Venezuela/ FAES: el brazo ejecutor del terrorismo de Estado [Informe Especial]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

31 de enero 2019

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Venezuela

 

Informe especial

 

FAES asesinó a 205 venezolanos entre enero y diciembre de 2018

 

Pensa Provea, 30-1-2019

https://www.derechos.org.ve/

 

Hace un año, el 15 de enero de 2018, un operativo policial-militar realizado
en la carretera Mamera – El Junquito, al oeste de Caracas, acabó con la vida
del piloto Oscar Pérez y sus seis acompañantes, quienes huían de las
autoridades luego de realizar varias operaciones y pronunciamientos contra
el gobierno de Nicolás Maduro. Rodeados por cientos de policías y militares,
los rebeldes manifestaron públicamente su intención de entregarse a las
autoridades y el temor ante el inminente riesgo para sus vidas e integridad.
En el procedimiento, las autoridades no agotaron la vía de la resolución
pacífica y horas después de iniciada la “Operación Gedeón”, el ex ministro
de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informaba la muerte de Pérez,
sus acompañantes, y un funcionario policial que participaba en el operativo
y que presuntamente había sido abatido por los alzados. Tanquetas,
lanza-cohetes y un enorme poder de fuego empleado por los agentes de la
fuerza pública, propiciaron el desenlace violento de los hechos y la muerte
de 8 venezolanos.

 

A la cabeza del operativo, un cuerpo élite de la Policía Nacional
Bolivariana (PNB) se consolidaba ante la opinión pública como un nuevo
escuadrón de la muerte, e inauguraba al gobierno de Maduro en los registros
históricos de las masacres ocurridas en el país por motivaciones políticas.
En un excesivo despliegue de fuerza y abusos, las Fuerzas de Acciones
Especiales (FAES) aplastaron a los rebeldes y dejaron claro que la dictadura
de Maduro había perdido todo rastro de pudor y estaba dispuesta a silenciar,
a sangre y fuego, cualquier expresión de descontento que amenazara a quienes
detentan el poder.

 

Las FAES fueron presentadas oficialmente por el entonces presidente de la
República, Nicolás Maduro, el 14 de julio de 2017. Durante una alocución,
Maduro dijo que la agrupación de élite había sido creada para combatir el
“crimen organizado y el terrorismo”. La creación de este componente de la
PNB es atribuida al ex ministro Reverol, pero fue Alexis Escalona Marrero,
ex viceministro de Seguridad Ciudadana quien hizo la presentación pública y
explicó detalladamente la composición y funciones del brazo táctico de la
Policía Nacional Bolivariana.

 

Durante el acto de lanzamiento oficial fueron exhibidos 35 vehículos, 180
motos y unidades antimotines (Vene-4, Jacks, ballenas y barreras) que fueron
adjudicadas a las FAES, a pesar de no tener competencias legales para la
gestión de manifestaciones. “Tienen el entrenamiento para defender y
proteger al pueblo frente al crimen y frente a las bandas terroristas
alentadas por la derecha criminal y terrorista que ha pretendido durante más
de 100 días hacer de nuestro país un escenario de guerra para justificar la
intervención imperialista extranjera. No han podido ni podrán. En Venezuela
vencerá la paz, vencerá el pueblo unido. Activada las Fuerzas de Acciones
Especiales”, afirmó Maduro en un claro aliento para que la fuerza élite
situara entre sus objetivos a las expresiones de disenso y descontento hacía
su gestión.

 

Un grupo de 80 agentes inició la primera fase de conformación y
adiestramiento de las FAES, meses antes de su presentación pública. Para
julio de 2017, la plantilla había aumentado a 641 agentes concentrados en
Distrito Capital, Miranda y Aragua. Un año después, en julio de 2018, las
FAES contaban con 1.290 agentes que integraban seis divisiones: Antidrogas,
Contra la Delincuencia Organizada, Respuesta Inmediata, Contra Delitos
Económicos, Casos Especiales y Brigada Canina. Para esa misma fecha, se
anunciaba la expansión del componente a los estados Guárico; Lara; Táchira y
Zulia. A un año de su creación las FAES ya eran señaladas de ser
responsables de varias masacres en la Cota 905; Lomas de Urdaneta y la
masacre ocurrida en el Centro de Detención Judicial Preventiva del estado
Amazonas (CDJA) el 16 de agosto de 2017, en la que 39 privados de libertad
fueron asesinados.

 

Masacre por goteo

 

De acuerdo a los registros levantados por Provea, las Fuerzas de Acciones
Especiales de la PNB fueron responsables del asesinato de al menos 205
venezolanos entre los meses de enero y diciembre de 2018. Las FAES iniciaron
el período con una masacre pública difundida por las redes sociales. En
adelante, numerosos operativos que involucraron a la agrupación dejaron
decenas de asesinados y mostraron su desapego a los estándares que regulan
los principios sobre uso progresivo y diferenciado de la fuerza, y la
recurrente práctica de ejecuciones extrajudiciales presentadas ante la
opinión pública como “muertes por enfrentamiento”.

