Euskal Herria/ El final de ETA: ¿resentimiento o reconciliación basada en los derechos humanos? [Mikel Casado]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

7 de mayo 2018

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Euskal Herria



El final de ETA



¿Nos instalamos en el resentimiento o en la reconciliación basada en los
derechos humanos?



Mikel Casado *



Viento Sur, 7-5-2018

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Tengamos en cuenta algunas obviedades: la ética, el ámbito de los juicios
morales sobre el deber-ser solo cobra sentido desde la existencia del
sufrimiento infligido directa o indirectamente por unos seres humanos a
otros, intencionadamente, por acción u omisión, un sufrimiento que debe no
existir. Los derechos humanos, civiles y sociales, referencia ética secular,
principios fundamentales de una sociedad democrática, versan directa o
indirectamente, precisamente, sobre evitar el sufrimiento, por la
convivencia en una sociedad pacífica, igualitaria, ideal y posible. Es lo
que caracteriza a un Estado social y democrático de derecho. Lo opuesto a
los derechos humanos es la barbarie, leve o grave, pues hay pequeñas y
grandes barbaries según sea la violación de cada derecho. Entonces,
cualquier conculcación de los derechos humanos supone un daño a alguien
concreto de la sociedad, y por tanto una vulneración, una imperfección en
esa sociedad.



Es una obviedad también que, a pesar de que los derechos humanos se conciben
principalmente como una normativa contra el abuso de los Estados sobre la
ciudadanía, es el Estado quien debe ser el mayor garante, valedor, protector
y ejemplo de cumplimiento de los mismos, pues, teóricamente, el pueblo lo ha
investido con esa función. Y debe también educar, en la escuela y con el
ejemplo, en los valores propios de los derechos humanos, como son el respeto
y la convivencia, teniendo en cuenta que dignos de estos derechos no son
sólo los supuestamente buenos ciudadanos sino, incluso, quienes los
conculcan, para quienes el Estado debe proveer facilidades de integración en
la convivencia social.



Es una obviedad, también, que los derechos humanos han estado siendo
conculcados durante años por ETA y por el Estado, independientemente del
grado de conculcación, causando sufrimiento y víctimas, a quienes se deben
verdad, justicia y reparación.



Vayamos a la realidad. ETA ya no existe, se ha disuelto. En palabras de la
ONU, se ha “desmovilizado”. Ya no conculcará ninguno más de los derechos
humanos, ya no causará más sufrimiento. Independientemente del relato sobre
lo que pasó (pues cada quien hará el suyo sobre qué motivó el paso de la
barbarie a la apertura a vivir en convivencia, si fue la razón estratégica,
la razón práctica, el Estado, o la sociedad civil quien obligó a hacerlo),
son excelentes noticias, tal como los intervinientes internacionales en
Kanbo reconocieron, aunque haya quien se muestra indiferente.



Volvamos a lo obvio. Todo Estado, ciudadanía e incluso las víctimas que
comprendan el valor de los derechos humanos deben verlo con alegría, sea
tarde o no, pues el fin del sufrimiento podía no haber ocurrido aún. Por eso
no es demasiado tarde, pues podía haber seguido habiendo víctimas, aunque sí
sea, demasiado tarde ya, para quienes perdieron la vida o vieron su alma
desgarrada por la pérdida de otras. Incluso quienes no hemos sufrido
directamente el dolor físico o psíquico de la violencia pero sí dolor
empático podemos sentir que es demasiado tarde si pensamos en qué se ha
perdido en cuanto a convivencia si los hechos pasados hubieran sido otros,
si no se hubiera conculcado ningún (y subrayo ningún) derecho humano.
Demasiado tarde para unas cosas, pero no demasiado tarde para otras.



Por eso mismo quizá no tenga sentido hablar de agradecimiento por el fin de
la violencia, pero sí se puede hablar de alegría, o de celebración, como
recalcaban en Kanbo.



Más allá de relatos, es otra obviedad que ETA lo ha hecho unilateralmente,
sin concurso alguno del Estado. El haberlo hecho unilateralmente se
corresponde con la obligación incondicional de cumplir los derechos humanos,
es decir, sin poner la condición de que quien supuestamente también los
incumple lo haga primero. La unilateralidad es algo que no podíamos concebir
en ETA hace pocos años, en los que la negociación era condición sine qua
non, aunque había una gran parte de la sociedad que lo exigía. Sin embargo,
tal cosa ha ocurrido, sin haber tenido lugar antes en ningún conflicto. Los
expertos internacionales en Kanbo dijeron que es un caso único, ejemplo para
otros enfrentamientos. En este caso, diferentemente a lo ocurrido en otros
lugares en los que ha habido una actitud proactiva del Estado en la
finalización del sufrimiento, como debería ser, se ha mostrado ignorante,
sordo y ciego ante las peticiones de diálogo y negociación de una parte de
la sociedad y de entidades internacionales expertas en conflictos.



