Chile/ El pueblo mapuche frente a un Estado colonial [Dossier]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

23 de noviembre 2018

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Chile



Una bala en la nuca que movió a todo un pueblo



Camilo Catrillanca murió baleado luego de toparse con las fuerzas de
seguridad chilenas. Las autoridades actuaron según un guion ya muy repetido:
afirmaron que el joven mapuche era un delincuente. Con el paso de los días
las versiones oficiales que protegían a los Carabineros se revelaron falsas
o inconsistentes. La muerte de Catrillanca movilizó de manera inaudita a un
gran abanico de actores mapuches que denunciaron públicamente la persecución
de su pueblo. También logró conmover a todo Chile e interpelar al país sobre
la existencia de los pueblos originarios en el territorio y sus reclamos.



Ange Valderrama Cayuman, desde Cancura, La Auracania

Brecha, 23-11-2018

https://brecha.com.uy/



Tenía 24 años, era mapuche y murió por una bala que recibió en la nuca en un
encuentro con Carabineros. La muerte de Camilo Catrillanca en el sector
Temucuicui de la comuna de Ercilla, región de La Araucanía, centro del
territorio histórico mapuche, el Wallmapu (que se extiende sobre el sur de
los actuales estados de Chile y Argentina), conmovió a Chile y volvió a
interpelar a la sociedad chilena sobre la existencia de otros pueblos en el
territorio del Estado.



El deceso del comunero mapuche el pasado miércoles 14 de noviembre fue
rápidamente seguido de una primera versión oficial que sugería que era
culpable de su propia suerte. El intendente de La Araucanía, Luis Mayol,
informó que había participado en el asalto y robo de tres automóviles a
profesoras de una escuela en los alrededores de Ercilla, delito que habría
provocado un gran despliegue de las fuerzas especiales de la policía
chilena, constantemente presentes en la zona.



La persecución del joven comunero se realizó en los caminos rurales de la
emblemática comunidad mapuche y también desde el aire con helicópteros
policiales, y culminó con la muerte de Catrillanca..



En sus primeras declaraciones oficiales, Luis Mayol afirmó también que el
comunero tenía antecedentes penales. Por su parte, el director general de
Carabineros de Chile, Hermes Soto, sostuvo que Catrillanca había participado
anteriormente en delitos, y afirmó además a la prensa que no había registro
de los hechos que derivaron en la muerte del comunero en una operación del
Grupo de Operaciones Especiales (Gope) de la policía chilena. Cabe señalar
que esta fuerza, que la prensa en Chile denominó “Comando Jungla”, cuenta
entre sus filas con agentes entrenados en Colombia para enfrentar
guerrillas, y que estos agentes portan cámaras Go Pro para filmar sus
procedimientos.



Tristes precedentes



La desconfianza no tardó en manifestarse en las vocerías de diversos actores
políticos mapuches que dieron cuenta de la historia de mentiras y montajes
asociada a casos de asesinatos de mapuches con las mismas características en
los últimos 20 años. Recordemos a Alex Lemun, quien en 2002 fue asesinado
por un carabinero en el contexto de una recuperación territorial –el policía
esgrimió como argumento a su favor la legítima defensa, lo que
posteriormente fue desestimado por la justicia–; a Matías Catrileo,
asesinado –en otra recuperación territorial en 2008– sin que mediaran los
enfrentamientos y fuegos cruzados que se informaron en un principio; y a
Jaime Mendoza Collío, quien en 2009 fuera muerto por la espalda y no en las
circunstancias de legítima defensa que argumentó inicialmente la policía.



Hoy se sabe que Camilo Catrillanca no participó de ningún hecho delictual,
no contaba con antecedentes penales y que los efectivos del Gope sí grabaron
el suceso en una cámara Go Pro, pero que la tarjeta de video fue destruida
por uno de ellos. Luego de ser desmentidas las iniciales versiones
oficiales, y tras la presión mediática, política y social, el intendente
Mayol debió renunciar el martes 20.



