México/ Robo de combustible: cárcel a los responsables [Declaración]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

16 de enero 2019

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México

 

Contra el huachicol: cárcel a los responsables

 

La movilización y la organización populares y de trabajadores son la
solución al robo de combustible

 

Declaración, Ciudad de México, enero 2019

 

El año nuevo ha iniciado con una operación por parte del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) en contra del robo de combustible a gran escala,
popularmente conocido como el huachicoleo. Los trabajadores y el pueblo
debemos participar –desde una postura independiente– en la lucha contra la
corrupción y debemos exigir que los ladrones sean encarcelados y sus bienes
confiscados.

 

El robo de gasolinas es uno de los males económicos y sociales que afectan
mayormente a la economía nacional, y especialmente a PEMEX. Ésta última es
la empresa más grande del país, y representa un bien estratégico que –aunque
de manera maltrecha por las décadas de corrupción, robos, mala
administración y entreguismo– sigue perteneciendo al pueblo de México. La
magnitud del daño ocasionado al patrimonio nacional por el robo de
combustibles era de alrededor de sesenta mil millones de pesos anuales.
Quienes están detrás de este hurto monumental son –o han sido– directivos a
todos los niveles de la mencionada parastatal, funcionarios de altos niveles
de los gobiernos federal, estatales y municipales, y –lamentablemente–
trabajadores de la empresa, en colusión o bajo la tutela de la
ultra-corrupta dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana (STPRM). Una investigación realizada por la
Procuraduría General de la República durante el sexenio pasado fue
deliberadamente suspendida, porque implicaba también a grandes empresarios
–como los dueños de Bimbo- que se beneficiaban de la red paralela de
distribución de combustible. Y también han venido participando, en
contubernio con todos los anteriores, los llamados cárteles que controlan
las actividades criminales de gran escala. Todos estos ladrones deben de ir
a la cárcel. Sin embargo, el presidente ha dicho con todas las palabras que
los directores generales de PEMEX eran sólo “chivos expiatorios” de los
presidentes en turno. La aceptación por parte de López Obrador del apoyo del
charro petrolero Romero Deschamps a su gobierno parece ir en dirección de
que no procederá penalmente en contra de éste. Si la operación del gobierno
no culmina con al menos los peces gordos de este robo en prisión, la lucha
contra el llamado huachicol quedará a medias o resultará a fin de cuentas en
un fracaso.

 

El combate al robo de combustible era una medida urgente, pero los
presidentes de la República la toleraron o se beneficiaron de ella, como es
muy probable que haya pasado con Peña Nieto, cuyo ex jefe de escoltas se
encargaba de la seguridad de PEMEX y sólo a él rendía cuentas, según AMLO.
De ser así, Peña Nieto también tendría que ser castigado y sus bienes
confiscados.

 

AMLO y su gobierno han emprendido la lucha contra el huachicol al tiempo que
se preparan para que dentro de unos días una iniciativa de ley que formaría
la Guardia Nacional sea aprobada por el Congreso, que legalizaría que el
Ejército y la Marina, las instituciones que han violado masiva y
sistemáticamente los derechos humanos en los años pasados, pasen a tener un
papel preponderante en el nuevo régimen político. La campaña contra la
corrupción y la gran atención que ha puesto todo el país en ella no evitaron
que el proyecto de AMLO de legalizar la militarización de la seguridad y del
país fuese ampliamente resistido. Así, la Guardia Nacional tendría un mando
civil y no militar, como pretendía el actual presidente, que con ello ha
recibido un duro golpe. Empero, la seguridad no debe estar en manos de las
fuerzas armadas así carezcan de mando militar.

 

El Partido Acción Nacional y muchos otros de manera subrepticia –tales como
funcionarios de sexenios pasados, e incluso mandos policíacos y militares–
están apostando al fracaso de López Obrador. Dicho fracaso representaría un
revés muy fuerte al nuevo gobierno, y también que las redes de corrupción y
criminalidad se envalentonarían, con la consecuente continuidad del triste
estado de descomposición en que se encuentra nuestro país.

 

Las limitaciones del gobierno de AMLO

 

Existe la posibilidad de que la operación contra el robo de combustible
concluya de manera insatisfactoria, porque el nuevo gobierno está atado por
dos limitaciones muy serias. La primera consiste en el evidente pacto que
realizó con las fuerzas empresariales y políticas que predominaron –y que
hoy siguen predominando en un grado u otro– en el país. La reiterada
negativa de AMLO a llevar ante la justicia a los principales responsables de
los innumerables crímenes de estado y saqueos durante sexenios pasados va a
traducirse en incapacidad para resolver la profunda descomposición que
sufren tanto PEMEX como buena parte de las instituciones de estado. Hasta
hoy, sólo han sido detenidas personas de muy bajo nivel en las jerarquías de
las mafias de robo de combustible. Por ello, quedarán prácticamente intactos
los aparatos criminales que operan no sólo la perforación y el daño a los
ductos, sino las redes paralelas ilícitas de distribución que son manejadas
por funcionarios y trabajadores corruptos de PEMEX desde las mismas
instalaciones de la empresa, con su misma tecnología y recursos.

