Ecuador/ Ni para la izquierda ni para la derecha, sino todo lo contrario [Decio Machado]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

21 de julio 2018

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Ecuador

 

Panorama político

 

Ni para la izquierda ni para la derecha, sino todo lo contrario 

 

El correísmo se encuentra políticamente marginalizado y sin la legitimidad
social de la que gozó antaño. Mientras, el gobierno de Lenín Moreno está
inmerso en un fuerte desconcierto político, económico e ideológico que
refleja su falta de capacidad para establecer una hoja de ruta clara para el
país. El resultado ha sido el debilitamiento y la desmovilización de la
izquierda.

 

Decio Machado

 

Brecha, 20-7-2018

https://brecha.com.uy/

 

A punto de cumplirse 14 meses de gestión presidencial de Lenín Moreno, cabe
decir que el giro político existente en Ecuador es más que evidente pese a
que nadie sepa hacia dónde va el país.

 

Para unos el presidente Moreno es un traidor a la revolución ciudadana y a
la figura de su predecesor, Rafael Correa, mientras que para otros el
mandatario es reconocido como un hombre de talante democrático cuyo mérito
consiste en haber reubicado –sin violencias internas– a Ecuador en la senda
de los estados de derecho mediante la reimplementación de las libertades
democráticas.

 

Valorar al actual gobierno requiere recordar la coyuntura política en la que
Lenín Moreno asumió la presidencia. Para ello necesitó dos vueltas
electorales en las que una Alianza Pais

–partido hegemónico durante la última década– sumamente desgastada se impuso
en la segunda vuelta por muy escaso margen, tras haber perdido más de 1,2
millones de votos respecto de los resultados obtenidos en 2013, y eso pese a
que el censo electoral marcara que había 1,15 millones más de electores.

 

La oposición conservadora, con Guillermo Lasso a la cabeza, un magnate con
poco criterio político y propietario del segundo banco más importante del
país, articuló de la mano de asesores provenientes de campañas electorales
venezolanas la estrategia de denunciar un fraude electoral, con el fin de no
reconocer la victoria de Moreno en las urnas. Pese a que dicho fraude nunca
fue demostrado, gran parte de la izquierda anticorreísta también se alineó a
la estrategia conservadora, dejando al entonces presidente electo sin
aliados políticos y en una situación de franca debilidad.

 

La gestión de Moreno 

 

La reacción de Moreno y su equipo fue rápida y efectiva. Ante un gobierno
saliente con poca credibilidad democrática tras una década de excesos
políticos, represión de los movimientos sociales y forzadas lecturas de la
legalidad democrática –todo ello nunca sancionado, debido al control
ejercido desde el Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado–, el nuevo
gobierno optó por generar una lógica de diálogos en aras del consenso
social, generando una ruptura con la polarización social impulsada durante
la era Correa como estrategia de control hegemónico.

 

En paralelo, Moreno pasó a cuestionar la situación económica en la que el
mandatario anterior había dejado al país, tras una política de agresivo
endeudamiento público, consecuencia de la caída de los precios de los
commodities y la desaparición del excedente petrolero.

 

Por último, el actual gobierno cuestionó la política de control desde el
Ejecutivo sobre el resto de los poderes del Estado, permitió la libre acción
del Poder Judicial y eliminó la impunidad legal con que los distintos
gobiernos encabezados por Rafael Correa habían operado durante la pasada
década.

 

Las consecuencias de estas acciones fueron inmediatas. En primer lugar, se
articuló un nuevo discurso de reconciliación nacional que fue ampliamente
secundado por una ciudadanía cansada de las lógicas de violencia verbal y
persecución a opositores y a la resistencia social implementadas de forma
sistemática por el gobierno anterior. Además, el nuevo accionar del gobierno
permitió visibilizar –eliminando las “ingenierías” contables– la realidad de
las cuentas nacionales, lo que implicó terminar reconociendo una deuda
pública de 59.000 millones de dólares (57 por ciento del Pbi), más del doble
de lo que aceptaba deber el gobierno correísta. Por último, la acción
independiente de la justicia significó la indagación judicial de múltiples
denuncias de corrupción institucional y sobreprecios en la construcción de
megaproyectos, lo que terminó por llevar a la cárcel –por el delito de
asociación ilícita, en el marco de la trama Odebrecht– incluso a Jorge Glas,
quien ejerciera como vicepresidente en los últimos gobiernos de Rafael
Correa, y que había sido impuesto por este como vicepresidente también
durante los primeros meses de gestión de Lenín Moreno.

