Catalunya/ Tras el 21D: nueva fase, viejos retos [Jaime Pastor]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

7 de enero 2018

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Catalunya

Tras el 21D: Nueva fase, viejos retos

Jaime Pastor *

Viento Sur, 6-1-2018

http://www.vientosur.info/

El escenario que emerge tras el 21D no ha cambiado sustancialmente desde el
punto de vista parlamentario, pero sí en cuanto al protagonismo creciente
del poder judicial en la criminalización del independentismo. Sería un error
de la izquierda de ámbito estatal, y de quienes se oponen a la
desdemocratización y recentralización crecientes de este Estado, considerar
que el conflicto que enfrenta a una mayoría de catalanes –ya que incluye no
sólo a independentistas sino también a soberanistas- con el régimen les es
ajeno. Están en juego también nuestras libertades y derechos individuales y
colectivos.

Muchos son ya los análisis publicados sobre los resultados de las elecciones
del pasado 21 de diciembre en Catalunya, pero voy a partir de los de Martí
Caussa y Josep María Antentas por coincidir con gran parte de sus
diagnósticos y conclusiones  1/. El título del primero, “El independentismo
resiste, pero sin clarificar la estrategia”, ya era bastante expresivo y en
él se ponía el acento en la derrota política del artículo 155, pero también
en que “el bloque unionista y partidario del 155 se ha hecho más fuerte y
agresivo”; concluía aventurando mayor incertidumbre ante la nueva etapa tras
el brusco final del ciclo anterior el pasado 27 de octubre. El segundo, a
cierta distancia ya del 21D, entraba más en detalle sobre los factores que
explicaban el “éxito de la operación Puigdemont” con su discurso
legitimista, por un lado, y el ascenso de C’s como voto estratégico
anti-independentista, pero a la vez “de orden y de miedo”, por otro.
Constataba también la crisis del eslogan “un sol poble” para argumentar la
necesidad de una reformulación estratégica frente al persistente cierre de
filas del régimen que aspire a “ligar la agenda independentista a las
políticas contra la austeridad y defender un proceso constituyente
compatible con un destino independentista y uno confederal”.

En efecto, pese a la aplicación completamente abusiva –y anticonstitucional,
según buen número de expertos- del artículo 155   2/, al creciente acoso
judicial(más de 60 causas abiertas, muchas de ellas por injustas acusaciones
de delitos de rebelión, sedición y… odio) y al incesante anuncio de una
mayor inestabilidad económica, la revalidación de la mayoría absoluta por el
bloque independentista (a la que no son ajenas la memoria viva del ciclo
transcurrido desde el 20S hasta las jornadas del 1 y el 3 de octubre y la
represión desencadenada durante y después de las mismas) ha echado por
tierra los planes del bloque mal llamado constitucionalista (más bien,
jíbaroconstitucionalistas, como les califica el fiscal emérito Martín
Pallín) y continúa poniendo de manifiesto la crisis de legitimidad del
régimen y, sobre todo, del Estado autonómico en Catalunya.

Es cierto también que los partidos independentistas han conseguido sólo el
47,49 % de los votos, pero también lo es que en las condiciones tan
asimétricas –a favor, incontestablemente, del régimen- en las que se han
desarrollado estas elecciones y con el alto grado de participación que se ha
dado (79,04 %), ese resultado supone sin duda un fracaso innegable de la
estrategia que desde el Estado se diseñó para impedirlo, confiado en una
mayoría silenciada que esta vez les podría dar una victoria holgada.
Significa, por tanto, una derrota del partido de Rajoy (que ha pasado a ser
el último en el nuevo parlament), de su gobierno y también del régimen
monárquico (no olvidemos el discurso de Felipe VI la noche del 3 de octubre
que luego quedó suavizado, solo en la forma, en el emitido este 24 de
diciembre).

Lo anterior no implica menospreciar el dato de que Ciudadanos haya logrado
un ascenso incuestionable entre sectores sociales muy dispares, lo que le
permite además poder competir ya abiertamente con el PP en la búsqueda de
más apoyos entre el Ibex 35 con la mirada puesta en las futuras elecciones
autonómicas y municipales que se celebrarán en mayo de 2019. Pero no por
ello dejará de seguir estando en Catalunya en una impotente oposición
parlamentaria, pese a la incógnita que se abre sobre Puigdemont y los
escaños que corresponden a personas en la cárcel o en el exilio.