Sin embargo, desde una perspectiva impermeable a la flexibilidad y a las
soluciones dialogadas, es difícil no reconocer que entre un final negociado,
con condiciones y un final unilateral, sin condiciones, parece ser más
meritorio y más digno de reconocimiento este último, por no haberse aceptado
nada a cambio. Otra cosa es que sea más efectivo y completo o que satisfaga
a mayor parte de la sociedad. Según la concepción dominante en el Estado
español, el final negociado habría sido visto como un chantaje, como un
precio a pagar. Sin embargo, el caso colombiano fue aplaudido por el
gobierno español.



Hay quien dice, principalmente el poder ejecutivo, que la unilateralidad es
consecuencia de la acción judicial y policial. Según ese relato, la sociedad
civil no ha hecho nada. Un poder que ignora lo que ocurre a su alrededor,
basado en la arrogancia, quizá en el enfurruñamiento y resentimiento,
muestra un desprecio a la acción de quienes se han movilizado por el fin de
la violencia por razones morales, por avanzar hacia una sociedad respetuosa
con los derechos humanos. Y tal presión ha sido un hecho indiscutible. Estoy
pensando en movimientos sociales como Gesto por la Paz, intermediadores como
Elkarri, Lokarri y muchos más que desembocaron en el fin del sufrimiento en
octubre de 2011 (Aiete); al Foro Social Permanente, Bake Bidea, Artesanos
por la Paz, Grupo Internacional de Contacto y otras cuya labor
intermediadora condujo al desarme (Baiona) y ahora a la desmovilización
(Kanbo). En muchos casos, ha sido gente que ha estado exigiendo también el
cumplimiento de los derechos humanos por parte de un Estado considerado como
insuficiente Estado democrático y social de derecho, cuyo respeto a los
mismos ha sido puesto en cuestión y afeado nacional e internacionalmente.



Seguramente, las causas del abandono de la violencia sean varias, legales
(algunas dudosamente legítimas), judiciales y policiales, sin descartar
totalmente ninguna, incluso la movilización social y la razón ética. Esta
última motivación es cierta en parte de la sociedad. Y es posible -y algo
probable- que haya influido en ETA. Lo que sí es más probable es que haya
influido su presión. Incluso la labor de ciertos políticos reconocidos por
el centro de diálogo suizo Henri Dunant. Por eso la parte de la sociedad
civil que ha presionado por el cumplimiento de los derechos humanos merece
un reconocimiento, tal como se hizo en Kanbo. Como dice Agus Hernán,
coordinador del Foro Social Permanente, si bien la decisión de ETA de dejar
la violencia ha sido unilateral, la labor intermediadora para facilitarlo ha
sido multilateral.



Es momento de mirar hacia delante. Si de las tres fases que según la ONU
debe atravesar el fin de un conflicto, a saber, “Desarme, Desmovilización y
Reintegración”(DDR), superadas las dos primeras unilateralmente, queda ahora
esta última. En primer lugar, y por razones humanitarias y coherentes con el
espíritu de los derechos humanos, liberación de presos terminales. No
hacerlo es ensañamiento, sadismo, nada que ver con los derechos humanos; y
siendo fiel a la ley, acercamiento a cárceles próximas, con lo que se cumple
la obligación de no castigar a las familias y de facilitar la reintegración
de ciudadanos; aplicación de la legalidad actual en cuanto a beneficios
penitenciarios como el segundo y tercer grados, y justicia transicional,
excepción puesta en práctica en el final de otros conflictos.



En cuanto a ésta última, es comprensible percibir una aparente
incompatibilidad entre la justicia transicional y el actual Estado de
derecho en el que vivimos. Claro, puede parecer un insulto a las víctimas de
ETA el que sus victimarios vayan a ser tratados de forma especial,
aplicándoseles una adaptación ad hoc de la justicia para facilitar su
integración en la sociedad, en aras del cierre definitivo del conflicto y
por la reconciliación. Para la parte más dura y exigente de la sociedad, eso
es un chantaje al Estado de derecho y un debilitamiento del mismo, que lo
que tiene que hacer es aplicar la ley tal cual, sin concesiones, pues dura
lex sed lex.



Bajo esa concepción de la sociedad, a saber, que el Estado en el que
vivíamos durante la época violenta era un estricto Estado de derecho, pleno,
ejemplar, sin tacha ni fisura alguna, tal incompatibilidad es comprensible.
Pero nos tememos que esa es una concepción demasiado positiva del Estado
español, cuyo Estado de derecho y calidad democrática, como apuntaba más
arriba, está en entredicho dentro y fuera de España. No creemos necesario
hablar de su origen histórico y evolución hasta ahora para confirmar este
juicio al respecto.



Además, creo que en esa supuesta incompatibilidad subyace una concepción
maniquea de la sociedad, que concibe a quienes practicaron la violencia como
el submundo, la clandestinidad, el Hades, el mismísimo mal, en oposición al
mundo de la pureza y perfección moral, jurídica y política del Estado de
derecho español. Según esta concepción, quien quiera pasar de la oscuridad a
la claridad tiene que hacerlo unilateralmente, purificándose previamente
pagando con la cárcel hasta el último minuto de la pena máxima posible de
leyes aprobadas ad hoc para casos de militancia etarra y haciendo acto de
contrición y firme proposición de no volver a pecar. Y aún así, ya se vería.



