México/ Crimen, progresismo y militarización [Lisa Sánchez - Entrevista]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

2 de diciembre 2019

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México

 

Entrevista a Lisa Sánchez *

 

Crimen, progresismo y militarización 

 

México continúa sumido en una espiral violenta. El gobierno de López
Obrador, lejos de sus proclamas progresistas, mantiene una vieja política de
los gobiernos de derecha: la militarización del país. Lisa Sánchez,
directora de la organización México Unido contra la Delincuencia, plantea la
necesidad de un programa progresista en materia de seguridad y lucha contra
el narcotráfico. Además, asegura que el movimiento feminista y los
colectivos indígenas son los únicos que encaran una verdadera lucha contra
la militarización del país.

 

Mariano Schuster 

Nueva Sociedad, noviembre 2019

https://nuso.org/

 

-En los últimos años han aparecido diversas organizaciones que alertan y
trabajan sobre el estado de situación de la violencia, la criminalidad y las
erráticas políticas de seguridad estatales en México. Una de ellas es México
Unido Contra la Delincuencia (MUCD), en la que usted se desempeña como
directora. ¿Podría comentarnos en qué consiste el trabajo de la
organización?

 

Por supuesto. Debo decir, en primer lugar, que México Unido contra la
Delincuencia es una organización de la sociedad civil que nació en 1998 y
que, desde entonces, ha trabajado temas de seguridad ciudadana, atención a
víctimas, además de formación ciudadana sobre temas de legalidad para el
Estado de derecho. Sin embargo, desde hace nueve años tiene, además, un
programa muy intenso sobre política de drogas, a partir del cual se ha
dedicado a hacer una serie de actividades mucho más orientadas a la acción
política que al diagnóstico o al estudio específico.

 

-¿Cuál es la situación de la violencia y la inseguridad en México hoy en
día?

 

Es una realidad de urgencia, en tanto el narcotráfico ha crecido de manera
exponencial. Desde 2006 hasta ahora lo que vemos es una desestabilización de
la escena ilegal, en la cual la política de represión, de descabezamiento de
carteles y de desintegración de organizaciones criminales ha generado una
atomización del crimen organizado, que cada vez es más móvil y más difícil
de rastrear. Esto ha provocado un incremento en la violencia producida por
el Estado. Ninguna de las políticas que se han adoptado desde 2006 hasta
ahora han redundado ni en un menor mercado ilícito ni en un menor consumo.
Tampoco se evidencia menor tráfico ni menor cantidad de cultivos ilícitos.
Por el contrario, se ha generado mayor violencia y una mayor actividad
criminal neta. Lo que vemos es un país que sigue produciendo y traficando
drogas hacia los mercados de consumo, pero cuya escena criminal es muy
distinta de la que solíamos tener anteriormente. México ya tiene las
condiciones de un conflicto armado no internacional dentro de sus propias
fronteras. Cotidiana y sistemáticamente se presentan enfrentamientos que se
llevan vidas humanas. Es por eso que hay un alza de homicidios
importantísima, un fenómeno de desapariciones masivas y un aumento
importante de la extorsión.

 

-En América Latina se escuchan al menos dos discursos sobre las políticas
del Estado mexicano en combate contra la delincuencia organizada. Por un
lado, se afirma que parte del Estado está en connivencia con los carteles de
drogas y con las organizaciones delictivas. Por otro, sin embargo, se afirma
que el Estado intenta desarrollar una política de enfrentamiento a esta
situación. ¿Qué es cierto y qué es falso en estos relatos?

 

Suceden ambas cosas. El Estado mexicano se relaciona como parte activa y
cómplice del mercado ilegal y se beneficia de él. La elite política mexicana
está manchada. Tenemos 17 ex-gobernadores perseguidos por la justicia,
algunos de los cuales se encuentran prófugos y otros en proceso. La mayoría
de ellos están siendo procesados por complicidad con el tráfico
internacional de drogas y por lavado de dinero proveniente de la
delincuencia organizada. Por otro lado, el Estado mexicano también se
relaciona con el narcotráfico desde una posición de combate frontal, desde
una oposición completa a sus actividades. Sin embargo, esta oposición
termina vinculándose y focalizándose en las actividades de menor
envergadura, como el combate al narcomenudeo, la erradicación forzada de
cultivos y el apresamiento masivo de usuarios particulares de drogas o la
lucha contra las «mulas» (aquellas mujeres que transportan las drogas). Esta
estrategia de operativos y patrullajes militarizados pretenden, en teoría,
disuadir la actividad criminal y apresar a la mayor cantidad de líderes de
los carteles. Sin embargo, esta política ha generado un mayor nivel de
violencia.

 

-Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente mexicano, parecía
comprometido a adoptar una política distinta a la de los gobiernos de
derecha. ¿Qué sucedió con las promesas de López Obrador? ¿Se cifran mayores
esperanzas en el mandato de un presidente progresista en materia de
seguridad y lucha contra la delincuencia organizada?

