Nicaragua/ Un precipicio económico y social [José Adán Silva]

[Ernesto Herrera]

  _____  

Correspondencia de Prensa

21 de setiembre 2018

 <https://correspondenciadeprensa.com/> https://correspondenciadeprensa.com/

redacción y suscripciones

 <mailto:germain5 en chasque.net> germain5 en chasque.net

  _____  

 

Nicaragua

 

Crisis arrastra a Nicaragua a un precipicio económico y social 

 

A cinco meses del estallido de las multitudinarias protestas en Nicaragua,
además de los más de 300 muertos, son consecuencias visibles de la crisis el
incremento de la pobreza y de la migración, así como el aislamiento
internacional del gobierno y una ola represiva que no cesa.

 

José Adán Silva, desde Managua

 

Inter Press Service (IPS)

http://www.ipsnoticias.net/

 

El director de la no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos
Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva, desde su exilio en Costa Rica por razones de
seguridad, precisó a IPS que las perspectivas de Nicaragua, en sus aspectos
de desarrollo, democracia y gobernabilidad son “absolutamente negativos”.

 

“No puede haber desarrollo económico en un país que a nivel regional y
mundial, está quedando en evidencia con el uso desproporcionado de la fuerza
contra la población civil y la violación de todos los derechos humanos, no
es posible crecer con el mundo en contra”, dijo.

 

“No se puede liderar el desarrollo de un país sobre un cerro de cadáveres.
Ya en los organismos internacionales, potenciales donantes y países que
antes eran aliados de Nicaragua, se ejecutan acciones de cese de cooperación
y en algunos casos como Estados Unidos, sanciones económicos. Nada
contribuye a sacar adelante el país mientras persista esta situación”:
Álvaro Leiva.

El defensor de derechos humanos es uno de los más de 30.000 nicaragüenses
que, extraoficialmente, se estima han emigrado legal e ilegalmente desde el
inicio de la rebelión social el 18 de abril.

 

Michelle Bachelet,  la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, invitó a Leiva a exponer este mes la realidad de Nicaragua en el
marco de las protestas que, según ANPDH, causaron 481 muertes, casi 2.000
heridos y más de 1.200 detenciones ilegales, secuestros, desapariciones
forzadas y encarcelamientos políticos.

 

Las cifras de Leiva contrastan con otras organizaciones internacionales de
derechos humanos, como la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH),
que cifra en 322 las muertes, mientras que el Estado de Nicaragua reconoce
198 decesos y achaca la autoría de ellos a los manifestantes
antigubernamentales.

 

“No se puede liderar el desarrollo de un país sobre un cerro de cadáveres.
Ya en los organismos internacionales, potenciales donantes y países que
antes eran aliados de Nicaragua, se ejecutan acciones de cese de cooperación
y en algunos casos como Estados Unidos, sanciones económicos. Nada
contribuye a sacar adelante el país mientras persista esta situación”,
advirtió Leiva.

 

La economía de este país centroamericano ha sido socavada por los cinco
meses de disturbios sociales, cuya espoleta fue el rechazo al decreto de
reforma de la Seguridad Social en abril, que pronto derivó en rebelión y
exigencias de renuncia del presidente, Daniel Ortega y su esposa y
vicepresidenta, Rosario Murillo.

 

Nicaragua, gobernada por Ortega desde 2007, tiene a 47 por ciento de sus 6,3
millones de habitantes en situación de pobreza, y según el Banco Mundial es
el tercer país más pobre del continente americano, por lo que especialistas
coinciden que los efectos económicos de la crisis precarizarán más aún a la
población más vulnerable.

 

Los economistas estiman que se han perdido más de 215.000 empleos, de ellos
70.000 en el sector turístico, que en los dos últimos años se convirtió en
la principal fuente de divisas del país.

 

Desde que comenzó la crisis, más de 900 millones de dólares se han fugado
del sistema financiero, la oferta turística ha quedado en ruinas con el
desplome de 55 por ciento de la actividad en julio frente al año anterior,
según el Banco Central de Nicaragua.

 

Inversiones en turismo, en construcción, en desarrollo agrícola, en
actividades bursátiles y otros rubros de la economía, se congelaron desde
abril. También alimentaron el frenazo de la economía la suspensión o
reducción de los vuelos de aerolíneas internacionales y varias sanciones
económicas y políticas en el ámbito internacional.

 

El impacto económico de la crisis ha sido cuantificado por las diferentes
cámaras empresariales en más de 1.200 millones de dólares, en un país con un
producto interno bruto (PIB) que bordea los 14.000 millones de dólares.

