Francia/ El malestar social coagula [Léon Cremieux]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

8 de diciembre 2019

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Francia

 

El malestar social coagula

 

Léon Cremieux *

Viento Sur, 8-12-2019 

https://www.vientosur.info/

 

Una vez más, Francia ha entrado en una fase de confrontación social de una
gran dimensión. Hace una años (noviembre 2018) irrumpió en las rotondas y en
la calle de todo el país el movimiento de los chalecos amarillos. Provocado
por la voluntad decidida del gobierno de imponer un incremento en el
impuesto sobre los carburantes, el movimiento no tardó en plantear como una
de las primeras reivindicaciones el incremento del poder de compra (sobre
todo del SMI), el rechazo a una sociedad gestionada por y a favor de los más
ricos, el restablecimiento del impuesto sobre las grandes fortunas y la
exigencia de una democracia en la que las clases populares se pudieran hacer
oír. Al gobierno de Macron les estalló en la cara la exasperación social
generada por las políticas de austeridad que se venían imponiendo desde los
años 1980.

 

Una exasperación que en las elecciones presidenciales de 2017 provocó el
hundimiento de los dos partidos que venían gestionando el sistema desde los
años 1960: el partido gaullista (LR) y el partido socialista (PS). Tomando
las riendas de la gestión capitalista, Macron pensó que tenía las manos
libres para exhibir su arrogancia e insolencia de clase y emprender
contrarreformas capitalistas sistémicas: acentuar los rasgos autoritarios
del Estado y de una política económica liberal en provecho de los grandes
grupos capitalistas. También pensaba, sin reparar en la confrontación
social, que tenía las manos libres para emprender reformas a la Thatcher en
los temas que los gobiernos precedentes habían fracasado, con el objetivo de
situar a Francia al miso nivel que los países vecinos en términos de
regresión social en los ámbitos de los derechos laborales y de la protección
social.

 

Pocos meses después de su elección, en otoño de 2017, promulgó cinco
decretos-ley sin que los sindicatos apenas rechistaran. Uno de ellos,
reduciendolo en un 50% el número de representantes, quebraba el sistema de
representación sindical de los trabajadores y trabajadoras en las empresas.
Otro liquidaba la prioridad de los acuerdos sectoriales en la negociación
colectiva de las empresas, favoreciendo el dumping social, y un tercero
allanaba el camino a los despidos al dificultar los recursos de las y los
trabajadores ante los tribunales.

 

Unos meses más tarde, en el primavera de 2018, la Asamblea Nacional aprobó
el desmantelamiento de la SNCF (Red ferroviaria) como empresa pública y el
estatuto de su plantilla. A partir de 2020 la SNCF se dividirá en varias
sociedades anónimas, la red ferroviaria estará abierta a la competencia y se
prevé la supresión de miles de kilómetros de línea. Igualmente, a partir del
1 de enero, el nuevo personal contratado no contará con el estatuto de
personal ferroviario que data de hace más de un siglo. La característica
fundamental de este estatuto es que garantiza el empleo y reconoce la
penosidad del trabajo de forma que el personal rodante pudiera jubilarse a
los 52 años y el sedentario a los 57. La respuesta sindical a este
reconversión que impuso la intersindical (CGT, FO, UNSA) con 18 huelgas de
dos días consecutivos durante 3 messes (más conocida como la táctica de
2/5), desgastó la combatividad del sector sin lograr generar una relación de
fuerzas favorable frente a Macron. Con esa victoria, el gobierno volvió a
imponer por decreto una nueva reforma sobre el seguro de desempleo que entró
en vigor el 1 de noviembre, restringiendo sobremanera las condiciones para
acceder a las prestaciones por desempleo. Y a ello se añaden, en los dos
últimos años, las graves agresiones contra el sistema educativo, mediante la
reforma de la enseñanza secundaria y el acceso al ciclo superior que implica
una verdadera segregación social.