Asimismo, ha quedado también evidente cómo, dado el contexto de polarización
en que se han desarrollado estas elecciones, la presión del voto útil ha
dejado fuera de juego a CeC-Podem, probablemente también por su “pasividad
estratégica tacticista, a la espera de que el independentismo colapsara
rápidamente”, como observa Antentas, y ha perjudicado a la CUP (pese a
cierta reorientación de su campaña en torno a los ejes de “República,
derechos sociales y Asamblea Constituyente”). Mientras que, por el otro
lado, ha perjudicado a un PP que aparecía directamente identificado con el
gobierno y con la represión del 1 de octubre.

La imposible liquidación del independentismo

Con todo, pese al rotundo desmentido a su aventurada proclamación de que
habían liquidado al independentismo (como se ha empeñado en repetir la
virreina Soraya Sáenz de Santamaría a lo largo de toda la campaña), la
respuesta de Rajoy a la disposición al diálogo bilateral expresada con mayor
claridad por ERC sigue siendo, como era previsible, la de sostenella y no
enmendalla. Lo peor es que, bajo la presión de Ciudadanos, continúa dando
largas incluso a una posible reforma constitucional que aborde la cuestión
catalana. Así que no cabe esperar mucho de la subcomisión de estudio que se
va a poner en marcha en el parlamento español.

En esas condiciones, a las que se sumarán nuevos juicios de corrupción que
pueden llegar a alcanzar a “M. Rajoy” (también, por cierto, a la
exConvergència) y sin el apoyo presupuestario del PNV, la cuestión catalana
seguirá en el centro de la agenda política, ahora ya bajo la vigilancia
implacable de la Fiscalía del Estado y de un poder judicial cuya falta de
independencia ha sido denunciada recientemente por el Consejo de Europa.
Todo esto no dejará de afectar a la gobernabilidad y a una presunta
recuperación económica que no puede ocultar ya la creciente precarización de
la fuerza de trabajo o que la inversión pública haya alcanzado en 2017 su
punto más bajo en 50 años.

No sorprende, por tanto, que medios tan beligerantes como El País estén
haciendo enormes esfuerzos por tranquilizar a los grandes poderes económicos
(recordemos su editorial apenas dos días después de las elecciones
catalanas: “Que no cunda el pánico”), consciente además de que la
restitución de Puigdemont como presidente legítimo en la Generalitat, si los
jueces no lo impiden, supone el fracaso total de la brutal y paranoica
campaña mediática desplegada a lo largo de estos meses contra el
independentismo e incluso contra Podemos y Catalunya En Comú.

El papel más lamentable en todo este proceso ha sido sin duda el jugado por
el PSC, buscando un voto atrápalo-todo de catalanistas y anticatalanistas
que, sin embargo, no ha logrado frenar el ascenso de Ciudadanos y le puede
reducir a un papel subalterno de ese partido en nombre de la defensa de la
razón de Estado y la unidad de España. Una política a la que le ha empujado
el cierre de filas de Pedro Sánchez con Rajoy y su gobierno y que
seguramente habrá defraudado a mucha de la militancia que le renovó su
confianza como Secretario General en las primarias, ya tan lejanas, del
pasado junio. Por eso es muy comprensible el abandono del PSOE por quien fue
portavoz de la corriente Izquierda Socialista, José Antonio Pérez Tapias,
una vez constatada la renuncia de Sánchez no sólo a una defensa consecuente
del reconocimiento de la plurinacionalidad, sino también a hacer frente a la
política de excepción que Rajoy sigue queriendo imponer en Catalunya  3/.

Todo esto no impide reconocer que desde Catalunya parece urgente una
reorientación política desde las izquierdas soberanistas e independentistas
que permita un mayor anclaje en las clases subalternas en torno a una mejor
articulación de la cuestión nacional y la cuestión social y, a su vez, a la
construcción de un sujeto político, un nuevo demos plural, superador de toda
forma de nacionalismo excluyente en sus propias filas. Tareas sin duda
urgentes si se quiere disputar en mejores condiciones la hegemonía a una
exConvergència cuya capacidad de metamorfosis, pese a su pasado de
corrupción y a sus políticas neoliberales y austeritarias, ha quedado
demostrada de nuevo.