 

Pese a que conllevara la ruptura de relaciones entre Rafael Correa y Lenín
Moreno, la condena de Glas significó un reposicionamiento político del
gobierno actual ante la sociedad ecuatoriana, dejando sin piso las
acusaciones de fraude electoral, la estrategia de bloqueo político impuesta
por sus contrincantes y la narrativa opositora de que Moreno era apenas un
títere puesto por el presidente anterior.

 

La estrategia de Rafael Correa ante este inesperado giro gubernamental no
pudo ser más llamativa. Impulsó la salida de sus acólitos del gobierno y
convocó de manera ilegal una convención nacional de Alianza Pais en la
norteña ciudad de Esmeraldas. Pretendió disputar nuevamente, sin éxito, la
dirección de un partido que mayoritariamente ya no lo seguía. En una
organización política construida de forma vertical, su movida fue
escasamente secundada por las bases.

 

El paso siguiente emprendido por Rafael Correa fue un llamado a la
desafiliación masiva de Alianza Pais –una iniciativa a la que adhirió
solamente un número muy minoritario de militantes–, y pretendió formar un
partido propio cuyo nombre pasó a ser Movimiento Acuerdo Nacional (Mana),
que aún no cuenta con la legalidad política por carecer de las firmas
ciudadanas necesarias para su acreditación institucional.

 

“Descorreización” 

 

En paralelo, y aprovechando su reposicionamiento político, el pasado 4 de
febrero el gobierno impulsó una consulta popular que, con el apoyo
ampliamente mayoritario de la ciudadanía, inhabilitó al ex presidente Correa
para volver a presentarse como presidenciable, anulando la reforma
constitucional que para tal fin él mismo impulsara en los últimos años de su
gobierno. A partir de entonces se sentaron las bases para el proceso de
“descorreización” en marcha. Este proceso implicó la constitución de un
nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio,
organismo que tiene el plazo de un año para evaluar a cada una de las
instituciones públicas encargadas de la participación social y el control
del Estado (Fiscalía, Procuraduría, Consejo Nacional Electoral, Tribunal
Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional,
etcétera). Aunque concebidas teóricamente como autónomas del gobierno, estas
instituciones públicas estuvieron dirigidas por cuadros políticos del
partido oficialista durante la legislatura anterior, siendo ahora cesados el
conjunto de sus titulares tras múltiples evaluaciones públicas realizadas
por fiscalizadores de la sociedad civil.

 

La estrategia correísta de disputar el liderazgo político del país desde
fuera del gobierno implicó que ese sector político hoy carezca de la
legitimidad social de la que gozó antaño, llevando a la marginalidad
política a lo que queda de la estructura que dirigió a Ecuador durante la
última década. De esa estructura tan sólo tienen cierta incidencia los 28
legisladores que quedaron alineados con Rafael Correa dentro de una Asamblea
Nacional de 137 miembros.

 

Las múltiples causas judiciales recientemente abiertas que involucran al ex
presidente Correa en la comisión de delitos que van desde la mala gestión de
la deuda pública hasta el intento de secuestro de opositores a su gobierno
en países extranjeros (caso de Fernando Balda en Colombia) han hecho que el
ex mandatario esté considerando la posibilidad de pedir asilo político en
Bélgica, donde hoy es residente. Si opta por esta salida, el ex presidente
podría estar imposibilitado de volver a Ecuador durante aproximadamente una
década, tiempo estimado para la prescripción de estos delitos aún en
indagación judicial.

 

Un cóctel de descontento

 

Pero más allá de la debacle correísta, el actual gobierno se encuentra
inmerso en un fuerte desconcierto político, económico e ideológico que
refleja su falta de capacidad para establecer una hoja de ruta clara para el
país.

 