 

Por otra parte, en el otoño del año pasado, la mayoría del movimiento
sindical francés rehusó reconocer al movimiento de los chalecos amarillos
como expresión de una irrupción de las clases populares, mostrándose incapaz
de buscar desde el inicio una convergencia con el mismo a fin de poner en
pie un poderoso movimiento contra la injusticia social y la austeridad. Esta
división, aun cuando fue corregida de inmediato por los sectores más activos
del movimiento sindical, dio a entender al gobierno que al igual que la
oposición política, la oposición social tampoco era capaz de unirse para
bloquear su ofensiva.

 

De ese modo, el balance que extrajeron Macron y su gobierno fue que podía
ponerse a trabajar sobre una reforma que siempre había sido postergada por
el capitalismo francés: la puesta en cuestión del sistema de pensiones
puesto en pié en 1945.

 

La relación de fuerzas establecida por las clases populares en Francia tras
décadas de combate social logró que en 2018 el gasto publico representase
aún el 56% del PIB. En Francia el presupuesto social del gasto público
representa el 31,2% del PIB, la cifra más elevada de la OCDE (cuya media es
del 20,1%), aun cuando haya reculado un 1% desde 2016. La mayor parte del
gasto social concierne a las pensiones (13,9%) y a la Sanidad (8,7%), que
sitúa a Francia entre los países de cabeza de Europa a pesar de los
numerosos ataques que han sufrido estos dos sistemas. El gasto público medio
para las pensiones en la OCDE se sitúa en el 7,5% del PIB: el Estado español
gasta 11%, Alemania 10,1%, el Reino Unido y Suiza 6,5% y Holanda 5,4%. En
estos últimos países, sólo quienes hayan tenido medio a (propios o por parte
de la empresa) para suscribir fondos de pensiones pueden acceder a un nivel
de vida digno.

 

Este nivel de gasto público permite que Francia sea, junto con el Estado
español e Italia, uno de los tres países con mayor esperanza de vida en
Europa (82,9 años).

 

Según Eurostat, en Francia, aun cuando un millón de pensionistas viven bajo
el umbral de pobreza, sólo el 7% corre el riesgo de la pobreza (es decir,
una renta inferior al 60% del salario medio), contra un 19% en Alemania y el
Reino Unido.

 

Así pues, Francia no ha alcanzado aún el nivel de regresión social en el que
se sitúan los principales países europeos.

 

Es con este componente del modelo social, que sus predecesores no logran
desmantelar, al que Macron quiere poner fin.

 

El esquema es simple: congelar el gasto público de pensiones al nivel
actual, inferior al 14% del PIB, cuando el número de pensionistas va a
incrementarse en un 1,5% de aquí al 2050. Matemáticamente (y en euros
constantes) esto se traduce en la repartición de la misma masa monetaria
entre un número creciente de pensionistas, lo que conlleva una reducción de
las pensiones y un empobrecimiento de las y los pensionistas.

 

Para lograr este objetivos, el gobierno ha elaborado un proyecto que suprime
todos los sistemas de pensión actuales basados en regímenes especiales ,
denunciados como injustos, no igualitarios y que absorben miles de millones.

 

Actualmente, más del 84% de las personas activas pertenece, groso modo, a
dos regímenes de pensiones:

 

· El del sector privado (19 millones de trabajadores y trabajadoras) que el
50% de su pensión a través del servicio público de pensiones por repartición
(calculado por anualidades) y alrededor del 20% mediante un sistema nacional
de pensiones complementario basado en puntos.

 

· El de las funcionarias y funcionarios del Estado y de las colectividades
locales (4 millones de personas) pagadas directamente por el Estado y un
servicio de pensiones de las colectividades locales.

 

En estos dos regímenes, las anualidades necesarias y el cálculo de salario
de referencia no son los mismos, pero la pensión oscila entre el 72 y el 74%
del salario.