El Instituto Nacional de Derechos Humanos chileno presentó este miércoles
una querella ante el Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli por
homicidio calificado en el caso de la muerte de Catrillanca, homicidio
simple frustrado por el caso del menor de 15 años que lo acompañaba ese día,
y por presunta obstrucción de la investigación. El diario La Tercera
(22-XI-18) informó que los representantes del Instituto Nacional de Derechos
Humanos que estuvieron presentes en la autopsia de Catrillanca pudieron
constatar que éste murió por una bala que le ingresó por la nuca, y que ese
proyectil, según indica la querella, “es de la munición denominada con
‘encamisado de plomo’, que corresponde al armamento utilizado por
Carabineros”.



Los planes de Piñera para el pueblo mapuche



La relación del Estado con el pueblo mapuche se enmarca en las políticas que
el actual gobierno del presidente Sebastián Piñera propuso al inicio de su
mandato con el Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía.
Este acuerdo tiene su máxima expresión en el Plan Impulso Araucanía, que
consiste en 491 proyectos de inversión por un total de 8.000 millones de
dólares para el período 2018-2026. En setiembre pasado el propio presidente
presentó este plan en Temuco, capital de La Araucanía, señalando, entre
otras cosas, que la región era “tremendamente rica, pero tremendamente
empobrecida”.



Por su parte, el entonces intendente del lugar hizo énfasis en el desarrollo
productivo que impulsaría el plan gubernamental y en cómo a través de sus
tres ejes se lograría acortar la brecha económica con relación a otras
regiones del país.



El enfoque meramente económico para tratar los problemas del pueblo mapuche
no es exclusivo del gobierno de derecha. Ha sido el mismo en todos los
gobiernos posteriores a la vuelta a la democracia. Lo central para los
gobiernos de distinto color político ha sido considerar a los pueblos
originarios como sectores empobrecidos, con bajo desarrollo económico y
social, poblaciones vulnerables que requieren inversión, capacitación en lo
productivo y desarrollo económico, sin tomar en cuenta las reivindicaciones
del propio pueblo mapuche.



El enfoque del presidente Piñera también quedó claro en su presentación del
Plan Impulso Araucanía, cuando en lugar de tratar a los pueblos originarios
como otra parte con la cual el Estado debe dialogar, habló de “sus” pueblos:
“Esta reforma constitucional busca proteger estos valiosos aportes que
nuestros pueblos originarios han hecho a través de su historia, con su
cultura, su lengua, sus tradiciones, y también obliga al Estado a promover
esa diversidad cultural de nuestro país”.



Una relación asimétrica



Los discursos de la diversidad cultural suponen que hay una serie de actores
que pueden convivir con sus diferencias. Sin embargo, esta mirada es
ampliamente cuestionada por una gran parte del pueblo mapuche y de los
dirigentes mapuches, que esgrimen que la relación entre los estados y los
pueblos originarios no se da nunca en condiciones de equivalencia de poder.
Por lo tanto, insisten, mal se puede pensar en diversidad cuando los estados
detentan el poder y se relacionan con los pueblos indígenas como si fueran
poblaciones subalternas.



En este sentido, las declaraciones del lonko (autoridad tradicional de los
territorios mapuches) Juan Catrillanca, a propósito del asesinato de su
nieto Camilo, ilustran su mirada política sobre la situación del pueblo
mapuche. Con respecto a los representantes del Estado, señaló que sus
responsabilidades no son “traer empresarios a esta región, no tendrían por
qué traer empresas forestales, hidroeléctricas, lo que tienen que hacer es
devolver el territorio, liberar a los presos políticos mapuches”.



Además, el lonko recordó la larga historia de las organizaciones mapuches,
como los centros culturales mapuches, el Ad Mapu, el Consejo de Todas las
Tierras, la Coordinadora Arauco-Malleco (Cam), la Alianza Territorial
Mapuche, que desde hace décadas vienen buscando un diálogo con los
gobiernos; y destacó que la principal demanda siempre ha sido la devolución
del territorio. Sus palabras se alejaron así de las tan gastadas discusiones
enfocadas en aspectos policiales relacionados con la violencia en La
Araucanía, o de las ideas gubernamentales sobre el desarrollo económico de
la zona, para enarbolar, por el contrario, lo que el movimiento mapuche
viene trabajando desde hace décadas: las formas de autonomía y la devolución
de los territorios.