 

Entre cinco y nueve personas asesinadas por operativo es el penoso promedio
que arrojan las actuaciones de las FAES en las comunidades populares donde
se presenta. Provea logró individualizar a estas 205 personas asesinadas
durante 2018, quienes en su mayoría eran hombres (97,56%), cuyas edades
oscilaban entre los 12 y los 49 años. A excepción de las masacres ocurridas
en El Junquito (15.01.2018); Fuerte Tiuna (08.09.2018) y Torre Viasa
(12.11.2018); la mayoría de las masacres de las FAES, registradas por
Provea, se produjeron en barrios y zonas empobrecidas de Caracas y otras
ciudades del país, revelando que las principales víctimas de este escuadrón
de la muerte son hombres jóvenes y pobres.

 

Los asesinatos registrados por Provea se produjeron en los estados Lara
(72); Distrito Capital (64); Zulia (25) Guárico (22); Miranda (8) Aragua
(7); Carabobo (3); Táchira (2); Vargas (1); Yaracuy (1). Provea admite que
sus registros probablemente no revelen la totalidad de los casos ocurridos.
Debido a factores como la opacidad oficial, las dificultades para el
monitoreo derivadas de la disminución de prensa independiente y el temor de
los familiares de las víctimas para denunciar los abusos, la data pudiera
estar sujeta a un sub-registro, lo que indica que pudo haber ocurrido un
número aún mayor de asesinatos a manos de las FAES en el período analizado.
En días recientes la Red de Derechos Humanos del estado Lara denunció que
entre los meses de agosto de 2018 y enero de 2019, las FAES habrían
asesinado a más de 100 jóvenes en zonas populares de la entidad, en
situaciones presentadas como “muertes por enfrentamiento” o “resistencia a
la autoridad”.

 

En Lara, la entidad más golpeada por la actuación de las FAES, destaca la
comunidad de Las Sábilas como la zona con el mayor número de muertes. En una
masacre por goteo realizada por el grupo entre el 08 y el 11 de septiembre
de 2018, doce hombres con edades comprendidas entre los 18 y 49 años, fueron
asesinados en supuestos enfrentamientos en los que ningún funcionario
policial resultó herido. En Distrito Capital, la segunda entidad más
afectada por la letalidad de las FAES, figuran El Valle; 23 de Enero y la
Torre Viasa en Bellas Artes, con los mayores registros de muertes a manos
del escuadrón.

 

Septiembre (46 casos); octubre (20 casos) y noviembre (51 casos), concentran
el mayor número de muertes registradas en el período. La ampliación de las
FAES, en número de efectivos y en ámbito de actuación geográfica, supuso un
incremento en su letalidad a partir del mes de julio con un acentuado
aumento entre septiembre y noviembre de 2018.

 

Aliento a los abusos

 

En 2016, un año antes de la creación de las FAES, durante un acto de
juramentación de la II Promoción de efectivos del “Comando Antiterrorista”
del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), realizado el 25 de agosto
en Barlovento, estado Miranda, Nicolás Maduro extendió una felicitación vía
telefónica a los graduandos, en la que alentó abiertamente a la comisión de
abusos y ejecuciones policiales por parte de los funcionarios del referido
cuerpo policial. “A la violencia y el terrorismo se le debe golpear antes de
que actúen… nuestra mayor victoria es un golpe preventivo, neutralizarlos,
desconfigurarlos, desarmarlos, desarticularlos, abatirlos, antes de que
actúen los terroristas…”, expresó.

 

Maduro afirmó entonces que las bandas delictivas en Venezuela están
vinculadas y dirigidas por sectores de la oposición venezolana, “Vayan desde
ya a obtener victorias… en Venezuela el terrorismo tiene nombre y apellido,
son estos grupos parásitos, vende patria de la derecha… que se han aliado
con las bandas criminales de asesinos y secuestradores y poniéndole mucha
plata y droga han puesto a estas bandas como instrumentos de la violencia,
primero delincuencial, pero también de la violencia terrorista”.

 

Para julio de 2017 Maduro repitió ese argumento para justificar la creación
y actuación de las FAES, y para septiembre de 2018, el inconstitucional
decreto 3.610 que declaró el “Estado de Emergencia Económica”, borró
definitivamente la línea que separa los conceptos de defensa de la nación y
seguridad ciudadana y propició el aumento de la letalidad de las FAES.

