Uruguay/ 4 años de marihuana: regulación parcial, nadie sabe sobre su impacto (Guillermo Garat)

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

24 de marzo 2018

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Uruguay

 

Marihuana a cuatro años: una regulación parcial

 

Guillermo Garat 

 

La Diaria, 17-3-2018

https://findesemana.ladiaria.com.uy/

 

 

Si los más de 22.000 usuarios registrados para adquirir cannabis en
farmacias compraran sus 40 gramos mensuales se necesitaría producir diez
toneladas anuales. En los primeros seis meses de la regulación sólo se
vendió media tonelada. Los investigadores no pueden medir el impacto de la
ley ni su implementación porque las oficinas públicas no recogen los datos
que posibilitarían hacerlo.

 

El próximo mes se cumplen cuatro años desde que el Instituto de Regulación y
Control del Cannabis (Ircca) abrió la licitación pública internacional para
que dos empresas cultiven, cosechen y distribuyan cuatro toneladas anuales
de cannabis para vender en farmacias.

 

Desde entonces hasta finales del año pasado se vendieron algo más de 500
kilos de cannabis en la docena de farmacias que lo comercializan en todo el
país. Las dos empresas produjeron una cuarta parte de lo que se suponía que
iba a estar en la calle. Dos toneladas cada seis meses. Media tonelada es lo
mismo que carga una avioneta paraguaya promedio.

 

A fines de diciembre había 20.000 uruguayos registrados para comprar
cannabis en las farmacias. Si durante los primeros seis meses todos hubieran
comprado, le habría tocado a cada uno 0,4 gramos. El cannabis llega una o
dos veces a la semana a las farmacias, que agotan su stock en unas pocas
horas. Los adquirientes que se enteran primero y tienen 40 minutos o una
hora para esperar se quedan con la bolsita de cinco gramos.

Farmacias: 0,4 gramos por usuario

 

Monitor Cannabis, un grupo académico multidisciplinario que funciona en la
órbita de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, estima que la
demanda total de cannabis en Uruguay es de 34.578 kilogramos. A febrero de
2018, había 8.145 cultivadores domésticos registrados, 78 clubes de
membresía y 21.559 personas que optaron por comprar a los boticarios. Si
cultivadores hogareños y clubes produjeran su máximo permitido, 40 gramos
por mes, la regulación cubriría 16% de la demanda total, consideran en
Monitor Cannabis.

 

Desde el 19 de julio hasta el 14 de febrero las farmacias vendieron 586
kilogramos. Si se duplicara ese volumen (para estimar la venta durante un
año) se llegaría a satisfacer 20% de la demanda regulada por la Ley 19.172,
votada por el Parlamento en diciembre de 2013.

 

Si las farmacias dispusieran del stock de cuatro toneladas anuales ya
tendrían que haber comercializado dos; el sistema regulado alcanzaría así a
(casi) tres de diez usuarios de cannabis. Si los casi 22.000 registrados
para comprar en farmacias compraran su máximo (40 gramos al mes), se
necesitarían algo más de diez toneladas por año en las farmacias. Ese
volumen sería suficiente para satisfacer la demanda de casi la mitad de los
usuarios totales.

 

“Esa brecha, entre el 20% de ahora y el 46% que proyectamos es una muestra,
un indicador, de que estamos en una implementación parcial. Queda mucho por
cubrir por esta vía, que además es la preferida por el grueso de los
usuarios”, indicó a la diaria el magíster Mauricio Coitiño, de Monitor
Cannabis.

 

En las farmacias hay una “implementación parcial porque cuando miramos la
cantidad de puntos de distribución y su ubicación hay un importante problema
de cobertura”. “Tenemos una red escasísima”, apuntó Coitiño.

De las palabras al hecho

 

2013 fue el año privilegiado para el llamado Debate Nacional sobre Drogas.
Por entonces se podían escuchar cuáles eran los objetivos que debía alcanzar
la reforma presentada en junio de 2012 por el gabinete del ex presidente
José Mujica. Por entonces, se decía que la regulación iba a atacar a esa
difusa bolsa conceptual (y nunca bien definida en Uruguay) llamada
narcotráfico.