Entramos así en una nueva fase de un conflicto con una larga historia detrás
que continúa encontrándose con el bloqueo permanente a una solución
democrática por parte del régimen, pero también con un techo electoral menor
al 50 % al que ha llegado el independentismo hasta ahora.Techo que debería
buscar superarlo a través de nuevas vías, en alianza con Catalunya En Comú y
distintas organizaciones sociales soberanistas. Techo, conviene volver a
recordarlo, superior al que tuvo el principal partido nacionalista escocés,
el SNP, en las elecciones de 2011 (en torno a un 45 %) y que, aun así, le
permitió negociar con el gobierno británico de David Cameron el referéndum
de secesión que finalmente se celebró con todas las garantías legales el 18
de septiembre de 2014.

Mientras tanto, democracia disciplinaria y austeridad permanente

En medio de este recorrido la judicialización del conflicto ha conducido ya
a una Causa General contra el independentismo, basada en el uso más
torticero posible del Código Penal, siendo el último ejemplo el auto de la
sala de apelaciones del Tribunal Supremo contra el recurso presentado por
Oriol Junqueras para obtener su libertad provisional. De su lectura se
desprende, aunque se niegue desde instancias judiciales, la tendencia a
imponer una democracia militante que, extendiendo una fórmula debida a Albo
y Fanelli  4/, sería mejor llamar democracia disciplinaria. Será bajo la
amenaza de criminalizar incluso las nuevas manifestaciones no violentas que
se puedan convocar a favor de la independencia como va a empezar la nueva
etapa parlamentaria en Catalunya.

La aplicación del Derecho Penal del enemigo a Catalunya no es más que una de
las formas que está adoptando el proceso de desdemocratización acelerada de
regímenes formalmente democráticos que se ha ido imponiendo desde el inicio
de la Gran Recesión en 2008. Emprendido inicialmente para facilitar la
aplicación de unas políticas de austeridad devenidas ya permanentes, con la
contrarreforma exprés del artículo 135 de la Constitución y ahora con la
beligerancia de Montoro contra los ayuntamientos del cambio y Comunidades
Autónomas como sus manifestaciones extremas en el Estado español, se ha ido
extendiendo a otros ámbitos de conflicto como el de la libertad de
expresión, el laboral y las guerras culturales.

Pues bien, la aplicación por el tripartito del régimen del artículo 155 en
Catalunya  5/ y las acusaciones de rebelión y sedición dirigidas contra el
largo ciclo de movilizaciones que desde 2012 ha recorrido ese país no son
ajenas a esa democracia disciplinaria. En este caso aplicada a la defensa de
otro pilar fundamental del régimen como es su soberanía exclusiva
territorial, tal como se interpreta además desde la lectura fundamentalista
del artículo 2 de la Constitución. Tampoco lo es la tendencia expansiva en
la interpretación de los delitos de odio por parte de fiscales, jueces y
grandes medios de comunicación, dirigidas contra las manifestaciones
independentistas pero también, y cada vez más, contra distintas formas de
disidencia respecto al establishment. Una beligerancia que contrasta además
con su tolerancia frente a las constantes apologías del franquismo y al
rechazo de la diversidad sexual.

Por eso, insistiremos una vez más, más allá de las discrepancias que pueda
haber con el bloque independentista o con la nueva hoja de ruta que se
llegue a adoptar en esta nueva fase, la izquierda de ámbito estatal no puede
ser indiferente ante el conflicto que enfrenta a aquél con el régimen y,
sobre todo, frente a las amenazas represivas que vuelven a caer contra una
mayoría parlamentaria revalidada este 21D en las urnas. Su legitimidad está
fuera de duda y, por tanto, defenderla frente a la continuidad de las
medidas de excepción del régimen ha de formar parte del mismo esfuerzo por
hacer fracasar las amenazas de Montoro –mientras aumentan los gastos
militares al servicio de una OTAN cuyo ADN imperialista no ha cambiado  6/-,
así como los ataques a libertades y derechos como el que trágicamente ha
costado la vida a Mohamed Bouderbala en la cárcel de Archidona el pasado 28
de diciembre.