A diferencia de otros casos de similares características políticas, el
asesinato de Camilo Catrillanca fue capaz de movilizar a diversos actores
mapuches también en el ámbito público. Esta vez hubo una multiplicidad de
voces mapuches que se hicieron oír: actores políticos tradicionales,
intelectuales, dirigentes y artistas denunciaron la violencia colonial del
Estado, sus políticas extractivistas, la situación de los presos políticos,
y muchos de ellos dieron cuenta de algo que trasciende las miradas
tradicionales.



Hace pocas noches, en una discusión con otros panelistas en un programa
político de la televisión abierta, la lingüista y académica mapuche Elisa
Loncon generó un silencio entre los presentes al denunciar y exigir que se
dejara de decir que en La Araucanía había terrorismo, y afirmó que el pueblo
y el movimiento mapuches no tienen un ejército ni llevan adelante prácticas
concertadas para infligir miedo en la población.



Ese silencio de los varones que la acompañaban fue significativo y hasta
simbólico. Demostró lo necesario que es comprender que el llamado “conflicto
mapuche” excede por lejos la mirada policial y plantea aspectos que no se
pueden reducir a un problema de pobreza. Necesitamos escuchar y aprender de
los procesos que los pueblos originarios impulsan y que tensionan
constantemente su relación con el Estado colonial. Desde la invasión militar
al territorio de La Araucanía, hace más de cien años, los procesos políticos
mapuches se formulan en un contexto que pocos actores políticos chilenos
están dispuestos a reconocer: la existencia del colonialismo y de su brazo
capitalista. Es necesario aceptar lo justo de la lucha de los pueblos por su
autodeterminación y autonomía.

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Pueblos indígenas: ¿Nuevo trato? *



Mónica Rincón

Brecha, 23-11-2018



Que un joven de 24 años muera baleado por la espalda al recibir un disparo
en la nuca es un drama. Pero, además, debiera ser el recordatorio definitivo
del fracaso del Estado chileno para avanzar, esta vez de verdad, hacia un
nuevo trato con los pueblos indígenas.



Un nuevo trato. Un concepto que fue el sello de la comisión que se creó en
2001: la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas.
La presidió Patricio Aylwin (N de E: ex presidente de Chile) y la integraron
diversas personalidades, como José Bengoa, el actual senador Francisco
Huenchumilla, Aucán Huilcamán, el empresario Juan Claro y Felipe Larraín.
Sí, el actual ministro de Hacienda.



Todos ellos estuvieron de acuerdo en recomendaciones que pretendían buscar
soluciones de fondo y en las cuales poco o nada se ha avanzado. Y ello, a
pesar de que algunas han vuelto a ser recogidas en otras instancias, también
en la más reciente: el Plan Araucanía.



Desde Larraín a Huilcamán concordaron en la necesidad de darles a los
pueblos indígenas reconocimiento constitucional, entregarles cupos
parlamentarios y puestos en los consejos regionales, reparar los daños
ambientales por actividades productivas, impulsar acuerdos de
impacto-beneficio (teniendo como modelo a Canadá y Australia), la necesidad
del entonces no ratificado convenio 169 (N de E: de la Oit, sobre pueblos
indígenas y tribales en países independientes), el respeto a la justicia
comunitaria siempre que el conflicto afectara a miembros de un mismo pueblo
(dejando fuera el derecho penal). También, en que las forestales
certificaran su producción (la meta propuesta era que el 50 por ciento de
ellas cumpliera nuevas exigencias para el año 2010) de acuerdo a parámetros
ambientales, contrataran mano de obra local, con condiciones de sus
trabajadores, compraran a productores de la zona, etcétera.



