Bangladesh/ Una huelga masiva y protestas en el sector textil [Pierre Rousset]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

6 de febrero 2019

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Bangladesh

 

Movilizaciones en el sector textil

 

Pierre Rousset 

Europe Solidaire Sans Frontièrs, 28-1-2019

http://www.europe-solidaire.org/

Traducción de Viento Sur

https://www.vientosur.info/

 

A finales de 2018 comenzó en Bangladesh una huelga masiva, acompañada de una
manifestación y una ocupación de la calle, prolongándose hasta el mes de
enero, particularmente en Savar, un importante polígono industrial de un
suburbio de la capital. Fue allí donde, en 2013, los edificios de Rana
Plaza, que albergaban muchos talleres de producción textil, se derrumbaron,
dejando más de 1.130 personas muertas y un gran número de heridos. Hubo
bloqueos de carreteras en varias localidades: Shiurapara, Mirpur, Ashulia…

 

Miles de trabajadoras textiles se movilizaron con motivo de la revisión de
tabla salarial en el sector de la confección (se lleva a cabo cada cinco
años), paralizando la producción en más de 100 fábricas, levantando
barricadas (incluso en una autopista) y atacando las instalaciones de
empresas. La respuesta de la policía fue muy violenta: balas de goma, gases
lacrimógenos, cañones de agua, muchos casos de malos tratos o torturas… Un
trabajador murió, Sumon Miah, muchos otros resultaron heridos. Los
sindicatos GSAO y GSTUK organizaron sentadas para exigir que se dijera toda
la verdad sobre este asesinato.

 

Ya en 2016, en Ashulia, otro suburbio de Daca, se produjo una movilización
durante toda una semana para reclamar aumentos salariales, provocando el
cierre de decenas de empresas. La represión también fue feroz: más de 1.500
trabajadores fueron despedidos, otros treinta arrestados, y cincuenta
sindicalistas tuvieron que esconderse. Muchos líderes sindicales todavía
están siendo acusados y amenazados con la detención.

 

Así pues, la cuestión de los aumentos salariales estaba pendiente. En 2018,
los sindicatos exigieron un salario mínimo de 16.000 takas (en algunos casos
18.000), pero el gobierno solo ofreció la mitad: 8.000 takas (unos 85 euros
al mes). Para algunos, el aumento salarial fue apreciable, aunque muy
limitado en vista del incremento del coste de la vida y de los precios de la
vivienda; para otros, sin embargo, ocurrió todo lo contrario. En cuanto al
pago de las horas extraordinarias, se redujo la cuantía. El gobierno tuvo
que reconocer estas graves desigualdades y creó una comisión tripartita con
la patronal y los sindicatos, sin que esta iniciativa haya dado lugar a un
cambio significativo de las decisiones originales.

 

La represión de las empresas fue nuevamente muy severa, con miles de
despidos y juicios contra huelguistas y manifestantes (y desaparecidos). A
petición de la Campaña de Ropa Limpia, algunas grandes marcas de ropa han
expresado el deseo de que las y los trabajadores del textil en Bangladesh 

reciban un salario mínimo digno, pero sin cifrarlo. Un voto piadoso.

 

En el campo, otro tanto. La represión también golpea en el medio rural. El
12 de enero, por ejemplo, el líder de la Federación de Agricultores de
Bangladesh (BKF) en el distrito de Bhola fue atacado violentamente por los
terratenientes locales, causándole graves lesiones internas; todavía está
ingresado en el hospital.

 

Seguridad en el trabajo

 

El país está gobernado por la Liga Awami y Sheij Hasina, la primera
ministra, que ha establecido un régimen autocrático, habiendo obtenido 288
de los 300 escaños en el parlamento en las últimas elecciones. La represión
política y social está muy extendida. El derecho de asociación está
gravemente limitado.

 

El gobierno está maniobrando actualmente ante el Tribunal Supremo para
paralizar la aplicación del Acuerdo sobre incendios y seguridad en las
empresas, que se firmó tras el desastre industrial de Rana Plaza. Está
amenazada la independencia de los terceros que supervisan la implementación
de este Acuerdo. Los firmantes del Acuerdo son las federaciones sindicales
IndustriAll y Uni; las cuatro asociaciones que actúan de testigos son la
Campaña Ropa Limpia, International Labour Rights, Maquila Solidarity Network
y el Consorcio de Derechos de los Trabajadores.

 

El Acuerdo ha permitido localizar (y en muchos casos subsanar) unas 100.000
vulnerabilidades de seguridad en las fábricas. Más de dos millones de
trabajadores han sido alertados en más de un millar de compañías, según la
Campaña Ropa Limpia. Sin embargo, más del 50 % de las empresas no cuentan
con sistemas adecuados de detección de incendios y alarmas y el 40 % todavía
necesitan una renovación estructural.

 

Si el gobierno se sale con la suya, todo esto estará en el alero. En efecto,
es un comité dependiente del gobierno el encargado de aprobar cualquier
decisión relacionada con el Acuerdo. Los inspectores no tendrán derecho a
identificar nuevas brechas de seguridad (como la falta de alarmas de
incendio, salidas de socorro bloqueadas o grietas en la estructura de un
edificio). Ya no se podrá proceder contra las empresas que amenacen con
despedir a los trabajadores que denuncien la falta de aplicación de las
normas de seguridad. Sin embargo, ningún cuerpo en Bangladesh puede
sustituir hoy efectivamente al Acuerdo.

 

La economía de Bangladesh (165 millones de habitantes) se basa en gran
medida en la industria textil (que representa el 80 % de las exportaciones).
Es el segundo país productor de ropa después de China. En este sector
trabajan unos cuatro millones de obreras y obreros en cerca de 4.500
talleres. Fabrican ropa para distribuidores occidentales como H&M, Primark,
Walmart, Tesco, Carrefour y Aldi… Nuestras empresas.

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