Cuba/ Díaz-Canel y el aumento de sueldos. ¿Populismo o sentido de la oportunidad? [Amaury Valdivia]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

23 de agosto 2019

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Cuba



Cuestión de precios



Díaz-Canel y el aumento de sueldos



En las últimas semanas el gobierno cubano emprendió una amplia reforma
salarial. La decisión le ha dado un importante rédito político al
presidente, aunque se trata de una apuesta riesgosa y abre un espacio de
conflicto entre las autoridades y una parte del emergente sector privado.



Amaury Valdivia, desde La Habana

Brecha, 23-8-2019

https://brecha.com.uy/



A finales de junio, el presidente Miguel Díaz-Canel anunció un inesperado
aumento de salarios para los trabajadores del “sector presupuestado” en
Cuba. Un tercio de la población laboral del país (1,5 millones de personas)
fue beneficiado por la medida, que elevó el salario medio mensual desde 634
Cup (1) (poco más de 26 dólares) hasta 1.056 Cup. Para algunas profesiones,
el “salto” fue incluso más acentuado: los maestros de primera enseñanza, por
ejemplo, vieron duplicarse sus nóminas, en tanto que para muchos titulares
de especialidades médicas se triplicaron.



Nadie consiguió anticipar tan importante decisión, que según rumores se
acordó en secreto entre Díaz-Canel y el primer secretario del Partido
Comunista, Raúl Castro. Su implementación inicial corrió a cargo de un
limitado grupo de burócratas de alto nivel, entre los que predominaron
figuras vinculadas al mandatario actual.



Dos meses antes del anuncio, había sesionado en La Habana el XXI Congreso de
la Central de Trabajadores de Cuba. El secreto con el que se cocinaba la
elevación de pagos colocó a sus dirigentes en una posición equívoca, pues
debieron mantenerse defendiendo la que hasta entonces constituía la premisa
del discurso oficial sobre el tema: “Sin más productividad, no pueden
incrementarse los ingresos de la población”.



“Si se reparte salario sin respaldo productivo, prepárense para la subida de
los precios”, había alertado en julio de 2015 el todopoderoso titular de
Economía y Planificación y vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino
Murillo. Durante el tiempo transcurrido no sólo se verificó la caída de ese
jerarca (los dominios del antiguo “zar de las reformas” se limitan hoy a la
presidencia de una anodina comisión partidista), sino también un cambio en
la filosofía de Estado.



A tono con las nuevas circunstancias, el presidente Díaz-Canel ha
considerado fundamental poner orden en la política financiera de la isla. El
mencionado incremento de jornales y de las pensiones más pequeñas y el
traspaso de facultades de la administración gubernamental a las empresas
públicas constituyen los primeros pasos de un proceso mucho mayor, señaló en
las últimas semanas.



Una apuesta arriesgada



Entre mediados de julio y comienzos de este mes, los trabajadores de
entidades presupuestadas recibieron sus nuevos pagos. En paralelo, el
gobierno desplegó una amplia operación logística orientada a surtir las
tiendas con productos de primera necesidad, que desde el año anterior venían
escaseando.



Cuba inició 2019 en medio de una crisis de desabastecimiento motivada por la
falta de liquidez y la persecución del gobierno estadounidense contra sus
operaciones comerciales. La situación resultaba tan compleja que en abril,
al promulgar la nueva Constitución, Raúl Castro le dedicó buena parte de su
intervención ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Sus referencias al
Período Especial, la debacle provocada por el derrumbe de la Unión
Soviética, motivaron una intensa inquietud (véase “Como un déjà vu”, Brecha,
26-IV-19).



Como para alimentarla, a mediados de julio se sucedieron prolongadas
interrupciones del servicio eléctrico. Sólo la capital y los balnearios
destinados al turismo internacional escaparon a la oleada de apagones, que
según la explicación oficial se debieron a roturas en las plantas
generadoras. Otra versión, difundida entre el funcionariado, atribuyó los
hechos a la carencia de combustible, consecuencia directa de las presiones
de la Casa Blanca sobre navieras de terceros países contratadas para
trasladar el crudo desde Venezuela (véase “Tres horas y tres minutos”,
Brecha, 19-VII-19).



Las cuentas nacionales arrojan un sombrío balance. El año pasado el Pbi
cerró el ejercicio con un magro 1,2 por ciento de crecimiento, que en julio
fue revisado para agregarle un entero porcentual; aun así, el indicador se
mantiene lejos del 7 por ciento que años atrás se presentaba como
imprescindible para generar desarrollo. La Comisión Económica para América
Latina ha estimado que Cuba completará el calendario en curso “sin decrecer”
(como resaltó, a comienzos de este mes, un titular de Granma, el diario
oficial del Partido Comunista), pero sus proyecciones no bastan para
sostener el optimismo (la estimación es del 0,5 por ciento).