 

El informe de Monitor Cannabis

 

Redactado por el sociólogo Marcos Baudean de la universidad ORT, señala que
el efecto de la “regulación en la percepción de seguridad de la población”
es “remoto”. “En la medida en que la regulación [...] no afecta delitos de
forma directa, difícilmente pueda promover cambios en la percepción y
sensación de seguridad”. La literatura especializada remarca que los
mercados no regulados de cannabis “no son violentos”, según señala el único
equipo académico que ha intentado definir indicadores y variables para
conocer cuál ha sido el resultado de la reforma del cannabis.

 

“Se debe ser muy cauto al momento de evaluar los resultados de la regulación
en la seguridad”, indica Baudean, que relata expectativas “un poco
exageradas sobre los posibles efectos inmediatos y de mediano plazo”.
“Muchas de las peores consecuencias del narcotráfico dependen de la eficacia
de otras políticas. [...] Política de seguridad, sistema penal, prisión y
rehabilitación. Por otro lado, políticas sociales, educativas y de vivienda
que permitan mejoras en los ámbitos sociales y urbanos donde el narcotráfico
tiene sus bases sociales”, señala el informe “Línea de base para la
evaluación y monitoreo de la regulación del cannabis recreativo en Uruguay:
objetivo, seguridad y convivencia”.

Sin indicadores

 

La medición de los resultados no es fácil. Los reportes de Monitor Cannabis
marcan que no existe una política clara de evaluación ni monitoreo de la ley
que reguló el mercado de cannabis. Además, cada oficina pública recopila los
datos a su manera; a veces no son comparables y en otras oportunidades
directamente no existen. Los cientistas sociales señalan que no pueden
obtener datos del Poder Judicial que permitan evaluar en profundidad la
política, tampoco del Ministerio del Interior o del Ministerio de Salud
Pública, encargado de la evaluación y el monitoreo y que sólo produjo una
relatoría desde la creación de una comisión ad hoc llamada Unidad de
Evaluación y Monitoreo (UEM). Ni el gobierno de Mujica ni el de Tabaré
Vázquez (en América Latina las políticas públicas en drogas dependen
directamente de los presidentes) pudieron trazar una línea clara para la
medición de los resultados de la Ley 19.172.

 

“A cuatro años de aprobada la ley, la información está desperdigada. [...]
No hay nadie que la recopile ni que oriente cómo debe producirse. Cada
ministerio la produce a su manera, el Poder Judicial, la Policía,los
hospitales”. Cada cual la mira de costado.

 

Monitor Cannabis publicó su primer reporte en 2015, y desde entonces no han
podido acceder a información básica. “Nosotros necesitamos saber cuántas
personas fueron procesadas por tenencia de cannabis, por ejemplo, y no lo
sabemos. Se puede reconstruir el dato, pero no es tan fácil hacerlo. Hoy
tendría que haber menos procesados que hace cinco años. Tendría...”, deja
flotando las palabras Baudean.

 

Lo que se deja ver en los escasos datos es que entre 2012 y 2015 aumentó la
participación de personas de entre 18 y 24 años en las ofensas contra las
leyes de drogas. Pero los datos que recopila el Poder Judicial, según los
investigadores, no permiten diferenciar con claridad posesión de tráfico,
por ejemplo. Tampoco se conoce por cuál sustancia se procesa a alguien, sino
que todas se esconden tras esa sola palabra: droga, un término que no dice
nada y que esconde mucho.

 

A pesar de que desde el gobierno se viene prometiendo una pronta mejora en
el sistema de distribución en farmacias (un sistema siempre demorado),
todavía no se puede abastecer a las pocas que se adhirieron al sistema de
expendio. El impacto de la nueva política de cannabis puede ser enorme,
moderado o insignificante. Nadie lo sabe. Al momento, lo que se puede decir
de la repercusión es más cercano a cero que a uno.

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