Esa comisión también propuso en 2001 un plazo de tres años para resolver
todas las reclamaciones que lograran acreditarse como ciertas respecto de
tierras y despojos de los que fue víctima el pueblo mapuche por parte del
Estado. “La Corporación de Reparación debiera dar cumplimiento a su mandato
en un plazo no superior a tres años. La brevedad de este plazo se justifica
por la necesidad de resolver las reclamaciones de los pueblos indígenas y de
disminuir la inevitable incertidumbre en las propiedades sobre las que
existen reclamaciones.”



La Comisión del Nuevo Trato vaticinó lo que ocurriría si se llegaba a optar
por “entregar los reclamos de tierras de los pueblos y comunidades indígenas
al tiempo, esperando que el olvido las sepulte: constituiría un error que
alentaría los conflictos frecuentes y permanentes”.



Las propuestas eran amplias, abarcaban a todos los pueblos originarios del
país. Sin ser perfectas, apuntaban a temas profundos y estructurales.
Enfatizaban, además, la necesidad de avanzar rápido para que no siguiera
latente ni se agravara el conflicto.



Pero los medios de comunicación no hicimos ningún seguimiento serio a estas
ideas. Los ciudadanos apenas las conocieron y las autoridades de los tres
poderes del Estado o bien no las comparten o están en el debe.



Hoy la muerte del baleado joven mapuche Camilo Catrillanca se debiera alzar
como recordatorio no sólo de lo no hecho, sino de lo precarios que son
nuestros consensos democráticos y de valores. Se ha cuestionado la
importancia del uso proporcional de la fuerza (no se cura una fractura con
un parche curita, así como no se mata una mosca con una piedra), se ha
reivindicado en grupos radicales la violencia política como método de “lucha
ante un Estado opresor”, se ha vulnerado la presunción de inocencia del
comunero muerto al atribuírsele –sin fallo ni investigación previa–
participación en el robo de autos y también el derecho a la presunción de
inocencia de carabineros al tratarlos de asesinos apenas conocida la
noticia.



La calma y la mesura en ciudadanos, y lo que es peor en autoridades, han
estado muchas veces ausentes en esta semana.



“El origen de la intolerancia y la xenofobia es la ignorancia”, dice José
Bengoa en su libro La emergencia indígena en América Latina. Y conocer al
otro implica estar dispuesto a conversar y renunciar a la violencia.
Significa no comenzar con prejuicios, como por ejemplo que es muy difícil
dialogar con los mapuches porque no tienen una autoridad única, olvidando
los antiguos parlamentos y pretendiendo que hay una única forma correcta de
negociar.



Hemos olvidado tanta historia y tantas historias… Recordarlas serviría para
entender qué hacer y qué evitar. Una de ellas resuena en el tiempo: en la
isla Wellington, en Puerto Edén, existió un kawésqar, Lautaro Edén
Wellington, que en los años cuarenta fue llevado a Santiago, donde ingresó a
la Fach (N de E: Fuerza Aérea de Chile) y la sociedad chilena lo “civilizó”.
Aprendió español y las costumbres modernas, y luego se lo envió de vuelta a
Puerto Edén para que “liderara” a su pueblo. Pero Lautaro (por algo su
nombre había sido puesto en honor al toqui mapuche) se rebeló. Retornó a su
vida anterior junto a un grupo de los suyos, literalmente se despojó de lo
que nunca había sido propio, tomó su canoa, y vestido con pieles y algo más
volvió a vivir de la pesca. Murió un día ahogado en fiordo Calcetín.



Ése ha sido el proceder del Estado moderno en América Latina: “Un factor de
homogeneización cultural. El colonialismo interior de nuestros países
conducía a negar la existencia de diversidad interna, y que fuera sólo
aceptable para el espacio del folclore. Mujeres vestidas a la usanza
tradicional eran fotografiadas como parte de una idea simpática de que
alguna vez fuimos indios”, explica Bengoa.



Reconocer esa historia, aprender de ella y cambiarla a futuro es imperioso.
Y asumir que, con respeto, con diálogo y sin violencia, se debe afrontar un
nuevo trato. Nuevo trato de verdad.



* Tomado del Centro de Investigación Periodística por convenio.

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