 

Originalmente, las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la paz y
a la justicia teníamos muchísimas más esperanzas en la administración de
López Obrador por varios motivos. Durante la campaña electoral, se refirió a
tres agendas que para nosotros eran fundamentales. La primera era la
reorientación del combate contra las drogas. Esta quedó expresada
específicamente en su Plan Nacional de Desarrollo, donde afirma la necesidad
de sustituir paulatinamente la ilegalidad de ciertos mercados por mecanismos
regulatorios. Esa era una muy buena noticia, dado que se hablaba de
despenalización de los eslabones más bajos de la cadena. La segunda era la
apertura de una justicia transicional. Es decir, se trataba de terminar el
conflicto, de abrir procesos de sometimiento a la justicia, de dar amnistías
que acercaran a la justicia a ciertos criminales para pacificar el país.
Esto habilitaba la tercera y última política que a nosotros nos emocionó
mucho y que era un tema trascendente: la política de «verdad, memoria y no
repetición». Hoy en día, estas tres agendas se encuentran muy abandonadas.
Se trabajaron durante el periodo de transición entre el anterior gobierno y
el actual en ciertos foros de pacificación y escucha a víctimas, pero las
políticas tradicionales permanecen incólumes. El gobierno de López Obrador
está siguiendo (quizás por inercia o por incapacidad de innovación) las
mismas políticas que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Me refiero específicamente a la sobreutilización del Ejército para tareas de
seguridad pública. Además, han continuado las incautaciones y la persecución
de los eslabones más débiles de la cadena delictiva. López Obrador está
haciendo tres cosas que son más propias de un gobierno de derecha que de uno
de izquierda. La primera es la ampliación del catálogo de delitos que
ameritan prisión preventiva automática. Prácticamente ya todos los delitos
tienen prisión preventiva automática y eso va a afectar muy específicamente
a los más vulnerables y a los más pobres. Lo segundo que está haciendo es
una reforma al sistema de justicia penal, volviendo a un modelo que
privilegia la cárcel por sobre las mediaciones. En tercer lugar, está
desarrollando una reforma al Poder Judicial que mina la última frontera de
autonomía que teníamos las organizaciones de la sociedad civil para pelear
contra los abusos del Ejecutivo y del Legislativo.

 

-¿Cuánto pesan las posturas de Estados Unidos para que se mantengan los
niveles de militarización que se viven hoy en México?

 

La posición de Estados Unidos pesa muchísimo. Olga Sánchez Cordero, la
actual secretaria de Gobernación, abandonó la idea de una posible
legalización de la amapola luego de un pronunciamiento contrario a esta
política por parte de las autoridades estadounidenses. Es decir, la agenda
de legalización se abandonó desde la reacción de Estados Unidos. La posición
estadounidense pesa mucho porque son ellos quienes realizan la inteligencia
en la mayor parte de los operativos militares contra el tráfico ilícito de
drogas. Y, además, pesa porque presionaron de manera contundente para que se
ampliara el mandato de los militares en materia de seguridad y de la
persecución de los flujos migratorios.

 

-¿Se están militarizando, al día de hoy, funciones que corresponden a
civiles?

 

Sin duda alguna. Se están militarizando funciones de autoridades civiles y
se están militarizando culturalmente instituciones como la Policía. México
está sometido a un proceso de propaganda en el que los militares son
prácticamente omnipresentes y en el que se está transmitiendo que los únicos
capaces de solucionar el caos son ellos, en completa ausencia del gobierno
civil.

 

-¿Se evidencia algún tipo de posición alternativa a la de la militarización
de México? ¿Existen organizaciones o partidos progresistas y de izquierdas
que estén planteando una perspectiva diferente de la que se ha venido
desarrollando en el país?

 

Desafortunadamente desde los partidos políticos no lo vemos. En sus
pronunciamientos de tribuna y en sus pronunciamientos ante los medios de
comunicación, todos parecen de acuerdo en que la militarización no es la
solución. Pero al momento de aprobar las reformas de gran calado que
redundan en una militarización real, terminan todos votando igual. El costo
de no hacerlo, sobre todo en el actual contexto del gobierno de López
Obrador, es muy alto. López Obrador ganó con 30 millones de votos y mantiene
niveles de popularidad por encima de 70%. Nadie quiere una confrontación
directa con el presidente. Además, López Obrador tiene una característica
muy peculiar. Tiene una capacidad de encuadre narrativo tremendo, aunque sea
a partir de falacias. Es capaz de decir que aquellos que se oponen a la
militarización se oponen, en realidad, a la paz. Pelear una guerra narrativa
con López Obrador es sumamente difícil. La luz, sin embargo, la podemos ver
en dos movimientos. El primero es el movimiento feminista, que ya tomó no
solo la bandera de luchar por una sociedad pacífica que deje de agredir
sistémica y estructuralmente a las mujeres, sino que incluyó en sus demandas
la lucha contra el militarismo en la seguridad pública (dado que los
militares tienden a ejercer la violencia de género de modo mucho más
frecuente). El movimiento feminista es uno de los pocos que hoy rechaza
abiertamente el papel que cumple la llamada Guardia Nacional. El segundo
movimiento que puede arrojar luz sobre esta situación es el vinculado a las
organizaciones indígenas que se están oponiendo a los grandes proyectos de
infraestructura del presidente, como por ejemplo la construcción del Tren
Maya, la construcción de plantas hidroeléctricas, la refinería de Dos Bocas.
Estos proyectos afectan directamente sus entornos y, a partir de ahí, ellos
están rechazando la participación del Ejército. 

 

* Lisa Sánchez es magíster en Gestión y Gobernanza Pública por la London
School of Economics y licenciada en Relaciones Internacionales por el
Instituto Tecnológico de Monterrey y el Instituto de Estudios Políticos de
París. Es directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD). 

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