 

En el numeral 21 del artículo 2, el Decreto 3.610 estableció: “Diseñar y
ejecutar planes especiales de seguridad pública que hagan frente a las
acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la Nación, la
seguridad personal y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y
privados”. Más adelante en el artículo 6° dice: “A fin de fortalecer el
mantenimiento y preservación de la paz social y el orden público, las
autoridades competentes deberán coordinar y ejecutar las medidas que se
adopten para garantizar la soberanía y defensa nacional, con estricta
sujeción a la garantía de los derechos humanos”.

 

El decreto de “Estado de Emergencia” consolidó la “legalidad” alterna a la
Constitución y la legislación vigente, que justifica la actuación de las
FAES y otros componentes élite del aparato represivo estatal. Coincidiendo
con la finalización del ciclo de protestas de 2017 y la imposición de la
inconstitucional asamblea nacional constituyente, la declaratoria de
“Emergencia” generó un aumento en la frecuencia, intensidad y letalidad de
los operativos de las FAES. Bajo la justificación de la lucha contra el
“terrorismo”; el “paramilitarismo” y la “desestabilización” del país, la
dictadura alentó la comisión de cientos de abusos por parte de los miembros
del escuadrón.

 

Impunidad cómplice

 

En Venezuela, junto a la pobreza, la impunidad es la mayor violación de
derechos humanos. Provea ha afirmado numerosas veces que la impunidad en
Venezuela es estructural. La propia Fiscal General de la República Luisa
Ortega Díaz ha reconocido que la cifra de impunidad en materia de delitos
comunes alcanza el 92% de los casos y en violaciones de derechos humanos, se
sitúa en 98%. El irregular funcionamiento del Sistema de Administración de
Justicia y el copamiento de la institucionalidad por parte del Poder
Ejecutivo, garantizan impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones
de derechos humanos. De esta manera se generan condiciones favorables para
la ocurrencia de abusos, los cuales no son sancionados. Esta situación
afecta especialmente a los más pobres.

 

En noviembre de 2017, durante la interposición de la denuncia contra Nicolás
Maduro, Vladimir Padrino López, Néstor Reverol, Gustavo González López y
Antonio Benavides Torres, ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la
presunta comisión de delitos de Lesa Humanidad, la Fiscal General de la
República afirmó que de acuerdo a la data levantada por el Ministerio
Público venezolano, 8.291 personas habrían sido asesinadas por agentes de la
fuerza pública entre enero de 2015 y junio de 2017. La Fiscal detalló que en
2015 habrían sido asesinadas 1.777 personas por funcionarios militares y
policiales, en 2016 el número de asesinatos ascendió a 4.667 personas, y
hasta junio de 2017 unas 1.847 personas habrían sido asesinadas por agentes
de la fuerza pública, según dijo la Fiscal en el marco de “un plan que
persigue el gobierno de limpieza social”. De acuerdo a la data levantada por
Provea en su Informe Anual 2017, unas 397 personas fueron víctimas de
violaciones al derecho a la vida, lo que se suma a la cifra presentada por
la Fiscal General correspondiente a los meses enero-junio de 2017.

 

En julio de 2018 el Ministerio Público -bajo el control del fiscal de la
dictadura, Tarek William Saab-, informó que 87 funcionarios de las Fuerzas
de Acciones Especiales de la PNB estaban siendo investigados por su
participación en presuntos hechos delictivos. No se informó detalladamente
las causas seguidas contra estos funcionarios y no se aclaró si se trataba
de investigaciones relacionadas con la comisión de delitos comunes o delitos
contra los derechos humanos. Al día de hoy, se desconoce el resultado de
estos procedimientos y no se tiene conocimiento de alguna otra investigación
vinculada con las decenas de denuncias que se generan a diario debido a la
actuación de las FAES.

 

Toda la cadena de mando de las FAES debe ser investigada y sancionada por
los numerosos abusos contra los derechos humanos cometidos por este
escuadrón de la muerte. Ello incluye a Nicolás Maduro y los funcionarios de
su gobierno de facto involucrados con la dirección de la Policía Nacional
Bolivariana. Néstor Reverol, quien detenta el control del ministerio de
interiores, justicia y paz; el G/B (GNB) Alfredo Pérez Ampueda, director de
la PNB; y el Teniente Coronel (GNB) Rafael Bastardo, figuran, junto a
Maduro, como las cabezas en la estructura de mando de las FAES, y son ellos
quienes deberán responder ante la justicia por las violaciones de derechos
humanos cometidas por esta agrupación. Provea recuerda que a pesar de la
existencia de un gobierno de facto en el país, ello no exime de
responsabilidad a los funcionarios que en usurpación de funciones y en
ejercicio del poder, cometan o alienten abusos contra los derechos humanos.