Junto a la respuesta a esa deriva oligárquica y represiva seguirá siendo
necesario buscar, desde dentro y fuera de Catalunya, nuevas vías de
reconstrucción de lazos solidarios entre los distintos pueblos del Estado
español frente a una peligrosa vuelta de tuerca recentralizadora del
régimen, favorecida ahora por el ascenso de Ciudadanos, y verificada con los
nuevos recortes a la financiación de las CC AA por parte del gobierno. Pero,
eso sí, sin olvidar, como bien ha dicho Pérez Tapias en la entrevista
citada, que “sin resolver las cuestiones de reconocimiento –en este caso, de
la pluralidad nacional-, no se solucionarán de verdad los temas de
redistribución y de sistema de financiación, por ejemplo”.

El cese de la política represiva y el reconocimiento de la pluralidad
nacional política y cultural dentro de este Estado son tareas ineludibles.
La primera debería pasar por la creación de un amplio frente común de
defensa de derechos democráticos y sociales, capaz de detener la involución
represiva. La segunda ha de seguir presionando por lograr modificar la
legalidad vigente (a través de reformas en el corto plazo que ayuden a
avanzar hacia procesos constituyentes) con el fin de permitir el ejercicio
del derecho a decidir su futuro –incluida la separación- de aquellos pueblos
que, como es el caso innegable de una mayoría de Catalunya, lo reclamen.

Renunciar a cambiar el sentido común de la actual mayoría de la sociedad
española  7/ en función de criterios electoralistas y tacticistas conduciría
a la izquierda de ámbito estatal a convertirse en subalterna de un
nacionalismo español excluyente (que tiene en “A por ellos” y “Yo soy
español, español…” sus lemas preferidos, además de los crecientes recursos
represivos y judiciales con los que cuenta), contribuyendo así,
definitivamente, al cierre por arriba de la crisis de régimen. Mejor será no
resignarse ante un realismo conservador -que se limita a asumir una relación
de fuerzas desfavorable- y optar por ir forzando un cambio de rumbo,
buscando unir en un mismo proyecto destituyente las luchas contra la
democracia disciplinaria y la austeridad permanente con el fin de ir
transformándolas a favor de la soberanía de los pueblos

* Jaime Pastor es politólogo y editor de Viento Sur.

Notas

1/  “El independentismo resiste, pero sin clarificar la estrategia”,viento
sur, 22/12/2017, www.vientosur.info/spip.php?article13320 y “Paisaje tras
las elecciones”, viento sur, 31/12/2017,
www.vientosur.info/spip.php?article13365

2/  Es muy revelador que la aplicación que se ha hecho de ese artículo se
haya basado, en la enmienda que presentó el entonces dirigente de Alianza
Popular Manuel Fraga a este artículo en el debate constitucional de 1978:
confirma así la voluntad desconstituyente que preside al partido que el
mismo Fraga fundó años después no sólo en este ámbito sino en tantos otros
como, en particular, el que atañe al ejercicio de nuestras libertades y
derechos fundamentales.

3/  José A. Pérez Tapias: "Sólo un proceso constituyente nos puede sacar de
esta crisis, y el PSOE no está en ello”, Miguel Mora, ctxt, 3/01/2018,
http://ctxt.es/es/20180103/Politica/17076/perez-tapias-psoe-pedro-sanchez-ca
talu%C3%B1a-federalismo-izquierda.htm

4/  G. Albo y C. Fanelli, “Austerity against Democracy”, 2014,
www.socialistproject.ca/documents/AusterityAgainstDemocracy.pdf.
<http://www.socialistproject.ca/documents/AusterityAgainstDemocracy.pdf>
Para una crítica del auto judicial: Joan Queralt, “Carbón”, elnacional.cat,
6/01/2018, www.elnacional.cat/es/opinion/joan-queralt-carbon_226791_102.html

5/  No olvidemos que Euskadi y Castilla-La Mancha también fueron amenazadas
con la aplicación de ese mismo artículo sin que concurran en ellas las
circunstancias particulares de Catalunya.

6/  A. Coll, “OTAN: control geopolítico, soberanías limitadas e involución
política”, Viento Sur, 155, diciembre 2017, p. 45.

7/  Un sondeo publicado este 6 de enero por El Español constata que un 33,8
% de personas encuestadas en todo el Estado están a favor de reconocer la
posibilidad de un referéndum de autodeterminación frente a un 59,4 % que
está en contra: la tendencia parece apuntar, pese a lo que pretende hacernos
creer la gran mayoría de medios de comunicación de ámbito estatal, hacia un
ascenso de quienes están a favor.

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