“El propósito (de Donald Trump y su gabinete) es asfixiarnos económicamente,
provocando mayores carencias que irriten y desmovilicen a nuestro pueblo”,
resaltó Díaz-Canel al clausurar el período parlamentario de julio. Por esos
días el mandatario contrapuso la difícil coyuntura económica a la necesidad
de elevar los salarios. A su juicio, la medida se traduciría en mayor
eficiencia del aparato estatal. Por lo pronto, el retorno a las aulas de más
de 8 mil maestros que habían solicitado la baja a causa de los pobres
ingresos del sector indica que no andaba desencaminado.



¿Populismo o sentido de la oportunidad?



Durante su primer año en el cargo, Díaz-Canel cargó con el sambenito de ser
considerado sólo una figura de paja tras las que se ocultaban Raúl Castro y
el Grupo de Administración Empresarial, el holding de compañías gestionadas
por ex oficiales de los ministerios del Interior y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias. Bajo ese punto de vista, se especulaba que el nuevo
presidente tendría poco margen para desarrollar sus propias estrategias de
gobierno.



La decisión de alterar la política salarial fijada en los tiempos de Fidel
Castro constituye la primera jugada de peso emprendida bajo su conducción y
se pondrá a prueba en los próximos meses. La cuestión es tan “simple” como
lograr que no se traduzca en inflación el gigantesco volumen de efectivo que
se distribuirá entre la ciudadanía. Datos oficiales han cifrado el costo de
los incrementos salariales y de pensiones en alrededor de 7.700 millones de
Cup, sólo durante los meses que restan de 2019. Para tener una idea de la
magnitud de la erogación, basta apuntar que los ingresos planificados del
Estado, en todo el año, rondan los 60 mil millones de Cup.



En su empeño por alterar las variables del juego, La Habana ha conseguido
hasta ahora un éxito parcial. Por un lado, la red comercial bajo su control
no ha colapsado ante la demanda acrecentada de millones de consumidores,
pero, por otro, queda la duda de si las autoridades estarán en condiciones
de sostener el ritmo actual de abastecimientos (en su mayoría, a partir de
importaciones). Otro aspecto que ha cobrado particular preeminencia es el de
las relaciones con los cuentapropistas, quienes en junio sumaron –por
primera vez– más de 600 mil personas. Su labor resulta fundamental en
servicios como los del transporte y la comercialización de productos
alimenticios, pero casi siempre ha estado marcada por una tensa relación con
las autoridades.



Anticipando que ahora no sería diferente, desde principios de julio
numerosos funcionarios se apresuraron a aclarar que, para ser “exitoso y
sostenible”, el aumento salarial debía ir acompañado por “el no incremento
de precios”. Así lo señaló la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños,
al recordar que “no ha existido un incremento de los costos o impuestos; por
tanto, no puede ser la subjetividad del incremento salarial la que lo
motive. (…) Se trata, sobre todo, de que no se sigan estableciendo precios
abusivos”.



La de “precios abusivos” es una de las expresiones más repetidas por la
prensa oficial en las últimas semanas. Para enfrentarlos, se han topeado los
importes de numerosos productos y servicios, y se han habilitado líneas
telefónicas y direcciones de correo para que la población denuncie a quienes
violen lo establecido. A nivel nacional, el proceso es supervisado por un
observatorio gestionado por el ministerio de ese ramo.



No es una estrategia nueva. A finales de 2015, a raíz de otra crisis
alcista, un diputado demandó en la Asamblea Nacional el fin de la política
de “oferta y demanda” que defendían el vicepresidente Murillo y otros
dirigentes. Consciente del malestar que generaba la situación, Raúl Castro
secundó el reclamo y durante los meses siguientes se ensayó en la isla un
primer intento de control centralizado de precios, que terminó con más penas
que glorias. Durante los años transcurridos otros “experimentos”(como se les
conoce en la jerga burocrática local) pretendieron ordenar la
comercialización de materiales de construcción y el transporte de pasajeros,
siempre sin éxito.



El de los taxis “almendrones” (los autos particulares estadounidenses de la
década del 50) de La Habana se contó entre los fracasos más rotundos,
recuerda el periodista José Jasán Nieves, del sitio alternativo El Toque.
“Fue una iniciativa cuyo resultado debería estar tallado sobre las paredes
de los ministerios de Transporte y de Finanzas y Precios: 4.359 vehículos
menos sirviendo, oficialmente, a los pasajeros en la capital y los precios
aumentados el doble y hasta dos veces y media en las rutas que
sobrevivieron”.



Para Díaz-Canel, esa es una referencia preocupante y cercana a la vez (el
“experimento”’ fue abandonado recién en abril pasado). Con todo y las buenas
intenciones, ni siquiera el respaldo de la población garantiza el éxito de
medidas tan radicales. En especial, en un país con sus finanzas en
permanente estado de contingencia.



Nota



1) Peso cubano, principal moneda de cambio en Cuba; 25 Cup equivalen a 1 Cuc
(peso cubano convertible).

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