Este modelo es inexacto, la transición no fue modélica ni el Estado español
es ejemplo de estricto cumplimiento de derechos humanos, como está
demostrado y manifiestan tribunales internacionales y organizaciones pro
derechos humanos. Sin embargo, ello no justificaba la violencia existente, y
parte de la sociedad, que reconocía ambas ilegitimidades, a saber, la
deficiencia democrática del Estado y la barbarie de la violencia, quería que
se pasara de una situación a otra,:1) por imperativo moral, porque el
sufrimiento ocasionado a las víctimas y a la sociedad en general no era un
medio admisible para la consecución de fines democráticos; 2) por considerar
más conveniente para caminar hacia la consecución de un Estado y sociedad
cada vez más plenos en cuanto a cumplimiento de derechos humanos y, por
tanto, de convivencia. Pero esa parte de la sociedad va por delante del
Estado.



Por ello creo que, en sentido estricto, el Estado actual no está legitimado
moralmente para ser tan exigente. Y a todo Estado democrático le es
consustancial ser reconciliador y ejemplo pedagógico del cultivo de ese
valor. Por eso mismo también, se deduce que no es al Estado de hecho a quien
hay que complacer con la desmovilización y reconocimiento del daño causado,
sino a las víctimas y a la sociedad que no quiere vivir en la barbarie
constante y quiere tener la oportunidad de caminar hacia el ideal y genuino
Estado de derecho que aún no es. Esa parte de la sociedad pidió a ETA el fin
de la violencia, su desarme y desmovilización en aras de la consecución de
una sociedad sin violencia y convivencial, y pide ahora la reintegración de
los presos y presas mediante la aplicación de una justicia transicional, por
las mismas razones morales y con los mismos objetivos. Lo consideran
legítimo y compatible. Otra cosa es que el Estado de hecho lo facilite.



El cumplimiento de la reintegración de presos a la sociedad depende de la
voluntad política, de cuán coherente sea el gobierno español con sus
anteriores promesas de benevolencia para después de la desaparición de ETA.
No parece que vaya a serlo a tenor de las declaraciones del presidente el
mismo día de Kanbo. ¿Estaba equivocado entonces o mintió? Si ahora se
desdice, el gobierno estaría dando una muestra más de incumplimiento, de
mentir sin escrúpulos, malos mimbres para una sociedad que se quiera curada
y cohesionada.



Un asunto que queda aún pendiente también, quizá el más importante de
resolver, es el de todas (y subrayo todas) las víctimas, las de ETA y las
del Estado. Se les debe un voluntario “losiento sinceramente”. No es
obligación jurídica, no se pueden exigir sentimientos, no se puede exigir a
nadie ni amar ni pedir perdón, es algo que tiene que salir de lo más íntimo.
Es posible que haya quien no pueda hacerlo por no sentirlo, lo cual es
triste, pero puede que haya quien lo sienta y no lo diga. Otra cosa es que
el hacerlo suponga un necesario alivio para las víctimas y el reconocimiento
de un daño que no se volvería a infligir si se tuviera una nueva
oportunidad, además de un indicio del tipo de sociedad que se desea. Creo
que es más conveniente expresar el sentimiento de dolor por lo hecho que
pedir perdón. ¿Qué quiere decir pedirle al victimario que perdone lo hecho?
¿ liberarlo de la culpa? Es posible, aunque poco probable, que alguien no se
sienta digno de pedir perdón por parecer una arrogancia después del daño
causado. Pero una petición de perdón por obligación, sin sentimiento
sincero, solo por conseguir un beneficio, no es petición de perdón sino
estrategia. No creo que nadie la quiera.



Pero no decir “lo siento” no puede ser obstáculo para que el Estado facilite
la integración, a un auténtico Estado social y democrático de derecho le es
exigible el cumplimiento incondicional de los derechos humanos y un plus de
magnanimidad a la hora de reintegrar a quienes los han incumplido; y puede
hacerlo. Aún queda por hacer, la cuestión es si nos situamos en el
resentimiento o la reconciliación. Me temo que conozco la respuesta, aunque
hay que mostrar esperanza de que llegue la cordura.



Última reflexión: la crítica a la violencia es una crítica moral, una
apelación a los derechos humanos, si y solo si se critica también la
violencia del Estado, de lo contrario no puede serlo. Si realmente
quisiéramos una sociedad respetuosa con los derechos humanos, estaríamos
deseando una sociedad diferente a la actual. Si el final del sufrimiento
causado por ETA es una buena noticia, también lo sería poner las bases de no
más sufrimiento futuro por incumplimiento de todos los derechos humanos,
civiles, sociales y ecológicos, en forma de un contrato social por la
auténtica sociedad democrática. Si nos tomáramos los derechos humanos en
serio, por lógica, así sería. ¿Estaría dispuesto el Estado a hacerlo?



* Mikel Casado es miembro de la fundación Hitz & Hitz, entidad del Foro
Social Permanente.

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