 

La segunda limitación consiste en que el nuevo gobierno y las organizaciones
políticas que lo sustentan se han limitado en solicitar el apoyo, la
comprensión, y tolerancia de la ciudadanía, ante los sacrificios que tiene
que realizar por el desabasto de combustible. Este desabasto, que ha
afectado especialmente a las regiones del Centro, Bajío y de Occidente,
muestra que la planificación de la operación consideró sólo los aspectos
policíaco-militares, y que no contempló la motivación y el potencial de la
participación de la población. Es imperante, por tanto, iniciar la
organización, educación y movilización de la ciudadanía para hacer frente a
las inevitables consecuencias de la operación contra el robo de combustible.
En lugar de dejar que automovilistas y transportistas fueran sorprendidos
por la falta de gasolina, y que muchas personas cayeran incluso en compras
de pánico, la población consciente pudo –y puede todavía– convertirse en una
formidable fuerza en la lucha contra el robo de combustible. Una ciudadanía
motivada puede no sólo estar dispuesta a realizar los sacrificios
necesarios, sino que es capaz de improvisar e ingeniar innumerables
soluciones: desde compartir sus transportes particulares con vecinos o
conocidos, o usar medios de transporte alternativos, hasta denunciar hechos
flagrantes de extracción o desvío ilegales;e, inclusive, si la situación de
desabasto se agudiza, organizar comités populares de abastecimiento para
garantizar la distribución del combustible en sus localidades. La falta de
gasolina o su racionamiento afectan de manera diferente a las distintas
clases sociales. Clamamos para que sectores como los taxistas y otros que
viven al día y están siendo afectados reciban ya una compensación económica
por parte del gobierno.

 

El papel crucial de los petroleros

 

Tampoco se preparó el apoyo de una parte decisiva de los trabajadores de
PEMEX que están opuestos a la multimillonaria dirección sindical. No sólo
los trabajadores cómplices conocen la operación de la enorme y complicada
paraestatal, sino que existen fuerzas de oposición al interior del sindicato
que hoy tienen el momento propicio para sacudirse la dictadura de la
poderosa dirección charra. En lugar de aprovechar el potencial existente,
los trabajadores de las refinerías, de los depósitos y de la red de
distribución se encuentran hoy bajo control militar. Este control facilita
la obstaculización de la distribución de combustible, misma que puede
agravarse conforme los intereses afectados se repongan de la sorpresa
inicial y se reorganicen para continuar sus actividades.

 

Adicionalmente, resulta muy peligroso el precedente de que las fuerzas
armadas puedan entrar a los centros de trabajo de PEMEX, ya que de ahora en
adelante puede bastar cualquier pretexto para intentar poner a la fuerza de
trabajo más importante del país bajo control militar. Independientemente de
lo que diga o haga el gobierno de AMLO, la dirección del STPRM está hoy
sentada en el banquillo de los acusados ante la población de México. Se ha
abierto una gran oportunidad para las fuerzas de trabajadores dispuestos a
poner fin a la corrupción; no sólo para poner en orden a los funcionarios y
a quienes resulten responsables de facilitar el robo de combustible y
obstaculizar la distribución, sino también para pugnar por democratizar su
sindicato desde abajo e independientemente de la injerencia del gobierno,
mediante derrocar a la dirigencia de Romero Deschamps. La labor de las
fuerzas armadas y policíacas debería estar restringida a salvaguardar la
seguridad del personal, las instalaciones y equipo de transporte de PEMEX.

 

Confrontemos la nefasta herencia de los gobiernos prianistas

 

La confrontación con la nefasta herencia de décadas de los gobiernos
priistas y panistas, así como de otras fuerzas políticas, apenas ha
comenzado. Nuestro papel, como personas ciudadanas y trabajadoras, consiste
en evitar que el gobierno de AMLO llegue a un acomodo en materia de robo de
combustible. La única manera de rescatar a PEMEX va a ser la movilización
popular, y en especial de la población trabajadora. La posibilidad de una
profunda y verdadera transformación de México depende de dicha población,
que hoy está relegada a ser simple espectadora. Avancemos, pues, hacia la
organización y la acción.

Por la organización y movilización de la población trabajadora del campo y
la ciudad, misma que preparará y realizará la transformación a fondo de
México.

 

Partido Obrero Socialista (POS)

Liga de Unidad Socialista (LUS)

Agrupación de Lucha Socialista (ALS)

Carlos R. Ferra, Coordinadora Socialista Revolucionaria, (CSR), Ana María
López Rodríguez (CSR)

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