 

Después de un crecimiento de 4,9 por ciento en 2017 y una previsión para
este año de cuatro por ciento, pero ahora la perspectiva se redujo a uno
según el Banco Central y cero por ciento según economistas independientes.

 

La crisis, a criterio del sociólogo y economista Cirilo Otero, podría
incluso incidir en la seguridad alimentaria del país, debido a la
destrucción de miles de hectáreas de tierras productivas que fueron tomadas
por invasores en demanda de viviendas sociales.

 

La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua reportó que más de 4.855
hectáreas de terrenos privados fueron invadidas con esa fórmula por
partidarios del gobierno, en lo que califica de venganza por su respaldo a
los manifestantes.

 

Esa agrupación es parte del Consejo Superior de la Empresa Privada, cabeza
de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que desde abril
propició varios intentos fallidos de diálogo con el gobierno para buscar una
salida a la crisis,  donde también participaron la Iglesia Católica y
organizaciones sociales y estudiantiles.

 

Más de 90 por ciento de las fincas invadidas se destinaban a agricultura,
ganadería y mejoramiento genético de alimentos, se asegura, aunque los
invasores los califican de lotes baldíos.

 

“El panorama del país, a corto, mediano y largo plazo, es tenebroso, oscuro,
peor que Venezuela, porque allá al menos tienen petróleo; aquí dependemos de
la producción agraria y turística, dos rubros severamente golpeados por la
crisis que Ortega generó con la represión”, dijo Otero a IPS.

 

La crisis económica, planteó el economista, se percibe en la caída de toda
la actividad económica, académica, cultural, en la fuga de capital y la
migración.

 

En las oficinas de Migración y Extranjería de Nicaragua se volvieron
cotidianas las grandes filas de personas buscando pasaportes para migrar.

 

Alejandro José Mairena, del norteño departamento de Matagalpa, fue uno de
los que a mediados de septiembre hacia gestiones en Managua para obtener sus
documentos de migración con el objetivo de viajar a Panamá a buscar suerte.

 

“A mí lo que me interesa es el trabajo, sin trabajo no hay vida y aquí en
Nicaragua no hay trabajo, ni seguridad ni progreso. Todo eso se acabó”; dijo
a IPS.

 

El presidente Ortega, quien respondió al estallido social con una represión
calificada de brutal por organismos humanitarios locales e internacionales,
ha reconocido a medios extranjeros que los disturbios dañaron la economía
del país y achaca esos daños a los manifestantes, a quienes sigue
estigmatizando en sus discursos como terroristas y asesinos.

 

Y mientras los señala de terroristas en sus discursos, la represión del
Estado sigue ahora en el plano judicial y policial: cada día se denuncian
detenciones ilegales, desapariciones forzadas de personas que luego de
semanas aparecen acusadas de terrorismo y otros delitos en juicios a puertas
cerradas.

 

A las oficinas de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos
Humanos, en Managua, llegan a diario las denuncias de acoso y detenciones de
policías y fuerzas paramilitares.

 

Los denunciantes son líderes estudiantiles, líderes campesinos, exmilitares
y exguerrilleros, activistas de derechos humanos, periodistas y medios de
comunicación, organizaciones de la sociedad civil y pobladores que en algún
momento se sumaron a las protestas.

 

“Es una verdadera cacería humana, con denuncias de torturas, abusos
sexuales, aberraciones jurídicas e implantación de pruebas para condenar a
la gente a penas de más de 20 años de cárcel”, denunció Leiva.

 

Pese a la elevada cifra de muertos y heridos, las movilizaciones contra el
gobierno,  que abanderaron los estudiantes universitarios, con el apoyo de
organizaciones sociales, partidos políticos y población opositora,
fracasaron en conformar una plataforma alternativa con la fuerza suficiente
para forzar un cambio político.

 

Ello, junto con la represión sin miramientos de las fuerzas regulares e
irregulares del gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha
ido acallando las protestas en las calles.

 

Las marchas multitudinarias contra Ortega de los meses iniciales se han
reducido a pequeñas concentraciones que son aplacadas por la policía y
fuerzas de choque armadas del gobierno.

 

Ejemplo de ello es lo ocurrido el miércoles 12 de septiembre, en el
occidental departamento de León, donde policías y fuerzas de choque del
gobierno asediaron  una protesta de estudiantes de medicina, aunque en esta
ocasión no hubo detenidos.

 

La Alianza Cívica denunció este viernes 14 que en siete días la policía
detuvo ilegalmente a 17 jóvenes del movimiento estudiantil a quienes han
acusado de terrorismo y otros delitos graves, sin presentar pruebas.

  _____  

 



---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20180921/21801bd4/attachment-0001.htm