 

Junto a estos dos distemas, alrededor de medio millón de personas asalariada
pertenecen a una docena de regímenes especiales heredados de actividad muy
concretas y, a menudo, de convenios anteriores a la segunda guerra mundial
(ferroviarios, electricistas del gas, empleados notariales, conductores del
transporte público en Paris, empleados de la Opera…).

 

Todos estos regímenes de repartición tiene una prestaciones garantizados:
cualquier asalariado o asalariada conoce al final de su carrera con qué
pensión se va a jubilar. Este sistema es contrario al sistema por puntos,
con contribuciones garantizadas, donde sólo se conoce la cantidad que se
cotiza pero no la que se va a cobrar.

 

Aparte de eso, 3,4 millones de activos es gente no asalariada que cuentan, o
no, con sistemas totalmente autónomos para lograr tener una pensión.

 

El proyecto del gobierno conlleva establecer un régimen único (de puntos),
reemplazando todos los sistemas de pensiones, para la gente asalariada o no
asalariada, los regímenes de base y los complementarios. El argumento es
simple: "un euro de cotizado otorga a todo el mundo el mismo derecho". Un
sistema en el que nadie sabrá lo que valdrán sus puntos a la hora de
jubilarse, ni tampoco lo que esos puntos valdrán de un año para otro.

 

Suecia puso en marcha este sistema, basado en cotizaciones definidas, en los
años 90 para reducir la parte de las pensiones en el PIB. Macron se refiere
a él como un ejemplo a seguir. Años tras año, las y los pensionistas suecos
ven como se reduce su pensión y las mujeres son las más perjudicadas.

 

Dramatizar la situación para justificar la reforma

 

Con el objetivo de preparar el terreno para la reforma, el Gobierno de
Macron puso en marcha una campaña de propaganda, bien secundada por los
grandes media, para denunciar "a quienes se aprovechan de un sistema de
pensiones a borde del abismo". Incluso si ello suponía borrar de un plumazo
lo que el propio Macron afirmaba en su web durante la campaña electoral de
2017:

 

"Tras más de veinte años de sucesivas reformas, el problema de las pensiones
no constituye ya un problema financiero… Por la primera vez después de
decenios, las perspectivas financieras permiten mirar el porvenir con una
razonable serenidad".

 

Con el fin de generar un clima de tensión y urgencia, el gobierno pidió un
nuevo informe al Consejo de Orientación de las Pensiones (COR, en francés),
organismo paritario. En junio pasado este organismo hizo público un informe
en el que no había ningún elemento para alarmarse y afirmaba (al igual que
el candidato Macron) que, por desgracia, para 2017 el nivel de pensiones
pagadas se reduciría debido a los recortes implementados desde 1993 contra
el sistema de pensiones y que el sistema no corría ningún riesgo.

 

Sin embargo, el nuevo informa de la COR, publicado en noviembre, viéndose
obligado a integrar la hipótesis de importantes reducciones de las
aportaciones del Estado de aquí al 2025, introdujo un posible déficit de 17
mil millones (sobre un presupuesto de más de 300 mil millones). El gobierno
y los media se han amparado en este hipotético déficit como si condujera a
una ¡explosión del gasto!

 

El problema es que el proyecto de Macron ha generado una hostilidad
creciente entre la población, asalariada o no.

 

La razón de ello es que tras los diálogos con los interlocutores sindicales
y los profesionales desconfiados para elaborar su proyecto, en julio pasado
J.O. Delevoye, Alto Comisionado para las Pensiones, hizo público un informe
que, tras su lectura, semana tras semana, abogados, tripulantes de barcos,
electricistas del gas, enseñanes…, comprendieron que tenían mucho a perder.
Además, numerosos estudios han rebatido sin demora la propaganda
gubernamental exaltando los méritos del nuevo sistema [por puntos], sobre
todo en lo que se refiere a las pensiones más bajas o a las mujeres. Por el
contrario, el nuevo sistema amplía aún más la brecha salarial y profesional
que experimentan las mujeres y las personas asalariadas precarias.