El frente económico gubernamental –compuesto por ministerios como Comercio
Exterior, Economía y Finanzas, Minería, Electricidad, Hidrocarburos,
Turismo, e Industrias y Productividad– ha sido paulatinamente entregado a
representantes del sector empresarial, quienes desde una visión
económicamente neoliberal y políticamente conservadora pretenden gestionar
el país como si se tratase de una corporación empresarial, propiciando un
plan de privatizaciones aún por desarrollarse y la reducción del volumen del
Estado. Pese a que estos dos objetivos fueron anunciados ya durante los
últimos años de la gestión correísta –tras el derrumbe de los precios del
crudo y la finalización del excedente petrolero que había permitido cierta
transferencia de recursos a los sectores históricamente olvidados en el
país–, es la administración de Moreno la que los pone en marcha. En
paralelo, el presidente pretende mantener las políticas asistencialistas de
la mano de ministros de corte progresista en los ministerios de perfil
social –tales como Educación, Ambiente, Cultura, Inclusión Económica y
Social, Salud y Justicia–, lo que genera fuertes conflictos internos con el
ala conservadora a la hora de dirimir la dotación de recursos para cada una
de estas áreas. En resumidas cuentas, la composición de la administración de
Moreno se ha convertido en un cóctel explosivo difícilmente gestionable, en
el que los conflictos entre bloques enfrentados afloran por doquier, pese a
que desde el aparato estatal se intente permanentemente silenciarlos.

 

De esta manera, y pese a que la inversión extrajera directa en el país ha
ido creciendo y se ha dinamizado en parte la economía nacional, la
matriculación en educación inicial ha menguado, las universidades siguen sin
contar con dotaciones presupuestarias adecuadas, la atención en los centros
de salud y hospitales sigue siendo deficitaria, la generación de empleo
digno y la construcción de vivienda social siguen estando lejos de los
compromisos electorales anunciados por Lenín Moreno en campaña.

 

Si bien la situación económica del país no es producto del accionar del
actual gobierno, que heredó un Estado descapitalizado que destina anualmente
entre 10.000 y 12.000 millones de dólares al pago de deuda –prácticamente la
suma de los presupuestos de educación, salud y seguridad–, la alternativa
que éste propone –entregar las políticas económicas y productivas a un
sector empresarial que históricamente ha carecido de proyecto alguno de
país, limitando su discurso a hablar de flexibilización laboral, de
excepciones y amnistías fiscales, privatización de empresas públicas y
reducción del tamaño del Estado– no representa una solución.

 

Desaparición de la izquierda a la vista 

 

Todos los estudios demoscópicos estudios realizados en los últimos meses en
Ecuador indican que el partido político hegemónico durante estos últimos
diez años ha dejado de serlo y que la sociedad ecuatoriana ya no muestra
simpatías mayoritarias por ninguna de las tiendas políticas existentes en
este país. Esto implica que el deterioro de Alianza Pais no está siendo
capitalizado por ninguna otra formación política. Según esos mismos
estudios, si el voto dejara de ser obligatorio el nivel de ausentismo
electoral en Ecuador alcanzaría cuotas del 60 por ciento, tal y como sucede
en países como Colombia, donde el presidente es elegido por un sector muy
minoritario del padrón electoral.

 

Con un Poder Legislativo ya sin mayoría oficialista, el Ejecutivo debe
pactar alianzas coyunturales con agrupaciones políticas conservadoras para
sacar adelante cada una de sus propuestas de ley. Dentro del actual
gobierno, el ala progresista busca implementar una suerte de bloque político
–que ha tenido a bien denominar Vamos– para enfrentar la ofensiva
conservadora empresarial instalada en el anillo de poder que rodea en estos
momentos al presidente Lenín Moreno.

 

En paralelo, la falta de perspectivas económicas y proyección de futuro que
se vislumbra actualmente en la sociedad ecuatoriana hace prever que en algún
momento pueda reactivarse cierto nivel de conflictividad social, perspectiva
poco deseada incluso por las fuerzas políticas de las izquierdas no
gubernamentales que cuestionaron el régimen correísta durante la pasada
década y que hoy hacen mutis por el foro a la espera de prebendas y cargos
públicos en el actual gobierno.

 

Por su parte, los movimientos sociales –especialmente el indígena– que
protagonizaron la resistencia a las políticas autoritarias y extractivistas
auspiciadas durante la pasada década también han cesado en su actividad
reivindicativa, dejando la escasa movilización social existente en manos de
residuales sectores políticos afines al correísmo, hoy convertidos en
oposición.

 

El impacto político de diez años de un gobierno autodenominado izquierdista
ha dejado un erial en el campo del activismo político y social ecuatoriano,
condición que sin duda costará mucho tiempo superar y que debería conllevar
una seria reflexión.

 

En todo caso, y más allá de las limitaciones políticas de eso que tuvo a mal
denominarse “socialismo del siglo XXI”, el propio presidente Lenín Moreno ha
autodefinido a su gobierno como de transición, situación que nos hace
preguntar: ¿de transición hacia dónde?, respuesta que gran parte de la
izquierda ecuatoriana hoy prefiere no contestar.

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