 

FAES: brazo ejecutor del terrorismo de Estado

 

Como sustitutos de los impopulares “Operativos de Liberación del Pueblo ” y
su fracasada re-edición “Operativos de Liberación Humanista del Pueblo”, los
procedimientos de las FAES intentan contener -a fuerza de terror y abusos-,
el descontento de un actor clave en la cambiante dinámica de la
conflictividad en Venezuela: los más pobres.

 

Finalizado el ciclo de protestas de 2017, las comunidades populares del país
y los trabajadores, pasaron a ser protagonistas de la conflictividad social
y de las demandas por derechos sociales. La agudización de la crisis social
y económica y un escenario de emergencia humanitaria compleja, generaron la
movilización de los más afectados por la crisis y la indolencia del poder.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró la cifra
récord de 12.700 protestas durante 2018. La mayoría de estas manifestaciones
se produjeron en demanda de derechos sociales y ante la precarización de los
servicios públicos.

 

Desde que inició el reciente ciclo de protestas por el retorno a la
democracia, las zonas populares han sido actores estelares en la
conflictividad. Las protestas registradas en la populosa y emblemática
comunidad de Cotiza, al norte de Caracas, irradiaron al resto de las zonas
populares de la ciudad, que en la noche del 21 de enero iniciaron una
revuelta contra el hambre, la precarización de los servicios públicos, y los
reiterados abusos policiales que suceden a diario en los barrios. Antiguos
bastiones del Partido Socialista Unido de Venezuela y del proyecto político
bolivariano, se han convertido en el epicentro de la nueva rebelión. La
respuesta de la dictadura ha sido particularmente violenta contra quienes
protagonizan las protestas de 2019. El significado histórico que ha tenido
para la dictadura la pérdida total del apoyo popular, ha traído consigo el
ascenso del terrorismo de Estado y los mecanismos de castigo contra los
habitantes de las comunidades más pobres.

 

Entre el 21 y el 25 de enero, Provea y el Observatorio Venezolano de
Conflictividad Social (OVCS) registran al menos 8 casos de ciudadanos que
participaron en protestas y que fueron ejecutados por agentes de las FAES,
luego de encontrarse bajo custodia policial. Estas personas fueron detenidas
arbitrariamente durante la realización de operativos de las FAES en
comunidades donde se han desarrollado manifestaciones antigubernamentales.
La actuación incluye allanamientos ilegales; injerencias indebidas en el
núcleo familiar; destrozos y hurto de propiedad privada y el empleo de
listas de personas -suministradas por las instancias político-organizativas
vinculadas al aparato represivo estatal-, para realizar arrestos selectivos
contra quienes participaron en las protestas.

 

Las FAES se han convertido en el brazo ejecutor del terrorismo de Estado. En
un vídeo divulgado el pasado 22 de enero, el comandante del escuadrón,
Rafael Bastardo, dijo a sus subordinados que la neutralidad es el “primer
paso a la traición”, en una clara arenga al empleo de la fuerza contra las
protestas, en la víspera de la histórica movilización del 23 de enero.

 

En al menos tres de los asesinatos ocurridos en medio de las protestas, es
clara la responsabilidad de agentes de las FAES. Una de las víctimas fue
Frank Correa (25), asesinado por miembros de las FAES la madrugada del
jueves 24 de enero, mientras participaba en una manifestación en las
residencias Hornos de Cal, en la Parroquia San Agustín de Caracas.

 

Otro de los asesinados por las FAES durante las recientes protestas fue
Alixon Pizani (19). El joven murió luego de recibir un disparo mientras
participaba en una protesta en la avenida Sucre, en Catia, en el oeste de
Caracas. Sus familiares responsabilizan a miembros de las Fuerzas de
Acciones Especiales de la PNB, y denunciaron amenazas y hostigamiento por
parte de agentes del organismo para impedir que el caso fuera visibilizado
ante la opinión pública y organismos de derechos humanos.

 

La extinción del Estado de Derecho mediante la ampliación de un cerco
jurídico que restringe los derechos de manifestación, asociación y libre
expresión; la respuesta cada vez más autoritaria a la conflictividad social
mediante la criminalización y represión a manifestantes y disidentes
políticos; y la abolición de la Constitución Nacional mediante la
construcción de una “legalidad” e “institucionalidad” alterna, han allanado
el camino para que la dictadura aplique más fuerza para someter al pueblo a
condiciones dramáticas de subsistencia.

 

La dictadura refuerza la respuesta represiva frente a las demandas
ciudadanas y el descontento popular producto del hambre, el crecimiento de
la pobreza y la indolencia gubernamental. Los llamados “planes especiales de
seguridad pública” ejecutados por Maduro, han significado el aumento de los
atropellos contra la población como los ocurridos durante la ejecución del
OLP, el aplastamiento de la protesta social en 2014 y 2017, el secuestro y
la tortura de centenares de opositores políticos, y las más recientes e
institucionalizadas masacres cometidas a diario por las Fuerzas de Acciones
Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.

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