 

Los sectores que se benefician de disposiciones especiales (ferroviarios,
bomberos) comprendieron de inmediato que el sistema propuesto iba a destruir
todas las ventajas obtenidas en función de sus condiciones laborales.
Incluso la policía amenazó al gobierno con ir a la huelga.

 

La organización de la movilización del personal ferroviario

 

Con el deseo de no sufrir una derrota más y extrayendo lecciones del fracaso
de la movilización el año pasado, desde septiembre SUD-Rail y
UNSA-Ferroviaria llamaron a una huelga reconducible [la asamblea decide en
cada momento si continuar y cómo la huelga] a partir del 5 de diciembre
contra el proyecto Delovoye. Llamamiento que fue apoyado por FO y la CGT.
Incluso la CDFT llamó a la huelga para el 5 de diciembre. Paralelamente hubo
llamamiento a la huelga y a manifestarse en los sectores de la energía, en
toda la función pública, por parte de los sindicatos de abogados y de las
organizaciones juveniles. Incluso los sindicatos policiales anunciaron
"cierres simbólicos de las comisarías". Finalmente, todas las
confederaciones sindicales –salvo la CFDT y la CFTC- lanzaron un llamamiento
a nivel nacional e interprofesional para el día 5.

 

El gobierno, respaldados por sus logros precedentes, esperaba que el 5 de
diciembre sería una especie de tormenta de verano, inevitable, pero sin
futuro, una jornada de huelga de los sectores con regímenes especiales, la
SNCF y la RATP [transporte público en Paris].

 

La desilusión ha sido fuerte. Con 800.000 manifestantes según la policía y
1,5 millones según la CGT, la fuerza de las manifestaciones y la extensión
de la huelga recordaba las fuertes jornadas de huelga y manifestaciones de
1995… Solo que el 5 de diciembre hubo en la calle más manifestantes que
durante la primera jornada de movilización, el 24 de noviembre, en aquel
año.

 

En la SNCF la índice de huelguistas fue impresionante: 90% de trenes
suprimidos y en Paris sólo funcionaban las líneas de metro automáticas; lo
mismo en el sector de enseñanza (70% de huelguistas en primaria y
secundaria), donde han comprendido que serían quienes más perderían con esta
reforma.

 

Pero, sobre todo, el gobierno no se esperaba que en el sector del
ferrocarril se votara en todos los sitios a favor de reconducir la huelga
hasta el 9 de diciembre, rompiendo con las tácticas precedentes.

 

Por ello, para intentar apagar el incendio, el primer ministro intentó
generar varios cortafuegos el viernes día 6:

 

· convencer a las y los asalariados de los regímenes especiales que no se
verían afectados de inmediato por la reforma;

 

· garantizar a la policía que no se tocará su sistema de pensiones "porque
ellos arriesgan su vida todos los días";

 

· garantizar a las y los enseñantes que (en 2021) se van a incrementar los
salarios para que no sufran reducciones en las pensioens.

 

El problema es que el gobierno aún no ha presentado aún el proyecto de ley.
Estaba esperando a que pasara el día 5 para ver si podría mantener intacto
su proyecto una vez pasado el temporal. Ahora se ha dado de plazo hasta el
miércoles día 11 para hacer público el proyecto de ley, esperando que el
martes la huelga en la enseñanza se apague, que el transporte recupere su
actividad y que la movilización no se extienda a otros sectores.

 

En todos los sectores los militantes combativos han comprendido que es
necesario construir una verdadera relación de fuerzas, que más vale pájaro
en mano que ciento volando, y que es necesario extender la huelga más allá
del sector del transporte. Sin duda, para los días que vienen, el objetivo
está en la convergencia de los distintos sectores en torno a una misma
demanda: la retirada del proyecto de reforma de Macron. La presión de la
base ha llevado a las direcciones confederales de la CGT y FO a convocar
unitariamente junto a Solidaires y la FSU una nueva jornada de huelga y
manifestaciones para el martes 10 de diciembre. El ritmo de la reconducción
establecido en la SNCF y la RATP, junto a las fechas de movilización
interprofesional debe permitir continuar con la huelga en los sectores de la
función pública y su extensión al sector privado, que estuvo bien presente
en las manifestaciones del día 5.

