan más empleo.

Siempre lo más importante será tener claro el objetivo de la política
económica que, a nuestro parecer, debería ser la búsqueda de alternativas
frente a crisis sin permitir que los costos sean pagados por las clases
trabajadoras y populares. Además, estas políticas deben engarzarse con
visiones de largo plazo para transformarlas en herramientas que promuevan
transformaciones estructurales del aparato productivo (superando los
extractivismos, por ejemplo) y de la sociedad misma.  Intentos de este tipo
existen  , lo crucial es discutirlos (sea a favor o incluso en contra) para
crear una propuesta estructural y colectiva.

Penosamente, ese no parece ser el rumbo del gobierno de Moreno, el cual da
señales de estar más preocupado de su supervivencia política de cortísimo
plazo, que de la supervivencia del pueblo. Ojalá  la memoria histórica
ayude para que el gobierno de Moreno no caiga en el mismo desperdicio en el
que cayó su predecesor.

* Alberto Acosta: Economista, exministro de Energía y Minas y expresidente
de la Asamblea Constituyente, fue candidato a la Presidencia de la República
del Ecuador. John Cajas Guijarro, economista y profesor de la Universidad
Central del Ecuador y de la Escuela Politécnica Nacional.

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