 

Sea cual sea la prolongación en los días que vienen, esta movilización se
beneficia de la combatividad acumulada durante estos últimos meses. Desde
hace una año, los chalecos amarillos han dinamizado al conjunto del
movimiento social con decenas de manifestaciones dinámicas, combativas y
rompiendo con la atonía anterior de los cortejos. Además, este movimiento ha
sido el único que en el periodo reciente ha obtenido rápido concesiones por
parte del gobierno. El anunciar, cuando apenas llevaban un mes
movilizándose, el incremento en 10 mil millones del gasto público tras las
manifestaciones espontáneas y ofensivas del 1 de diciembre de 2018, supuso
un soplo de aire fresco para el movimiento social. Un movimiento que, sin
embargo, no ha llegado al final de sus exigencias. Todas las categorías de
trabajadores y trabajadoras de hospitales, sobre todo en los servicios de
urgencia, también se han movilizado masivamente y a lo largo de todo el año,
sin que el gobierno sea capaz de poner fin al movimiento que aún continúa
vivo: el 14 de noviembre en Paris se manifestaron más de 10.000 personas del
sector. Por otra parte, estas últimas semanas, en muchos institutos y
facultades, también se han manifestado los estudiantes contra la precariedad
de sus condiciones, dramáticamente puesta de relieve por la inmolación de un
estudiante en Lyon el 8 de noviembre.

 

Lo mismo en relación a las movilizaciones por el clima y contra la violencia
machista. A lo largo del mes se han movilizado nuevas generaciones,
cruzadas, con muchos jóvenes y sobre todo con muchas mujeres jóvenes.

 

Así pues, desde hace un año, el movimiento social, proteiforme, ha puesto de
relieve un dinamismo política que trae a la memoria los años 90, en los que
las luchas por los derechos de las mujeres se daban al mismo tiempo que las
luchas contra el racismo, por el derecho a la vivienda y los derechos de la
gente en paro. Fueron los prolegómenos del movimiento altermundialista.

 

Hoy en día, la diferencia notable, no solo en Francia, es la enorme
dificultad por lograr la convergencia de estos movimientos sociales con
perspectivas políticas comunes y ofensivas.

 

El PS y Les Républicans se mantienen absolutamente callados ante el
movimiento actual. Esperan que Macron se de el batacazo pero, al mismo
tiempo, no están contra su proyecto. RN (Marine Le Pen) procede de la misma
forma que cuando emergieron los chalecos amarillos. Intenta capitalizar el
descontento popular al mismo tiempo que oculta que su programa va en la
misma dirección que el de Macron.

 

A la izquierda del PS, durante estos últimos meses, se ha dado una dinámica
unitaria, con llamamientos contra la política securitaria, para denunciar la
islamofobia o en apoyo a la movilización contra la reforma de pensiones. El
NPA se encuentra en el centro de todas estas iniciativas unitarias.

 

Ahora bien, estamos lejos aún de una respuesta anticapitalista común que se
forje al calor de los movimientos sociales y que no vaya hacia la
reconstrucción de un mecano electoral. Se puede dar la oportunidad de
avanzar en esa dirección a través de las numerosas iniciativas locales
puestas en pie en el marco de la movilización actual. La movilización contra
la reforma de las pensiones plantea de forma directa la cuestión de la
sociedad en la que queremos vivir, libre de explotación y de opresiones,
democráticamente organizada para satisfacer las necesidades sociales. Hacer
avanzar esta perspectiva dependerá de la fuerza del movimiento social en los
días que vienen. 

 

* Léon Cremieux, sindicalista y militante del Nuevo Partido Anticapitalista
(NPA).

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